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Sentencia AA-459-12 — Registro 7063

Resumen

Resoluciones No. 160-SE-12, 161-SE-12, 162-SE-12, 171-SE-12, 170-SE-12, 166-SE-12, 165-SE-12, 1629-SE-12, 163-SE-12, 171-SE-12, 164-SE-12 que dejan sin valor ni efecto los nombramientos para el cargo de Directores Departamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional, estima la vulneración al derecho de defensa de los recurrentes en vía administrativa, en tanto no se les notificó en debida forma las resoluciones números No. 160-SE-12, 161-SE-12, 162-SE-12, 163-SE-12, 164-SE-12, 165-SE-12, 166-SE-12, 169-SE-12, 170-SE-12, 171-SE-12 y 172-SE-12, a cada uno de los ahora recurrentes. Esta falta de observancia al debido proceso administrativo, provocó que los directores departamentales en funciones, no actuaran en consecuencia, es decir, se trata de un acto administrativo emitido por una Secretaría del Estado que conforma el Poder Ejecutivo, por lo que en aplicación del artículo 1 y 2 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este tipo de resoluciones son actos administrativos sujetos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el acto errado de la Secretaria de Educación, <acto administrativo viciado y falta de notificación no permitió a los recurrentes agotar la vía administrativa previa, por lo que corresponde a esta Sala hacer valer la observancia al debido proceso y reconducir el procedimiento administrativo. Consta en las diligencias, la inobservancia a lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone que en las notificaciones se debe expresar, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlo. Se estima que si bien, los recurrente tuvieron conocimiento de la resolución ministerial que les afecta, el errado proceder de la administración pública, provocó la desorientación de los administrados, es decir que la omisión aludida constituye la violación al proceso administrativo..."..."La Sala de lo Constitucional no entrará a resolver sobre el fondo del asunto, pues esto es competencia de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, por lo que se limita a restituir el goce del derecho de los recurrentes, en el sentido de que se emita una resolución con las formalidades que las leyes establecen, es decir que la Secretaría General cumpla con lo dispuesto en la normativa desarrollada en los considerandos de esta sentencia, y se ejecute el numeral 2 de la parte resolutiva de las resoluciones ministeriales y hacer llegar a cada uno de los recurrentes las decisiones que les afectan, ello en observancia al debido proceso, es decir, realizar las notificaciones en debida forma, de a cuerdo a lo señalado en los artículo del 87 al 92 de la Ley de procedimiento Administrativo..."..."ante la vulneración al debido proceso, es procedente otorgar el amparo interpuesto, para el único efecto de reconducir las diligencias al procedimiento administrativo legalmente establecido en la ley; es decir que, como ya se dijo, se restituye en este acto el derecho de los recurrentes, a que la Secretaría General emita una resolución con las formalidades que las leyes establecen, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos del 87 al 92 de la Ley de procedimiento Administrativo, con ello se ejecutará lo dispuesto en el numeral 2 de la parte resolutiva de las resoluciones ministeriales recurridas, y hacerlas llegar a cada uno de los recurrentes en debida forma, para los efectos legales consiguientes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de marzo de dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HUMBERTO EMILIO MILLER SOLORZANO a favor de los señores MARCO ANTONIO BARRAZA CHAVEZ, GIOVANNY GARCIA DOMINGUEZ, GILBERTO ANIBAL BENITEZ LARA, OMAR ENRIQUE CALDERON, MAXIMO CASTRO MOLINA, MARTHA LIZETH RODRIGUEZ MARTINEZ, SANDRA YULISA JUAREZ RIVAS, SELMA YADIRA SILVA RODRIGUEZ, OLGA MARINA POLANCO OLIVA, HECTOR JAVIER ALVARADO Y NORMA GLADIS ALVARADO contra laS resoluciones No. 160-SE-12, 161-SE-12, 162-SE-12, 171-SE-12, 170-SE-12, 166-SE-12, 165-SE-12, 1629-SE-12, 163-SE-12, 171-SE-12, 164-SE-12, emitidas todas por el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION señor MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, mediante las cuales, según el recurrente, la referida autoridad resolvió dejar sin valor ni efecto los nombramientos para el cargo de Directores Departamentales de los señores 1) MARCO ANTONIO BARRAZA CHAVEZ, 2) GIOVANNY GARCIA DOMINGUEZ, 3) GILBERTO ANIBAL BENITEZ LARA, 5) OMAR ENRIQUE CALDERON, 6) MAXIMO CASTRO MOLINA, 7) MARTHA LIZETH RODRIGUEZ MARTINEZ, 8) SANDRA YULISA JUAREZ RIVAS, 9) SELMA YADIRA SILVA RODRIGUEZ, 10) OLGA MARINA POLANCO OLIVA, 11) HECTOR JAVIER ALVARADO Y 12) NORMA GLADIS ALVARADO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados el derecho a la defensa consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de de Derechos Humanos, que contiene el derecho a un debido proceso. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece de junio de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado HUMBERTO EMILIO MILLER SOLORZANO, interponiendo acción de amparo a favor de los señores MARCO ANTONIO BARRAZA CHAVEZ, GIOVANNY GARCIA DOMINGUEZ, GILBERTO ANIBAL BENITEZ LARA, OMAR ENRIQUE CALDERON, MAXIMO CASTRO MOLINA, MARTHA LIZETH RODRIGUEZ MARTINEZ, SANDRA YULISA JUAREZ RIVAS, SELMA YADIRA SILVA RODRIGUEZ, OLGA MARINA POLANCO OLIVA, HECTOR JAVIER ALVARADO Y NORMA GLADIS ALVARADO, contra las resoluciones No. 160-SE-12, 161-SE-12, 162-SE-12, 163-SE-12, 164-SE-12, 165-SE-12, 166-SE-12, 169-SE-12, 170-SE-12, 171-SE-12 y 172-SE-12, emitidas todas por el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION señor MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, mediante las cuales, según el recurrente, la referida autoridad resolvió dejar sin valor ni efecto los nombramientos para el cargo de Directores Departamentales de los referidos señores por considerar que dichas actuaciones son violatorias de lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República. 2) Que en fecha catorce de junio de dos mil doce, este alto Tribunal, admitió el Recurso de amparo de mérito, con suspensión del acto reclamado, ordenando que se librara comunicación a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, a efectos que dentro del plazo de dos (02) días hábiles, remitiese los antecedentes correspondientes al proceso de formación del acto impugnado, siendo recibido el informe solicitado en fecha dieciocho de junio de dos mil doce. 3) Que seguido el trámite correspondiente, se concedió vista por el término de cuarenta ocho horas al recurrente para que formalizara su acción de amparo, teniendo esta Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha veinte de febrero de dos mil trece. 4) Que en fecha cuatro de marzo de dos mil trece, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal REINA TERESA VALERIO HARRY, siendo de la opinión por que “SE OTORGUE” el recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que de los antecedentes analizados en la presente acción de amparo, se constata que la Secretaria de Estado en el despacho de Educación, emitió las resoluciones No. 160-SE-12, 161-SE-12, 162-SE-12, 163-SE-12, 164-SE-12, 165-SE-12, 166-SE-12, 169-SE-12, 170-SE-12, 171-SE-12 y 172-SE-12, en las cuales se lee en la aparte resolutiva dos disposiciones: 1) dejar sin valor y efecto las resoluciones mediante las cuales fueron asignados funcionalmente, en el cargo de director (a) departamental de educación en determinado departamento y 2) se ordena transcribir la resolución a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a la Dirección Departamental del departamento que se trate Y AL INTERESADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES.

CONSIDERANDO (2): Que con relación al mandato de transcripción al interesado, es decir los ahora recurrentes, los efectos legales pertinentes consisten precisamente en poner a disposición de los mismos, las vías legalmente establecidas para la efectiva utilización de las herramientas y manifestaciones del derecho fundamental a la defensa; esto es una correcta emisión del acto administrativo los que se rigen de acuerdo a los establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, Capítulo II acápite denominado “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS” sección primera, contentiva del artículo 26 que manda que la motivación de los actos es obligatoria. Debe ser suficiente, completa y precisa. Además de lo anterior, la Ley de Procedimiento Administrativo, establece en los artículos 87 al 92, como deben realizarse las notificaciones A LA PARTE INTERESADA; señalando que deben hacerse personalmente en primera instancia, en caso de imposibilidad, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho la providencia ó parte dispositiva de la resolución, y en el caso de autos, en que los interesados están ubicados en una zona geográfica distinta, dispone el artículo 92 de la misma Ley, que en las Secretarías de Estado, las notificaciones se practicarán por la Secretaría General y en las Direcciones Generales cuando lo Prevea la Ley, en las dependencias de aquella cuando radicaren en inmuebles distintos….”. Con este actuar, el Estado cumple con el respeto al principio-derecho a la legalidad establecido en la Constitución de la República, puesto que se trata del engranaje gubernamental decidiendo a favor o en contra de un ciudadano, cuya armadura en contra de ese poder del Estado es únicamente la Ley. CONSIDERANDO (3): Que en el presente caso, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, si bien lo ordena, omite la transcripción de la resolución a cada uno de los once recurrentes, pues no se ha acreditado en autos, si a los recurrentes les fue dirigida a cada uno con su nombre la comunicación de la decisión de separarlos del Cargo de Directores departamentales, tomada mediante resolución ministerial. Este acto de comunicación es fundamental, pues permite al que se considera agraviado con la decisión, tener conocimiento de la misma, y poder notificarse dejando constancia del día y la hora en que ese acto procesal administrativo se realizó, ello para garantía de ambas partes; en el caso del Estado, éste comienza a contar el término en que dicha resolución adquiere el carácter de firme, con lo que obtiene la obligatoriedad del mandato, y para el interesado, comienza el término que la ley le otorga para que haga uso de los recursos tanto en la vía administrativa como jurisdiccional según el caso; con lo que obtiene una resolución definitiva de obligatorio cumplimiento tanto para el Estado como para el interesado, en el entendido que quien decide es un tercero imparcial en aplicación a la Constitución y a las leyes de la República. CONSIDERANDO (4): Que en el caso que nos ocupa, la Sala de lo Constitucional, estima la vulneración al derecho de defensa de los recurrentes en vía administrativa, en tanto no se les notificó en debida forma las resoluciones números No. 160-SE-12, 161-SE-12, 162-SE-12, 163-SE-12, 164-SE-12, 165-SE-12, 166-SE-12, 169-SE-12, 170-SE-12, 171-SE-12 y 172-SE-12, a cada uno de los ahora recurrentes. Esta falta de observancia al debido proceso administrativo, provocó que los directores departamentales en funciones, no actuaran en consecuencia, es decir, se trata de un acto administrativo emitido por una Secretaría del Estado que conforma el Poder Ejecutivo, por lo que en aplicación del artículo 1 y 2 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, este tipo de resoluciones son actos administrativos sujetos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el acto errado de la Secretaria de Educación, <acto administrativo viciado y falta de notificación> no permitió a los recurrentes agotar la vía administrativa previa, por lo que corresponde a esta Sala hacer valer la observancia al debido proceso y reconducir el procedimiento administrativo. Consta en las diligencias, la inobservancia a lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dispone que en las notificaciones se debe expresar, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlo. Se estima que si bien, los recurrente tuvieron conocimiento de la resolución ministerial que les afecta, el errado proceder de la administración pública, provocó la desorientación de los administrados, es decir que la omisión aludida constituye la violación al proceso administrativo. CONSIDERANDO (5): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dispone procedimientos especiales, dentro de ellos está el procedimiento el relativo a la materia de personal. El artículo 109 párrafo segundo establece que “podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del período respectivo.”. El supuesto de ley antes transcrito, subsume el caso que ahora se conoce. Se dice lo anterior, puesto que el acto que se impugna es la resolución que tiene por objeto, separar al servidor (docente), que fue nombrado para un período determinado, este período se determina ( ver folio 13 de la pieza principal)“hasta que en dicho cargo se nombre al profesional que haya aprobado el concurso respectivo, ó esta secretaría de Estado emita disposición en contrario…”. CONSIDERANDO (6): Que el objeto de esta acción, es que se declare nulo el acto impugnado garantizando la ley que una vez hecha esa declaración, se dispone la restitución del demandante en su cargo, que es justo la pretensión de los recurrentes, y pretenden sea declarado mediante la acción constitucional de amparo. También dispone este procedimiento en el artículo 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que la sentencia que disponga la restitución del demandante, declarará también la nulidad del acto mediante el cual se hubiere designado el sustituto del demandante. CONSIDERANDO (7): Que La Sala de lo Constitucional no entrará a resolver sobre el fondo del asunto, pues esto es competencia de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, por lo que se limita a restituir el goce del derecho de los recurrentes, en el sentido de que se emita una resolución con las formalidades que las leyes establecen, es decir que la Secretaría General cumpla con lo dispuesto en la normativa desarrollada en los considerandos de esta sentencia, y se ejecute el numeral 2 de la parte resolutiva de las resoluciones ministeriales y hacer llegar a cada uno de los recurrentes las decisiones que les afectan, ello en observancia al debido proceso, es decir, realizar las notificaciones en debida forma, de a cuerdo a lo señalado en los artículo del 87 al 92 de la Ley de procedimiento Administrativo. CONSIDERANDO (8): Que Lo anterior es en garantía del estado de derecho, que no es más que personas naturales y jurídicas, sean respetuosas de la Constitución y las leyes, demostrándolo en cada una de sus acciones , y restituir a los recurrentes su derecho a la oportunidad legal de agotar la vía administrativa, previo a la vía jurisdiccional en lo Contencioso Administrativo, jurisdicción que también cuenta en su ley con la institución de medidas cautelares, por lo que esta Sala de lo Constitucional será competente para conocer en el fondo, las resoluciones emitidas por la jurisdicción competente la tantas veces dicha, Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional estima que el procedimiento especial, en materia de personal establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es el proceso debido a seguir para solucionar el conflicto que supuestamente vulnera derechos fundamentales a los recurrentes, pues el principio de legalidad cobra vigencia al respetar la prelación dispuesta a la hora de acceder a los distintos niveles de protección jurisdiccionales, por lo que el ciudadano supuestamente agraviado, debe sujetar su pretensión, en principio, a la tutela administrativa, seguido a la tutela jurisdiccional y solo cuando no reciba una respuesta satisfactoria por considerar que le vulneran derechos fundamentales, solo entonces corresponde acudir en amparo a la Sala de lo Constitucional. Esta prelación de procedimientos se conoce también como principio de subsidiariedad, también como principio de definitividad, que, aunque no son absolutos, el caso de autos no constituye excepción. CONSIDERANDO (10): Que así las cosas, y ante la vulneración al debido proceso, es procedente otorgar el amparo interpuesto, para el único efecto de reconducir las diligencias al procedimiento administrativo legalmente establecido en la ley; es decir que, como ya se dijo, se restituye en este acto el derecho de los recurrentes, a que la Secretaría General emita una resolución con las formalidades que las leyes establecen, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos del 87 al 92 de la Ley de procedimiento Administrativo, con ello se ejecutará lo dispuesto en el numeral 2 de la parte resolutiva de las resoluciones ministeriales recurridas, y hacerlas llegar a cada uno de los recurrentes en debida forma, para los efectos legales consiguientes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, y 14 N.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;26, 87, 88, 89, 90, 91 Y 92 DE LA Ley de procedimiento Administrativo; 1, 2 y 109, 110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firmas y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece, recaída en el recurso de amparo administrativo, registrado en este Tribunal con el número 459-p601-979=12.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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