Sentencia AA-83-12 — Registro 7055
Resumen
Sentencia declaró de oficio nulidad absoluta de actuaciones del folio 600 al 639 inclusivede ordenando al Juzgado de primera instancia dar el impulso procesal correspondiente previo a dictar sentencia definitiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala entiende que las alegadas vulneraciones constitucionales tienen que ver con la pretensión por parte del recurrente en cuanto a la procedencia de la inadmisibilidad de la demanda interpuesta en contra de su representada la MUNICIPALIDAD de JUTICALPA, OLANCHO, inadmisibilidad que así fue declarada por la sentencia dictada por el a-quo, al estimar el referido tribunal que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo que establece el articulo 48 directamente relacionado con el 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."..."según se desprende de los antecedentes, la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V., ha interpuesto en fecha trece de marzo de dos mil nueve, demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad del acto administrativo de carácter general manifestado en el punto único, contenido en el acta número 35-2008 emitido por la Corporación Municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha trece de noviembre de dos mil ocho, alegando para ello que el referido acto administrativo mediante el cual se crea la tasa por instalación y por permiso de operación para antenas de telefonía celular, no ha sido publicado en el diario oficial la Gaceta. Esta Sala de lo Constitucional observa que desde la fecha en que fue publicado el Plan de Arbitrios por la demandada el nueve de enero de dos mil nueve en la Gaceta Municipal, hasta la fecha en que la parte demandante presento su demanda, había transcurrido un periodo de tiempo mayor que el señalado en el articulo 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."..."de lo anterior se deriva, que en el caso de autos concurre la causa de inadmisión prevista por el artículo 51 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, la de haberse presentado la demanda fuera del plazo respectivo, de ahí que la decisión proferida por el a-quo en su sentencia y por la cual declara inadmisible la demanda interpuesta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 literal a) y 80 literal d) de la referida Ley; señalado lo anterior esta Sala entiende que la parte demandante en tanto que habiendo tenido la oportunidad de impugnar los actos administrativos de carácter general emitidos por la Corporación Municipal de Juticalpa, Olancho, no lo ha hecho en el momento procesal oportuno; razón por la cual el fallo dictado por el a-quo es conforme a derecho, consecuentemente se estima el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, al anular el mismo ha quebrantado en perjuicio del recurrente el derecho al debido proceso..."..."en atención las razones expuestas con anterioridad es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto en virtud de que en el caso de autos se ha suscitado la alegada vulneración constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contra la sentencia dictada en fecha doce de enero de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda contencioso administrativa en materia fiscal promovida por la empresa mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V. contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha trece de marzo de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, el abogado LEONIDAS JOSÉ PADILLA JIMÉNEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V., promoviendo demanda contenciosa administrativa especial en materia tributaria o impositiva para que se declare la nulidad e ilegalidad total del acto administrativo de carácter general manifestado en el punto único, contenido en el acta número 35-2008 emitido por la Corporación Municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha trece de noviembre de dos mil ocho, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento y la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO a través de su representante legal y alcalde municipal señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR. 2) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, una vez continuado el proceso, el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V. contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO, declarando INADMISIBLE la acción, por haberse incoado fuera de los plazos señalados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (F. 600 al 604 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diez de octubre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, el abogado SAÚL MONTES AMAYA, en su condición de apoderado legal de DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V. interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por ese mismo Juzgado, en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, recurso que fue admitido y remitido a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán. (F. 609 al 623 y 633 de los antecedentes, respectivamente). 4) Que en fecha doce de enero de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por el abogado SAÚL MONTES AMAYA, declarando de oficio la nulidad absoluta de actuaciones, desde el folio seiscientos (600) al folio seiscientos treinta y nueve (639) inclusive, de la primera pieza de autos, ordenando al A-quo dar el impulso procesal correspondiente previo a dictar sentencia definitiva. (F. 09 al 11 de los antecedentes). 5) Que en fecha tres de febrero de dos mil doce, el recurrente abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha doce de enero de dos mil doce, es violatoria del principio del debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para emitiera el correspondiente dictamen. 6) Que con fecha doce de junio de dos mil doce, la Fiscal del Despacho abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, emitió su dictamen, siendo del parecer que en el caso de autos se ha producido la vulneración de las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso; concluyendo que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece; asimismo, de conformidad al Artículo 183 No. 2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en esta sede el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contra la sentencia dictada en fecha doce de enero de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fallo que básicamente señala entre otros lo siguiente: (Sic) “Que al tenor de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los momentos procesales para que el tribunal de primera instancia decrete la inadmisibilidad de la acción por estimar que existen causas de inadmisibilidad son tres: el primero al momento de la presentación de la demanda donde el juez tiene la obligación de señalarle a la parte actora la supuesta causa de inadmisibilidad que estima concurre en la demanda y concederle el termino que señala la ley para que este haga uso de su derecho de defensa; el segundo momento es cuando la parte demandada interpone defensas previas, y de la misma forma se señala audiencia para que las partes hagan valer sus derechos, y el tercer y ultimo momento es cuando es apreciado de oficio al momento de dictar sentencia definitiva, y cuando este ultimo presupuesto se presenta en juicio, si las partes no invocaron la o las supuestas causas de inadmisibilidad durante la secuela del juicio, el juez deviene en la obligación previo a dictar sentencia definitiva de sin prejuzgar el fallo definitivo ver a las partes para que aleguen lo que estimaren conveniente y garantizarles sus derechos de defensas y con los alegatos o sin estos, el juez dictara la sentencia que a derecho corresponda (articulo 35 en relación con el 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo). Que en el presente caso de autos el tribunal de primera instancia declara la inadmisibilidad de la acción de oficio al momento de dictar sentencia definitiva, sin haber aplicado previo a esto lo ordenado en el articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que vicia de nulidad la sentencia y posteriores actuaciones por no haber seguido el debido proceso”. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, estima que la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior infringe en perjuicio de la MUNICIPALIDAD de JUTICALPA, departamento de OLANCHO, la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República; para ello explica que tal vulneración se suscita en tanto en cuanto el referido fallo dictado por el ad-quem, ha anulado una sentencia dentro de un juicio que se ha tramitado conforme lo que dispone la ley, señala que con ello lo que se propicia es la inseguridad jurídica por que se esta desposeyendo a su representada de la declaración de un derecho, sin que para ello haya motivo procesal valido, ya que la sentencia dictada por el a-quo no contiene fallas ni errores de procedimiento, tanto en el fondo como en la forma, que pudiesen causar indefensión, puesto que las partes han podido ejercer los recursos legales correspondientes, señala el recurrente que el fallo del ad-quem no señala expresamente cual es la causal de nulidad de las que preceptúa el articulo 212 del Código Procesal Civil; y que en el caso de merito el juicio ha hecho un recorrido procesal correcto, por lo que el mismo se ha enmarcado dentro del debido proceso en la materia fiscal administrativa; ya que las partes han deducido pretensiones, se cito y emplazo al demandado dentro de las formas legales, demanda que fue contestada, amen de que se entablo y resolvió las cuestiones incidentales de Defensas Previas, y se ha tratado de establecer un derecho probándose los extremos de las pretensiones dentro de un periodo probatorio, se ha citado a las partes para oír sentencia, y la misma se ha dictado de conformidad con el contenido del juicio, sentencia que según su parecer reviste los requisitos de precisión, claridad, exhaustividad, motivación y congruencia de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil; añade que el fallo impugnado además de vulnerar la garantía del debido proceso, violenta los principios de garantías judiciales y protección judicial que consagran el Pacto de San José, y que de igual forma vulnera los principios de celeridad, economía procesal y transparencia. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, estima que el fondo del asunto en el caso subjúdice, se contrae a establecer si el fallo de fecha doce de enero de dos mil doce, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y mediante el cual se declara la nulidad absoluta de actuaciones desde el folio seiscientos (600) al folio seiscientos treinta y nueve (639) inclusive de la primera pieza de autos y que ordena al a-quo dar el impulso procesal correspondiente previo a dictar sentencia, vulnera en perjuicio de la municipalidad de Juticalpa, departamento de Olancho, la garantía constitucional del derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo apuntado en el acápite anterior esta Sala entiende que las alegadas vulneraciones constitucionales tienen que ver con la pretensión por parte del recurrente en cuanto a la procedencia de la inadmisibilidad de la demanda interpuesta en contra de su representada la MUNICIPALIDAD de JUTICALPA, OLANCHO, inadmisibilidad que así fue declarada por la sentencia dictada por el a-quo, al estimar el referido tribunal que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo que establece el articulo 48 directamente relacionado con el 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala el plazo de treinta días hábiles, para presentar la demanda en esa instancia, también la referida normativa preceptúa en el artículo 105, que tratándose de un procedimiento especial, como lo es el referido a la materia tributaria o impositiva, “Los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento”, en ese orden de ideas de la normativa citada colegimos que tratándose de un procedimiento especial distinto del ordinario, el plazo para interponer la demanda queda reducido a quince (15) días hábiles. CONSIDERANDO (7): Que según se desprende de los antecedentes, la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V., ha interpuesto en fecha trece de marzo de dos mil nueve, demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad del acto administrativo de carácter general manifestado en el punto único, contenido en el acta número 35-2008 emitido por la Corporación Municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha trece de noviembre de dos mil ocho, alegando para ello que el referido acto administrativo mediante el cual se crea la tasa por instalación y por permiso de operación para antenas de telefonía celular, no ha sido publicado en el diario oficial la Gaceta. Esta Sala de lo Constitucional observa que desde la fecha en que fue publicado el Plan de Arbitrios por la demandada el nueve de enero de dos mil nueve en la Gaceta Municipal, hasta la fecha en que la parte demandante presento su demanda, había transcurrido un periodo de tiempo mayor que el señalado en el articulo 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que de lo anterior se deriva, que en el caso de autos concurre la causa de inadmisión prevista por el artículo 51 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, la de haberse presentado la demanda fuera del plazo respectivo, de ahí que la decisión proferida por el a-quo en su sentencia y por la cual declara inadmisible la demanda interpuesta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 literal a) y 80 literal d) de la referida Ley; señalado lo anterior esta Sala entiende que la parte demandante en tanto que habiendo tenido la oportunidad de impugnar los actos administrativos de carácter general emitidos por la Corporación Municipal de Juticalpa, Olancho, no lo ha hecho en el momento procesal oportuno; razón por la cual el fallo dictado por el a-quo es conforme a derecho, consecuentemente se estima el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, al anular el mismo ha quebrantado en perjuicio del recurrente el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que en atención las razones expuestas con anterioridad es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto en virtud de que en el caso de autos se ha suscitado la alegada vulneración constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 48, 51 literal c), 79 literal a), 80 literal d), 103 y 105; de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 17 del Código Civil; 1, 3 No. 2), 9 No. 3) literal b, 41, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 25 de La Convención Americana de Sobre Derechos Humanos y articulo 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de La Corte Suprema de Justicia, FALLA: I.- OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL de JUTICALPA, departamento de OLANCHO, contra la sentencia dictada en fecha doce de enero de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.83=2012.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de noviembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contra la sentencia dictada en fecha doce de enero de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda contencioso administrativa en materia fiscal promovida por la empresa mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V. contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha trece de marzo de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, el abogado LEONIDAS JOSÉ PADILLA JIMÉNEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V., promoviendo demanda contenciosa administrativa especial en materia tributaria o impositiva para que se declare la nulidad e ilegalidad total del acto administrativo de carácter general manifestado en el punto único, contenido en el acta número 35-2008 emitido por la Corporación Municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha trece de noviembre de dos mil ocho, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento y la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO a través de su representante legal y alcalde municipal señor RAMÓN DANIEL SARMIENTO ESCOBAR. 2) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, una vez continuado el proceso, el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva en la demanda promovida por la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V. contra la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO, declarando INADMISIBLE la acción, por haberse incoado fuera de los plazos señalados en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (F. 600 al 604 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diez de octubre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo, el abogado SAÚL MONTES AMAYA, en su condición de apoderado legal de DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V. interponiendo recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por ese mismo Juzgado, en fecha veintinueve de agosto de dos mil once, recurso que fue admitido y remitido a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán. (F. 609 al 623 y 633 de los antecedentes, respectivamente). 4) Que en fecha doce de enero de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por el abogado SAÚL MONTES AMAYA, declarando de oficio la nulidad absoluta de actuaciones, desde el folio seiscientos (600) al folio seiscientos treinta y nueve (639) inclusive, de la primera pieza de autos, ordenando al A-quo dar el impulso procesal correspondiente previo a dictar sentencia definitiva. (F. 09 al 11 de los antecedentes). 5) Que en fecha tres de febrero de dos mil doce, el recurrente abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha doce de enero de dos mil doce, es violatoria del principio del debido proceso establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para emitiera el correspondiente dictamen. 6) Que con fecha doce de junio de dos mil doce, la Fiscal del Despacho abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, emitió su dictamen, siendo del parecer que en el caso de autos se ha producido la vulneración de las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso; concluyendo que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece; asimismo, de conformidad al Artículo 183 No. 2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en esta sede el recurso de amparo interpuesto por el abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contra la sentencia dictada en fecha doce de enero de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, fallo que básicamente señala entre otros lo siguiente: (Sic) “Que al tenor de lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los momentos procesales para que el tribunal de primera instancia decrete la inadmisibilidad de la acción por estimar que existen causas de inadmisibilidad son tres: el primero al momento de la presentación de la demanda donde el juez tiene la obligación de señalarle a la parte actora la supuesta causa de inadmisibilidad que estima concurre en la demanda y concederle el termino que señala la ley para que este haga uso de su derecho de defensa; el segundo momento es cuando la parte demandada interpone defensas previas, y de la misma forma se señala audiencia para que las partes hagan valer sus derechos, y el tercer y ultimo momento es cuando es apreciado de oficio al momento de dictar sentencia definitiva, y cuando este ultimo presupuesto se presenta en juicio, si las partes no invocaron la o las supuestas causas de inadmisibilidad durante la secuela del juicio, el juez deviene en la obligación previo a dictar sentencia definitiva de sin prejuzgar el fallo definitivo ver a las partes para que aleguen lo que estimaren conveniente y garantizarles sus derechos de defensas y con los alegatos o sin estos, el juez dictara la sentencia que a derecho corresponda (articulo 35 en relación con el 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo). Que en el presente caso de autos el tribunal de primera instancia declara la inadmisibilidad de la acción de oficio al momento de dictar sentencia definitiva, sin haber aplicado previo a esto lo ordenado en el articulo 35 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que vicia de nulidad la sentencia y posteriores actuaciones por no haber seguido el debido proceso”. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, estima que la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior infringe en perjuicio de la MUNICIPALIDAD de JUTICALPA, departamento de OLANCHO, la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República; para ello explica que tal vulneración se suscita en tanto en cuanto el referido fallo dictado por el ad-quem, ha anulado una sentencia dentro de un juicio que se ha tramitado conforme lo que dispone la ley, señala que con ello lo que se propicia es la inseguridad jurídica por que se esta desposeyendo a su representada de la declaración de un derecho, sin que para ello haya motivo procesal valido, ya que la sentencia dictada por el a-quo no contiene fallas ni errores de procedimiento, tanto en el fondo como en la forma, que pudiesen causar indefensión, puesto que las partes han podido ejercer los recursos legales correspondientes, señala el recurrente que el fallo del ad-quem no señala expresamente cual es la causal de nulidad de las que preceptúa el articulo 212 del Código Procesal Civil; y que en el caso de merito el juicio ha hecho un recorrido procesal correcto, por lo que el mismo se ha enmarcado dentro del debido proceso en la materia fiscal administrativa; ya que las partes han deducido pretensiones, se cito y emplazo al demandado dentro de las formas legales, demanda que fue contestada, amen de que se entablo y resolvió las cuestiones incidentales de Defensas Previas, y se ha tratado de establecer un derecho probándose los extremos de las pretensiones dentro de un periodo probatorio, se ha citado a las partes para oír sentencia, y la misma se ha dictado de conformidad con el contenido del juicio, sentencia que según su parecer reviste los requisitos de precisión, claridad, exhaustividad, motivación y congruencia de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil; añade que el fallo impugnado además de vulnerar la garantía del debido proceso, violenta los principios de garantías judiciales y protección judicial que consagran el Pacto de San José, y que de igual forma vulnera los principios de celeridad, economía procesal y transparencia. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar la demanda de amparo y sus antecedentes, estima que el fondo del asunto en el caso subjúdice, se contrae a establecer si el fallo de fecha doce de enero de dos mil doce, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y mediante el cual se declara la nulidad absoluta de actuaciones desde el folio seiscientos (600) al folio seiscientos treinta y nueve (639) inclusive de la primera pieza de autos y que ordena al a-quo dar el impulso procesal correspondiente previo a dictar sentencia, vulnera en perjuicio de la municipalidad de Juticalpa, departamento de Olancho, la garantía constitucional del derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que al tenor de lo apuntado en el acápite anterior esta Sala entiende que las alegadas vulneraciones constitucionales tienen que ver con la pretensión por parte del recurrente en cuanto a la procedencia de la inadmisibilidad de la demanda interpuesta en contra de su representada la MUNICIPALIDAD de JUTICALPA, OLANCHO, inadmisibilidad que así fue declarada por la sentencia dictada por el a-quo, al estimar el referido tribunal que la demanda se ha interpuesto fuera del plazo que establece el articulo 48 directamente relacionado con el 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (6): Que el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señala el plazo de treinta días hábiles, para presentar la demanda en esa instancia, también la referida normativa preceptúa en el artículo 105, que tratándose de un procedimiento especial, como lo es el referido a la materia tributaria o impositiva, “Los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento”, en ese orden de ideas de la normativa citada colegimos que tratándose de un procedimiento especial distinto del ordinario, el plazo para interponer la demanda queda reducido a quince (15) días hábiles. CONSIDERANDO (7): Que según se desprende de los antecedentes, la sociedad mercantil denominada DIGICEL HONDURAS S.A. de C.V., ha interpuesto en fecha trece de marzo de dos mil nueve, demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad del acto administrativo de carácter general manifestado en el punto único, contenido en el acta número 35-2008 emitido por la Corporación Municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha trece de noviembre de dos mil ocho, alegando para ello que el referido acto administrativo mediante el cual se crea la tasa por instalación y por permiso de operación para antenas de telefonía celular, no ha sido publicado en el diario oficial la Gaceta. Esta Sala de lo Constitucional observa que desde la fecha en que fue publicado el Plan de Arbitrios por la demandada el nueve de enero de dos mil nueve en la Gaceta Municipal, hasta la fecha en que la parte demandante presento su demanda, había transcurrido un periodo de tiempo mayor que el señalado en el articulo 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que de lo anterior se deriva, que en el caso de autos concurre la causa de inadmisión prevista por el artículo 51 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, la de haberse presentado la demanda fuera del plazo respectivo, de ahí que la decisión proferida por el a-quo en su sentencia y por la cual declara inadmisible la demanda interpuesta tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 literal a) y 80 literal d) de la referida Ley; señalado lo anterior esta Sala entiende que la parte demandante en tanto que habiendo tenido la oportunidad de impugnar los actos administrativos de carácter general emitidos por la Corporación Municipal de Juticalpa, Olancho, no lo ha hecho en el momento procesal oportuno; razón por la cual el fallo dictado por el a-quo es conforme a derecho, consecuentemente se estima el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, al anular el mismo ha quebrantado en perjuicio del recurrente el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que en atención las razones expuestas con anterioridad es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto en virtud de que en el caso de autos se ha suscitado la alegada vulneración constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer de la Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; 48, 51 literal c), 79 literal a), 80 literal d), 103 y 105; de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 17 del Código Civil; 1, 3 No. 2), 9 No. 3) literal b, 41, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 25 de La Convención Americana de Sobre Derechos Humanos y articulo 6 atribución 5ª del Reglamento Interno de La Corte Suprema de Justicia, FALLA: I.- OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ MARÍA ALONZO HERRERA, a favor de la ALCALDÍA MUNICIPAL de JUTICALPA, departamento de OLANCHO, contra la sentencia dictada en fecha doce de enero de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, y II.- SE ORDENA que el Tribunal Ad-Quem profiera nuevo fallo conforme al razonamiento plasmado en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de diciembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.83=2012. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL