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Sentencia AA-659-11 — Registro 7471

Resumen

Sentencia declaró de oficio nulidad absoluta de actuaciones con excepción del personamiento y ordenó señalar audiencia preliminar y seguir el trámite hasta sentencia en relación a demanda para declarar nulidad de Acuerdo No. 754-SRH promovida por demandante contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala observa que el Ad-Quem dictado resolución conforme lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ordenando se siga el procedimiento dispuesto en los Artículos 75 al 77 de la referida Ley, por haber constatado que en el proceso de mérito, no consta que se haya celebrado la audiencia preliminar, ni que las partes hayan tenido la oportunidad de formular sus conclusiones, disposiciones que no pueden ser eludidas por los particulares, por ser de orden público, en consecuencia el juzgador y las partes en conflicto deben ceñirse a ellas, precisamente para no vulnerar el debido proceso..."..."Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial haciendo uso de su derecho de petición, planteando todo lo que ha considerado pertinente al caso concreto, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el Derecho de Defensa. En consecuencia, no encontrando vulneración a la norma constitucional del Derecho a la Defensa, por ende no se han vulnerado las disposiciones del Código Procesal Civil, señaladas por la recurrente, quien no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa..."..."en el caso en estudio el Ad-Quem ha dictado una resolución ciñéndose a las exigencias, requisitos y formalidades que requiere la ley, por ende respetando el debido proceso. En consecuencia habiéndose seguido las formalidades del Debido Proceso, así como que el derecho de defensa se ha salvaguardado a las partes en el desarrollo del proceso, resulta obvio que la recurrente no se ha visto limitada en su derecho de acceder a los Tribunales de la República, y las resoluciones dictadas en el caso sub judice, lo han sido por Juez competente. Por todo ello esta sala observa que no se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 75 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 76 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 77 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha diez de junio de dos mil once, mediante la cual declara de oficio la nulidad absoluta del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez; con relación a la demanda para declarar la nulidad de un acto administrativo presentado por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos de su representado, consignado en el Artículo 80 de la Constitución de la República, en relación con los Artículos 15, 20, 212, 213 y 214 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, interponiendo demanda para declarar la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo consistente en el acuerdo No. 754-SRH emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, de fecha catorce de julio de dos mil nueve, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida de su pleno restablecimiento el reintegro al cargo, el pago de salarios dejados de percibir mas los aumentos salariales otorgados desde la fecha de cancelación por despido ilegal hasta que recaiga sentencia firme, mas las costas e intereses del juicio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.

  1. Que una vez continuado el proceso, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial falló declarando como improcedente la acción incoada por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, por no ajustarse a derecho el acto impugnado. (Folios 103 al 106 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diez de junio de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal del señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, falló declarar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones desde el folio ciento tres (103) al folio ciento treinta y nueve (139) inclusive, de la pieza principal de autos, exceptuando de dicha nulidad y por ende valido el personamiento que corre agregado a folios ciento veintiséis (126) frente al ciento treinta (130) inclusive de la pieza principal de autos, en consecuencia que el A-Quo proceda a señalar la respectiva audiencia preliminar y si evacuada esta, estima no ser necesario señalar audiencia para evacuación de prueba, le conceda a las partes el derecho de formular conclusiones tal como lo ordena la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y acto seguido dicte la sentencia que a derecho corresponda. (Folios 09 al 11 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de septiembre de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha diez de junio de dos mil once es violatoria de los derechos de petición, defensa, del principio del debido proceso, igualdad y legalidad, estipulados todos en la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciocho de enero de dos mil once. 5) Que con fecha uno de febrero de dos mil doce, el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la que declara de oficio la nulidad absoluta, contra las actuaciones, dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, con relación a la Demanda promovida por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO para que se declare nulo un acto administrativo, se declare la ilegalidad del acto administrativo y su nulidad…, contra la Secretaría de Relaciones Exteriores. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente al formalizar su recurso manifiesta que se ha vulnerado el derecho a la Defensa contenido en el Artículo 82 constitucional, así como la total infracción del Artículo 15 No. 3 que contiene el principio de oralidad, Artículo 20 de la Subsanación del Código Procesal Civil, además dice el recurrente olvidó aplicar el Artículo 212 Nos. 1, 2 ,3, 4, 5, y 6 de las causa en que procede la nulidad y el Artículo 213 numeral 1 del mismo cuerpo legal que establece: “Son anulables siempre y cuando sean insubsanables” (las cursivas y subrayado es de la recurrente), señala que el Artículo 214 No. 3 establece cuando se decretará la nulidad de oficio y 914 del Código referido, establece la razón en que se basa la queja de su representada, pero contradictoriamente no se aplica la norma al decretar de oficio la Nulidad Absoluta de Actuaciones”, (las cursivas y subrayado es de la recurrente), “volviendo a señalar la audiencia preliminar o sea que al emitir sentencia se obvio los artículos antes mencionados y no se aplicó la norma de manera correcta”. Señala que “Se ha violentado el Artículo 80 constitucional del Derecho a la Defensa. Además invoca como vulnerado el Artículo 94 constitucional que establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, concretizando la violación al derecho de defensa cuando se le limita sustancialmente y vulnera el derecho al debido proceso, cuando se inobserva o altera una solemnidad o trámite previsto en normas adjetivas que garantizan la legalidad de las actuaciones y que le provocan una lesión directa como parte”. Además dice que se ha vulnerado el derecho a la igualdad contenido en el Artículo 60 constitucional, según su parecer “En este supuesto, ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, el principio de igualdad determina que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, con lo cual, el órgano que considere necesario apartarse de sus precedentes deberá ofrecer para ello una fundamentación razonable y suficiente”, (las negritas, cursivas y subrayado es de la recurrente). Señala que además del derecho a la defensa se ha transgredido el derecho de acceder a los Tribunales a ejercer la legítima defensa. Asimismo considera ultrajado el Debido Proceso pues no se está siendo juzgado con los derechos y garantías que la ley establece, finalmente invoca como vulnerado el Artículo 94 Constitucional que establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de Juez o autoridad competente. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem al dictar su resolución en el acápite: Antecedentes de Hecho, Considerando número Uno (1), establece: Que consta en la pieza principal que en fecha 30 de agosto 2010, el Tribunal de primera instancia dictó auto mediante el cual se tiene por contestada la demanda, ordena recibirse el proceso a pruebas, señalando audiencia preliminar para el día viernes diecisiete (17) de septiembre del dos mil diez, (2010) a las diez de la mañana (F 101 F y V de la primera pieza). En su Considerando dos (2) señala, que a folios ciento tres (103) y ciento seis (106) de la pieza inicial, consta agregada la sentencia definitiva, (objeto de revisión en Recurso de Apelación ante el Tribunal de Segunda instancia). Dejando establecido en el Considerando tres (3) de su resolución “Que si bien es cierto en la sentencia recurrida se menciona que en audiencia preliminar no se consideró necesario abrir el juicio a pruebas, pero no es menos cierto que no consta de autos la celebración o acta de dicha audiencia preliminar”. En sus considerandos cuatro (4), cinco (5) y seis (6), expresa el Ad-Quem que el proceso se encuentra viciado de nulidad, en virtud de que fue señalada la audiencia preliminar, pero no consta en autos su evacuación. Señalado que el A-Quo “dejó de aplicar la supremacía de la Ley de lo Contencioso Administrativo sobre la norma supletoria a ella, obviando el procedimiento ordenado en los Artículo 75 al 77 de la ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, pues no consta que se le haya dado el Derecho a las partes para formular conclusiones”. Expresando además que la Ley referida ordena a los Jueces actuar de oficio, concluyendo el Tribunal de Alzada que en aplicación de tal oficiosidad, deviene en la obligación de decretar la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 103 al 139 de la pieza principal de autos, quedando vigente y fuera de nulidad el personamiento que corre agregado a folios del 126 al 130, a efecto de que el A-Quo señale celebración de nueva audiencia preliminar, y si del resultado de la misma estima no ser necesaria la celebración de audiencia probatoria, por no haber pruebas que evacuar, abra el juicio a la fase de conclusiones, y una vez evacuada dicte sentencia que en derecho corresponda. CONSIDERNANDO (6): Que el ordenamiento jurídico- administrativo regula a través de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, la legalidad de las actuaciones del estado y garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia mediante la creación de los órganos jurisdiccionales encargados del cumplimiento de las funciones encomendadas a la esfera de sus atribuciones, para tal efecto se emitió una la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regula todo lo concerniente a esta materia. Por otra parte el “Artículo 22.- CARÁCTER SUPLETORIO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL”. Dispone: “El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales, y de otra índole procesal”. Disposiciones, que habrán de aplicarse de manera supletoria, es decir, solo en el caso que la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo guarde silencio, existiendo este vació viene a suplirlo las disposiciones del Código Procesal Civil. Por todo ello, de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala observa que el Ad-Quem dictado resolución conforme lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ordenando se siga el procedimiento dispuesto en los Artículos 75 al 77 de la referida Ley, por haber constatado que en el proceso de mérito, no consta que se haya celebrado la audiencia preliminar, ni que las partes hayan tenido la oportunidad de formular sus conclusiones, disposiciones que no pueden ser eludidas por los particulares, por ser de orden público, en consecuencia el juzgador y las partes en conflicto deben ceñirse a ellas, precisamente para no vulnerar el debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial haciendo uso de su derecho de petición, planteando todo lo que ha considerado pertinente al caso concreto, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el Derecho de Defensa. En consecuencia, no encontrando vulneración a la norma constitucional del Derecho a la Defensa, por ende no se han vulnerado las disposiciones del Código Procesal Civil, señaladas por la recurrente, quien no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas y considerado el principio de legalidad como inherente al Debido Proceso debe entenderse que la potestad de administrar justicia no puede ni debe ir mas allá de lo que Constitucional y legalmente está conferido, por lo que no podrá actuar por autoridad propia sino que ejecutando el contenido de la ley. Tal y como acontece en el caso en estudio el Ad-Quem ha dictado una resolución ciñéndose a las exigencias, requisitos y formalidades que requiere la ley, por ende respetando el debido proceso. En consecuencia habiéndose seguido las formalidades del Debido Proceso, así como que el derecho de defensa se ha salvaguardado a las partes en el desarrollo del proceso, resulta obvio que la recurrente no se ha visto limitada en su derecho de acceder a los Tribunales de la República, y las resoluciones dictadas en el caso sub judice, lo han sido por Juez competente. Por todo ello esta sala observa que no se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente. CONSIDERANDO (9): Que el Ministerio Público a través de su representante, emitió dictamen en fecha 01 de febrero del año 2012, él que, en su parte conducente señala que “…, El Recurso de amparo debe ser denegado, ya que el Tribunal de Alzada ha apreciado vicios de nulidad que dan lugar a la misma, cuando en una eventual sentencia condenatoria podría agraviarse a una o incluso a ambas partes, por lo que es procedente lo observado por el indicado Tribunal. CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADAREZ, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia de fecha diez de junio del año del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el siete de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.659=2011.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha diez de junio de dos mil once, mediante la cual declara de oficio la nulidad absoluta del Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez; con relación a la demanda para declarar la nulidad de un acto administrativo presentado por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos de su representado, consignado en el Artículo 80 de la Constitución de la República, en relación con los Artículos 15, 20, 212, 213 y 214 del Código Procesal Civil. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, interponiendo demanda para declarar la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo consistente en el acuerdo No. 754-SRH emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, de fecha catorce de julio de dos mil nueve, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida de su pleno restablecimiento el reintegro al cargo, el pago de salarios dejados de percibir mas los aumentos salariales otorgados desde la fecha de cancelación por despido ilegal hasta que recaiga sentencia firme, mas las costas e intereses del juicio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES EXTERIORES.

  1. Que una vez continuado el proceso, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial falló declarando como improcedente la acción incoada por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, por no ajustarse a derecho el acto impugnado. (Folios 103 al 106 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diez de junio de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS ALONSO MEJIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal del señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO, falló declarar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones desde el folio ciento tres (103) al folio ciento treinta y nueve (139) inclusive, de la pieza principal de autos, exceptuando de dicha nulidad y por ende valido el personamiento que corre agregado a folios ciento veintiséis (126) frente al ciento treinta (130) inclusive de la pieza principal de autos, en consecuencia que el A-Quo proceda a señalar la respectiva audiencia preliminar y si evacuada esta, estima no ser necesario señalar audiencia para evacuación de prueba, le conceda a las partes el derecho de formular conclusiones tal como lo ordena la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y acto seguido dicte la sentencia que a derecho corresponda. (Folios 09 al 11 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADARES, compareció ante este Tribunal, en fecha nueve de septiembre de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, en fecha diez de junio de dos mil once es violatoria de los derechos de petición, defensa, del principio del debido proceso, igualdad y legalidad, estipulados todos en la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciocho de enero de dos mil once. 5) Que con fecha uno de febrero de dos mil doce, el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, mediante la que declara de oficio la nulidad absoluta, contra las actuaciones, dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, con relación a la Demanda promovida por el señor NAPOLEON ALBERTO ALVAREZ ALVARADO para que se declare nulo un acto administrativo, se declare la ilegalidad del acto administrativo y su nulidad…, contra la Secretaría de Relaciones Exteriores. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente al formalizar su recurso manifiesta que se ha vulnerado el derecho a la Defensa contenido en el Artículo 82 constitucional, así como la total infracción del Artículo 15 No. 3 que contiene el principio de oralidad, Artículo 20 de la Subsanación del Código Procesal Civil, además dice el recurrente olvidó aplicar el Artículo 212 Nos. 1, 2 ,3, 4, 5, y 6 de las causa en que procede la nulidad y el Artículo 213 numeral 1 del mismo cuerpo legal que establece: “Son anulables siempre y cuando sean insubsanables” (las cursivas y subrayado es de la recurrente), señala que el Artículo 214 No. 3 establece cuando se decretará la nulidad de oficio y 914 del Código referido, establece la razón en que se basa la queja de su representada, pero contradictoriamente no se aplica la norma al decretar de oficio la Nulidad Absoluta de Actuaciones”, (las cursivas y subrayado es de la recurrente), “volviendo a señalar la audiencia preliminar o sea que al emitir sentencia se obvio los artículos antes mencionados y no se aplicó la norma de manera correcta”. Señala que “Se ha violentado el Artículo 80 constitucional del Derecho a la Defensa. Además invoca como vulnerado el Artículo 94 constitucional que establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, concretizando la violación al derecho de defensa cuando se le limita sustancialmente y vulnera el derecho al debido proceso, cuando se inobserva o altera una solemnidad o trámite previsto en normas adjetivas que garantizan la legalidad de las actuaciones y que le provocan una lesión directa como parte”. Además dice que se ha vulnerado el derecho a la igualdad contenido en el Artículo 60 constitucional, según su parecer “En este supuesto, ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, el principio de igualdad determina que un mismo órgano no puede cambiar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, con lo cual, el órgano que considere necesario apartarse de sus precedentes deberá ofrecer para ello una fundamentación razonable y suficiente”, (las negritas, cursivas y subrayado es de la recurrente). Señala que además del derecho a la defensa se ha transgredido el derecho de acceder a los Tribunales a ejercer la legítima defensa. Asimismo considera ultrajado el Debido Proceso pues no se está siendo juzgado con los derechos y garantías que la ley establece, finalmente invoca como vulnerado el Artículo 94 Constitucional que establece que a nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de Juez o autoridad competente. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem al dictar su resolución en el acápite: Antecedentes de Hecho, Considerando número Uno (1), establece: Que consta en la pieza principal que en fecha 30 de agosto 2010, el Tribunal de primera instancia dictó auto mediante el cual se tiene por contestada la demanda, ordena recibirse el proceso a pruebas, señalando audiencia preliminar para el día viernes diecisiete (17) de septiembre del dos mil diez, (2010) a las diez de la mañana (F 101 F y V de la primera pieza). En su Considerando dos (2) señala, que a folios ciento tres (103) y ciento seis (106) de la pieza inicial, consta agregada la sentencia definitiva, (objeto de revisión en Recurso de Apelación ante el Tribunal de Segunda instancia). Dejando establecido en el Considerando tres (3) de su resolución “Que si bien es cierto en la sentencia recurrida se menciona que en audiencia preliminar no se consideró necesario abrir el juicio a pruebas, pero no es menos cierto que no consta de autos la celebración o acta de dicha audiencia preliminar”. En sus considerandos cuatro (4), cinco (5) y seis (6), expresa el Ad-Quem que el proceso se encuentra viciado de nulidad, en virtud de que fue señalada la audiencia preliminar, pero no consta en autos su evacuación. Señalado que el A-Quo “dejó de aplicar la supremacía de la Ley de lo Contencioso Administrativo sobre la norma supletoria a ella, obviando el procedimiento ordenado en los Artículo 75 al 77 de la ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo, pues no consta que se le haya dado el Derecho a las partes para formular conclusiones”. Expresando además que la Ley referida ordena a los Jueces actuar de oficio, concluyendo el Tribunal de Alzada que en aplicación de tal oficiosidad, deviene en la obligación de decretar la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio 103 al 139 de la pieza principal de autos, quedando vigente y fuera de nulidad el personamiento que corre agregado a folios del 126 al 130, a efecto de que el A-Quo señale celebración de nueva audiencia preliminar, y si del resultado de la misma estima no ser necesaria la celebración de audiencia probatoria, por no haber pruebas que evacuar, abra el juicio a la fase de conclusiones, y una vez evacuada dicte sentencia que en derecho corresponda. CONSIDERNANDO (6): Que el ordenamiento jurídico- administrativo regula a través de la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo, la legalidad de las actuaciones del estado y garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia mediante la creación de los órganos jurisdiccionales encargados del cumplimiento de las funciones encomendadas a la esfera de sus atribuciones, para tal efecto se emitió una la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regula todo lo concerniente a esta materia. Por otra parte el “Artículo 22.- CARÁCTER SUPLETORIO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL”. Dispone: “El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales, y de otra índole procesal”. Disposiciones, que habrán de aplicarse de manera supletoria, es decir, solo en el caso que la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo guarde silencio, existiendo este vació viene a suplirlo las disposiciones del Código Procesal Civil. Por todo ello, de acuerdo al estudio de los antecedentes esta Sala observa que el Ad-Quem dictado resolución conforme lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ordenando se siga el procedimiento dispuesto en los Artículos 75 al 77 de la referida Ley, por haber constatado que en el proceso de mérito, no consta que se haya celebrado la audiencia preliminar, ni que las partes hayan tenido la oportunidad de formular sus conclusiones, disposiciones que no pueden ser eludidas por los particulares, por ser de orden público, en consecuencia el juzgador y las partes en conflicto deben ceñirse a ellas, precisamente para no vulnerar el debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha concurrido ante el estrado judicial haciendo uso de su derecho de petición, planteando todo lo que ha considerado pertinente al caso concreto, que el órgano jurisdiccional no resuelva conforme su petición no vulnera el Derecho de Defensa. En consecuencia, no encontrando vulneración a la norma constitucional del Derecho a la Defensa, por ende no se han vulnerado las disposiciones del Código Procesal Civil, señaladas por la recurrente, quien no se ha visto impedido de hacer uso de la actividad recursiva que la ley le permite, con todo ello se ha garantizado su derecho a la Defensa. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas y considerado el principio de legalidad como inherente al Debido Proceso debe entenderse que la potestad de administrar justicia no puede ni debe ir mas allá de lo que Constitucional y legalmente está conferido, por lo que no podrá actuar por autoridad propia sino que ejecutando el contenido de la ley. Tal y como acontece en el caso en estudio el Ad-Quem ha dictado una resolución ciñéndose a las exigencias, requisitos y formalidades que requiere la ley, por ende respetando el debido proceso. En consecuencia habiéndose seguido las formalidades del Debido Proceso, así como que el derecho de defensa se ha salvaguardado a las partes en el desarrollo del proceso, resulta obvio que la recurrente no se ha visto limitada en su derecho de acceder a los Tribunales de la República, y las resoluciones dictadas en el caso sub judice, lo han sido por Juez competente. Por todo ello esta sala observa que no se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales invocadas por la recurrente. CONSIDERANDO (9): Que el Ministerio Público a través de su representante, emitió dictamen en fecha 01 de febrero del año 2012, él que, en su parte conducente señala que “…, El Recurso de amparo debe ser denegado, ya que el Tribunal de Alzada ha apreciado vicios de nulidad que dan lugar a la misma, cuando en una eventual sentencia condenatoria podría agraviarse a una o incluso a ambas partes, por lo que es procedente lo observado por el indicado Tribunal. CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada NILDA MARISSA MERCADO VALLADAREZ, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia de fecha diez de junio del año del dos mil once, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el siete de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.659=2011. Firma y sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL