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Sentencia AA-800-10 — Registro 7072

Resumen

Resolución declaró ha lugar reclamo promovido por recurente contra Acuerdo de cancelación No. 324 emitido por la Corte Suprema de Justicia cancelandola del cargo de Trabajadora Social asignada al Juzgado de Ejecución Tegucigalpa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."en el caso subjudice no podemos invocar oscuridad gramatical, por lo que debe atenderse fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma, aplicable también al caso lo que nos informa el Artículo 17 del código civil, que textualmente dice: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador” Consiguientemente al no aplicar el Artículo 129 constitucional, en consideración al espíritu de la norma, se ha vulnerado el debido proceso, por lo que debe otorgarse el amparo interpuesto..."..."cuando el Consejo de la Carrera Judicial, motiva la imposibilidad de efectuar el reintegro del recurrente en la afirmación de existe imposibilidad o no conveniencia de su reintegro al puesto que desempeñaba al momento de su despido; vulnera no solo lo establecido en la Constitución de la República, como ya se dijo, sobre el derecho a la estabilidad laboral, sino también que suplanta la decisión del recurrente al interpretar el Artículo 68 de la Ley de la Carrera Judicial, decidiendo a su discreción otorgar el reintegro o la indemnización correspondiente, pues constitucionalmente esta es una opción que corresponde al trabajador..."..."esta Sala concluye finalmente, que el acto impugnado, al vulnerar las garantías constitucionales establecidos en los Artículos 64 y 90 de la Ley Fundamental, da pie para que el amparo interpuesto sea otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Septiembre de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor de la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS, contra la resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, en fecha trece de octubre del año dos mil diez, que declaró ha lugar el reclamo promovido por la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS; contra el acuerdo de cancelación del cargo de Trabajadora Social del Juzgado de ejecución de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha quince de abril dos mil ocho, compareció ante el Consejo de la Carrera Judicial, la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS, en su condición personal solicitando la impugnación contra el Acuerdo Número 324 de fecha veintisiete de marzo del año dos mil ocho, emitido por la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se cancelo su nombramiento del cargo ocupado como Trabajadora Social asignada al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.(Folios (01) uno al tres (03).- 2) “Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha trece de octubre del año dos mil diez, el Consejo de la Carrera Judicial con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, resolvió (sic) “declarar; 1) CON LUGAR el reclamo presentado por la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS, y existiendo la imposibilidad o no conveniencia de su reintegro al puesto que desempeñaba al momento de su despido, se proceda a cancelarle a la reclamante, una indemnización consistente en un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años, agregándole a la misma un mes de sueldo en concepto de preaviso y demás derechos como ser vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario. Y MANDA 1) Que se notifique personalmente la presente resolución a la reclamante y de no ser posible se practique dicha notificación mediante la fijación de la respectiva cédula en la Tabla de Avisos del Consejo.- 2) Que una vez notificada esta resolución se libre atento oficio con la certificación de estilo a las oficinas respectivas, para los efectos legales correspondientes y se proceda al archivo de las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE. (FOLIOS (31) AL (32) TREINTA Y DOS).- 3) Que el recurrente Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de diciembre del año dos mil diez, reclamando amparo a favor de la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS, contra la resolución, dictada por el Consejo de la Carrera Judicial con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de octubre del año dos mil diez, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de los dispuesto en los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintisiete de abril del año dos mil once.- 4) Que en fecha trece de mayo del año dos mil once, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE, el amparo solicitado.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el articulo 313 numeral 5 en relación al Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS(2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Articulo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por el CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor de la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS, contra una resolución dictada por el CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL en trece de octubre del año dos mil diez, alegando el recurrente, que dicha resolución declaro CON LUGAR el reclamo presentado por la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS, pero también señala que existiendo la imposibilidad o no conveniencia de su reintegro al puesto que desempeñaba al momento de su despido, se proceda a cancelarle a la reclamante, una indemnización consistente en un mes de sueldo por cada año de servicio, hasta un máximo de quince años, agregándole a la misma un mes de sueldo en concepto de preaviso y demás derechos como ser vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante en sus escritos de interposición y formalización del recurso que el Consejo de la Carrera Judicial al no confirmar el despido ejecutado por la Dirección de Administración de Personal, por ser ilegal e injustificado, le devenía la obligación ineludible de ordenar se reintegrara a la señora Patricia Sualy Guizar Ramos, en el cargo de Trabajadora Social, asignada al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa o a otro de igual o mejor condición; pero resulta que eso no ocurrió, si no que al declarar con lugar el reclamo expone que para el reintegro de la reclamante existe imposibilidad o no conviene, por lo que ordena que se pague una indemnización tal y como señala el Artículo 69 de la Ley de la Carrera Judicial, lo cual es desde todo punto de vista igualmente que el Acuerdo de Cancelación arbitrario e injustificado. Si bien es cierto la facultad de no reintegrar a la reclamante es una faculta exclusiva del Consejo de la Carrera Judicial, esta facultad no es discrecional ya que debe haber una causa o una motivación que la sustente.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, con fecha trece de mayo de dos mil once, previo examen de los autos, dictamina porque Se Otorgue el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIGIL a favor de la señora PATRICIA ZULAY GUIZA RAMOS. Por habérsele violado su derecho a la estabilidad laboral, al no resolver el reintegro, no obstante que declaro procedente su reclamo; que incurre en violación al debido proceso, por la falta de legalidad de la sentencia, incongruencia con la reclamación, carente de motivación jurídica en lo que respecta al no reintegro del servidor judicial.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Articulo 129 constitucional manda: “La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios”. Es pertinente relacionar que el Consejo de la Carrera Judicial resolvió por unanimidad de votos de sus miembros, que ninguna de las causas que fundamentaron el despido fue justificada, además estableció que la acción de despido estaba prescrita.- En relación al Artículo 68 de la ley de la carrera judicial, expresamente establece que las resoluciones del Consejo de la Carrera Judicial que sean consecuencia de un reclamo contra u despido, como es el caso de mérito, podrán consistir en la confirmación del despido o en el reintegro al servicio del funcionario o empleado judicial afectado, con derecho a percibir los sueldos devengados desde el retiro del puesto, de manera que en consonancia de la norma constitucional referida, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños perjuicios.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Sala de lo Constitucional, entiende que el sentido que inspira el Artículo 64 constitucional, es que tiende a mantener la supremacía constitucional sobre las leyes, previniendo que no se aplique ninguna ley, disposición de Gobierno, si disminuye, restringe o tergiversa la norma fundamental, en tal sentido debe aplicarse inmediatamente la norma constitucional, aunque en una ley secundaria se regule de forma contraria, lo que caracteriza a la constitución es ser norma suprema, por encima de las leyes, el concepto de Constitución se construye a partir de la jerarquía entre normas, las normas constitucionales se identifican por la relación que guardan con las demás: por la superioridad respecto de la legislación, de toda la creación normativa y de todos los actos de aplicación de la misma. Siendo que la interpretación de la norma constitucional, es la expresión precisa “el trabajador tendrá derecho a su elección”, de acuerdo a los principios elementales de toda hermenéutica jurídica, como disciplina que tiene por objeto desentrañar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica, en primer lugar se da preferencia a la interpretación gramatical, el sentido propio de las palabras, porque, en definitiva la expresión utilizada por la norma jurídica, normalmente muy cuidada, y filtrada, sobre todo en leyes formales, dice lo que quiere decir y no más; y en el caso subjudice no podemos invocar oscuridad gramatical, por lo que debe atenderse fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma, aplicable también al caso lo que nos informa el Artículo 17 del código civil, que textualmente dice: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador” Consiguientemente al no aplicar el Artículo 129 constitucional, en consideración al espíritu de la norma, se ha vulnerado el debido proceso, por lo que debe otorgarse el amparo interpuesto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que cuando el Consejo de la Carrera Judicial, motiva la imposibilidad de efectuar el reintegro del recurrente en la afirmación de existe imposibilidad o no conveniencia de su reintegro al puesto que desempeñaba al momento de su despido; vulnera no solo lo establecido en la Constitución de la República, como ya se dijo, sobre el derecho a la estabilidad laboral, sino también que suplanta la decisión del recurrente al interpretar el Artículo 68 de la Ley de la Carrera Judicial, decidiendo a su discreción otorgar el reintegro o la indemnización correspondiente, pues constitucionalmente esta es una opción que corresponde al trabajador.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 3 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, establece que el Consejo tiene entre otras las atribuciones siguientes: Nombrar y remover a Magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico; ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la Carrera Judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por lo expuesto anteriormente, esta Sala concluye finalmente, que el acto impugnado, al vulnerar las garantías constitucionales establecidos en los Artículos 64 y 90 de la Ley Fundamental, da pie para que el amparo interpuesto sea otorgado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1,64,90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley sobre justicia constitucional, Artículo 17 del código civil, 8 de la declaración universal de los derechos humanos; 2, 9 y 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA:OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se dicte una resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado en la sentencia; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiséis (26) de septiembre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 800=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL