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Sentencia AA-70-11 — Registro 7086

Resumen

Resolución declara sin lugar solicitud de reconsideración contra la que denegó la solicitud de suspensión condicional de la persecuciòn penal contra recurrente y en su lugar se ratificó y refrendó la decisión del recurrido en continuar con la acción penal contra el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Fiscalía General de la República objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el decretar la improcedencia de la suspensión condicional de la persecución penal, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de mayo de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA a favor del señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA, contra la resolución dictada por el Fiscal General de la República en fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, que declara sin lugar una solicitud de reconsideración presentada contra resolución dictada por el Sub Director General de Fiscalías del Ministerio Público en fecha nueve de febrero de dos mil diez, con relación a la aplicación de suspensión condicional de la persecución penal del señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de octubre de dos mil ocho, compareció ante Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortes, el Abogado WALTER LEONEL RAMIREZ en su condición de Fiscal de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el ciudadano ROGER RAMSES MONTES AMAYA por suponerlo responsable del delito de USURPACION DE TITULO en perjuicio DE LA FE PÙBLICA. (FOLIOS DOS [02] AL CUATRO [04]). 2) Que en fecha trece de octubre de dos mil nueve, La Fiscalía Regional de San Pedro Sula, Cortés, Fiscalía Especial de lucha contra La Corrupción, conociendo sobre la Solicitud de Suspensión Condicional de la Persecución Penal, presentada por el Abogado Defensor KILLER ACOSTA GARCIA a favor de del señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA, ”(sic) FALLÒ: PRIMERO; DENEGAR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONDICONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL solicitud presentada por el Abogado KILLER ACOSTA, basándome en el Articulo 36 del Código Procesal Penal. SEGUNDO: Que el imputado por conocedor de las Leyes no puede ignorar que la acción cometida es ilícita, ahondado a ello que el mismo era un estudiante de la carrera de Derecho y sabia de la situación y las consecuencias del mismo y que el daño causado es grande, por lo que es procedente seguir con el procesos su continuación del Juicio que se sigue al señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA, en el delito de USURPACION DE TITULO, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: Por lo anterior se DENIEGA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCION PENAL, según articulo 80 de la Constitución de la República 36, 39, 93, 284 numeral 1 a), del código procesal penal, 1, 3,1 3, 33 y demás aplicables de la Ley del Ministerio Publico.” (FOLIO DOCIENTOS SESENTA Y DOS [262] AL DOCIENTOS SESENTA Y TRES [263]). 3) Que en fecha ocho de enero del año del año dos mil diez, La Coordinación Regional de Fiscalía contra la Corrupción de San Pedro Sula, Cortés, RESOLVIÓ: “1) Tener por presentada la reconsideración de mérito, sin embargo, en merito de lo expuesto en el summun de esta resolución;2) Declárese SIN LUGAR la misma, en consecuencia, se RATIFICA Y REFRENDA en todas sus partes la decisión adoptada por el fiscal José René Álvarez en fecha trece de Octubre de 2009, sobre cuyo contenido versa ese auto.” (FOLIO DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO [298] AL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE [299]). 4) Que en fecha nueve de febrero del año dos mil diez, La Sub- Dirección General de Fiscalía de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, (sic) “RESUELVE: Primero: declarar sin lugar la impugnación presentada por el Abogado Manuel Asdrúbal Murillo Maradiaga, en su condición de apoderado legal del señor Roger Ramses Montes Amaya; contra la resolución de fecha ocho de enero de dos mil diez, emitida por la Coordinación de la Fiscalìa Contra la Corrupción de San Pedro Sula, Cortés,a través de la cual se declara improcedente la solicitud de Suspensión condicional de la Persecución Penal, a favor de su representado, a quien se le supone responsable del delito de Usurpación de Titulo, en perjuicio de la Fe Administración Pública. Segundo: Remitir las presentes diligencias a la Secretaria General, para su respectiva notificación y posteriormente a la Fiscalìa de su procedencia para su conocimiento.” FOLIO TRECIENTOS DIEZ Y SIETE [317] AL TRECIENTOS DIEZ Y NUEVE [319]. 5) Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, conociendo de una solicitud de reconsideración del auto que fuese emitido en fecha nueve de febrero de dos mil diez, la Fiscalía General de la República; (sic) “RESUELVE: 1.- DECLARAR SIN LUGAR la solicitud de reconsideración presentada por el Abogado Manuel Asdrúbal Murillo. RATIFICAR la resolución de fecha nueve de febrero de dos mil diez, proferida por la Sub Dirección General de Fiscalìas, mediante la cual se declara improcedente la aplicación de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal a favor del señor Roger Ramsès Montes.3.- 4.-Devolver los antecedentes a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción de San Pedro Sula.5.- Ordenar la notificación de la presente resolución a través de la Secretaría General.” (FOLIO TRECIENTOS SESENTA Y OCHO [368] AL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE [369].). 6) EL recurrente Abogado MANUEL ASDRÙBAL MURILLO MARADIAGA compareció ante este Tribunal, en fecha siete de febrero de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA por considerar que la resolución emitida por el FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, es violatoria de los derechos estipulados en el en los Artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha ocho de febrero de dos mil doce, y el veintidós de mayo de dos mil doce se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Articulo 313 numeral 5 en relación al Articulo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS(2): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo en el Artículo 183 Constitucional. En el numeral dos (2) de este Articulo se establece, que la garantía de amparo es para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir, o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta constitución. El recurso de amparo se interpondrá de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce el recurso de Amparo Administrativo interpuesto por el Abogado MANUEL ASDRUBAL MURILLO MARADIAGA a favor del señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA, contra la resolución dictada por el Fiscal General de la República en fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, alegando el recurrente, que dicha resolución que declara sin lugar una solicitud de reconsideración presentada contra resolución dictada por el Sub Director General de Fiscalías del Ministerio Público en fecha nueve de febrero de dos mil diez, con relación a la aplicación de suspensión condicional de la persecución penal del señor ROGER RAMSES MONTES AMAYA CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el impetrante en sus escritos explica que la Fiscalía General, recoge el falso argumento, que se ha venido sosteniendo a través de las diferentes instancias en que se ha presentado la solicitud de suspensión de la persecución penal que ROGER RANSES MONTES AMAYA, actuó en mas de una ocasión y en diferentes instancias especialmente judiciales, aunque insiste que el Ministerio Publico nunca lo ha probado. En resumen este argumento, al que califica como falso e inquisitivo; propios de los juicios de conciencia, violentan flagrantemente el principio del debido proceso, en cuanto desconocen los requisitos señalados en las normas procesales establecidas en el Artículo 36, numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal, para otorgar, como un beneficio universal, que solo debiera negarse cuando no se cumplen los mismos; pues de lo contrario, se está desconociendo el imperativo legal de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley e invadiendo la función jurisdiccional de juzgar, al valorar o no la peligrosidad de un sujeto en forma a priori. CONSIDERANDO CINCO (5): Que teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha ocho de febrero de dos mil doce, y el veintidós de mayo de dos mil doce se omitió la vista de los autos al fiscal, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO SEIS (6): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Fiscalía General de la República en, conociendo de la solicitud de reconsideración del auto que fuese emitido en fecha nueve de febrero de dos mil diez, en la parte medular de su resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez, expresa lo siguiente: “Que esta Fiscalía General de la República, después de haber analizado los antecedentes comparte la Opinión Legal emitida por la Asesoría Legal de esta dependencia, a fin de ratificar la resolución emitida por el Señor Sud-Director General de Fiscalías, en fecha nueve de febrero de dos mil diez, básicamente en los siguientes aspectos: 1.- Que la suspensión condicional de la persecución penal es un acto discrecional del Ministerio Público, cuya solicitud ante el órgano jurisdiccional correspondiente, procede cuando se ha valorado la concurrencia de todos los requisitos exigidos en el Artículo 36 del Código Procesal Penal, tratándose además de casos de afectación mínima del interés publico, situación que deberá ser valorada por el Fiscal, en cada caso concreto, atendiendo entre otras cosas al bien jurídico lesionado, la intensidad de la lesión y la sensibilidad social en relación a la infracción. 2.- Que la exigencia de la ausencia de peligrosidad por parte del imputado, tienen como objetivo evitar que la aplicación de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal funciones como un factor de recaída en el delito, ello con el fin de evitar que exista una percepción de falta de vigencia efectiva del sistema penal. 3.- Que la suspensión condicional de la persecución penal debe ser aplicada tomando en consideración no solo el delito cometido, sino además la personalidad y las condiciones del autor, por ello la respuesta ante una solicitud de aplicación puede ser diferente en cosos en que el delito cometido sea el mismo.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión de la Fiscalía General de la República objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el decretar la improcedencia de la suspensión condicional de la persecución penal, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1,64,90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley sobre justicia constitucional, Artículo 17 del Código Civil, 8 de la declaración universal de los derechos humanos; 2, 9 y 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA:DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAS SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha catorce de mayo de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo administrativo registrado en este Tribunal con el número 70-p813i=11/p09-p512=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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