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Sentencia AA-900-12 — Registro 7484

Resumen

Sentencia otorgó recurso de amparo contra auto resolutivo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó por improcedentes defensas previas con relación a demanda especial en materia de personal para declarar la ilegalidad y nulidad de acto administrativo tácito de carácter particular contra recurrente a través de Secretaría de Estado en el Despacho de Presidencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el demandante radica su pretensión sobre un hecho, que es catalogado por él como un acto tácito de la administración, sin embargo esta Sala observa que este punto, no ha sido acreditado en autos, por lo que lo alegado no debe considerarse como probado, y otorgarle tal naturaleza, por lo que al no ser considerado como un acto no tácito ni expreso, no puede adquirir la condición o carácter de definitivo que exige el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, se debe mencionar, que aun y cuando se tratase de un acto administrativo expreso o tácito, lo que se alega es un asunto en materia de personal que debe seguir un procedimiento especial, ello con fundamento en el artículo 105 en relación con el 111 de la misma Ley. Así las cosas, y al hacer concluido lo anterior, el plazo de interposición de la demanda -15 días- debió contarse a partir de la fecha en que el mismo demandante sostiene que fue despedido de manera tácita, es decir al día siguiente al 21 de mayo de 2010, y no casi siete meses después, es decir el 17 de diciembre de 2010..."..."esta Sala es del criterio porque se confirme la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de Diciembre del año dos mil trece.- VISTO: En Consulta las diligencias procedentes de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, y en la que el citado Tribunal, dictó sentencia en fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, que otorgó el recurso interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECCION JUDICIAL, en fecha veintinueve de febrero de dos mil doce, con relación a la demanda promovida por el señor SANTOS DIONISIO RIVERA RODRIGUEZ contra el ESTADO DE HONDURAS. Habiendo estimado el recurrente como violados los artículos 2, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que el señor SANTOS DIONISIO RIVERA RODRIGUEZ, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil doce, promoviendo Demanda Especial en Materia Personal, para que se declare la Ilegalidad y Nulidad de un Acto Tácito Administrativo de carácter Particular, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. (Folios 01 al 24 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha diez de enero del año dos mil doce, la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la Republica por ende representante legal del Estado, compareció ante el Juez A-Quo oponiendo en tiempo y forma defensas previas. Seguido el trámite de ley correspondiente el Juzgado en fecha veintinueve de febrero del año dos mil doce, FALLÓ: PRIMERO: DESESTIMAR POR IMPROCEDENTES, las causas defensas previas alegadas por la parte incidentista por los fundamentos de derecho expuestos anteriormente. SEGUNDO: Contra el presente Auto, que resuelve las Defensas Previas, no cabe Recurso alguno. (Folios del 01 al 04 y del 21 al 37 de la pieza de defensas previas).- 3) Que en fecha veintiuno de junio del año dos mil doce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DEL HONDURAS, alegando que la sentencia interlocutoria relacionada en el inciso que antecede es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 08 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4) Que en fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual, FALLÒ: “PRIMERO: OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA, actuando en su condición de Apoderado Legal Delegado del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto resolutivo descrito en el preámbulo del presente fallo…” (Folios 28 al 32 de la segunda pieza de los antecedentes).- 5) Que en fecha ocho de noviembre del año dos mil doce, recibimos en este Alto Tribunal, para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO ALONZO MEDINA.- CONSIDERANDO (1): Que en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil doce, SANTOS DIONISIO RIVERA RODRIGUEZ, actuando en su condición personal, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, donde interpuso una demanda especial en materia de personal, para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo tácito de carácter particular, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. Alega el demandante que en fecha uno de marzo de 2002, el Presidente Constitucional de la República Don Ricardo Maduro Joest, emitió el Acuerdo Ejecutivo No. 032-A2002, mediante el cual lo nombra de manera permanente en el puesto que venía desempeñando como SONIDISTA, dependiente de la Oficina de Prensa de Casa Presidencial. En el acápite HECHOS de la demanda, en el punto SEGUNDO, el demandante manifiesta que en fecha 21 de mayo de 2010, el Estado de Honduras a través de la Presidencia de la República, revocó el nombramiento mediante un acto administrativo tácito, el cual, a su juicio, NO le ha sido notificado, por lo que alega notificación defectuosa. De la revisión de los antecedentes, consta a folio 14 y 15 de la primera pieza, una copia fotostática debidamente autenticada, de un Acta Notarial en la cual el Notario ANGEL GUSTAVO AVILA MACIAS, hace constar que el 21 de mayo de 2010, cuando el demandante procedía a entrar a Casa Presidencial a realizar sus labores diarias, le fue prohibida la entrada, impidiéndole desempeñar sus funciones como sonidista dependiente de Sala de Prensa de Casa Presidencia, hecho que señala como el acto administrativo tácito que peticiona se declare ilegal y por tanto que se anule, en consecuencia se ordene su reintegro y el pago de salarios caídos desde la fecha de su cancelación hasta que se efectúe el reintegro.- CONSIDERANDO (2): Que el 10 de enero de 2012, la Procuraduría General de la República, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, interponiendo defensas Previas en la cual señala como causas de inadmisibilidad de la demanda, las siguientes: 1.- La demanda se presentó fuera de los plazos legales establecidos. 2.- El acto referido ya no es susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativo, por tratarse la acción de un acto administrativo firme. 3.- el demandante no esta legitimado para presentar la acción, en virtud de la firmeza del acto. Y, 4.-El escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto.- CONSIDERANDO(3): Que el 29 de febrero de dos mil doce, el a-quo desestimo por improcedentes las defensas previas opuestas por la representación del Estado, estimando que: con relación a la causa de inadmisibilidad consistente en que la demanda se presentó fuera de los plazos legales establecidos, no procede, señala, porque al momento de interponerla alegó NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA, y por ello, dice el Juez, la presentación de la demanda no la afecta la prescripción del plazo de quince días en aplicación al artículo 91 de la ley de Procedimiento Administrativo que expresa: “Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el notificado o se imponga el recurso correspondiente.” Esta disposición, el Juez la relaciona con lo dispuesto en el artículo 49 de la misma normativa que indica: “Que las notificaciones deberán reunir los requisitos ordenados por la Ley de Procedimiento Administrativo de lo contrario no se tendrán por validas ni producirán efectos legales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, salvo si los interesados, dándose por enterados presentaren en tiempo y forma la demanda.” Con relación a la segunda causa de inadmisibilidad el Juez apunta que desestima la misma por considerar que la demanda fue presentada en tiempo y forma por existir en este caso notificación defectuosa, y en consecuencia no existe firmeza del acto impugnado. Con relación a la causal tercera consistente en la falta de legitimación por haber presentado la acción fuera del término de quince días como manda la Ley procesal administrativa en casos de personal, el Juez la desestima con los mismos argumentos esta causal de inadmisibilidad, en vista que a su juicio, en efecto la demanda fue presentada en tiempo y forma por haber alegado notificación defectuosa. La última causal de inadmisibilidad alegada en el escrito de defensas previas, es que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, apuntando que no puede el demandante alegar notificación defectuosa, cuando él mismo alega que no existe un acto administrativo que notificar, por ser éste un acto tácito. Al respecto, el a-quo responde que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo si puede conocer de reclamaciones cuyo acto administrativo no se haya materializado por escrito, sino que se refiera a hechos mediante los cuales, la administración manifieste su voluntad, por lo que concluye el a-quo desestimando esta causal sin motivar la razón por la cual llega a dicha determinación.- CONSIDERANDO (4): Que la representación de la Procuraduría General de la República, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, donde interpuso recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, y contra la sentencia interlocutoria emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 29 de febrero de 2012, alegando que en el caso de mérito si cabe apreciar las causas de inadmisibilidad consistentes en principio, por la inexistencia del acto impugnado, consecuentemente si no hay acto impugnado, no puede haber notificación defectuosa puesto que, alega el recurrente, no existe acto administrativo que notificar; y, en todo caso, si hubiese existido, se trata de un asunto en materia de personal, en el cual el término para presentar la acción es de quince días, habiéndose presentado posteriormente al mismo, por lo que las defensas previas interpuestas, debieron estimarse. Sostiene el recurrente que el Juez de Letras, al desestimar las defensas previas, ha quebrantado el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, consagradas respectivamente, en los artículos 82 y 90 párrafos primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que en sentencia de fecha 25 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, otorgó el amparo interpuesto por la recurrente, arguyendo que la decisión recurrida de desestimación de las defensas previas, fue tomada en inobservancia a lo establecido en los artículos 105 en relación con el 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos de la administración serán emitidos por autoridad competente, respetando el ordenamiento jurídico para ello, por ejemplo, se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su fecha, en su caso, y deberán sustentarse en hechos y antecedentes que sirven de causa, así como en el derecho aplicable, y debidamente motivada. Esta, podría considerarse como una definición orgánica, a los efectos de la Ley y a los efectos de la administración pública. Así, el artículo 20 de la misma normativa señala que: “En los casos previstos por la Ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa.”.- CONSIDERANDO (7): Que de la lectura detenida del escrito de presentación de la demanda, se observa que el demandante radica su pretensión sobre un hecho, que es catalogado por él como un acto tácito de la administración, sin embargo esta Sala observa que este punto, no ha sido acreditado en autos, por lo que lo alegado no debe considerarse como probado, y otorgarle tal naturaleza, por lo que al no ser considerado como un acto no tácito ni expreso, no puede adquirir la condición o carácter de definitivo que exige el artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, se debe mencionar, que aun y cuando se tratase de un acto administrativo expreso o tácito, lo que se alega es un asunto en materia de personal que debe seguir un procedimiento especial, ello con fundamento en el artículo 105 en relación con el 111 de la misma Ley. Así las cosas, y al hacer concluido lo anterior, el plazo de interposición de la demanda -15 días- debió contarse a partir de la fecha en que el mismo demandante sostiene que fue despedido de manera tácita, es decir al día siguiente al 21 de mayo de 2010, y no casi siete meses después, es decir el 17 de diciembre de 2010.- CONSIDERANDO (8): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque se confirme la sentencia venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 90 párrafo primero, 255, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 28, 64 y 127 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo 1, 9 No. 3) literal b), 68 párrafo segundo y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Confirmando la sentencia de amparo venida en consulta, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, interpuesto por la representación del Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve (9) de enero del año dos mil catorce (2014), certificación de la resolución de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 900=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL