Sentencia AA-77-13 — Registro 7085
Resumen
Auto declaró sin lugar solicitud de nulidad parcial contra votaciones primarias 2012 de los candidatos a diputados por el Partido Liberal por el Departamento de Francisco Morazán
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."de lo que consta en el expediente administrativo contentivo del acto recurrido en amparo y lo expuesto anteriormente se concluye que el derecho a elegir y ser electo y optar a cargos públicos no ha sido conculcado en el presente caso, por cuanto al señor CASTRO ORTIZ, no le fue vedado su derecho a la participación política en su condición de candidato a diputado en las elecciones primarias y no consta en autos que se realizó algún acto o hecho del Tribunal Supremo Electoral encaminado a limitarle, restringirle o impedirle dicho derecho. Y en cuanto al derecho de defensa tuvo a disposición las acciones legales que estimó pertinentes ejercitar y no fue efectiva la nulidad de la declaratoria de elecciones que pretendía el impetrante por las razones ya expuestas en esta resolución..."..."de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse..."
Legislación citada
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, art. 204 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER a favor del señor MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, contra el auto emitido por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en fecha uno de diciembre de dos mil doce, que declara sin lugar una solicitud de nulidad parcial presentada en contra de las elecciones primarias de los candidatos a diputados por el Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán. Estima el recurrente que con dicho acto se vulneran los derechos consignados en los Artículos 37 numeral 1), 60, 61, 82 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de noviembre de dos mil doce, comparecieron ante el Tribunal Supremo Electoral, los señores MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, FIDEL BARAHONA LOPEZ, SALVADOR VIDESMUNDO CABRERA REYES, ADELA PALACIOS IRACHEZ, HECTOR FRANCISCO SERRANO PEREZ, HEYDI CHOW MENDOZA, MAURICIO MENDOZA PORTILLO, CARLOS ORBIN MONTOYA, en su condición personal y como Pre-Candidatos a Diputados por el Departamento de Francisco Morazán, dentro del Movimiento Liberal Yanista del Partido Liberal, ejercitando acción de nulidad parcial contra las votaciones efectuadas en las elecciones primarias convocadas por ese órgano electoral y llevadas a cabo en fecha dieciocho de noviembre de dos mil doce, específicamente en el nivel de Diputados de Francisco Morazán. 2) Que en fecha uno de diciembre de dos mil doce, el Tribunal Supremo Electoral, admitió la solicitud antes descrita, y resolvió declarar sin lugar la solicitud de merito, por haber ordenado ese órgano electoral la verificación de las Actas de Cierre del nivel electivo de Diputados del departamento de Francisco Morazán, de las cuales se comprobó que no existen inconsistencias, por lo cual fueron procesadas y aprobadas. (Folios 548 y 549 de los antecedentes) 3) La recurrente, Abogada, EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER, compareció ante esta Sala, en fecha veintiuno de enero de dos mil trece, reclamando amparo a favor del señor MARIO ENRIQUE CASTRO ORTIZ, contra el auto emitido por el Tribunal Supremo Electoral en fecha uno de diciembre de dos mil doce, por considerar la recurrente que dicho auto es violatorio del derecho a ser electo, derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, derecho a la defensa y al debido proceso, todos estipulados en los Artículos 37 numeral 1), 60, 61, 82 y 94 de la Constitución de la Republica. Teniendo esta Sala, por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha seis de junio de dos mil trece y declarando sin lugar la apertura a pruebas solicitada, toda vez que en la prueba propuesta no se efectuó una vinculación concreta con el acto específico reclamado en amparo. (Folios 01 al 03 y 283 de la pieza de amparo)4) Que en fecha diecinueve de junio de dos mil trece, se tuvo por emitido el dictamen de la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión “que la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 1 de diciembre del 2012 que es recurrida por la vía de amparo, violenta el derecho a ser electo, derecho de defensa y el del debido proceso contemplados en los articulo 37 numeral 1, 82 y 90 de la Constitución de la republica.” (Folios 286 al 288 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada EPRIL DEYCILIA HERNANDEZ PALMER, se dirige contra el auto emitido por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, en fecha uno de diciembre de dos mil doce, que declara sin lugar una solicitud de nulidad parcial presentada en contra de las elecciones primarias de los candidatos a diputados por el Partido Liberal en el departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce, en su escrito interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente lo siguiente: el proceso de escrutinio general definitivo, que produjo como consecuencia la declaratoria de elecciones del proceso electoral primario, en perjuicio de su representado, adoleció de un sin numero de vicios, como haber ejercitado el proceso de verificación de las actas, por la nulidad presentada por su representado sin su presencia, por ende no se constató si los alegatos de su representado tenían fundamento ya que los afectados que interpusieron sus recursos de nulidad no conocieron de los supuestos conteos, ni se identificaron las actas que supuestamente no fueron entregadas. Dicho escrutinio, no se hizo con las formalidades del caso. No obstante los innumerables vicios de que adoleció la supuesta rectificación del escrutinio general definitivo, votos adulterados, actas adulteradas, no fueron revisadas y de ordeno que se rectificara la declaratoria de las elecciones del proceso electoral primario, de manera antojadiza por parte del Tribunal, obteniendo una respuesta a su escrito de nulidad vacía, sin explicar detalladamente el porque de la denegatoria. Vulnerando los derechos de muchos candidatos que ya habían sido declarados electos en forma legal y que quedaron fuera de por ese montón de vicios de nulidad. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió dictamen en fecha diecinueve de junio de dos mil trece, en el sentido de “que la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 1 de diciembre del 2012 que es recurrida por la vía de amparo, violenta el derecho a ser electo, derecho de defensa y el del debido proceso contemplados en los articulo 37 numeral 1, 82 y 90 de la Constitución de la república.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que providencia administrativa de fecha primero de diciembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, señala que en cuanto lo solicitado por el ahora recurrente en Amparo, se haga de su conocimiento que, que ese Tribunal Supremo Electoral ordenó al área de escrutinio, la verificación de las Actas de Cierre referidas, del nivel electivo de Diputados del Departamento de Francisco Morazán, comprobándose que no existen inconsistencias, por lo que fueron procesadas y aprobadas por ese Tribunal, extremo que puede ser verificado, según el Tribunal Supremo Electoral en su pagina web. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República el 15 de mayo del 2004, que contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. Contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que en el Diario Oficial la Gaceta bajo el No.32,996 del lunes diez de diciembre de dos mil doce, fue publicado el Acuerdo No.15-2012 del Tribunal Supremo Electoral, mediante el cual se emitió la “Declaratoria de Elecciones Primarias 2012 de los Partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación”, en dicho acuerdo se expresó en el considerando dieciséis, que “La auditoria internacional para el proceso de Elecciones Primarias 2012 (Centro Internacional de Auditorias y Riesgos) concluye que el proceso electoral 2012 en Honduras, es certificado como transparente y que el tratamiento adecuado para corregir las inconsistencias identificadas en las actas ha permitido que se respete el voto de las urnas por lo que las Elecciones Primarias 2012 deben ser consideradas como legitimas.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que emitida la declaratoria de elecciones antes señalada, quienes tuvieran una pretensión de nulidad por considerarse afectados en sus derecho tenían como único remedio ejercitar dicha acción contra el acto declaratorio de elecciones, el que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 204 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, debía presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” CONSIDERANDO ONCE (11): Que de lo que consta en el expediente administrativo contentivo del acto recurrido en amparo y lo expuesto anteriormente se concluye que el derecho a elegir y ser electo y optar a cargos públicos no ha sido conculcado en el presente caso, por cuanto al señor CASTRO ORTIZ, no le fue vedado su derecho a la participación política en su condición de candidato a diputado en las elecciones primarias y no consta en autos que se realizó algún acto o hecho del Tribunal Supremo Electoral encaminado a limitarle, restringirle o impedirle dicho derecho. Y en cuanto al derecho de defensa tuvo a disposición las acciones legales que estimó pertinentes ejercitar y no fue efectiva la nulidad de la declaratoria de elecciones que pretendía el impetrante por las razones ya expuestas en esta resolución. CONSIDERANDO DOCE (12): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, procede a la Sala Constitucional pronunciarse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 303, 304, 313 No. 5, y 316 de la Constitución de la República; 1º. Y 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 189 y 205 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticos; 1, 2, 3, 5, 7, 9, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA POR LEY SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de julio de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, recaída en el amparo administrativo (electoral) registrado en este Tribunal con el número 77-13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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