Sentencia AA-514-13 — Registro 7067
Resumen
Resolución dictada por la Autoridad recurrida con relación a solicitud de inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central (SITRABANTRAL) la cual tuvo por caducado de derecho y por perdido irremediablemente el término de diez días otorgado al peticionario para que subsanara su petición y en consecuencia ordenó se archivaran las diligencias sin mas trámite
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa del análisis de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar caducado de derecho y por perdido irremediablemente el término dejado de utilizar por el peticionario para subsanar su petición.."..."al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes..."..."este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., uno de octubre de dos mil trece. VISTO: los antecedentes del presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD, en fecha veinte de mayo de dos mil trece; con relación a la solicitud de inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central (SITRABANTRAL) presentada por el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil trece, mediante la cual la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, tuvo por caducado de derecho y por perdido irremediablemente el término de diez (10) días otorgado al peticionario para que subsanara su petición y en consecuencia ordenó se archivaran las diligencias sin mas trámite. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que el recurrente alega que con este acto se han violentado en su perjuicio, los derechos contenidos en los artículos 1, 37, 64, 80, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del caso de autos, se advierte que mediante auto de fecha seis de marzo del año dos mil trece, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, ordenó que previo a la admisión del escrito presentado por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado legal del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, se le requiriera para que en el término de diez (10) días acreditara el derecho subjetivo o interés legítimo para personarse en las diligencias, con el apercibimiento de que si así no lo hiciere sería archivado sin más trámite, notificándose personalmente de dicha resolución el Abogado Valle Ventura en fecha quince de marzo del año dos mil trece y presentando el escrito de subsanación en fecha cinco de abril del año dos mil trece, esto es fuera del plazo de los diez días concedidos por la autoridad recurrida. CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo “Si el escrito no reuniera los requisitos que se señalan en el Artículo 61, y, en su caso, lo establecido en el Artículo precedente, se requerirá al peticionario para que en el plazo de diez (10) días, proceda a completarlo con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivará sin más trámite.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del análisis de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar caducado de derecho y por perdido irremediablemente el término dejado de utilizar por el peticionario para subsanar su petición. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD, en fecha veinte de mayo de dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., quince de octubre de dos mil trece. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, contra la resolución de fecha uno de octubre de dos mil trece, mediante la cual esta Sala de lo Constitucional sobreseyó el recurso de amparo presentado por el mencionado recurrente. CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente el sobreseimiento del recurso de amparo presentado, encontrando esta Sala que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho. CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de la resolución recaída en el amparo de mérito, en su parte dispositiva resuelve: “SOBRESEER el amparo por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD, en fecha veinte de mayo de dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente…”, sin embargo resulta evidente de los razonamientos plasmados en la motivación de la resolución dictada por esta Sala en fecha uno de octubre del año dos mil trece, que es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, la que cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente, por lo que las inconsistencias advertidas en dicha resolución por este Tribunal, han obedecido a defectos en la forma de redacción, que patentemente constituyen errores materiales cuya subsanación es ya prevista por nuestra legislación en materia constitucional. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto, es procedente reponer parcialmente la resolución relacionada, en el único sentido de que es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, la que cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 11 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 44, 45, 46, 53, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de reposición interpuesto contra la resolución relacionada, en el único sentido de que es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, la que cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente. Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente providencia en la certificación de la resolución para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el quince de noviembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha uno de octubre de dos mil trece y de la resolución de fecha quince de octubre de dos mil trece, ambas recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo No.514=2013.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, M.D.C., uno de octubre de dos mil trece. VISTO: los antecedentes del presente recurso de amparo interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD, en fecha veinte de mayo de dos mil trece; con relación a la solicitud de inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Banco Central (SITRABANTRAL) presentada por el señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA. CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama en amparo lo constituye la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil trece, mediante la cual la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, tuvo por caducado de derecho y por perdido irremediablemente el término de diez (10) días otorgado al peticionario para que subsanara su petición y en consecuencia ordenó se archivaran las diligencias sin mas trámite. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo, se aprecia que el recurrente alega que con este acto se han violentado en su perjuicio, los derechos contenidos en los artículos 1, 37, 64, 80, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del caso de autos, se advierte que mediante auto de fecha seis de marzo del año dos mil trece, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, ordenó que previo a la admisión del escrito presentado por el Abogado FABRIZZIO VALLE VENTURA, en su condición de apoderado legal del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, se le requiriera para que en el término de diez (10) días acreditara el derecho subjetivo o interés legítimo para personarse en las diligencias, con el apercibimiento de que si así no lo hiciere sería archivado sin más trámite, notificándose personalmente de dicha resolución el Abogado Valle Ventura en fecha quince de marzo del año dos mil trece y presentando el escrito de subsanación en fecha cinco de abril del año dos mil trece, esto es fuera del plazo de los diez días concedidos por la autoridad recurrida. CONSIDERANDO: Que según dispone el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo “Si el escrito no reuniera los requisitos que se señalan en el Artículo 61, y, en su caso, lo establecido en el Artículo precedente, se requerirá al peticionario para que en el plazo de diez (10) días, proceda a completarlo con apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se archivará sin más trámite.” CONSIDERANDO: Que esta Sala observa del análisis de los autos, que entre el acto reclamado en amparo y la motivación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, se aprecia la existencia de una relación de congruencia y proporcionalidad, mediante la cual se fundamenta la decisión de declarar caducado de derecho y por perdido irremediablemente el término dejado de utilizar por el peticionario para subsanar su petición. CONSIDERANDO: Que al haberse constatado la inexistencia de una interpretación arbitraria, manifiestamente irrazonable, o que la misma sea excesivamente rigorista, formalista o desproporcionada, queda evidenciado para esta Sala, que la decisión adoptada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, ha sido emitida en correspondencia a una potestad propia de su actividad, observando en su fundamentación legal, una efectiva adecuación de las normas aplicables, garantizando con ello, la efectiva tutela a los derechos de las partes. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte de las cuestiones planteadas por el recurrente, que estas resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de lo anterior en que se haya vulnerado de algún modo el derecho constitucional de la parte recurrente, en consecuencia, debe procederse al sobreseimiento de la acción de amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el amparo por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD, en fecha veinte de mayo de dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente y por tanto no son susceptibles de la Garantía de Amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., quince de octubre de dos mil trece. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, contra la resolución de fecha uno de octubre de dos mil trece, mediante la cual esta Sala de lo Constitucional sobreseyó el recurso de amparo presentado por el mencionado recurrente. CONSIDERANDO: Que mediante la resolución contra la cual se recurre, esta Sala en forma motivada ha pronunciado las razones por las que consideró procedente el sobreseimiento del recurso de amparo presentado, encontrando esta Sala que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho. CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de la resolución recaída en el amparo de mérito, en su parte dispositiva resuelve: “SOBRESEER el amparo por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA a favor del señor MARIO RODRIGUEZ RIVERA, contra la resolución dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD, en fecha veinte de mayo de dos mil trece, en virtud de haberse apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puesto que los alegatos esgrimidos por la recurrente son propios de instancia, toda vez que la resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente…”, sin embargo resulta evidente de los razonamientos plasmados en la motivación de la resolución dictada por esta Sala en fecha uno de octubre del año dos mil trece, que es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, la que cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente, por lo que las inconsistencias advertidas en dicha resolución por este Tribunal, han obedecido a defectos en la forma de redacción, que patentemente constituyen errores materiales cuya subsanación es ya prevista por nuestra legislación en materia constitucional. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo expuesto, es procedente reponer parcialmente la resolución relacionada, en el único sentido de que es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, la que cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 11 del Código de Ética del Profesional Hondureño del Derecho; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 44, 45, 46, 53, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de reposición interpuesto contra la resolución relacionada, en el único sentido de que es la resolución dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, la que cumple con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando las garantías constitucionales de la parte recurrente. Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente providencia en la certificación de la resolución para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el quince de noviembre de dos mil trece, certificación de la resolución de fecha uno de octubre de dos mil trece y de la resolución de fecha quince de octubre de dos mil trece, ambas recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo No.514=2013. Firma y Sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.-SECRETARI
DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”