Sentencia AA-596-12 — Registro 7479
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo a favor de Comisión Nacional de Bancos y Seguros contra sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda de nulidad de actos administrativos promovida contra la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta sala Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ya que del estudio del recurso venido en consulta, de su formalización, el acto o resolución en contra de la que se interpone el mismo, así como el de los antecedentes que conforman dicho acto; se llega a la conclusión de que se debe otorgar el amparo solicitado, por haberse violentado derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso; ya que nos encontramos ante un juicio que se debe tramitar mediante el procedimiento especial, al tratarse de materia impositiva o tributaria; y la acción fue presentada fuera de los plazos establecidos para las mismas existiendo las causas de inadmisibilidad consistente en que la demanda se presentó fuera de los plazos respectivos, y en consecuencias por su falta de impugnación en tiempo y forma, que la misma tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa respecto de los actos firmes, los que se deben decretar por la autoridad recurrida a través de la resolución procesal que decrete la inadmisibilidad de la acción..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil once..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de marzo de dos mil trece. VISTO: En Consulta la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, que otorga el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete de diciembre de dos mil once; con relación a la demanda de nulidad de actos administrativos promovida por la Abogada LIZA CAROLINA ESCOBER GARCÍA, en su condición de apoderada legal del BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A., contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha violado en perjuicio de su representada el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que la Abogada LIZA CAROLINA ESCOBER GARCÍA actuando en su condición de apoderada legal del BANCO AZTECA DE HONDURAS S.A., en fecha veinticuatro de enero de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda ordinaria de nulidad de actos administrativos, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS.2) Que la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, actuando en su condición de Procuradora General de la República, en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras citado, oponiendo defensas previas en la demanda relacionada en el inciso que antecede.3) Que en fecha siete de diciembre del año dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DESESTIMAR, las causas de defensas previas alegadas por la parte Incidentista (demandado), por IMPROCEDENTES”. (Folios veintiuno al veintiséis de la pieza de defensas previas). 4) Que en fecha veintisiete de marzo de dos mil doce, el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, reclamando amparo a favor de la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, alegando que la sentencia interlocutoria de fecha siete de diciembre del año dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.5) Que la citada Corte de Apelaciones, el veintiséis de julio de dos mil doce, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras contra el auto resolutivo de Defensas Previas dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha siete de diciembre del dos mil once.- SEGUNDO: Que en consecuencia la Autoridad Recurrida proceda a dictar nueva resolución donde aprecie debidamente las causas de inadmisibilidad que es esta sentencia fueron debidamente explicadas su existencia y en consecuencia decrete la inadmisibilidad de la acción”. (Folios del veintinueve al treinta y uno vuelto de la segunda pieza de los antecedentes).6) Que en fecha nueve de agosto de dos mil doce, ésta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, en su condición ya indicada, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que el reclamante sustento su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, manifestando básicamente que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, violenta a su representada los derechos de defensa y del debido proceso, reconocidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, que declaran que “El derecho de defensa es inviolable.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; y, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; por cuanto la sentencia interlocutoria de fecha siete de diciembre de dos mil once, dictada por el Juez de Letras de lo Contencioso Administrativo conculca el derecho de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por no juzgar con las facultades, derechos y garantías que la Ley establece, coartando el derecho a defenderse de acciones que adquirieron el carácter de firme al no haber sido recurridas en tiempo, por no declarar inadmisible la demanda por razones legalmente establecidas y que están acreditadas en juicio. CONSIDERANDO DOS (2): Que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, que otorga el Recurso del que se ha hecho mérito, sustentando su decisión básicamente en que si bien es cierto las cuestiones a debatirse ante la autoridad recurrida no son únicamente impositivas, también es cierto que al existir una multa impuesta, la tramitación del juicio se debe seguir bajo los parámetros de los juicios especiales en Materia Tributaria o Impositiva; tal es así que si el demandante no acredite el pago de la multa impuesta o el arreglo de pago correspondiente, esta no podría seguir su curso normal, por lo que es evidente las violaciones constitucionales al recurrente por parte de la autoridad recurrida, al ser esta del criterio que el juicio debe de tramitarse bajo los términos de un juicio de materia ordinaria. CONSIDERANDO TRES (3): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso sucedió. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta sala Constitucional comparte el criterio de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, ya que del estudio del recurso venido en consulta, de su formalización, el acto o resolución en contra de la que se interpone el mismo, así como el de los antecedentes que conforman dicho acto; se llega a la conclusión de que se debe otorgar el amparo solicitado, por haberse violentado derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso; ya que nos encontramos ante un juicio que se debe tramitar mediante el procedimiento especial, al tratarse de materia impositiva o tributaria; y la acción fue presentada fuera de los plazos establecidos para las mismas existiendo las causas de inadmisibilidad consistente en que la demanda se presentó fuera de los plazos respectivos, y en consecuencias por su falta de impugnación en tiempo y forma, que la misma tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa respecto de los actos firmes, los que se deben decretar por la autoridad recurrida a través de la resolución procesal que decrete la inadmisibilidad de la acción. CONSIDERANDO SEIS (6): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha dieciséis de marzo del año dos mil once. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Confirmado la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, venida en consulta; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado GARCIA GARCÍA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha trece de marzo de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 596=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL