Sentencia AA-785-12 — Registro 7088
Resumen
Resolución Administrativa No. 038-2011, emitida por el Centro Regional de Regularización Predial y Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros que declara la expropiación forzosa por causa de necesidad pública del inmueble que ocupa el asentamiento humano Colonia El Paraíso, Villanueva, Cortés
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."revisados los antecedentes, se constata la existencia de la Resolución Administrativa recurrida, pero se aprecia del estudio de los mismos, que ni la señora MERCEDES ARACELI ROSA VENTIRA, representada en el trámite por el señor JOSE ENRIQUE RAPALO, ni el señor GONZALO RIVERA GONZALES, interpusieron recurso alguno para obtener la subsanación de la Resolución No. 038-2011, misma que ahora se recurre en amparo, advirtiéndose que solamente consta el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WILFREDO FLORES ALCERRO, en su condición de apoderado legal de la señora NORMA LETICIA LOPEZ BONILLA, mismo que, tal como lo establece la Dirección General de Regularización Predial, en su resolución de fecha nueve de mayo del año dos mil once, fue interpuesto extemporáneamente por encontrarse firme la declaratoria de regularización número 038-2011, tal como consta en el informe rendido al efecto por la Secretaria del Centro Regional de Regularización Predial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y que obra a folio ciento noventa y uno (191) de los antecedentes..."..."Que asistiendo el derecho a los peticionarios de ejercitar dentro del término de ley los recursos que tenían expeditos contra la resolución hoy recurrida, sin que resulte acreditada la imposibilidad para hacer uso de los mismos en el término establecido, se debe entender que se trata de un acto consentido por los agraviados, situación que se enmarca claramente dentro de la causal de in admisibilidad de la acción de amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que resulta procedente conforme a la ley, rechazar la acción de amparo y sobreseer las diligencias..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."en cuanto al Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo..."..."el Artículo 30 de la misma ley, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa..."..."esta Sala no puede desconocer el tiempo transcurrido durante la tramitación de este recurso, lo cual pondría en riesgo el derecho que asiste al recurrente para acudir a la jurisdicción competente para conocer de su reclamo. Siendo así, partiendo de lo que dispone el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, el cual establece que cuando el órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual, esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad del recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda..."..."este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de mayo de dos mil trece. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO a favor de los señores NORMA LETICIA LOPEZ BONILLA, MERCEDES ARACELI ROSA VENTURA DE RAPALO Y GONZALO RIVERA GONZALES, contra la Resolución Administrativa No. 038-2011, emitida por el Centro Regional de Regularización Predial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil once, y contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,603 el veinticinco de agosto de dos mil once, mediante el cual se declara la expropiación forzosa por causa de necesidad pública del inmueble que ocupa el asentamiento humano denominado COLONIA EL PARAISO, situado en el sector de Villanueva, departamento de Cortés. CONSIDERANDO: Que revisados los antecedentes, se constata la existencia de la Resolución Administrativa recurrida, pero se aprecia del estudio de los mismos, que ni la señora MERCEDES ARACELI ROSA VENTIRA, representada en el trámite por el señor JOSE ENRIQUE RAPALO, ni el señor GONZALO RIVERA GONZALES, interpusieron recurso alguno para obtener la subsanación de la Resolución No. 038-2011, misma que ahora se recurre en amparo, advirtiéndose que solamente consta el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WILFREDO FLORES ALCERRO, en su condición de apoderado legal de la señora NORMA LETICIA LOPEZ BONILLA, mismo que, tal como lo establece la Dirección General de Regularización Predial, en su resolución de fecha nueve de mayo del año dos mil once, fue interpuesto extemporáneamente por encontrarse firme la declaratoria de regularización número 038-2011, tal como consta en el informe rendido al efecto por la Secretaria del Centro Regional de Regularización Predial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y que obra a folio ciento noventa y uno (191) de los antecedentes. CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos: “3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes.” CONSIDERANDO: Que asistiendo el derecho a los peticionarios de ejercitar dentro del término de ley los recursos que tenían expeditos contra la resolución hoy recurrida, sin que resulte acreditada la imposibilidad para hacer uso de los mismos en el término establecido, se debe entender que se trata de un acto consentido por los agraviados, situación que se enmarca claramente dentro de la causal de in admisibilidad de la acción de amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que resulta procedente conforme a la ley, rechazar la acción de amparo y sobreseer las diligencias. CONSIDERANDO: Que en cuanto al Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO: Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 30 de la misma ley, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 8), es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO: Que el recurrente dirige su acción de amparo contra un Decreto emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, que constituye un acto de carácter general encaminado a declarar la expropiación forzosa por causa de necesidad pública del inmueble que ocupa el asentamiento humano denominado COLONIA EL PARAISO, situado en el sector de Villanueva, departamento de Cortés, mismo que constituye una actuación ejecutada por una entidad de la Administración Pública, que en todo caso sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual, resulta procedente sobreseer el recurso de amparo de que se hace mérito. CONSIDERANDO: Que sin embargo lo anterior, esta Sala no puede desconocer el tiempo transcurrido durante la tramitación de este recurso, lo cual pondría en riesgo el derecho que asiste al recurrente para acudir a la jurisdicción competente para conocer de su reclamo. Siendo así, partiendo de lo que dispone el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, el cual establece que cuando el órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual, esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretenda intentar el recurrente, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad del recurrente, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado el sobreseimiento de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 6 Y 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 3) y 8), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RAPALO a favor de los señores NORMA LETICIA LOPEZ BONILLA, MERCEDES ARACELI ROSA VENTURA DE RAPALO Y GONZALO RIVERA GONZALES, contra la Resolución Administrativa No. 038-2011, emitida por el Centro Regional de Regularización Predial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil once, y contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-036-2011 emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 32,603 el veinticinco de agosto de dos mil once, al apreciarse la concurrencia de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 46 numerales 3) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud que de autos no resulta acreditado que los agraviados hayan tenido alguna imposibilidad para hacer uso en el término establecido de los recursos que tenían expeditos para lograr la subsanación de la Resolución Administrativa No. 038-2011, emitida por el Centro Regional de Regularización Predial, por lo que se debe entender que se trata de un acto consentido por los agraviados; asimismo, el Decreto Ejecutivo citado, constituye una actuación ejecutada por una entidad de la Administración Pública, que en todo caso sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley; SEGUNDO: conceder al recurrente el término de diez (10) días, para que interponga la acción que estime oportuna contra el citado Decreto Ejecutivo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se de estricto cumplimiento a la misma. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. sello. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha siete de mayo de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 785=11/p769i=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.