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Sentencia AA-309-10 — Registro 7464

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo incidental dictada por juzgado de primera instancia con relación a solicitud de tasación de honorarios profesionales presentado por Procuradora Judicial que había representado al recurrente en relación a demanda promovida por Distribuidora de Productos de Petroleo S A (DIPPSA) contra éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala observa que el Tribunal de alzada no resuelve el contradictorio conformado por la expresión y contestación de agravios, sino que se limita a decir literalmente en un considerando: “Que la sentencia interlocutoria dictada por el Juez A-Quo se encuentra conforme a derecho por lo que procede confirmarla”. La respuesta así brindada por un órgano jurisdiccional obliga a recordar que en el derecho internacional de los derechos humanos, se incorpora el principio de la efectividad de los instrumentos o remedios procesales (recursos entre otros), destinados a garantizar tales derechos, como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, según la Convención que: “los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art.8.1)..."..."constituye una formalidad cuya inobservancia se convierte en la vulneración al derecho fundamental de defensa, lo prescrito en el artículo 190 del Código de Procedimientos que dice que las sentencias deben ser claras, precisas, y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y señala la norma que se debe mencionar: 1.- las declaraciones que estas exijan, 2.- se debe motivar y decidir sobre cada punto litigioso objeto del debate, y finalmente condenar o absolver en su caso..."..."la sentencia que se revisa en amparo consta de cinco considerandos, de los cuales los primeros cuatro, contienen relatos de los hechos acaecidos, es decir antecedentes, así: en el considerando uno señala que el demandante se contrae a pedir pago de honorarios, en el considerando dos, expone que el procurador al exigir de su poderdante moroso debe presentar ante el Juzgado cuenta detallada y justificada y que este negocio se ventilará de acuerdo, al procedimiento establecido para la tasación de costas, requisito aportado a la causa; en el considerando tres, se lee que de la solicitud de costas se dará vista en la secretaría por el término de tres días, a la parte condenada al pago, y en el considerando cuatro, plantea una conclusión estéril, y es que el Estado de Honduras es el condenado, y que el Estado como parte jurídica, tiene un apoderado legal que es la Procuraduría General de la República, y que a su vez la procuraduría tiene plenamente acreditado en juicio un apoderado que ejerce es las diligencias en representación del Estado. Es en el considerando cinco que supuestamente el Tribunal de Alzada motiva la sentencia en estudio, manifestando únicamente lo siguiente: “Que la sentencia interlocutoria dictada por el Juez A-Quo se encuentra conforme a derecho por lo que procede confirmarla”. Al respecto la Sala Manifiesta que la motivación no debe entenderse como un razonamiento exhaustivo sobre las pretensiones de las partes o de la decisión del juzgador, sino que bastará con un razonamiento lógico, preciso y apegado a derecho, y, en el caso de autos existe un error patente que recae en primer lugar sobre una sentencia incompleta pues no se pronuncia sobre los agravios planteados, a lo que se le debe sumar la falta de argumentación jurídica, defecto atribuible al órgano jurisdiccional recurrido; de lo que deviene la vulneración al derecho de defensa pues con la falta de motivación no se puede ejercitar una verdadera defensa atacando con propiedad los agravios que le causa y consecuentemente al debido proceso, pues no es una sentencia clara, precisa y congruente como manda el artículo 190 del Código de Procedimientos..."..."por las razones legales expuestas es procedente OTORGAR el amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de abril de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada TERESA DE JESUS CABRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que confirmó la sentencia incidental de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil nueve, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la Solicitud de Tasación de Honorarios Profesionales, interpuesta por la abogada DIANA FLORES LANZA, en virtud de haber representado al ESTADO DE HONDURAS en la demanda que le incoara la sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PETROLEO S.A. (DIPPSA).- A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha doce de mayo del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la abogada DIANA FLORES LANZA, actuando en su condición personal, solicitando el pago de Honorarios Profesionales y a su vez la tasación de los mismos, presentando cuenta detallada de los honorarios que considera adeudados en virtud de haber representado al ESTADO DE HONDURAS en la demanda que le incoara la sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PETROLEO S.A. (DIPPSA).- 2) Que en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia incidental mediante la cual: a) declaró con lugar la solicitud de pago de honorarios profesionales planteada por la abogada DIANA FLORES LANZA, en su condición indicada; b) tasó los honorarios profesionales a que tiene derecho la solicitante en la cantidad de un millón ochocientos ochenta y un mil trescientos treinta y siete Lempiras con cuarenta y cuatro centavos (L.1,881,337.44), quedando pendiente para liquidar en la etapa de ejecución los conceptos de intereses comerciales y moratorios de acuerdo a la tasa que para tal efecto elabora en el periodo correspondiente el Banco Central de Honduras; y c) condenó al Estado de Honduras a pagarle a la abogada DIANA FLORES LANZA en concepto de honorarios profesionales, la cantidad antes relacionada, así como la cantidad pendiente de liquidar en concepto de intereses bancarios y moratorios, por considerar que se logró establecer claramente la cuantía de la demanda, la cual asciende a la cantidad de noventa y dos millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y un Lempiras con ochenta y un centavos (L.92,766,871.81), haciendo un gran total de dos millones ochocientos veintidós mil seis Lempiras con quince centavos (L.2,822,006.15) en concepto de honorarios profesionales, por lo que a la abogada DIANA FLORES LANZA le corresponde un tercio por presentarse la contestación de la demanda y otra tercera parte al concluir el periodo probatorios, ascendiendo las dos terceras partes referidas a la cantidad tasada por el referido Tribunal; citando como fundamento de su decisión los artículos 10, 11, 27 y 43 literal a) del Arancel del Profesional del Derecho.- 3) Que en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS y confirmó la sentencia incidental que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que el procedimiento por el cual se estableció la condena se sujeta a la norma procesal vigente; citando como fundamento de su decisión el artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho.- 4) La recurrente abogada TERESA DE JESUS CABRERA, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de mayo del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la sentencia emitida por el Ad-quem, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (1): Que la abogada DIANA FLORES LANZA, actuó en su condición de apoderada del Estado de Honduras, en la demanda interpuesta por la Sociedad Distribuidora de Productos de Petróleo S.A., en adelante DIPPSA, en contra del Estado de Honduras, para que se declare la nulidad del Decreto PCM-015-08, demanda administrativa registrada en dicho Tribunal bajo el No. 207-08, y que a la fecha 12 de mayo de 2009, se encuentra en etapa de conclusiones. Manifiesta la recurrente que la parte demandante DIPPSA, señaló que, en caso de haber daños y perjuicios, el valor de sus perdidas por el acto impugnado asciende a L267,930,046.88, y por su parte el Estado de Honduras estimo las perdidas que eventualmente ocurrieran en la cantidad de L92.766;871.81.- CONSIDERANDO (2): Que el 12 de mayo de 2009, la abogada DIANA FLORES LANZA, solicitó ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, el pago de honorarios adeudados y en mora, así como que se tasen los mismos de conformidad a derecho.- CONSIDERANDO (3): Que en el escrito de solicitud de pago de honorarios adeudados, sostiene la recurrente literalmente que: “PRIMERO: Tal como consta en la pieza de primera instancia la pretensión reclamada por la parte demandante era de cuantía indeterminada, que consistía en los daños y perjuicios que ocasionare el acto, y por lo tanto valorable económicamente. La parte demandada, el Estado, estableció en su contestación que rechazaba cualquier suma reclamada en concepto de cuantía por encontrarse ajustado a derecho el acto impugnado. No obstante que las partes no fijaron la cuantía de la demanda y contestación, ambas partes presentaron en la pieza separada de suspensión del acto impugnado medios de prueba documentales que acreditan el valor económico de la acción entablada, por lo que la fijación de la cuantía corresponde hacerse en base a los documentos presentados por las partes en dicho incidente de suspensión del acto impugnado, de conformidad con la naturaleza del asunto. SEGUNDO: En la pieza de suspensión del acto reclamado, la parte demandante (DIPPSA) estableció que el valor de sus pérdidas por el acto impugnado ascenderían a L 267,930.046.88 (Véase certificación que obra a Folio 39 de dicha pieza de autos), y la parte demandada, es decir mi poderdante el Estado de Honduras estima dicho valor en la suma de L. 92,766,871.81 para la acción DIPPSA mediante Constancia de la Comisión Administradora del Petróleo (Vése Folio 79 de la referida pieza de autos), razón por la cual considero que dicho cálculo, establecido en un documento público que consta en autos, debe servir de base para la fijación de la cuantía y el pago de los honorarios profesionales que se me adeudan, ya que los honorarios profesionales en asuntos contencioso administrativos de procedimiento Ordinario se cobrarán en base al valor litigado de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 del Arancel del Profesional del Derecho. TERCERO: Por lo expuesto anteriormente, y estimando el valor de lo litigado en NOVENTA Y DOS MILLONES SETENCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L.92,766,871.81)……… De conformidad con el Artículo 27 del Arancel del Profesional del Derecho que establece la forma de pago de los honorarios, correspondería pagar dos terceras partes de los honorarios de primera instancia, correspondientes, una tercera parte a la contestación de la demanda y otra tercera parte por haber concluido el período probatorio antes de la revocación del poder, por lo que se establece el TOTAL DE HONORARIOS ADEUDADOS EN UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 1,881,337.43). CUARTO: Presento esta cuenta detallada de los honorarios en mora y solicito esta tasación en base a lo establecido en el Artículo 8, 10, 26 numeral 2, 43 literal a) del Arancel del Profesional del Derecho en relación con los Artículos 10 y 12 del Código de Procedimientos Civiles y en virtud de haber casado en mi representación porque me fue revocado el poder injustificadamente, y porque he tratado de obtener el pago o de llegar a un acuerdo con funcionarios del Poder Ejecutivo sin obtener una respuesta, por lo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 3 del mencionado Arancel me encuentro facultada para pedir que se me paguen dichos honorarios.”.- CONSIDERANDO (4): Que el Abogado MARCO TULIO CANALES, en su condición de apoderado judicial del Estado de Honduras, impugna la solicitud de pago de honorarios y alega que se detalla la cuenta en ausencia de la determinación de la cuantía de la demanda, y señala que esta determinación será en base a daños y perjuicios los que a este momento, no se han determinado. Concluye el impugnante que no puede tasarse las costas solicitadas, sin antes obtener una sentencia en el juicio principal, y en caso de que se determine el pago de daños y perjuicios, hasta entonces es procedente la acción civil que ahora se conoce.- CONSIDERANDO (5): Que revisados los antecedentes y analizada la sentencia que se recurre, la Sala observa que el Tribunal de alzada no resuelve el contradictorio conformado por la expresión y contestación de agravios, sino que se limita a decir literalmente en un considerando: “Que la sentencia interlocutoria dictada por el Juez A-Quo se encuentra conforme a derecho por lo que procede confirmarla”. La respuesta así brindada por un órgano jurisdiccional obliga a recordar que en el derecho internacional de los derechos humanos, se incorpora el principio de la efectividad de los instrumentos o remedios procesales (recursos entre otros), destinados a garantizar tales derechos, como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, según la Convención que: “los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art.8.1).- CONSIDERANDO (6): Que para que el recurso como remedio procesal exista, no es suficiente con que esté previsto por la Constitución de la República o en la norma adjetiva civil, sino que es necesario que sea realmente práctico para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos fundamentales y procurar lo necesario para remediarla, por lo que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por la inobservancia a las formalidades y derechos fundamentales, resulten ilusorios o atentatorios contra otros derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (7): Que constituye una formalidad cuya inobservancia se convierte en la vulneración al derecho fundamental de defensa, lo prescrito en el artículo 190 del Código de Procedimientos que dice que las sentencias deben ser claras, precisas, y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y señala la norma que se debe mencionar: 1.- las declaraciones que estas exijan, 2.- se debe motivar y decidir sobre cada punto litigioso objeto del debate, y finalmente condenar o absolver en su caso.- CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa en amparo consta de cinco considerandos, de los cuales los primeros cuatro, contienen relatos de los hechos acaecidos, es decir antecedentes, así: en el considerando uno señala que el demandante se contrae a pedir pago de honorarios, en el considerando dos, expone que el procurador al exigir de su poderdante moroso debe presentar ante el Juzgado cuenta detallada y justificada y que este negocio se ventilará de acuerdo, al procedimiento establecido para la tasación de costas, requisito aportado a la causa; en el considerando tres, se lee que de la solicitud de costas se dará vista en la secretaría por el término de tres días, a la parte condenada al pago, y en el considerando cuatro, plantea una conclusión estéril, y es que el Estado de Honduras es el condenado, y que el Estado como parte jurídica, tiene un apoderado legal que es la Procuraduría General de la República, y que a su vez la procuraduría tiene plenamente acreditado en juicio un apoderado que ejerce es las diligencias en representación del Estado. Es en el considerando cinco que supuestamente el Tribunal de Alzada motiva la sentencia en estudio, manifestando únicamente lo siguiente: “Que la sentencia interlocutoria dictada por el Juez A-Quo se encuentra conforme a derecho por lo que procede confirmarla”. Al respecto la Sala Manifiesta que la motivación no debe entenderse como un razonamiento exhaustivo sobre las pretensiones de las partes o de la decisión del juzgador, sino que bastará con un razonamiento lógico, preciso y apegado a derecho, y, en el caso de autos existe un error patente que recae en primer lugar sobre una sentencia incompleta pues no se pronuncia sobre los agravios planteados, a lo que se le debe sumar la falta de argumentación jurídica, defecto atribuible al órgano jurisdiccional recurrido; de lo que deviene la vulneración al derecho de defensa pues con la falta de motivación no se puede ejercitar una verdadera defensa atacando con propiedad los agravios que le causa y consecuentemente al debido proceso, pues no es una sentencia clara, precisa y congruente como manda el artículo 190 del Código de Procedimientos.- CONSIDERANDO (9): Que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el doce y disfrute de sus derechos fundamentales.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones legales expuestas es procedente OTORGAR el amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 64, 69, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, y 14 N.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 190 del Código de Procedimientos, FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesto por la abogada TERESA DE JESUS CABRERA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y Sello. CRISTIAN RAMON BAQUIZ FLORES. SECRETARIO POR LEY. SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el nueve (9) de mayo del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 309=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL