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Sentencia AA-591-12 — Registro 7478

Resumen

Sentencia denegó recurso de amparo a favor del Estado de Honduras contra sentencia dictada por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas por improcedentes con relación a demanda ordinaria para declarar no conforme a derecho y nulidad de actos administrativos de carácter particular y responsabilidad patrimonial directa y solidaria contra el recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de la sentencia venida en consulta esta Sala de lo Constitucional estima que la misma esta apegada a derecho, puesto que conforme a lo preceptuado en el articulo 3 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la referida jurisdicción conocerá también: “Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las Entidades Estatales”; en el caso subjúdice siendo que la parte demandante pide el resarcimiento de daños y perjuicios por parte del Estado de Honduras, por estimar que las actuaciones de los agentes fiscales han sido negligentes en el requerimiento fiscal interpuesto en su contra, requerimiento que ha dado como resultado final que en el juicio oral y publico, fuese absuelto por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; demanda de la cual esta Sala no ve que la referida jurisdicción no pueda conocer toda vez que el articulo antes citado es lo suficiente claro al respecto; en ese sentido se concluye al igual que lo ha hecho la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el fallo venido en consulta que no se ha vulnerado en perjuicio del quejoso la garantía del debido proceso consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, por lo que procede su confirmatoria, al tenor de lo preceptuado en el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de octubre de dos mil trece.VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Sede a nivel nacional, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 5649, con oficina ubicada en el tercer piso de la División de Recursos Humanos, en el Edificio Lomas Plaza II, Colonia Lomas del Guijarro en esta ciudad; a favor del ESTADO DE HONDURAS a través del MINISTERIO PUBLICO contra la sentencia dictada en fecha veintidós de febrero de dos mil doce, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en la pieza separa de Defensas Previas; con relación a la demanda ordinaria contenciosa administrativa promovida por los Abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES en su condición de apoderados legales del señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ contra el ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis de mayo del año dos mil once, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, los abogados ALEX JAVIER CARRANZA POLANCO y JOSE HUMBERTO SOSA CANIZALES en su condición de apoderados legales del señor OSCAR FERNANDO MENDOZA VELASQUEZ, presentando demanda ordinaria contencioso administrativa para la declaración de no ser conforme a derecho y por ende la nulidad de actos administrativos de carácter particular, que se declare el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la responsabilidad patrimonial directa y solidaria, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO.(F. 01 al 39 p. p. a.).2) Que en fecha siete de diciembre de dos mil once, la Abogada Ethel Deras Enamorado, actuando en su condición de Procuradora General de la República y por ende representante legal del Estado, compareció ante el a-quo oponiendo en tiempo y forma Defensas Previas, resolviendo el referido juzgado en fecha veintidós de febrero del año dos mil doce, desestimar por improcedentes las defensas previas alegadas por la parte demandada. (F. 248 al 251 de la pieza de defensas previas).3) Que en fecha veinticinco de abril de dos mil doce, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDRAS, a través del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, dictada por el a-quo, por considerar que la misma vulnera el derecho contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. 4) Que en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo falló DENEGANDO el recurso de amparo, interpuesto por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición ya indicada. (F. 43 al 45 de la s. p. de a.). 5) Que en fecha siete de agosto de dos mil doce, esta Sala de lo Constitucional recibió para su consulta, la sentencia que se deja relacionada en el numeral anterior, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Licenciado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR a favor del ESTADO DE HONDURAS, ello en cumplimiento de preceptuado en el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO(1) : Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, vayan en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada. CONSIDERANDO(2): Que el recurrente planteo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazán, recurso de amparo por considerar que la sentencia de defensas previas dictada en fecha veintidós de febrero del año dos mil doce, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, con sede a nivel nacional es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; respecto de lo cual expuso ante aquella instancia sus argumentos, de los cuales esta Sala en forma sucinta recoge los siguientes: Que tal y como se desprende de la demanda incoada, la parte actora pretende el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la declaración de la responsabilidad patrimonial directa y solidaria del Estado de Honduras, originada dicha responsabilidad a través de las actuaciones de los agentes de la Fiscalia General de la Republica, supuestas actuaciones reprochadas a los referidos agentes y que al tener que ver básicamente con el cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas por la Constitución de la Republica y la ley especial, que tienen que ver con la investigación, investigativas procesales, procesales penales, penales realizadas por los mismos en su condición de operadores de justicia junto con otros, tales como la Policía Nacional, la Dirección General de Investigación Criminal y el Poder Judicial, y que se ejercitaron en el proceso criminal en contra del señor Oscar Fernando Mendoza Velásquez, por suponer su participación en el delito ocurrido en fecha veintitrés de diciembre del año dos mil cuatro, conocido como la masacre de Chamelecon; señalando que las defensas previas alegadas por la Procuraduría General de la Republica, se fundan en que la demandada incoada no corresponde su conocimiento a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, puesto que las pretensiones de la parte demandante en cuanto a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado de Honduras, al tener que ver con supuestas practicas de connotaciones ilícitas o delictivas, realizadas por dichos agentes, le corresponderá entonces a la jurisdicción penal dilucidarla, debiendo tal órgano judicial decidir si existe o no responsabilidad criminal, y de los cuales se origina la responsabilidad patrimonial que pretende la parte demandante; por lo que la decisión tomada por el a-quo al desestimar por improcedentes las defensas previas alegadas vulneran la garantía constitucional del debido proceso. CONSIDERANDO(3): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en el fallo venido en consulta y que fuera dictado en fecha veintiséis de julio de dos mil doce, expone que en el caso de merito no se ha violentado a la parte recurrente la garantía constitucional del debido proceso, para lo cual exterioriza lo siguiente: “Que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales; en virtud de lo cual, dicha jurisdicción sí es competente para conocer del caso de autos, ya que el demandante pide el resarcimiento de daños y perjuicios por el actuar negligente, según él, de los fiscales del Ministerio Publico, como responsabilidad patrimonial del Estado, negligencia que si puede ser establecida por el juez de la referida jurisdicción, lo cual no quiere decir, que de de ser procedente la acción va haber una condena para los operadores de justicia del presente caso por la comisión de delito alguno, ya que esto si compete a la jurisdicción penal, sino únicamente el reconocimiento que el actuar de los mismos le causo daño y perjuicio al demandante, par lo cual no es requisito una condena previa contra los que causaron el daño. Que el recurrente argumenta que dichos operadores de justicia actuaron, en el caso del proceso seguido al demandante, en el cumplimiento de sus funciones, de buena fe, por lo cual, no puede haber responsabilidad patrimonial del Estado, lo cual son alegatos sobre el fondo del asunto y de lo cual debe de haber pronunciamiento en una sentencia definitiva, no siendo argumentos que determinen la incompetencia de la Jurisdicción de la Contencioso Administrativo en el caso de autos. CONSIDERANDO (4): Que en el caso que ahora nos ocupa, y para los efectos de que esta Sala se pronuncie sobre la reforma, confirmación o revocación de la sentencia venida en consulta, es pertinente determinar si en el caso subjúdice, con la denegatoria de las Defensas Previas alegadas por la parte demandada se ha dado o no el quebrantamiento o vulneración de la garantía del derecho del debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de la sentencia venida en consulta esta Sala de lo Constitucional estima que la misma esta apegada a derecho, puesto que conforme a lo preceptuado en el articulo 3 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la referida jurisdicción conocerá también: “Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las Entidades Estatales”; en el caso subjúdice siendo que la parte demandante pide el resarcimiento de daños y perjuicios por parte del Estado de Honduras, por estimar que las actuaciones de los agentes fiscales han sido negligentes en el requerimiento fiscal interpuesto en su contra, requerimiento que ha dado como resultado final que en el juicio oral y publico, fuese absuelto por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; demanda de la cual esta Sala no ve que la referida jurisdicción no pueda conocer toda vez que el articulo antes citado es lo suficiente claro al respecto; en ese sentido se concluye al igual que lo ha hecho la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el fallo venido en consulta que no se ha vulnerado en perjuicio del quejoso la garantía del debido proceso consagrada en el articulo 90 de la Constitución de la Republica, por lo que procede su confirmatoria, al tenor de lo preceptuado en el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales; artículos 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 10 numeral 2) literal a), 41, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 3 literal b), 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 63, 64 y 66 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 8 y 25 de La Convención Americana de Sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y mediante la cual se deniega el recurso de amparo interpuesto por el Licenciado en Ciencia Jurídicas y Sociales MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR a favor del ESTADO DE HONDURAS.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada SANTOS MONCADA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil trece, certificación de fallo de fecha uno de octubre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 591=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL