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Sentencia AA-827-13 — Registro 7077

Resumen

Resolución declaró sin lugar recurso de apelación contra sentencia interlocutoria que desestimó la nulidad absoluta con relación a la demanda ordinaria de nulidad de unos títulos definitivos de propiedad promovida por la Municipalidad de Guarita, Lempira contra la recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que formuló el recurrente para fundar la acción de amparo, puede apreciarse que es propia de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar vicios de nulidad procedimiental, la cual fue decidida por el A-quo ante quien se planteó y posteriormente ante el Tribunal de Alzada, por vía del Recurso de Apelación, estimando así esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., nueve de diciembre de dos mil trece. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RUBEHIN HERNANDEZ VEGA, a favor deL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinte de junio de dos mil trece, que declara sin lugar un Recurso de Apelación presentado contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha cinco de abril de dos mil trece; con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad de unos Títulos Definitivos de Propiedad promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUARITA, LEMPIRA, contra EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente se opone al pronunciamiento emitido por la Alzada ya que ésta confirma la Sentencia Interlocutoria dictada por el A-quo, que desestimó la nulidad absoluta que interpusiera el quejoso por estimar que en el proceso existen vicios procesales por lo cual a criterio del reclamante la sentencia dictada por la autoridad recurrida no obliga a su representada. CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual se reclama, el derecho de defensa, principio de legalidad, la garantía del debido proceso establecidas en los Artículos 64, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que autoridad recurrida, indica que procedió a confirmar la resolución del A-quo toda vez que el impetrante en lugar de expresar los agravios devenidos del fallo que le afecta, el apelante incorporó como agravios alegatos sobre resoluciones que ya habían adquirido su firmeza, así como que solicitó pronunciamiento sobre pretensiones de las cuales no había hecho uso ante el A-quo, determinando así que no concurren las nulidades señaladas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta inter alia, en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que formuló el recurrente para fundar la acción de amparo, puede apreciarse que es propia de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar vicios de nulidad procedimiental, la cual fue decidida por el A-quo ante quien se planteó y posteriormente ante el Tribunal de Alzada, por vía del Recurso de Apelación, estimando así esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que escrutado el acto reclamado, en relación a la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se aprecia que durante su tramitación y posterior decisión, al planteamiento de la recurrente fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable por parte del órgano jurisdiccional en contra de cuyo fallo se impugna, y no encontrando que su resolución sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Alzada, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 3) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RUBEHIN HERNANDEZ VEGA, a favor deL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinte de junio de dos mil trece; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el trece de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Agrario) No.827=2013.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., nueve de diciembre de dos mil trece. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RUBEHIN HERNANDEZ VEGA, a favor deL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinte de junio de dos mil trece, que declara sin lugar un Recurso de Apelación presentado contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, en fecha cinco de abril de dos mil trece; con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad de unos Títulos Definitivos de Propiedad promovida por la MUNICIPALIDAD DE GUARITA, LEMPIRA, contra EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del presente recurso se desprende que el recurrente se opone al pronunciamiento emitido por la Alzada ya que ésta confirma la Sentencia Interlocutoria dictada por el A-quo, que desestimó la nulidad absoluta que interpusiera el quejoso por estimar que en el proceso existen vicios procesales por lo cual a criterio del reclamante la sentencia dictada por la autoridad recurrida no obliga a su representada. CONSIDERANDO: Que del estudio de su escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente invoca como violentados con el acto contra el cual se reclama, el derecho de defensa, principio de legalidad, la garantía del debido proceso establecidas en los Artículos 64, 82, 90 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que autoridad recurrida, indica que procedió a confirmar la resolución del A-quo toda vez que el impetrante en lugar de expresar los agravios devenidos del fallo que le afecta, el apelante incorporó como agravios alegatos sobre resoluciones que ya habían adquirido su firmeza, así como que solicitó pronunciamiento sobre pretensiones de las cuales no había hecho uso ante el A-quo, determinando así que no concurren las nulidades señaladas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, se concreta inter alia, en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que formuló el recurrente para fundar la acción de amparo, puede apreciarse que es propia de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar vicios de nulidad procedimiental, la cual fue decidida por el A-quo ante quien se planteó y posteriormente ante el Tribunal de Alzada, por vía del Recurso de Apelación, estimando así esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que escrutado el acto reclamado, en relación a la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, se aprecia que durante su tramitación y posterior decisión, al planteamiento de la recurrente fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable por parte del órgano jurisdiccional en contra de cuyo fallo se impugna, y no encontrando que su resolución sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Alzada, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes, siendo además pertinente la misma, para los efectos de sustanciar adecuadamente el trámite ordinario a ser observado en el caso controvertido. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 3) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ RUBEHIN HERNANDEZ VEGA, a favor deL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha veinte de junio de dos mil trece; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el trece de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Agrario) No.827=2013. Firma y sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL