Sentencia AA-489-12 — Registro 7065
Resumen
Dictamen Legal contenido en el No. Oficio DL.444-2011 emitido por la Autoridad recurrida que sirve de fundamento al Comité de Crédito Educativo de dicha Universidad para hacerle deducciones del salario como abono al pago de la Beca que le fue otorgada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del estudio de los antecedentes se evidencia que efectivamente a la recurrente le han estado haciendo deducciones de su sueldo como empleada de la U.N.A.H., sin previo aviso y sin que haya mediado consentimiento u autorización de su parte, todo lo cual viene a vulnerar los derechos garantizados en la Constitución de la República..."..."esta Sala aprecia que el dictamen emitido por el Asistente del departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante Oficio No. –DL 444-2011 de fecha tres de junio del año 2011 y que sirve de fundamento al Comité de Crédito Educativo, para hacer deducciones a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, para abonar cantidades de dinero erogadas por dicha institución por concepto de beca, vulnera el derecho al debido proceso, al inobservar las disposiciones del artículo 23 literal k), 28 del Reglamento del Comité de Crédito Educativo..."..."esta Sala observa que ciertamente el dictamen emitido por el departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma y que sirve de fundamente a la resolución del Comité de Crédito de esa Institución a vulnerado el Principio de Legalidad, al inobservar disposiciones legales que no están al arbitrio de los particulares y que por ende son de obligatorio cumplimiento, como resulta del hecho de haberse ordenado las deducciones salariales a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, irrespetando normas del Código del trabajo y disposiciones propias y de estricto cumplimiento del Reglamento del Comité de Crédito de la citada institución..."..."el Tribunal Superior de Cuentas emitió resolución desvaneciendo el pliego de responsabilidad Civil, declarando solvente con el Estado de Honduras a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, todo lo cual, de acuerdo con el estudio de los antecedentes y de lo expuesto por la impetrante en la formalización del recurso interpuesto, resulta conforme a derecho, asimismo refuerza su comparecencia ante este Tribunal de Justicia Constitucional, que debe concluir, que efectivamente se han vulnerado derechos y garantías constitucionales de la recurrente tal y como ha quedado expuesto en los acápites anteriores..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de diciembre del dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO a favor de la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, contra el Dictamen Legal emitido por el Abogado Aníbal Rodríguez Umanzor, Asistente del Departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contenido en el Oficio No. DL-444-2011 de fecha tres (3) de junio del año dos mil once (2011), en virtud que el referido dictamen sirve como fundamento al COMITE DE CREDITO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, para hacerle a la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR las deducciones de su salario como abono al pago de la Beca que le otorgara dicha institución. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos estipulados en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República en relación con los Artículos 23 inciso k) y su anexo y 28 del Reglamento del Comité del Crédito Educativo y el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil doce (2012), el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, interponiendo acción de amparo a favor de la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, contra el Dictamen Legal emitido por el Abogado Aníbal Rodríguez Umanzor, Asistente del Departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contenido en el Oficio No. DL-444-2011 de fecha tres (3) de junio del año dos mil once (2011), que sirve como fundamento al COMITE DE CREDITO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, para hacerle a la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR las deducciones de su salario como abono al pago de la Beca que le otorgara dicha institución.- 2) Que en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil doce (2012), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, tuvo por admitido el Recurso de Amparo, ordenó se librara comunicación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a fin de que remitiera el expediente y sus antecedentes o en su defecto rindiera un informe circunstancial en relación con los mismos, ordenó notificar al Ministerio Público de lo resuelto y declaró con lugar la suspensión del acto reclamado ordenando al Comité de Crédito Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dejar sin valor ni efecto las deducciones salariales realizadas a la señora Jenny Marcela Ramos Aguilar. (Folio 39).- 3) Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil doce (2012), la referida Corte tuvo por recibida la comunicación debidamente cumplimentada junto con el informe emitido por la universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y ordenó a la recurrente que formalizará su petición por escrito. (Folio 108).- 4) Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil doce (2012), se declaró incompetente para seguir conociendo del recurso de mérito ordenando la remisión de las diligencias a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. (Folio 142).- 5) Que en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil doce (2012), esta Sala tuvo por recibidas las diligencias de mérito y ordenó: (sic) “a) conceder al recurrente el plazo de tres (03) días hábiles, para que corrija su demanda indicando con precisión la autoridad recurrida, a efectos de determinar aspectos pertinentes a la competencia previstos en el Artículo 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y asimismo con relación a numeral 4) del Artículo 49 del mismo cuerpo legal; b) Librar comunicación al señor ANÍBAL RODRÍGUEZ UMANZOR, en su condición de Asistente del Departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, se sirva certificar el acto que se señala como reclamado en amparo; c) Librar comunicación al Comité de Crédito Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para que dentro de término antes señalado se sirva rendir un informe que indique: I) Los recursos agotados contra el acto reclamado en amparo; II) Si el Dictamen que se recurre en amparo tiene un carácter vinculante para los efectos de resolver sobre la deducción decretada a la recurrente como abono al pago de la beca; y III) la fecha en que se notificó a la recurrente de esta resolución.”. (Folio 147).- 6) Que en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil doce (2012), esta Sala decretó de oficio la reposición del auto de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil doce (2012), en el único sentido de dejar sin valor ni efecto lo referente a la admisión del presente recurso en virtud que el mismo ya fue admitido y ordenó dar vista al Fiscal del Ministerio Público a fin de que emita su dictamen respectivo. (Folios 153 y 154).- 7) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil trece (2013), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, se abstuvo de rendir el dictamen solicitado, resolviendo esta Sala en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil trece (2013) de la siguiente manera: (sic) “En tal virtud: 1º Se ordena agregar el escrito presentado a los autos, únicamente en observancia al derecho de petición establecido por el Artículo 80 de nuestra Constitución; 2º Se declara caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Agente Fiscal en la presente acción Constitucional; 3º Se ordena proseguir con el trámite de Ley correspondiente en la presente acción”. (Folios 180 y 182).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo EL DICTAMEN de fecha tres de junio del año dos mil once, emitido por el abogado ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR, asistente del Departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contenido en el oficio No. DL 444-2011, que sirve de fundamento al COMITÉ DE CREDITO EDUCTATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, para hacerle a la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, las deducciones de su salario como abono al pago de la Beca que le otorgara dicha institución.- CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en la formalización del recurso interpuesto, manifiesta en el párrafo de antecedentes de hechos, que la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Hondura, por lo que en el año de 1999, dicha institución le otorgó una BECA para realizar estudios de Especialización en el “Instituto Nacional de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar” en la ciudad de Guadalajara México, concluyendo dicha especialización con éxito, obteniendo un promedio en sus calificaciones de NOVENTA Y DOS (92%) por ciento. De conformidad con los Artículos 23 incisos k) y su anexo, y 28 del Reglamento del Comité de Crédito Educativo, la demandante en acción de amparo cumplió con lo que a continuación se expone: PARAMETRO DE CONDONACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LARGA Y CORTA DURACION. RENDIMIENTO ACADEMICO. PARAMETRO DE % EXONERAR %REEMBOLSAR. La becaria obtuvo un 92% de rendimiento académico por lo que según la tabla que se adjunta en la cual se establece que el becario (a) que obtenga un porcentaje de 90% a 100% está exento de rembolsar la cantidad de dinero que por concepto de beca hubiera recibido “Fs.109, 110, pieza de Amparo). En el numeral segundo(F.110 pieza de amparo) refiere que en fecha 23 de octubre del 2008 a la señora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, el Tribunal Superior de Cuentas le notificó espliego de Responsabilidad civil No. 09-03-2Q07-DASS, el que fue impugnado habiendo realizado las alegaciones pertinentes a su defensa, por lo que en fecha 17 de noviembre del 2009, el Tribunal Superior de Cuentas emitió Resolución, desvaneciendo el pliego de responsabilidad civil, declarando solvente con el Estado de Honduras a JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, notificándole en legal y debida forma lo resuelto: “Resolución No. 1190/2009-SGTSC de fecha 17 de noviembre del 2011”. Asimismo señala en el numeral cuarto (F. 112 pieza de amparo), que habiéndose pronunciado el Tribunal Superior de Cuentas de la no existencia de responsabilidad civil, tal y como se ha dicho antes, “La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante Dictamen Legal Resolvió conforme el oficio No. DL. 444-2011del 3 de junio del 2011…, concluye (F113 pieza de amparo): 1.- Que la U.N.A.H., nunca tuvo conocimiento de la impugnación presentada por la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, ya que el dinero que se le prestó salió de la Universidad de manera incorrecta, en virtud de que la misma no cumple ni los requisitos mínimos para haberle prestado esa cantidad. 2.- El Tribunal Superior de Cuentas a sabiendas de que existe la deuda la declaró prescrita, olvidándose por completo que para declarar prescrita una obligación dicha figura jurídica aún no ha sido concretada y firme en virtud de que la obligada principal aún es empleada de la U.N.A.H., señalando y transcribiendo el Artículo 2300 párrafo primero del Código Civil. 3.- Que el Préstamo otorgado fue dado sin cumplir con los requisitos mínimos para otorgarlo de acuerdo alo establecido en el Reglamento del Comité de Crédito Educativo y aún así el Tribunal superior de Cuentas declaró prescrita la obligación. Por lo que se emitió opinión Legal para que se procediera a cobrar las cantidades que la doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR adeuda a la U.N.A.H, cantidades que deben pagarse según el documento de préstamo”. Señala el recurrente que a su representada se le han estado deduciendo las siguientes cantidades: por concepto de intereses moratorios la suma de L. 5,923.95 y por beca externa la cantidad de L. 8,438.21, en un acto ilegal que data desde el mes de agosto del año 2011, deducciones que continúan, sin haber existido previo aviso, violentándose la Ley del Código del Trabajo y las garantías constitucionales de la Doctora RAMOS AGUILAR. Expone el recurrente que considera vulnerados el Derecho a la Defensa contenido en el Artículo 82, El Debido Proceso establecido en el Artículo 90, ambos de la Constitución de la República. El Artículo 90 del debido Proceso guarda relación con el Artículo 23 inciso k) y 28 del Reglamento del Comité de Crédito Educativo. Señala que el Artículo 28 del referido Reglamento dispone: “Todo becado que por excelente rendimiento académico le correspondiere la exoneración total del financiamiento recibido en concepto de beca, no podrá recibir su carta de finiquito hasta que haya entregado la documentación autentica y laborado el doble de tiempo, ya que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos le obliga a pagar el cien por ciento (100%) del monto de su beca, de acuerdo a lo consignado en el presente Reglamento.” Considera además ultrajado el Artículo 321 Constitucional que dispone: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad (PRINCIPIO DE LEGALIDAD).- CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 23 literal k del Reglamento del Comité de Crédito Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la letra dice: “k) Al regresar al país el interesado deberá cumplir con lo siguiente:- Haber finalizado completamente sus estudios, acreditando lo anterior al presentar toda la documentación debidamente legalizada por las autoridades correspondientes. – Trabajar en la U.N.A.H., el doble del tiempo del que duraron sus estudios. – Pago del porcentaje del monto desembolsado según parámetro de condonación especificada en la tabla 1 (ver anexo). 1) autorización de deducción del salario mensual en el Departamento de cobranzas. 2) Se obliga a colaborar en el Programa de Capacitación Interna de la U.N.A.H., cuando así le sea solicitado por el Departamento de desarrollo de Personal. El Artículo 28 del referido Reglamento dispone: “Todo becado que por excelente rendimiento académico le correspondiere la exoneración total del financiamiento recibido en concepto de beca, no podrá recibir su carta de finiquito hasta que haya entregado la documentación autentica y laborado el doble de tiempo, ya que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos le obliga a pagar el cien por ciento (100%) del monto de su beca, de acuerdo a lo consignado en el presente Reglamento.(la cursiva y negritas son nuestras)”. Que entre los Parámetros de Condonación a que hace referencia el artículo 23 literal k se encuentra la siguiente disposición: Rendimiento Académico, Parámetro de: 90 – 100; % a exonerar 19-a 20 Exoneración Total; % Rembolsar, No rembolsar.- CONSIDERANDO (6): Que el Código del Trabajo en su Artículo 96 deja establecido las prohibiciones a los patronos, entre ellas, en su numeral 5) dispone: “Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen”;…, del estudio de los antecedentes se evidencia que efectivamente a la recurrente le han estado haciendo deducciones de su sueldo como empleada de la U.N.A.H., sin previo aviso y sin que haya mediado consentimiento u autorización de su parte, todo lo cual viene a vulnerar los derechos garantizados en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (7): Que de los antecedentes de mérito, esta Sala observa que el dictamen emitido por el Abogado Aníbal Rodriguez Umanzor, Asistente del Departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), contenido en el Oficio No. DL-444-2011 de fecha tres de junio del año 2011, se limita a señalar que “se otorgó un préstamo a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, para financiar Estudios de Postgrado en Odontología, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar en el Instituto Nacional de Guadalajara, México, del presupuesto de la UNAH de manera incorrecta, en virtud de que la prestataria ni siquiera cumplía con los requisitos mínimos para prestarle la cantidad adeudada, y que se procediera a cobrársele las cantidades que aún adeuda a la UNAH, en virtud de que sigue siendo empleada de esta “Casa de Estudios”, es así que se hizo la deducción del salario sin autorización escrita u orden de autoridad competente; si bien es cierto que los dictámenes u opiniones legales como la que se indica no son vinculante, deben responder a un estudio del caso en su conjunto, analizando las circunstancias relevantes en armonía con la normativa legal aplicable, lo que no resulta en el caso sub-judice, por el contrario es evidente que el dictamen de referencia carece de sustento jurídico y colisiona con derechos constitucionales y de orden laboral de la Recurrente, sumado a lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no cuestiona el hecho de que la Recurrente se haya reincorporado a sus labores docentes, con lo cual acepta la existencia del acuerdo entre partes, desde que mensualmente se le hicieron los desembolsos de la beca de estudio y la becaria respondió concluyendo los mismos con excelencia académica, obteniendo un NOVENTA Y DOS POR CIENTO (92%) de índice, que al tenor de lo Dispuesto en el artículo 23 literal k) último párrafo, parámetro de: 90 – 100 del Reglamento de Crédito Educativo, la hace acreedora a la condonación total del pago de la Beca (ver folios del 11 al 14 de la pieza de Amparo), tal beneficio constituye un incentivo para fomentar la búsqueda de la excelencia en el rendimiento académico (Ver Anexo folios 130, 131 y 137 pieza de amparo).- En tutela de los derechos fundamentales el Artículo 64 constitucional establece: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas, o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”; en el presente caso a la Doctora Jenny Marcela Ramos Aguilar se le han disminuido o restringido derechos constitucionales al no cumplir la prohibición expresa que el Código del Trabajo impone a los patronos: de no hacer deducción al salario sin autorización previa por escrito, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen; por otra parte existía consentimiento del acto, por cuanto la UNAH aún habiendo aducido que la beca fue otorgada irregularmente, no suspendió los desembolsos que mensualmente se le hicieron a la becaria y ésta fue reincorporada a su puesto de trabajo en cumplimiento al Reglamento de Crédito Educativo, debiendo trabajar en la UNAH el doble de tiempo del que duraron sus estudios.- CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también debe existir una forma mediante la cual éste fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala aprecia que el dictamen emitido por el Asistente del departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante Oficio No. –DL 444-2011 de fecha tres de junio del año 2011 y que sirve de fundamento al Comité de Crédito Educativo, para hacer deducciones a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, para abonar cantidades de dinero erogadas por dicha institución por concepto de beca, vulnera el derecho al debido proceso, al inobservar las disposiciones del artículo 23 literal k), 28 del Reglamento del Comité de Crédito Educativo.- CONSIDERANDO (9): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los Instrumentos Internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. En cuanto a este motivo, esta sala debe pronunciarse que el Derecho de Defensa, no se ha vulnerado por cuanto la recurrente a lo largo del procedimiento, no se ha visto impedida ni limitada en el ejercicio de éste derecho, ha contado con un Profesional de Derecho que la ha representado ya sea impugnando actuaciones o presentado el recurso que conforme a derecho corresponde. Por todo ello debemos decir que el derecho a la Defensa se ha garantizado a la recurrente.- CONSIDERANDO (10): Que se invoca como vulnerado el Artículo 321 Constitucional que dispone que las facultades de los servidores del Estado solamente son aquella que expresamente les confiere la ley, en consecuencia los actos ejecutados fuera de la misma son nulos e implican responsabilidad. El Principio de Legalidad Desde un punto de vista objetivo constituye uno de los fundamentos bajo los cuales está organizado constitucionalmente el ejercicio del poder en un Estado social de derecho. Por otra parte, desde el punto de vista subjetivo, el respeto por el principio de legalidad constituye una garantía fundamental del derecho al debido proceso, que vincula a todas las autoridades del Estado y que se concreta en el respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos, y del derecho de defensa. En efecto, el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al ordenamiento jurídico que lo rige, “de manera que los actos de las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y regulado previamente en la Constitución y las leyes.” Este principio puede concretarse en dos aspectos, a saber: que exista una ley previa que prevea la hipótesis o situación de que se trate, y que tal tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de dicha situación o conducta, aspectos que buscan limitar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas. El principio de legalidad es constitutivo del debido proceso[3]. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que ciertamente el dictamen emitido por el departamento Legal de la Universidad Nacional Autónoma y que sirve de fundamente a la resolución del Comité de Crédito de esa Institución a vulnerado el Principio de Legalidad, al inobservar disposiciones legales que no están al arbitrio de los particulares y que por ende son de obligatorio cumplimiento, como resulta del hecho de haberse ordenado las deducciones salariales a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, irrespetando normas del Código del trabajo y disposiciones propias y de estricto cumplimiento del Reglamento del Comité de Crédito de la citada institución.- CONSIDERANDO (11): Que el Tribunal Superior de Cuentas emitió resolución desvaneciendo el pliego de responsabilidad Civil, declarando solvente con el Estado de Honduras a la Doctora JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, todo lo cual, de acuerdo con el estudio de los antecedentes y de lo expuesto por la impetrante en la formalización del recurso interpuesto, resulta conforme a derecho, asimismo refuerza su comparecencia ante este Tribunal de Justicia Constitucional, que debe concluir, que efectivamente se han vulnerado derechos y garantías constitucionales de la recurrente tal y como ha quedado expuesto en los acápites anteriores.- CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR, contra la resolución dictada por el Comité de Crédito de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tuvo como fundamento el dictamen contenido en el oficio No. DL-444-2011 de fecha tres de junio del 2011, emitido por el departamento legal de esa Institución. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al lugar de su procedencia a fin de que se restituyan y mantengan los derechos constitucionales de la recurrente JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. PRESIDENTA. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta y uno (31) de enero del año dos mil catorce (2014), certificación de la resolución de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 489=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.
[3] http://www.defensoria.org.co/ojc/sentencias/T-433-02.rtf.circuito de Barranquilla, Colombia