Sentencia AA-564-13 — Registro 7468
Resumen
Resolución resolvió recurso de apelación contra sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia con relación a la cuestión incidental de tasación de intereses comerciales y moratorios en la demanda para que se decrete judicialmente el pago de una cantidad de dinero promovida por varios señores contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala determina como ratio decidendi, apreciar que del estudio del acto reclamado, no se determina una violación a los derechos contenidos en los artículos 1 y 110 de nuestra Constitución, toda vez que no se ha expuesto ni del planteamiento del recurrente, ni de la resolución impugnada, que se haya planteado algún conflicto relativo a la soberanía, al goce de la justicia, la libertad, la cultura y/o al bienestar económico y social, relativos a la vulneración del artículo 1 alegada; asimismo, según se desprende del acto reclamado en amparo, la autoridad recurrida ha dado una adecuada respuesta al planteamiento relativo al tema concreto de la terminación del asunto por la vía de la transacción, dando una solución concreta a los planteamientos de la parte recurrente, mismos que hoy se repiten ante la Justicia Constitucional; por lo cual, además de dejar claramente establecido el recurrente su disconformidad con la respuesta de la autoridad recurrida, éste no configura concretamente una vulneración a dicho precepto constitucional, pues no se determina de su exposición o del estudio del propio acto reclamado como se concretiza la violación o limitación a estos derechos, toda vez que como ha quedado expuesto en el considerando que antecede, la respuesta de la autoridad recurrida fue concreta en cuanto a los planteamientos y la validez que supone para la autoridad judicial lo pertinente al finiquito de solvencia que invoca como soporte de sus alegatos la parte que hoy se considera agraviada, habiéndose además contrastado adecuadamente por la autoridad sentenciadora en su resolución este punto específico, definiendo con claridad el criterio jurídico que supone para ésta su no aplicabilidad una vez contrapuesto el mismo, contra la taxatividad de la normativa aplicada, contenida en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y determinado. Aunado a lo anterior resulta de suma importancia a juicio de este tribunal, apreciar que según queda expuesto en la sentencia reclamada, el apoderado legal de la parte que hoy recurre en amparo, no se opuso oportunamente al calculo que para los efectos de determinar los intereses comerciales y moratorios relacionados efectuara el Secretario del A-quo..."..."esta Sala estima que con la emisión del acto reclamado, además de haberse aplicado el ordenamiento jurídico vigente, se ha sostenido y garantizado por la autoridad recurrida, una efectiva tutela a los derechos constitucionales que hoy se invocan como violentados, pudiéndose apreciar que al emitir la resolución impugnada una autoridad judicial competente, se han asegurado todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece, pudiendo concluirse en cuanto al problema jurídico planteado que la solución concreta brindada por el Ad-quem se ajusta al contenido literal de lo establecido por el artículo 90 Constitucional..."..."es impertinente el pronunciamiento de la Justicia Constitucional a fin de garantizar la regularidad procesal, toda vez que existan y se haya hecho uso, como en el presente caso, de los recursos o acciones que garantizan la tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, mediante los mecanismos ordinarios establecidos en la norma adjetiva aplicable a un procedimiento determinado, resultando en el caso de autos como ha quedado expuesto que los órganos de instancia han dado una efectiva respuesta a los planteamientos de las partes, por lo cual resulta evidente que los cuestionamiento a la sentencia impugnada resultan también en alegaciones de llana legalidad, sin trascendencia constitucional en cuanto a la aplicabilidad de la garantía de amparo, toda vez que mediante el alegato pertinente a los derechos impetrados como vulnerados con la resolución impugnada en amparo, se evidencia que la parte recurrente pretende elevar al conocimiento de la Justicia Constitucional defensas de naturaleza contradictoria, que no se orientan concretamente a la reparación de efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales de la parte agraviada, sino por el contrario, persiguen obtener del más alto Tribunal de la República un criterio jurídico de fondo que pueda contradecir al ya plasmado por la autoridad recurrida, extremo que resulta de suyo impertinente, pues no está dentro de la competencia de la Sala el reemplazar bajo ningún supuesto a la actividad propia de la autoridad judicial de instancia, toda vez que con ello se vulneraría el principio de independencia de los Jueces y Tribunales..."..."esta Sala estima que no resulta apropiado entrar en argumentaciones de fondo sobre las alegadas infracciones a los Derechos de Debido Proceso y lo pertinente a la libertad de transacción como mecanismo para terminar las contiendas civiles, de los que goza la persona jurídica que plantea la presente acción. Esta constatación da lugar ipso iure a declarar la improcedencia de la causa y a instar el sobreseimiento respectivo de la causa..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de agosto de dos mil trece.- VISTO: Para resolver sobre la admisibilidad del Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fecha veinticinco de abril de dos mil trece, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha nueve de noviembre de dos mil doce, con relación a la cuestión incidental de tasación de intereses comerciales y moratorios en la demanda para que se decrete judicialmente el pago de una cantidad de dinero promovida por los señores NOE, ROQUE, MARCO ANTONIO, DANIEL, LUCIO DANIEL Y EDNA TODOS DE APELLIDOS MUÑOZ RIVERA contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES (Exps Nos. 0501-2008-00051-LAO y 060-2005).- CONSIDERANDO (1): Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente plantea ante esta Sala de lo Constitucional como tema decidendi el determinar si con la aplicación taxativa del artículo 100 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por la autoridad recurrida en el acto reclamado en amparo, se vulneran los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 90 y 110 de nuestra Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que a juicio del recurrente el anterior problema jurídico se ocasiona, por desconocer la autoridad recurrida la validez de un finiquito de solvencia, mediante el cual, según lo expone el recurrente (pues no se acompaña este documento al escrito de interposición), los demandantes exoneraron a la Municipalidad de San Pedro Sula de toda responsabilidad pasada, presente y futura, por lo cual considera, que al condenarse a la Municipalidad de San Pedro Sula al pago de intereses comerciales y moratorios, (sic) “cualquier reclamo que pretenden los Demandantes por el mismo concepto de su demanda y sus consecuencias colaterales, es improcedente, puesto que se trata de un tema finiquitado que ya no tiene valor ni efecto legal alguno”.- CONSIDERANDO (3): Que conforme lo establece taxativamente el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, “Aunque la sentencia no lo dispusiere, las cantidades líquidas reconocidas en las sentencias que condenen al Estado o a sus entidades, devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término.”.- CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (5): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (6): Que según se desprende del informe y certificación suscritos por la Secretaría de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la motivación del acto reclamado, en cuanto a los alegatos concretos de la parte recurrente en amparo, se sustentan en los siguientes argumentos: (SIC) “… CONSIDERANDO (3): Que la parte apelada contestó los agravios expresados por el apelante, alegando, entre otras cosas, que en el caso de autos no hubo un arreglo extrajudicial como lo expresa el apelante, lo que hubo fue una ejecución de la sentencia principal junto a las costas del juicio y en los documentos presentados no existe ninguna renuncia de los intereses moratorios como reza el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni expresa ni tacita, el finiquito a que hace mención es sobre las cantidades adeudadas conforme a la sentencia definitiva con costas, lo cual fue cancelado en el mes de Diciembre del año 2011; que la solicitud de tasación de intereses moratorios es en base al artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, misma que el Apoderado Recurrente no se opuso al calculo que el Secretario del Juzgado elaboro conforme a los presupuestos legales. CONSIDERANDO (4): Que tal como lo establece el Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la tasación de intereses por él realizada, en virtud de la Fe Pública que esta investido por su cargo, la sentencia de merito adquirió el carácter de firme en fecha 18 de Septiembre del 2007, al no haberse hecho uso de Recurso alguno contra la misma, y fue recibida la comunicación respectiva para su ejecución por la Corporación Municipal de San Pedro Sula, en fecha 15 de Agosto del 2008, constando en autos, que la misma fue ejecutada en fecha 09 de Diciembre del año 2011, al pagarse a los demandantes la cantidad de LPS. 11, 684, 564. 70, transcurriendo desde la fecha de la comunicación respectiva para su ejecución hasta la fecha de la ejecución tres años con cuatro meses. CONSIDERANDO (5): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que aunque la sentencia no lo dispusiere, las cantidades liquidas reconocidas en las sentencias que condenen al Estado o a sus Entidades, devengan intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecución y moratorios después de éste término; así mismo, también establece que la ejecución de la sentencia la dictará el Tribunal que la hubiere emitido en primera instancia, quien, luego que sea firme, ordenada su ejecución, librando comunicación al Órgano correspondiente para que adopte las Resolución que procedan y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo; que en el caso de autos, la ejecución se ordeno hasta el 15 de Agosto del 2008, por lo cual es a partir de dicha fecha que empiezan a correr los intereses comerciales y moratorios relacionados, momento desde el cual es obligatoria su ejecución, por lo cual deben calcularse los intereses comerciales desde el 15 de Agosto del 2008 hasta el 15 de Febrero del 2009 y los moratorios desde el 15 de Febrero del 2009 hasta el 09 de Diciembre del 2011. CONSIDERANDO (6): Que alega la parte demandada que ya le canceló todo lo adeudado a los demandantes, en virtud de arreglo extrajudicial, quienes la liberaron de toda responsabilidad, pasada, presente y futura; sin embargo, el pago realizado fue en cumplimiento de una sentencia firme, por lo que en cuanto a lo reclamado en vía judicial no tiene responsabilidad alguna el demandado, pero los intereses solicitados son en aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a los cuales tienen derecho los demandantes, por la tardanza en la ejecución de la sentencia relacionada. CONSIDERANDO (7): Que el interés moratorio que calcula la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es del 2% por lo cual el mismo se calculara en base a dicha tasa y no del 6% como fue calculado por el A-QUO; asimismo el interés comercial por los seis meses en que será calculado es del 47.36% según la constancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que consta en autos, por lo cual con dicha tasa promedio de los seis meses correspondientes se calcularan los intereses comerciales…” Estimando el Ad-quem como aplicables al caso de autos los siguientes fundamentos de derecho: (sic) “… 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la república; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 7, 9, 89, 95 100, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 12, 709, 710, 711, 713 y 715 del Código Procesal Civil…”.- CONSIDERANDO (7): Que del estudio del acto reclamado en amparo, contenido en el informe solicitado previo a pronunciarse sobre la admisión de la acción de mérito, se aprecia en cuanto al problema jurídico concreto planteado por la parte recurrente, que esta Sala determina como ratio decidendi, apreciar que del estudio del acto reclamado, no se determina una violación a los derechos contenidos en los artículos 1 y 110 de nuestra Constitución, toda vez que no se ha expuesto ni del planteamiento del recurrente, ni de la resolución impugnada, que se haya planteado algún conflicto relativo a la soberanía, al goce de la justicia, la libertad, la cultura y/o al bienestar económico y social, relativos a la vulneración del artículo 1 alegada; asimismo, según se desprende del acto reclamado en amparo, la autoridad recurrida ha dado una adecuada respuesta al planteamiento relativo al tema concreto de la terminación del asunto por la vía de la transacción, dando una solución concreta a los planteamientos de la parte recurrente, mismos que hoy se repiten ante la Justicia Constitucional; por lo cual, además de dejar claramente establecido el recurrente su disconformidad con la respuesta de la autoridad recurrida, éste no configura concretamente una vulneración a dicho precepto constitucional, pues no se determina de su exposición o del estudio del propio acto reclamado como se concretiza la violación o limitación a estos derechos, toda vez que como ha quedado expuesto en el considerando que antecede, la respuesta de la autoridad recurrida fue concreta en cuanto a los planteamientos y la validez que supone para la autoridad judicial lo pertinente al finiquito de solvencia que invoca como soporte de sus alegatos la parte que hoy se considera agraviada, habiéndose además contrastado adecuadamente por la autoridad sentenciadora en su resolución este punto específico, definiendo con claridad el criterio jurídico que supone para ésta su no aplicabilidad una vez contrapuesto el mismo, contra la taxatividad de la normativa aplicada, contenida en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y determinado. Aunado a lo anterior resulta de suma importancia a juicio de este tribunal, apreciar que según queda expuesto en la sentencia reclamada, el apoderado legal de la parte que hoy recurre en amparo, no se opuso oportunamente al calculo que para los efectos de determinar los intereses comerciales y moratorios relacionados efectuara el Secretario del A-quo.- CONSIDERANDO (8): Que en segundo lugar y asimismo como ratio decidendi, esta Sala estima que con la emisión del acto reclamado, además de haberse aplicado el ordenamiento jurídico vigente, se ha sostenido y garantizado por la autoridad recurrida, una efectiva tutela a los derechos constitucionales que hoy se invocan como violentados, pudiéndose apreciar que al emitir la resolución impugnada una autoridad judicial competente, se han asegurado todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece, pudiendo concluirse en cuanto al problema jurídico planteado que la solución concreta brindada por el Ad-quem se ajusta al contenido literal de lo establecido por el artículo 90 Constitucional. En este sentido, tal y como lo establece la doctrina[1], es impertinente el pronunciamiento de la Justicia Constitucional a fin de garantizar la regularidad procesal, toda vez que existan y se haya hecho uso, como en el presente caso, de los recursos o acciones que garantizan la tutela de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, mediante los mecanismos ordinarios establecidos en la norma adjetiva aplicable a un procedimiento determinado, resultando en el caso de autos como ha quedado expuesto que los órganos de instancia han dado una efectiva respuesta a los planteamientos de las partes, por lo cual resulta evidente que los cuestionamiento a la sentencia impugnada resultan también en alegaciones de llana legalidad, sin trascendencia constitucional en cuanto a la aplicabilidad de la garantía de amparo, toda vez que mediante el alegato pertinente a los derechos impetrados como vulnerados con la resolución impugnada en amparo, se evidencia que la parte recurrente pretende elevar al conocimiento de la Justicia Constitucional defensas de naturaleza contradictoria, que no se orientan concretamente a la reparación de efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales de la parte agraviada, sino por el contrario, persiguen obtener del más alto Tribunal de la República un criterio jurídico de fondo que pueda contradecir al ya plasmado por la autoridad recurrida, extremo que resulta de suyo impertinente, pues no está dentro de la competencia de la Sala el reemplazar bajo ningún supuesto a la actividad propia de la autoridad judicial de instancia, toda vez que con ello se vulneraría el principio de independencia de los Jueces y Tribunales.- CONSIDERANDO (9): Que por ende, esta Sala estima que no resulta apropiado entrar en argumentaciones de fondo sobre las alegadas infracciones a los Derechos de Debido Proceso y lo pertinente a la libertad de transacción como mecanismo para terminar las contiendas civiles, de los que goza la persona jurídica que plantea la presente acción. Esta constatación da lugar ipso iure a declarar la improcedencia de la causa y a instar el sobreseimiento respectivo de la causa, de conformidad al artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC), que a la letra dice: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad: 1)…2)…3)…4)…5)…6)…7)…8)…9)… El Órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. En consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la presente acción de Amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 reformado, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, y 46 numeral 1) de la Ley de Justicia Constitucional; , 2, 7, 9, 89, 95 100, 129 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: DECLARAR INADMISIBLE la Garantía Constitucional de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN RECARTE PINEDA CHAVEZ a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, por considerar la Sala que con la acción intentada se pretende elevar a su conocimiento el planteamiento de alegatos de naturaleza contradictoria propios de la instancia, que no se orientan concretamente a la reparación de efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales de la parte agraviada, sino por el contrario persiguen obtener del más alto Tribunal de la República un criterio jurídico de fondo que pueda contradecir al plasmado por la autoridad recurrida, lo que resulta de suyo improcedente, pues no está dentro de la competencia de la Sala el reemplazar bajo ningún supuesto a la actividad propia de la autoridad judicial de instancia, toda vez que con ello se vulneraría el principio de independencia de los Jueces y Tribunales; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se certifique la misma a la autoridad recurrida para los efectos legales pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecinueve (19) de septiembre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha doce (12) de agosto del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 564=13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Vid. Amparo Constitucional y Proceso Civil, ps. 21-23, Juan Montero Aroca y José Flors Maties, 2da. Ed. Año 2008 Tirant Lo Blanch.