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Sentencia AA-888-11 — Registro 7473

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo dictado por juzgado de primera instancia en relación a demanda de nulidad de un acto administrativo promovida por el señor Luis Alberto Corrales por sí y en representación de sus menores hijos contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Publica

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio, compartido por esta Sala de lo Constitucional, que la exigencia de acompañar los medios de prueba a la demanda, contemplados en el Código Procesal Civil, no es aplicable en la jurisdicción contencioso administrativa, ya que ese cuerpo normativo sólo actúa en supletoriedad de la Ley especial; y habiendo una disposición clara y específica respecto a los requisitos en el contenido de la demanda, en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que no contienen la exigencia antes relacionada, es ésta norma la que deviene de rigurosa aplicación, en aras del principio de especialidad de la misma..."..."esta Sala de lo Constitucional reconoce que resulta procedente confirmar la resolución de amparo venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que CONFIRMA el fallo dictado en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación a la demanda para la nulidad de un acto administrativo promovida por el señor LUIS ALBERTO CORRALES, quien actuó en representación de sus menores hijos ÁLVARO ALBERTO, ANA KAREN, LESTER ARIEL Y MILTON YOVANI todos de apellidos CORRALES MORALES contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la abogada RIXI MONCADA GODOY, en su condición de apoderada legal del señor LUIS ALBERTO CORRALES, quien a su vez actúa a favor de si mismo y en representación de sus menores hijos ALVARO ALBERTO, ANA KAREN, LESTER ARIEL y MILTON YOVANI todos de apellidos CORRALES MORALES, interponiendo demanda de nulidad de un acto administrativo consistente en las resoluciones de fechas cuatro de enero y veintiuno de febrero de dos mil cinco, emitidas por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de dicha Secretaría, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, las medidas para su pleno restablecimiento y el pago de daños y perjuicios ocasionados por culpa y negligencia de personal médico dependiente del Estado. 2) Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha seis de octubre de dos mil seis dictó sentencia definitiva en la demanda relacionada, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar procedente la Acción incoada por la Abogada Rixi Moncada Godoy, actuando en representación del señor Luis Alberto Corrales, quien a su vez actúa por si y en nombre y representación de sus menores hijos Álvaro Alberto, Ana Karen, Lester Ariel y Milton Yovani todos de apellidos Corrales Morales, por no ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados, consistentes en las Resoluciones de fechas 04 de Enero y 21 de Febrero del 2005, emitidas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en consecuencia las anula totalmente.-SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada y para el pleno restablecimiento se resuelve: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, al pago de daños y perjuicios a favor del demandante, en la condición con que actúa, quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos…“ (F. 601 al 613 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que una vez continuado el proceso y realizado el correspondiente dictamen a fin de determinar la cuantía de daños y perjuicios ocasionados por el Estado de Honduras, en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, el referido Juzgado dictó sentencia interlocutoria, mediante la cual declaró sin lugar la impugnación al dictamen pericial presentado en la liquidación de daños y perjuicios, aprobando dicha liquidación en la suma de Tres Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (Lps.3,864,529.46). (F. 771 y 772 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha trece de septiembre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, en su condición de apoderada legal del ESTADO DE HONDURAS, falló declarando sin lugar dicho recurso y confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el A-quo en fecha veintiocho de marzo de dos mil once. (F. 28 al 30 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, la recurrente abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, en fecha trece de septiembre de dos mil once, es violatoria de los derechos señalados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Que mediante resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, emitida por esta Sala de lo Constitucional, de declaró la suspensión provisional del acto reclamado en el presente recurso, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el mismo y se ordenó el traslado de las diligencias al Fiscal del Despacho. 7) Que en fecha diecisiete de julio de dos mil doce, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ y por emitido su dictamen, en el cual fue del parecer porque NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; ejercicio de la justicia constitucional que se ve preceptuado también en los artículos 3 numeral segundo, y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, en su condición ya indicada, y confirma la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha veintiocho de marzo del año dos mil once. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, aduce que la supraindicada sentencia del ad-quem, es violatoria de las garantías constitucionales siguientes: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable.”, y el artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (5): Que al analizar la sentencia censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ha basado su decisión, en primer lugar haciendo una relación de los argumentos esgrimidos por el apelante ante ese Tribunal y que básicamente versan sobre que: “Si bien es cierto que no se opuso al nombramiento del perito, pues creía en su capacidad, pero ha quedado reflejado con el dictamen presentado que el mismo no esta acorde a la realidad de la victima, razón por la cual se ha visto en la necesidad de impugnar la sentencia, estimando que quien debió ser nombrado como perito debía ser una psicóloga o psiquiatra para la evaluación de los daños morales sufridos por los herederos”. Señala el Tribunal de Alzada que para proceder al nombramiento de peritos, el Tribunal hará citar a las partes a una audiencia determinada la cual tendrá lugar con la asistencia de los que concurran; en esta audiencia las partes si se pusieren de acuerdo harán el nombramiento. Que se presume que si no están de acuerdo las partes cuando no concurran todas a la audiencia para el nombramiento de peritos; se hará saber a las partes para que dentro del término de tres días deduzca su oposición si tuviera alguna incapacidad legal contra el nombrado, y si así lo hubiere el tribunal lo nombrara. Que en congruencia con lo antes apuntado se estima que de no presentarse a la citación de peritos, el juzgado hizo bien en nombrar de oficio al perito, por lo que procede confirmar la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil once, por ser conforme a derecho. CONSIDERANDO (6): Este alto Tribunal en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa en juicio se traduce inter alia en el derecho de la parte demandada a la comunicación previa y detallada de la demanda, a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, la posibilidad de presentar pruebas y manifestar libremente sus pretensiones, contar con la asistencia de un profesional del derecho de su elección y acceder mediante recurso a otra instancia. CONSIDERANDO (7): Que se ha invocado también por la recurrente la vulneración del artículo 90 de la Constitución de la Republica, que contiene la garantía constitucional del debido proceso, respecto del cual es importante hacer algunas reflexiones de lo que debemos entender como tal, en general el Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem), y la motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (8): Que la vulneración al derecho de defensa y debido proceso denunciada por la recurrente, esta relacionada esencialmente según lo manifestado por ella, en el hecho de que la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo y mediante la cual declaró sin lugar la impugnación al dictamen pericial presentado en la liquidación de daños y perjuicios, aprobó dicha liquidación en la suma de Tres Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (Lps.3, 864,529.46); sentencia que ha sido confirmada por el Tribunal ad-quem, respecto de lo cual expone que la referida sentencia interlocutoria es ilegal e injusta puesto que la misma esta basada en un dictamen pericial ilegal, ilegalidad que según la recurrente se suscita puesto que el referido dictamen ha sido elaborado por la Licenciada en Admistración de Empresas Lourdes Suyapa Salinas Oliva, la que ha basado su dictamen en cálculos matemáticos, tomando como base el pago del salario mínimo, mismo que la alega la recurrente, la difunta Maria Magdalena Morales nunca percibió, en ese sentido aduce que en el caso de autos se ha pasado por alto los parámetros a considerar, para estimar los valores correctos de los daños y perjuicios ocasionados, en otras palabras la recurrente estima que valores consignados son demasiados onerosos para las arcas del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (9): Que frente a las inquietudes expuestas por la impetrante contra la resolución del ad-quem y para determinar si efectivamente se han vulnerado las garantías constitucionales por ella invocadas, es conveniente observar por parte de esta Sala que no consta en el caso subjúdice, que la prueba pericial cuestionada por la recurrente se haya hecho con inobservancia de las formalidades inherentes al debido proceso, en ese orden de ideas hay que recordar que el nombramiento de la Licenciada Lourdes Suyapa Salinas Oliva, como perito encargada de emitir el dictamen se ha hecho al tenor de la normativa aplicable al caso de merito, estimando la primera instancia que la referida profesional cumplía con los requisitos necesarios para llevar a cabo la labor a ella encomendada, siendo así las cosas esta Sala es del criterio que el dictamen emitido por la misma cumple las exigencias que emanan de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no cabe que en esta instancia constitucional se aleguen cuestiones que tiene que ver con los valores ahí determinados, y ello se estima así puesto que la hoy recurrente bien pudo plantear en su oportunidad todas aquellas dudas que tuviera respecto del nombramiento de la referida perito, en otras palabras bien se pudo solicitar en el momento oportuno la practica de otro peritaje. CONSIDERANDO (10): Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente denegar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 90, 128, 129, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 5, 8, 9 Nº 3 literal b), 41, 44, 45, 56, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.888=2011.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que CONFIRMA el fallo dictado en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en relación a la demanda para la nulidad de un acto administrativo promovida por el señor LUIS ALBERTO CORRALES, quien actuó en representación de sus menores hijos ÁLVARO ALBERTO, ANA KAREN, LESTER ARIEL Y MILTON YOVANI todos de apellidos CORRALES MORALES contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la abogada RIXI MONCADA GODOY, en su condición de apoderada legal del señor LUIS ALBERTO CORRALES, quien a su vez actúa a favor de si mismo y en representación de sus menores hijos ALVARO ALBERTO, ANA KAREN, LESTER ARIEL y MILTON YOVANI todos de apellidos CORRALES MORALES, interponiendo demanda de nulidad de un acto administrativo consistente en las resoluciones de fechas cuatro de enero y veintiuno de febrero de dos mil cinco, emitidas por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de dicha Secretaría, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, las medidas para su pleno restablecimiento y el pago de daños y perjuicios ocasionados por culpa y negligencia de personal médico dependiente del Estado. 2) Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha seis de octubre de dos mil seis dictó sentencia definitiva en la demanda relacionada, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar procedente la Acción incoada por la Abogada Rixi Moncada Godoy, actuando en representación del señor Luis Alberto Corrales, quien a su vez actúa por si y en nombre y representación de sus menores hijos Álvaro Alberto, Ana Karen, Lester Ariel y Milton Yovani todos de apellidos Corrales Morales, por no ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados, consistentes en las Resoluciones de fechas 04 de Enero y 21 de Febrero del 2005, emitidas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en consecuencia las anula totalmente.-SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada y para el pleno restablecimiento se resuelve: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, al pago de daños y perjuicios a favor del demandante, en la condición con que actúa, quedando diferido al periodo de ejecución de la sentencia la determinación de la cuantía de los mismos…“ (F. 601 al 613 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que una vez continuado el proceso y realizado el correspondiente dictamen a fin de determinar la cuantía de daños y perjuicios ocasionados por el Estado de Honduras, en fecha veintiocho de marzo de dos mil once, el referido Juzgado dictó sentencia interlocutoria, mediante la cual declaró sin lugar la impugnación al dictamen pericial presentado en la liquidación de daños y perjuicios, aprobando dicha liquidación en la suma de Tres Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (Lps.3,864,529.46). (F. 771 y 772 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha trece de septiembre de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, en su condición de apoderada legal del ESTADO DE HONDURAS, falló declarando sin lugar dicho recurso y confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el A-quo en fecha veintiocho de marzo de dos mil once. (F. 28 al 30 de la segunda pieza de antecedentes). 5) Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, la recurrente abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, en fecha trece de septiembre de dos mil once, es violatoria de los derechos señalados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 6) Que mediante resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, emitida por esta Sala de lo Constitucional, de declaró la suspensión provisional del acto reclamado en el presente recurso, se tuvo por formalizado en tiempo y forma el mismo y se ordenó el traslado de las diligencias al Fiscal del Despacho. 7) Que en fecha diecisiete de julio de dos mil doce, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ y por emitido su dictamen, en el cual fue del parecer porque NO SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; ejercicio de la justicia constitucional que se ve preceptuado también en los artículos 3 numeral segundo, y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, mediante la cual declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, en su condición ya indicada, y confirma la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo en fecha veintiocho de marzo del año dos mil once. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, aduce que la supraindicada sentencia del ad-quem, es violatoria de las garantías constitucionales siguientes: artículo 82 “El derecho de defensa es inviolable.”, y el artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (5): Que al analizar la sentencia censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ha basado su decisión, en primer lugar haciendo una relación de los argumentos esgrimidos por el apelante ante ese Tribunal y que básicamente versan sobre que: “Si bien es cierto que no se opuso al nombramiento del perito, pues creía en su capacidad, pero ha quedado reflejado con el dictamen presentado que el mismo no esta acorde a la realidad de la victima, razón por la cual se ha visto en la necesidad de impugnar la sentencia, estimando que quien debió ser nombrado como perito debía ser una psicóloga o psiquiatra para la evaluación de los daños morales sufridos por los herederos”. Señala el Tribunal de Alzada que para proceder al nombramiento de peritos, el Tribunal hará citar a las partes a una audiencia determinada la cual tendrá lugar con la asistencia de los que concurran; en esta audiencia las partes si se pusieren de acuerdo harán el nombramiento. Que se presume que si no están de acuerdo las partes cuando no concurran todas a la audiencia para el nombramiento de peritos; se hará saber a las partes para que dentro del término de tres días deduzca su oposición si tuviera alguna incapacidad legal contra el nombrado, y si así lo hubiere el tribunal lo nombrara. Que en congruencia con lo antes apuntado se estima que de no presentarse a la citación de peritos, el juzgado hizo bien en nombrar de oficio al perito, por lo que procede confirmar la sentencia de fecha veintiocho de marzo del dos mil once, por ser conforme a derecho. CONSIDERANDO (6): Este alto Tribunal en diferentes ocasiones ha dejado sentado su posición de que el derecho de defensa en juicio se traduce inter alia en el derecho de la parte demandada a la comunicación previa y detallada de la demanda, a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, la posibilidad de presentar pruebas y manifestar libremente sus pretensiones, contar con la asistencia de un profesional del derecho de su elección y acceder mediante recurso a otra instancia. CONSIDERANDO (7): Que se ha invocado también por la recurrente la vulneración del artículo 90 de la Constitución de la Republica, que contiene la garantía constitucional del debido proceso, respecto del cual es importante hacer algunas reflexiones de lo que debemos entender como tal, en general el Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sea respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende: principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, principio de inmediación, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento (non bis ídem), y la motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El Debido Proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades publicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el Debido Proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de un orden justo; ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principies y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional. CONSIDERANDO (8): Que la vulneración al derecho de defensa y debido proceso denunciada por la recurrente, esta relacionada esencialmente según lo manifestado por ella, en el hecho de que la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo y mediante la cual declaró sin lugar la impugnación al dictamen pericial presentado en la liquidación de daños y perjuicios, aprobó dicha liquidación en la suma de Tres Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (Lps.3, 864,529.46); sentencia que ha sido confirmada por el Tribunal ad-quem, respecto de lo cual expone que la referida sentencia interlocutoria es ilegal e injusta puesto que la misma esta basada en un dictamen pericial ilegal, ilegalidad que según la recurrente se suscita puesto que el referido dictamen ha sido elaborado por la Licenciada en Admistración de Empresas Lourdes Suyapa Salinas Oliva, la que ha basado su dictamen en cálculos matemáticos, tomando como base el pago del salario mínimo, mismo que la alega la recurrente, la difunta Maria Magdalena Morales nunca percibió, en ese sentido aduce que en el caso de autos se ha pasado por alto los parámetros a considerar, para estimar los valores correctos de los daños y perjuicios ocasionados, en otras palabras la recurrente estima que valores consignados son demasiados onerosos para las arcas del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (9): Que frente a las inquietudes expuestas por la impetrante contra la resolución del ad-quem y para determinar si efectivamente se han vulnerado las garantías constitucionales por ella invocadas, es conveniente observar por parte de esta Sala que no consta en el caso subjúdice, que la prueba pericial cuestionada por la recurrente se haya hecho con inobservancia de las formalidades inherentes al debido proceso, en ese orden de ideas hay que recordar que el nombramiento de la Licenciada Lourdes Suyapa Salinas Oliva, como perito encargada de emitir el dictamen se ha hecho al tenor de la normativa aplicable al caso de merito, estimando la primera instancia que la referida profesional cumplía con los requisitos necesarios para llevar a cabo la labor a ella encomendada, siendo así las cosas esta Sala es del criterio que el dictamen emitido por la misma cumple las exigencias que emanan de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no cabe que en esta instancia constitucional se aleguen cuestiones que tiene que ver con los valores ahí determinados, y ello se estima así puesto que la hoy recurrente bien pudo plantear en su oportunidad todas aquellas dudas que tuviera respecto del nombramiento de la referida perito, en otras palabras bien se pudo solicitar en el momento oportuno la practica de otro peritaje. CONSIDERANDO (10): Por todo ello, y en virtud de lo señalado en el iter del presente fallo, se estima procedente denegar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 90, 128, 129, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 Nº 2, 5, 8, 9 Nº 3 literal b), 41, 44, 45, 56, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por la abogada JILMARABELLA ACUÑA MARÍN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada en fecha trece de septiembre de dos mil once, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.- Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.888=2011. Firma y sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL