Sentencia AA-622-12 — Registro 7470
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que inadmitió prueba documental por no haberla acompañado en escrito de demanda, en segunda instancia se ordenó al juzgado de primera instancia admitir la prueba documental en relación a demanda para declarar la nulidad de acto administrativo promovida contra el Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio, compartido por esta Sala de lo Constitucional, que la exigencia de acompañar los medios de prueba a la demanda, contemplados en el Código Procesal Civil, no es aplicable en la jurisdicción contencioso administrativa, ya que ese cuerpo normativo sólo actúa en supletoriedad de la Ley especial; y habiendo una disposición clara y específica respecto a los requisitos en el contenido de la demanda, en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que no contienen la exigencia antes relacionada, es ésta norma la que deviene de rigurosa aplicación, en aras del principio de especialidad de la misma..."..."esta Sala de lo Constitucional reconoce que resulta procedente confirmar la resolución de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de Diciembre del año dos mil trece. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, que otorga el recurso interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA a favor de las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN, contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, en relación a la demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, promovida por las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). ANTECEDENTES. 1) Que en fecha trece de enero de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA, en su condición de apoderado legal de las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN, promoviendo demanda ordinaria para que se declare la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil seis, emitida por la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de dicha empresa. 2) Que avanzando que fue el proceso, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, celebró Audiencia Preliminar en la demanda de mérito, en la cual resolvió rechazar por improcedentes el medio de prueba numero seis denominado documental, referente a leyes, ya que estas no deben entenderse por documentos públicos, asimismo rechazó por improcedente los medios de prueba presentados como documental, en tanto eran instrumentos que si tenían relación con el medio del juicio, debieron ser presentados junto con el escrito de la demanda para que el demandado tuviera conocimiento y contenido de los mismos, sin que el demandante justificase el porque los presentó hasta ese momento, rechazó también el medio de prueba denominado reconocimiento judicial por ser inútil, ya que el objeto de la demanda es la indemnización y no la partición de una franja de terreno, que es la que ocupa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que afecta bienes inmuebles de los demandantes. (Folios 141 al 145 de los antecedentes). 3) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil doce, compareció ante esta Sala, el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA, en su condición ya mencionada, interponiendo recurso de amparo a favor de las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN, contra las resoluciones tomadas en la Audiencia Preliminar celebrada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, en fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, consistentes en la declaración sin lugar del medio de prueba documental público y reconocimiento judicial y el Pre Juicio en cuanto al fondo del asunto, al expresar el Juzgador de Primera Instancia como Director del Proceso, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo, apreciaba a priori que la causa presentada era ilegítima, de inicio juzgando el fondo del asunto[1], por considerar el recurrente que las mismas son violatorias del derecho a la defensa y el principio del debido proceso, estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. 4) Que en la misma fecha, esta Sala, se declaró incompetente para conocer del amparo interpuesto, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, a fin de darle el curso de ley correspondiente al recurso de mérito. 5) Que en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, falló otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA, únicamente en cuanto a la primera resolución a que hace referencia, proferida en la Audiencia Preliminar de fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, en consecuencia, ordenó que el A-quo procediera a admitir la prueba documental de la parte demandante rechazada por no haber acompañado los documentos respectivos en el escrito de la demanda. (Folios 50 y 52 de la segunda pieza de antecedentes). 6) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 2: Que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución de la República reconoce la garantía de amparo para que se mantenga o restituya, a la persona agraviada, en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y en tal virtud, el órgano jurisdiccional con competencia para conocer de la garantía de amparo, ha de limitarse al establecimiento de la existencia o no de la vulneración alegada. CONSIDERANDO 3: Que en el caso subjudice, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio, compartido por esta Sala de lo Constitucional, que la exigencia de acompañar los medios de prueba a la demanda, contemplados en el Código Procesal Civil, no es aplicable en la jurisdicción contencioso administrativa, ya que ese cuerpo normativo sólo actúa en supletoriedad de la Ley especial; y habiendo una disposición clara y específica respecto a los requisitos en el contenido de la demanda, en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que no contienen la exigencia antes relacionada, es ésta norma la que deviene de rigurosa aplicación, en aras del principio de especialidad de la misma. CONSIDERANDO 4: Que en virtud de lo antes relacionado, esta Sala de lo Constitucional reconoce que resulta procedente confirmar la resolución de amparo venida en consulta. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 90, 183 numeral 1, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 41 numeral 1, 63, 68, 69 Ley sobre Justicia Constitucional; 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, venida en consulta. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta No.622=2012.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de Diciembre del año dos mil trece. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, que otorga el recurso interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA a favor de las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN, contra las resoluciones emitidas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, en relación a la demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, promovida por las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). ANTECEDENTES. 1) Que en fecha trece de enero de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA, en su condición de apoderado legal de las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN, promoviendo demanda ordinaria para que se declare la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil seis, emitida por la Gerencia General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de dicha empresa. 2) Que avanzando que fue el proceso, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en esta ciudad, en fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, celebró Audiencia Preliminar en la demanda de mérito, en la cual resolvió rechazar por improcedentes el medio de prueba numero seis denominado documental, referente a leyes, ya que estas no deben entenderse por documentos públicos, asimismo rechazó por improcedente los medios de prueba presentados como documental, en tanto eran instrumentos que si tenían relación con el medio del juicio, debieron ser presentados junto con el escrito de la demanda para que el demandado tuviera conocimiento y contenido de los mismos, sin que el demandante justificase el porque los presentó hasta ese momento, rechazó también el medio de prueba denominado reconocimiento judicial por ser inútil, ya que el objeto de la demanda es la indemnización y no la partición de una franja de terreno, que es la que ocupa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que afecta bienes inmuebles de los demandantes. (Folios 141 al 145 de los antecedentes). 3) Que en fecha veintisiete de marzo del año dos mil doce, compareció ante esta Sala, el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA, en su condición ya mencionada, interponiendo recurso de amparo a favor de las señoras FLORENCIA, MARIA TERESA Y GLORIA MARIA todas de apellido VALLE FORTÍN, contra las resoluciones tomadas en la Audiencia Preliminar celebrada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, en fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, consistentes en la declaración sin lugar del medio de prueba documental público y reconocimiento judicial y el Pre Juicio en cuanto al fondo del asunto, al expresar el Juzgador de Primera Instancia como Director del Proceso, que el Juzgado de Letras de lo Contencioso administrativo, apreciaba a priori que la causa presentada era ilegítima, de inicio juzgando el fondo del asunto[2], por considerar el recurrente que las mismas son violatorias del derecho a la defensa y el principio del debido proceso, estipulados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. 4) Que en la misma fecha, esta Sala, se declaró incompetente para conocer del amparo interpuesto, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, a fin de darle el curso de ley correspondiente al recurso de mérito. 5) Que en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, falló otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCÍA, únicamente en cuanto a la primera resolución a que hace referencia, proferida en la Audiencia Preliminar de fecha treinta y uno de enero del año dos mil doce, en consecuencia, ordenó que el A-quo procediera a admitir la prueba documental de la parte demandante rechazada por no haber acompañado los documentos respectivos en el escrito de la demanda. (Folios 50 y 52 de la segunda pieza de antecedentes). 6) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil doce, este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 2: Que el artículo 183 numeral 1 de la Constitución de la República reconoce la garantía de amparo para que se mantenga o restituya, a la persona agraviada, en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y en tal virtud, el órgano jurisdiccional con competencia para conocer de la garantía de amparo, ha de limitarse al establecimiento de la existencia o no de la vulneración alegada. CONSIDERANDO 3: Que en el caso subjudice, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, es del criterio, compartido por esta Sala de lo Constitucional, que la exigencia de acompañar los medios de prueba a la demanda, contemplados en el Código Procesal Civil, no es aplicable en la jurisdicción contencioso administrativa, ya que ese cuerpo normativo sólo actúa en supletoriedad de la Ley especial; y habiendo una disposición clara y específica respecto a los requisitos en el contenido de la demanda, en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que no contienen la exigencia antes relacionada, es ésta norma la que deviene de rigurosa aplicación, en aras del principio de especialidad de la misma. CONSIDERANDO 4: Que en virtud de lo antes relacionado, esta Sala de lo Constitucional reconoce que resulta procedente confirmar la resolución de amparo venida en consulta. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 90, 183 numeral 1, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 41 numeral 1, 63, 68, 69 Ley sobre Justicia Constitucional; 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, venida en consulta. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta No.622=2012. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] El recurrente hace referencia en el escrito de interposición del recurso que esa resolución no aparece en el acta de la audiencia pública, pero quedo gravada. (ver folio 1 vuelto).
[2] El recurrente hace referencia en el escrito de interposición del recurso que esa resolución no aparece en el acta de la audiencia pública, pero quedo gravada. (ver folio 1 vuelto).