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Sentencia AA-58-13 — Registro 7474

Resumen

Sentencia otorgó recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que desistimó defensas previas por improcedentes con relación a demanda ordinaria para declarar la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por silencio administrativo de reclamo promovido por Madera S. A. de C.V. (INCOMSA) contra Estado de Honduras a traves del ICF

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número uno (1) deja establecido “Que el recurrente consideró que existe infracción al Debido Proceso, en virtud que el Juez A-quo omite la aplicación de una norma que se ajusta al caso concreto, bajo la excusa según el compareciente, que la autoridad recurrida señala que se debió de haber interpuesto una oposición a la cuantías de la demanda y no una defensa previa como en efecto se hizo. En su considerando tres (3) que lo expresado en el acto impugnado pudiese estar apegado a derecho sino es porque el recurrente en sus argumentos establece claramente que los mismos no van dirigidos a impugnar el monto o la cantidad per se,  de la cuantía, ya que la figura procesal de la oposición a la cuantía de la demanda lleva implícita una objeción a la cantidad como tal, en este caso específico el recurrente en su defensa previa se dirigió a la legalidad de la moneda con la cual fija su pretensión la parte actora”; por lo tanto es errado el planteamiento consignado por el Juez de Instancia, ya que no debe confundir lo que es una oposición a la cuantía, con lo que es un argumento de Defensa Previa que va dirigido a la legalidad, no de una pretensión como lo es la fijación de una indemnización en moneda extranjera, en virtud que la oposición a la cuantía es un claro concepto que es eminentemente cuantitativo”. Deja establecido en su Considerando cuatro (4) “Que aunque en la demanda se ha pedido “el equivalente en Lempiras” del monto de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($204,696,505.39),  que ha fijado en Dólares, no deja de tener razón el recurrente al señalar que aun así, la moneda que servirá de referencia para determinar el equivalente de la cuantía de la indemnización en Lempiras, será precisamente moneda extranjera que la parte actora ha establecido en su demanda, o sea el Dólar y por ser una pretensión deducida por el demandante a la cual el Juez no puede modificar o subsanar de oficio, tal circunstancia implica un defecto formal a la demanda que afecta la decisión final que se puede adoptar. Por otro lado y aunque existe libertad de pacto entre particulares para poder liquidar sus obligaciones en moneda diferente a la oficial, en el caso de autos, tal pretensión no puede ser aplicada a la administración pública, en vista que la naturaleza de la acción está dirigida a obtener la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual no puede ser valorada en moneda extranjera, ni ser fijada esta moneda como referencia para establecer un monto en moneda nacional, salvo las excepciones que la ley disponga, lo cual no es el caso de la demanda objeto de esta acción de amparo.” Por todo ello concluye el Ad-quem que debe Otorgarse la Acción de Amparo interpuesta..."..."esta Sala observa que la Sentencia Interlocutoria dictada por el A-quo en fecha 30 de mayo del año 2012 ha vulnerado derechos y garantías constitucionales al recurrente, al desestimar los alegatos de Defensa Previas presentadas por el recurrente, argumentando que lo que debió oponerse es un incidente de oposición a la cuantía, cuando del estudio de la foliada se aprecia que la pretensión del recurrente se apega a lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Monetaria que dispone: “Artículo 1. La unidad monetaria de Honduras es el Lempira…. Artículo 3. Las obligaciones de pagar en dinero, de cualquier clase o naturaleza que fuere que deban ser ejecutadas en Honduras, se liquidarán y cumplirán en Lempiras. Artículo 4. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: a) Los pagos que, como resultado de transacciones internacionales deban efectuarse desde Honduras al extranjero y desde el extranjero a Honduras. B)…; c)…; d)…; e)…; f)…; g)…; h)…; i)…. “Siendo la moneda Nacional sobre la cual deben liquidarse las obligaciones, pretender lo contrario sería un trato injusto e ilegal para el Estado de Honduras, al someterla al pago de obligaciones en moneda extranjera, que además conlleva un perjuicio económico para la parte demandada; en consecuencia tal resolución vulnera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que se han vulnerado derechos fundamentales a los representados del recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del dos mil trece.- VISTA: En consulta, las diligencias que contienen la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que otorgó el recurso presentado por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), contra la resolución de fecha treinta de mayo de dos mil doce, dictada por Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un reclamo al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos, promovida por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, en su condición de Apoderado de la sociedad mercantil INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA S. A. de C.V. (INCOMSA), interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF). Estimando el recurrente que con ese acto se le violenta los derechos contenidos en los Artículos 1 y 90 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha tres de septiembre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA S. A. de C.V. (INCOMSA), interponiendo demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo presunto negativo creado por el silencio administrativo de un reclamo al no resolverse dentro de los plazos establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos; Interpuesta contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).- 2) Que en fecha ocho de junio de dos mil diez, el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, actuando en su condición de Apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, alegando defensas previas en la demanda con orden de ingreso 265-09, resolviendo el A-Quo en fecha treinta de mayo de dos mil doce, en sentencia interlocutoria falló (SIC)“…Desestimar las Defensas Previas alegadas por IMPROCEDENTE…” Folios uno (01) al tres (03)/dieciséis (16) y diecisiete (17) de los antecedentes de la pieza de defensas previas.- 3) Que el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, en fecha veintitrés de agosto de dos mil doce, interpuso Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) contra la sentencia relacionada en el inciso anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 1 y 90 de la Constitución de la República. (Folios uno (01) al cuatro (04) de la pieza de segunda instancia).- 4) Que la referida Corte de Apelaciones, en fecha trece de diciembre de dos mil doce, dictó sentencia, en la cual falló: (SIC)“PRIMERO: OTORGAR la demanda de amparo interpuesta por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ a favor del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), en consecuencia, que el A-Quo proceda a dictar la sentencia de defensa previas conforme a lo dispuesto en el presente fallo, dictada en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha treinta de mayo de dos mil doce…” (Folios treinta y dos (32) al treinta y cuatro (34) de la pieza de segunda instancia).- 5) Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha quince de enero de dos mil trece, remitió a este Alto Tribunal el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, a efecto de que procediera a su consulta, dando así estricto cumplimiento en lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha tres de diciembre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ , a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), mediante la cual se Otorga el Recurso de Amparo interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, de fecha treinta de mayo del año dos mil doce, con relación a las Defensa Previas de la Demanda Promovida por la Sociedad Mercantil INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA MADERA, S. A. De C. V., contra el Estado de Honduras a través del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente fue notificado a los trece de diciembre del año dos mil doce, del fallo emitido por el Ad-quem mediante el cual se OTORGA el Recurso de amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número uno (1) deja establecido “Que el recurrente consideró que existe infracción al Debido Proceso, en virtud que el Juez A-quo omite la aplicación de una norma que se ajusta al caso concreto, bajo la excusa según el compareciente, que la autoridad recurrida señala que se debió de haber interpuesto una oposición a la cuantías de la demanda y no una defensa previa como en efecto se hizo. En su considerando tres (3) que lo expresado en el acto impugnado pudiese estar apegado a derecho sino es porque el recurrente en sus argumentos establece claramente que los mismos no van dirigidos a impugnar el monto o la cantidad per se, de la cuantía, ya que la figura procesal de la oposición a la cuantía de la demanda lleva implícita una objeción a la cantidad como tal, en este caso específico el recurrente en su defensa previa se dirigió a la legalidad de la moneda con la cual fija su pretensión la parte actora”; por lo tanto es errado el planteamiento consignado por el Juez de Instancia, ya que no debe confundir lo que es una oposición a la cuantía, con lo que es un argumento de Defensa Previa que va dirigido a la legalidad, no de una pretensión como lo es la fijación de una indemnización en moneda extranjera, en virtud que la oposición a la cuantía es un claro concepto que es eminentemente cuantitativo”. Deja establecido en su Considerando cuatro (4) “Que aunque en la demanda se ha pedido “el equivalente en Lempiras” del monto de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO DÓLARES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($204,696,505.39), que ha fijado en Dólares, no deja de tener razón el recurrente al señalar que aun así, la moneda que servirá de referencia para determinar el equivalente de la cuantía de la indemnización en Lempiras, será precisamente moneda extranjera que la parte actora ha establecido en su demanda, o sea el Dólar y por ser una pretensión deducida por el demandante a la cual el Juez no puede modificar o subsanar de oficio, tal circunstancia implica un defecto formal a la demanda que afecta la decisión final que se puede adoptar. Por otro lado y aunque existe libertad de pacto entre particulares para poder liquidar sus obligaciones en moneda diferente a la oficial, en el caso de autos, tal pretensión no puede ser aplicada a la administración pública, en vista que la naturaleza de la acción está dirigida a obtener la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual no puede ser valorada en moneda extranjera, ni ser fijada esta moneda como referencia para establecer un monto en moneda nacional, salvo las excepciones que la ley disponga, lo cual no es el caso de la demanda objeto de esta acción de amparo.” Por todo ello concluye el Ad-quem que debe Otorgarse la Acción de Amparo interpuesta.- CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que la Sentencia Interlocutoria dictada por el A-quo en fecha 30 de mayo del año 2012 ha vulnerado derechos y garantías constitucionales al recurrente, al desestimar los alegatos de Defensa Previas presentadas por el recurrente, argumentando que lo que debió oponerse es un incidente de oposición a la cuantía, cuando del estudio de la foliada se aprecia que la pretensión del recurrente se apega a lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley Monetaria que dispone: “Artículo 1. La unidad monetaria de Honduras es el Lempira…. Artículo 3. Las obligaciones de pagar en dinero, de cualquier clase o naturaleza que fuere que deban ser ejecutadas en Honduras, se liquidarán y cumplirán en Lempiras. Artículo 4. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: a) Los pagos que, como resultado de transacciones internacionales deban efectuarse desde Honduras al extranjero y desde el extranjero a Honduras. B)…; c)…; d)…; e)…; f)…; g)…; h)…; i)…. “Siendo la moneda Nacional sobre la cual deben liquidarse las obligaciones, pretender lo contrario sería un trato injusto e ilegal para el Estado de Honduras, al someterla al pago de obligaciones en moneda extranjera, que además conlleva un perjuicio económico para la parte demandada; en consecuencia tal resolución vulnera el principio de legalidad inherente al Debido Proceso. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que se han vulnerado derechos fundamentales a los representados del recurrente.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 4, de La Ley Monetaria; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha tres de diciembre del dos mil doce por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, que otorga el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ a favor del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE; en virtud de haber declarado la responsabilidad patrimonial del Estado en moneda extranjera, vulnerando con ello el contenido esencial del Articulo 90 Constitucional. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. PRESIDENTA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis (16) de septiembre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta con orden de ingreso en este Tribunal número 58=13.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL