Sentencia AA-933-11 — Registro 7078
Resumen
Resolución declaró sin lugar reclamo de impugnación a la sanción al recurrente como defensor público con relación a la sanción interpuesta por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de junio de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha trece de octubre de dos mil diez, que declara sin lugar el reclamo de impugnación a la sanción impuesta al recurrente, quien se desempeña como Defensor Publico en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés, con relación a la sanción interpuesta por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha doce de agosto de dos mil nueve, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, el Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ, en su condición de personal, presentando reclamo de impugnación en contra de la sanción identificada como “UN SERIO LLAMADO DE ATENCION” misma que considero como de ilegal e INJUSTIFICADO, sanción ordenada e impuesta por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, Sanción que se le hizo llegar por correo y NO de manera directa sin hacer ninguna diligencia del debido proceso por medio del cual le fuera notificada dicha sanción SE LE ENTREGO con fecha 30 de julio del 2009, a través de correspondencia entregada a la Secretaria de la DEFENSA PUBLICA DE SAN PEDRO SULA, pero la Certificación de la Sentencia que contiene dicha Sanción calza fecha 13 de junio del 2007, y enviada a San Pedro Sula con fecha 24 de julio del 2009.- 2) Que una vez evacuado el tramite correspondiente, en fecha trece de octubre de dos mil diez, el Consejo de la Carrera Judicial RESOLVIÒ: “1.- Declarar SIN LUGAR el reclamo de impugnación a la sanción de llamado de atención injustificado presentada por el Abogado JOSÈ CARLOS VELASQUEZ MEJÌA, quien se desempeña como Defensor Público de la cuidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.- 2.- CONFIRMAR la sanción disciplinaria de LLAMADO DE ATENCION, impuesta por la CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMETO DE ATLANTIDA al Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ Defensor Publico de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.” (Folios 62 al 65 de los antecedentes).- 3) El recurrente abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de diciembre de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, por considerar que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial, de fecha trece de octubre de dos mil diez, es violatoria a los derechos y garantías constitucionales establecidas en los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha veinte de febrero de dos mil doce.- 4) Que con fecha siete de mayo de dos mil doce, el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que debe OTORGARSE el recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE CARLOS VELASQUEZ se dirige contra resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha trece de octubre de dos mil diez, que declara sin lugar el reclamo de impugnación a la sanción impuesta al recurrente, quien se desempeña como Defensor Publico en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortés, con relación a la sanción interpuesta por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los argumentos esgrimidos por el recurrente, en sus escritos interposición y formalización del Recurso de Amparo, se invocan como violentadas las garantías constitucionales que establecen los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, así como las garantías mínimas establecidas en los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo consigna en su reclamo de amparo una serie de disposiciones normativas infraconstitucionales, las cuales estima violentadas en relación. Infracción plural que conceptualiza así, vistos sus elementos más relevantes: Que en nuestra legislación en materia de sanciones disciplinarias debe respetar una serie de principios, como son: el principio de régimen sancionador gradual o jerarquizado; el principio de legalidad; el principio de oralidad; el debido proceso; el principio de defensa y el principio de audiencia, manifestando que cualquier autoridad al interior del Poder Judicial deberá respetar todos y cada uno de dichos principios, esenciales para la Administración de Justicia disciplinaria.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que al revisar los antecedentes del caso y el Dictamen Fiscal, la Sala de lo Constitucional observa que, el recurrente ha reclamado la tutela judicial efectiva de ésta alta sede de Justicia Constitucional sobre la base de posibles incongruencias entre la resolución adoptada por el Consejo de la Carrera Judicial, al declarar sin lugar su reclamo de impugnación, con respecto a los derechos fundamentales a la inviolabilidad de la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Sobre el particular, se analizara razonadamente cada punto así formalizado, dejando suficientemente claro que el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, implícito en el marco del debido proceso, según prescrito en el Artículo 90 constitucional, no implica necesariamente que éste se vea infringido por el sólo hecho que la jurisdicción ordinaria no acoja todas o alguna de las peticiones de los interesados, o porque la fundamentación jurídica en las resoluciones conlleve a una diferente interpretación de la legalidad aplicable, a la que es pretendida por las partes legitimadas en el proceso.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la resolución dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha trece de octubre de dos mil diez, que declara sin lugar el reclamo de impugnación a la sanción impuesta al recurrente, se basa principalmente en que se ratifica que el derecho de defensa es inviolable y al haber comparecido el reclamante ante ese Consejo, se le ha dado la oportunidad para hacer llegar las pruebas y de ser oído, gozando con ello de la defensa técnica para hacer valer sus alegatos y ejercitar sus derechos de impugnación, con lo cual se ha preservado lo dispuesto en el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pero tomó en consideración que el sistema de administración de justicia debe constituir una garantía total de imparcialidad, eficiencia y buen servicio, para preservar la justicia, la paz social, la majestad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el imperio de la ley y el derecho, por lo que los fines de la Carrera Judicial es regular las relaciones entre el Poder Judicial y sus servidores; en consecuencia no se puede hacer una reforma o revocatoria a través de una resolución de carácter administrativa de una sentencia emitida en sede jurisdiccional, ya que se debe garantizar la seguridad jurídica que constituye la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no se modificada mas que por lo procedimientos regulares; y los conductos establecidos previamente en la ley, ya que esta representa uno de los bienes más preciados que conlleva a un Estado de Derecho, por lo que declaró el reclamo sin lugar.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los difusos e inconcretos razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticinco (25) de junio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha once (11) de junio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 933=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL