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Sentencia AA-514-12 — Registro 7467

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto de juzgado de primera instancia que declaró la suspensión de Resolución No 391/03-03-2011 y 769/27-04-2011 emitidas por recurrrente y se exige a demandante caución de cantidad de dinero en efectivo en relación a demanda de nulidad de actos administrativos de carácter particular promovida por Banco Azteca de Honduras S A contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional señala que LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contenida en el Decreto Número 155-95, y publicado en diario oficial LA GACETA de fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 1995, dispone en el Artículo 36 que: “Los asuntos de que conozca la Comisión que no sean de naturaleza estrictamente bancaria o mercantil, se tramitarán de acuerdo con lo prescrito por la Ley de Procedimiento Administrativo y, supletoriamente, por el Código de Procedimientos Civiles. Lo dispuesto en la Sección Primera del Capítulo Quinto del Título Cuarto de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no será aplicable a los actos realizados por la Comisión.”..."..."esta Sala observa que tanto el a-quo como el ad-quem, han inobservado la aplicación de la normativa antes transcrita, violentando con ello el derecho a que se juzguen los casos, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece. Que se ha desconocido y por tanto inaplicado el principio de la especialidad de la Ley, obviando la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 supra. Además de lo anterior, es menester mencionar, que la resolución impugnada no impone la sanción de cierre ni cancelación de licencia alguna a la institución bancaria, sino que, de manera detallada manda, en el ejercicio de las atribuciones que le da la ley, que se efectúen ajustes y varias acciones, en beneficio de los tarjeta-habientes y del pueblo de Honduras en general, ante la desobediencia de ésta institución bancaria a las disposiciones emitidas por la Ley. Este planteamiento incluido en la sentencia recurrida, va más allá de los agravios expuestos y de los hechos en realidad ocurridos y acreditados en los antecedentes del caso que nos ocupa, en consecuencia vulneratorio del derecho el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional..."..."la Sala de lo Constitucional otorga el curso de amparo interpuesto y en consecuencia revoca la sentencia recurrida.."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, art. 36 (Ley)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 121 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 122 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 124 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de Septiembre del año dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada IDALYA LAURA GIRON DE AGUILAR, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre de dos mil once, en relación a la pieza separada de suspensión del acto de la demanda ordinaria para la nulidad de unos actos administrativos de carácter particular en materia ordinaria consistentes en las resoluciones SB No. 391/03-3-2011 y DAL No. 769/27-04-2011, promovida por la sociedad mercantil denominada BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. contra la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos consignados en los artículos 64 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veinte de junio de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la abogada ROSARIO ELEONORA WONG GALINDO, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A., interponiendo demanda ordinaria para la nulidad y suspensión de unos actos administrativos de carácter particular en materia ordinaria consistentes en las resoluciones números SB No. 391/03-03-2011 y DAL No. 769/27-04-2011 emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. (Folios 01 al 60 de la primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha quince de noviembre de dos mil once, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, emitiendo su pronunciamiento sobre la solicitud de suspensión del acto impugnado en la demanda presentada por la abogada ROSARIO ELEONORA WONG GALINDO, en su condición de apoderada legal de BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A. contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. (Folios 64 y 65 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha treinta de noviembre de dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial, resolvió declarar con lugar la solicitud de suspensión de los actos administrativos reclamados, consistentes en las resolución No. 391/03-03-2011 y No. 769/27-04-2011 emitidas por la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, exigiendo al demandante una caución de deposito de dinero en efectivo, valores públicos, aval bancario, garantía bancaria o fianza, por la cantidad de tres millones de lempiras (Lps. 3,000,000.00) (Folios 74 al 76 de los antecedentes).- 4) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil once, compareció ante el referido Juzgado, la abogada IDALYA LAURA GIRON DE AGUILAR, en su condición de apoderada legal de BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A., interponiendo recurso de apelación contra el auto resolutivo de fecha treinta de noviembre de dos mil once, emitido por ese mismo Juzgado. (Folios 92 al 98 de la primera pieza de antecedentes).- 5) Que en fecha veintidós de marzo de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por la abogada IDALYA LAURA GIRON DE AGUILAR, mediante la cual resolvió declarar sin lugar dicho recurso y confirmar el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil once, emitido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. (Folios 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).- 6) La recurrente abogada IDALYA LAURA GIRON DE AGUILAR, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de junio de dos mil doce, interponiendo acción de amparo a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, por considerar que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha veintidós de marzo de dos mil once, es violatoria de los derechos estipulados en los artículos 64 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha diecinueve de febrero de dos mil trece.- 7) Que con fecha trece de marzo de dos mil trece, se tuvo por emitido el dictamen de la abogada REYNA TERESA VALERIO HARRY, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual es de la conclusión porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO(2): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y confirmó la referida resolución del A-quo; por considerar que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo señala que la suspensión del acto procede cuando la ejecución ocasione daños o perjuicios de reparación imposible o difícil y podrá pedirse en cualquier estado del proceso.- CONSIDERANDO (3): Que el génesis del caso que nos ocupa, son las Resoluciones números SB391/03-03-2011 y DAL No.769/27-04-2011, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien a través de la Superintendencia tiene la atribución de inspeccionar y revisar las operaciones de todas las instituciones supervisadas, en ese sentido, la Superintendencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, practicó a BANCO AZTECA DE HONDURAS S. A., una evaluación sobre la gestión del riesgo de crédito operativo, cumplimiento de la normativa de clasificación de cartera crediticia, gestión de prevención de lavado de activos y gestión de las tecnologías de información. Como resultado de dicha evaluación, la Superintendencia informó que Banco AZTECA, debe entre otros, suspender de inmediato la aplicación de tazas de interés sobre montos FLAT, y efectuar el cobro de intereses en sus diferentes productos financieros, sobre saldos verdaderos e informar a sus clientes con claridad y transparencia, la taza que se cobra en sus diferentes productos financieros, tal como establece el marco regulatorio y la costumbre financiera que impera en el sistema bancario hondureño. A través de la resolución SB391/03-03-2011, se indica a Banco AZTECA que debe efectuar cambios en su sistema (core bancario) para que calculen la mora a sus clientes, en días reales efectivos y no es semanas de atraso, pues esta forma de calcular intereses por mora, va en perjuicio de los clientes. Se le ordena al banco AZTECA que informe al público, y que hagan constar en los contratos de crédito, la tasa nominal, la tasa efectiva y la tasa moratoria, etc. En base al informe, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, resolvió entre otras muchas decisiones: además de lo apuntado anteriormente, ajustar contra resultados, la cantidad de ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS, producto de fraude externo mediante tarjetas de debito correspondientes 2009; corregir los reportes erróneos de transacciones que corresponden a remesas por valores inferiores a DOS MIL DOLARES, incumpliendo las políticas internas y las normas del Banco Central de Honduras. De esta resolución No. SB391/03-03-2011, la apoderada legal del Banco supramencionado, ROSARIO ELEONORA WONG GALINDO, interpuso recurso de reposición la que fue declara SIN LUGAR, mediante la resolución DAL No.769/27-04-2011, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- CONSIDERANDO (4): Que la apoderada legal de Banco AZTECA, en fecha 20 de junio de dos mil once, presento escrito solicitando la nulidad de los actos administrativos de carácter particular consistentes en las resoluciones números SB391/03-03-2011 y DAL No.769/27-04-2011, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que se reconozca una situación jurídica individualizada e interpone a manera de incidente, la medida cautelar de suspensión del acto impugnado, es decir las resoluciones antes indicadas.- CONSIDERANDO(5): Que el Juzgado de instancia, en fecha treinta de noviembre de dos mil once, declaro CON LUGAR la solicitud de suspensión del acto reclamado, consistentes en las Resoluciones números SB391/03-03-2011 y DAL No.769/27-04-2011, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, e impone al demandante, depositar una fianza de TRES MILLONES DE LEMPIRAS, en caso de resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de terceros por la suspensión de los actos administrativos, decretada. Estima el a-quo, haciendo eco de lo expuesto por la parte demandante, que la ejecución de la Resolución No. SB391/03-03-2011 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, causa a la institución bancaria Banco AZTECA, daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, y señala que es evidente que la incidentista ha expuesto a ese tribunal, la existencia de un perjuicio que conllevaría, no solo la pérdida de ingresos propios de la actividad para la cual ha sido autorizada, sino que el inconveniente de colocar un producto que implica la limitación de una operación que a su vez y dada la naturaleza de una institución bancaria, podría provocar dificultades, en sus operaciones poniendo en precario su funcionamiento. Al ser evidente ese riesgo, a juicio del a-quo es procedente la aplicación de los artículos 120 al 124 que estipulan lo concerniente a la suspensión del acto reclamado.- CONSIDERANDO(6): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, resolvió declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada IDALYA LAURA GIRON DE AGUILAR, en su condición de apoderada legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien alego como agravios lo siguiente: le causa agravios a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el haber decretado la suspensión de la ejecución de la resolución impuesta a Banco Azteca, pues se hizo en contravención a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que señala que lo relativo a la suspensión de actos administrativos, no le es aplicable a las decisiones que emita dicha Comisión cuando se trate de asuntos estrictamente bancarios, como es el caso de autos. Decidir lo contrario, señala, pone en riesgo los depósitos de los clientes de la misma institución bancaria, las inversiones y ahorros del pueblo hondureño, y finalmente limita a la Comisión en el ejercicio de las funciones que la ley le otorga. No obstante lo anterior, el tribunal de alzada confirma la resolución apelada, motivando su resolución en que para una sociedad mercantil, el cierre de sus operaciones o la perdida de su licencia para operar, ocasiona perdidas económicas que constituyen un daño de imposible reparación, no tanto en cuanto al daño económico sino que el daño en la operación de su giro comercial, lo que es razón suficiente, manifiesta, para decidir suspender el acto impugnado, ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 120 al 124 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..- CONSIDERANDO(7): Que se impone analizar en sede constitucional el planteamiento formulado por la apoderada judicial de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, consistente en que la resolución emitida por el Tribunal en segunda instancia, de la que se demanda amparo, es violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, según establecida en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República que regulan el derecho a la tutela judicial efectiva.- CONSIDERANDO(8): Que en la demanda de amparo, formalizada en fecha seis de noviembre de dos mil doce, la garantista desarrolla así la garantía constitucional que se estima violada y el concepto de su violación. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, comprende la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, y, que esa sentencia se cumpla, o sea la ejecutoriedad del fallo.- CONSIDERANDO(9): Que alega como vulneración al debido proceso, el hecho que el tribunal de alzada omitió la aplicación al caso concreto, del artículo 36 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en relación a los artículos del 120 al 124 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Señala que en la motivación de la sentencia emitida por la alzada, se habla de cierre de operaciones o cancelación de licencia, lo que no se dispone en la resolución que se pretende anular, ya que la Resolución No. SB391/03-03-2011 supra, se refiere al Informe de Gestión de Riesgo de Crédito Operativo etc, ordenándose como consecuencias ajustes y las acciones que en ella se detallan. Señala la recurrente, que se ha sorprendido al a-quo como al a-quem al mencionar cierre o suspensión de licencia de operación, con lo que se pretende evitar dar cumplimiento a los ajustes y a las acciones que la Comisión requiere que el Banco AZTECA cumpla.- CONSIDERANDO(10): Que del estudios de los antecedentes traídos a la vistas, esta Sala de lo Constitucional señala que LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contenida en el Decreto Número 155-95, y publicado en diario oficial LA GACETA de fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 1995, dispone en el Artículo 36 que: “Los asuntos de que conozca la Comisión que no sean de naturaleza estrictamente bancaria o mercantil, se tramitarán de acuerdo con lo prescrito por la Ley de Procedimiento Administrativo y, supletoriamente, por el Código de Procedimientos Civiles. Lo dispuesto en la Sección Primera del Capítulo Quinto del Título Cuarto de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no será aplicable a los actos realizados por la Comisión.” (Lo remarcado es nuestro).- CONSIDERANDO(11): Que el artículo 36 arriba transcrito, obliga a conocer el contenido de la Sección Primera del Capítulo Quinto del Título Cuarto de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los que son relativos a las disposiciones Comunes, y específicamente establece la “SUSPENSION DEL ACTO IMPUGNADO” reglamentado en los artículos del 120 al 124 que señalan: Articulo 120.La presentación de la demanda no impedirá a la administración ejecutar el acto objeto del mismo, salvo que el Juzgado o Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión. Articulo 121. Procederá la suspensión cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil. Articulo 122.La suspensión podrá pedirse en cualquier estado del proceso, en primera o segunda instancia, y se sustanciará en pieza separada. Solicitada la suspensión se dará vista a la administración demandada por el plazo de tres días hábiles y transcurrido éste, con contestación o sin ella, el Juzgado resolverá lo procedente. Articulo 123.Cuando el Juzgado o Tribunal acuerde la suspensión exigirá, si pudiere resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de tercero, caución suficiente para responder de los mismos. La caución habrá de constituirse en depósito de dinero en efectivo, valores públicos o aval bancario. El acuerdo de suspensión no se llevará a efecto hasta que la caución esté constituida y acreditada en autos. Articulo 124.Levantada la suspensión al término del proceso o por cualquier otra causa, la administración o persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños y perjuicios causados por la suspensión, deberá solicitarlo ante el Tribunal por el trámite de los incidentes, dentro de los dos meses siguientes a la fecha del levantamiento de la suspensión, y si no se formulare la solicitud dentro de dicho plazo, o no se acreditare el derecho, se cancelará seguidamente la garantía constituida. El Tribunal comunicará la suspensión a la administración que hubiere dictado el acto, siendo aplicable a la efectividad de la, suspensión lo dispuesto en el Capítulo III de este Título.- CONSIDERANDO(12): Que la LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contenida en el Decreto Número 155-95, entró en vigencia veinte días después de su publicación en el diario oficial LA GACETA el 18 DE NOVIEMBRE DE 1995, por disposición del Artículo 42.- de la supramencionada Ley, y señala que entrará en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial LA GACETA; y en la misma disposición dispone como cláusula derogatoria que desde esa fecha quedarán derogados los Artículos 59, 60, 61, 62 y 64 de la Ley del Banco Central de Honduras y todas las demás disposiciones legales que se le opongan. Lo remarcado es nuestro. Es decir que ésta ley vigente desde 1995, deroga todas aquellas disposiciones que la contravengan, en este caso, la Ley de la Jurisdicción de lo Constencioso Administrativo, contenida en el Decreto 189-1987, por tanto vigente desde aquel año. señalando el legislador secundario de manera taxativa, en el artículo 36 de la Ley especial, que lo dispuesto en los artículos del 120 al 124 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo no le es aplicable.- CONSIDERANDO(13): Que esta Sala observa que tanto el a-quo como el ad-quem, han inobservado la aplicación de la normativa antes transcrita, violentando con ello el derecho a que se juzguen los casos, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece. Que se ha desconocido y por tanto inaplicado el principio de la especialidad de la Ley, obviando la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 supra. Además de lo anterior, es menester mencionar, que la resolución impugnada no impone la sanción de cierre ni cancelación de licencia alguna a la institución bancaria, sino que, de manera detallada manda, en el ejercicio de las atribuciones que le da la ley, que se efectúen ajustes y varias acciones, en beneficio de los tarjeta-habientes y del pueblo de Honduras en general, ante la desobediencia de ésta institución bancaria a las disposiciones emitidas por la Ley. Este planteamiento incluido en la sentencia recurrida, va más allá de los agravios expuestos y de los hechos en realidad ocurridos y acreditados en los antecedentes del caso que nos ocupa, en consecuencia vulneratorio del derecho el debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional.- CONSIDERANDO(14): Que en base a las argumentaciones expuestas, la Sala de lo Constitucional otorga el curso de amparo interpuesto y en consecuencia revoca la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución, de la república, en nombre de Estado de Honduras, por UNANIMIDAD, de votos, y con fundamento en los artículos 1, 90 párrafo primero, 303, 304, de la Constitución de la República, 36 y 42 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por la abogada IDALYA LAURA GIRON DE AGUILAR, a favor de la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintidós de marzo de dos mil doce. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado LIZARDO CARRANZA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. PRESIDENTE. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta (30) de octubre del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 514=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL