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Sentencia AA-302-11 — Registro 7366

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación en relación a demanda ordinaria para la nulidad del Decreto Ejecutivo PCM-015-2008 promovida por Shell de Honduras, S. A. contra el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional, debe quedar bien sentado en primer lugar que existen numerosos pronunciamientos de la Sala en el sentido que el derecho de defensa y a un debido proceso no pueden considerarse trasgredidos mediante una resolución por el sólo hecho de no favorecer las pretensiones o posiciones procesales de las partes, o bien, porque no ha prevalecido la interpretación jurídica que éstas abogan como la más adecuada o correcta para la aplicación del Derecho..."..."resulta claro para esta Sala de lo Constitucional, que la motivación y fundamentación jurídica que ha tenido la jurisdicción ordinaria para proceder de dicha manera ha sido amplia y suficiente; concordante en sus lineamientos con la tesis doctrinal que sostiene que debe mantenerse la Personalidad de la Apelación, según la cual, únicamente incumbe a las partes legitimadas procesalmente el derecho de comparecer a la Alzada personándose y mejorando su recurso, así como contestando los agravios que fuere menester[1]; limitándose así los derechos que asisten al coadyuvante, específicamente en lo que a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo concierne, jurisdicción en la cual solamente podrán adherirse a la apelación interpuesta por la parte principal, según lo prescribe el artículo 90 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. Lo anterior, no sólo por ser disposición expresa y taxativa de dicho cuerpo legal, sino por su claridad y especialidad normativa por sobre disposiciones de derecho común que ostentan sólo carácter subsidiario..."..."esta Sala de lo Constitucional, que los agravios promovidos por el recurrente no revisten trascendencia constitucional, resultando un asunto propio de instancia, de los denominados de mera legalidad; lo cual es a su vez causal de inadmisibilidad y consecuente sobreseimiento. Lo mismo cabe decir referente a la incongruencia omisiva en que incurriera el Ad quem, en vulneración de los derechos constitucionales de la parte coadyuvante, debido a la supuesta no aplicación del artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles al caso. Cabe decir que esta norma jurídica hace referencia expresamente a la parte apelada que se encuentre personada en el proceso; y siendo que, en el presente caso, el mismo solicitante de amparo reconoce no haber sido notificado de las resoluciones que tuvieron lugar en el susodicho proceso incidental,[2] los cuales sin embargo conforman el objeto mismo de la apelación; no se ve entonces cómo podría tenérsele como parte apelada - según se sigue de su propio alegato - con el consiguiente derecho a recurrir del pronunciamiento de Alzada en su oportunidad. En lo anterior se advierte una contradicción insuperable desde el punto de vista de la lógica formal, y sobre todo, que la argumentación empleada resultó insuficiente para la plena acreditación de los motivos anunciados en la interposición del presente recurso de amparo constitucional, referidos a la inviolabilidad del derecho a la defensa y del debido proceso legal. - Por todo lo cual, de la vista y estudio exhaustivo que ameritan los autos, según motivación y fundamentación efectuada en derecho congruente, resulta procedente la denegatoria de la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de mayo de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES a favor de la ASOCIACION HONDUREÑA DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PETROLEO (AHDIPPE), contra la providencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha seis de diciembre de dos mil diez, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL en fecha ocho de octubre de dos mil diez; con relación a la demanda ordinaria, para la nulidad del Decreto Ejecutivo PCM-015-2008, promovida por la sociedad mercantil SHELL DE HONDURAS, S.A. contra el ESTADO DE HONDURAS; providencia la cual declara sin lugar el personamiento del Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES en su condición precitada; puesto que actúa: “… como coadyuvante como parte accesoria y no dirige el juicio en esta instancia, ya que no está notificado del auto de fecha uno de noviembre de dos mil diez, donde se les concede los tres (3) días para personarse en esta instancia al coadyuvante”. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha quince de agosto del año dos mil ocho, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la Abogada MARIBEL ESPINOZA TURCIOS, en su condición de Apoderada Legal de la sociedad mercantil SHELL DE HONDURAS, S.A. interponiendo demanda ordinaria contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo y en consecuencia se decrete la nulidad del mismo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas para su pleno restablecimiento, así como la suspensión del acto impugnado.- 2) Que habiéndose formado Pieza Separada en el presente caso para la sustanciación de la SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, solicitada por la parte Demandante; dictó el A-quo dictó sentencia interlocutoria de fecha ocho de octubre de dos mil diez, por medio del cual falló: “PRIMERO: Declarar con Lugar la presente solicitud de suspensión del Acto Reclamado por haberse acreditado en autos que el mismo ya fue suspendida su aplicación en forma general, en otras diligencias, por ser un Acto de Carácter General, mediante la respectiva sentencia interlocutoria, la cual fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.- SEGUNDO: Exigir al incidentista, en caso de resultar algún daño o perjuicio a los intereses públicos o de terceros con la presente suspensión y para responder por éstos si ese fuere el caso, caución, la cual deberá constituirse en depósito de dinero en efectivo, valores públicos o aval bancario por la cantidad de Tres Millones de Lempiras (LPS. 3, 000,000.00)…”. (Folios del cuarenta y tres (43) al cuarenta y cinco (45) de la pieza separada).- 3) Que en su oportunidad legal, compareció la Abogada TERESA DE JESUS CABRERA, actuando en su condición de apoderada legal del Estado de Honduras, interponiendo recurso de apelación contra la sentencia a que se ha hecho referencia en el inciso que precede. (Ver folios uno (1) al cuatro (4) del recurso de Amparo Contencioso – Administrativo Número SCO-149-11, causa relacionada a la presente acción de amparo).- 4) Que el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, en su condición de apoderado legal de la ASOCIACION HONDUREÑA DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PETROLEO (AHDIPPE), compareció ante el Ad Quem efectuando personamiento en fecha tres de diciembre de dos mil diez, en su condición de parte coadyuvante en el juicio contra el Estado de Honduras; resolviendo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con fecha seis de diciembre de dos mil diez, lo siguiente: “… SIN LUGAR el apersonamiento, la nulidad de actuaciones en la pieza separada de mérito por haber operado la caducidad de la instancia del proceso de suspensión del acto impugnado y adherido a los agravios expresados por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, agréguese a sus antecedentes, como coadyuvante como parte accesoria y no dirige el juicio en esta instancia, ya que no está notificado del auto de fecha uno de noviembre de dos mil diez, donde se les concede los tres (3) días para personarse en esta instancia al coadyuvante…”. (Folios veinte (20) al treinta (30) y sesenta y cuatro (64) frente de la segunda pieza).- 5) Que el recurrente, Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, compareció ante este Alto Tribunal en fecha seis de abril de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor de ASOCIACION HONDUREÑA DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PETROLEO (AHDIPPE), por considerar que la providencia relacionada en el inciso anterior, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 17 letra c), 18, 27, 56 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; habiendo formalizado el recurso de mérito en fecha tres de agosto de dos mil once.- 6) Que la Fiscalía para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, actuando a través de su Fiscal XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, emitió su dictamen en fecha dieciocho de agosto de dos mil once, siendo de la opinión por “QUE SE SOBRESEAN las diligencias que lo contienen”. Lo anterior en virtud de que no se resolvió por el Ad Quem el recurso de reposición que interpusiera en el acto de su notificación, de fecha diecisiete de diciembre (Sic.) de dos mil once, el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor de ASOCIACION HONDUREÑA DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PETROLEO (AHDIPPE); por lo cual se entendía que la parte actora aun tiene expeditos recursos o acciones legales en la vía administrativa, los cuales aun no han sido agotados; lo cual sería necesario para darle curso al recurso de amparo que se pretende, siendo a la vez consignado como causal de inadmisibilidad en el artículo 46 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha seis de diciembre de dos mil diez por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, a favor de ASOCIACION HONDUREÑA DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PETROLEO (AHDIPPE), motivando dicha decisión en que el aludido es parte coadyuvante, accesoria y que el mismo no se encuentra notificado del auto de fecha uno (1) de noviembre de dos mil diez (2010), donde se conceden tres (3) días a las partes procesales para personarse en esta instancia al coadyuvante.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso de amparo por parte del solicitante de amparo, Abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, se invocan como violentadas las garantías constitucionales que establecen los artículos 82 párrafo primero y 90 de la Constitución de la República. Pasando a conceptualizar la infracción a los derechos constitucionales de los que goza su poderdante, ASOCIACION HONDUREÑA DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PETROLEO (AHDIPPE), de la siguiente manera: Que la inviolabilidad del derecho de defensa y el derecho del garantista al debido proceso, sito en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se han visto comprometidos con la resolución que desestima la participación del coadyuvante en la referida pieza de apelación conformada por la parte demandada principal, como apelante y por la parte demandante, en su condición de apelada. Según refiere el demandante de amparo, el origen de esta lesión procesal a sus derechos fundamentales puede explicarse en una omisión incurrida por el A Quo al no hacer constar en la Pieza Separada que la parte coadyuvante “AHDIPPE” tiene acreditada su representación en juicio, estando personado su actual Apoderado, el abogado MARCO TULIO CASTRO CANALES, ahora garantista en sede de justicia constitucional. Esto violentó en principio el derecho de defensa de su representada, puesto que al no tenérsele como parte en éste proceso incidental, no se le permitió ejercitar plenamente su derecho como Coadyuvante, al cual le facultan los artículos 18 y 56 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO (5): Que por otra parte, censura el garantista que el mismo Juzgado A Quo efectuara una errónea interpretación del artículo 27 de la referida Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, pues según el criterio jurídico del solicitante de amparo, la exigencia de “litigar unidos y bajo la misma dirección” referida en el primer párrafo del susodicho artículo, va dirigida a las personas que actúen como demandados en virtud de lo dispuesto en el “inciso c)” del artículo 17 de la misma ley, y para el coadyuvante, de manera que si al juicio no se personó ninguna persona señalada en el inciso c) de la norma supra mencionada, como acontece en el presente caso: “… significa que el Estado como parte demandada principal de donde se originó el acto impugnado, y el Coadyuvante tendrán su representación y defensa independiente”. Para el garantista, la no sujeción del A Quo al criterio jurídico antes reseñado configuró un quebrantamiento de disposiciones legales de orden secundario, en perjuicio del debido proceso y del derecho a la defensa de la parte coadyuvante, impidiéndole ejercitar a plenitud las actuaciones conducentes a coadyuvar a la defensa del demandado, como es el Estado de Honduras; pues ni siquiera le fue permitido notificarse de los autos o providencias que en la prosecución del juicio dictó el Juzgado: “… de manera que si el Juzgado hubiere respetado esas formalidades legales, se pudo dirigir una buena defensa que sin lugar a dudas hubiere conducido al Juzgado a una resolución favorable al Estado de Honduras”.- CONSIDERANDO (6): Que otras consideraciones expuestas por el recurrente en la formalización de su recurso, remiten a la existencia de supuestas anomalías o imperfecciones procesales, las cuales considera violatorias al debido proceso; puesto que no operó de pleno derecho una caducidad que establece el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, pese que el proceso de suspensión del acto impugnado estuvo paralizado por más del término de seis (6) meses, lo cual a su juicio desvirtúa la suspensión solicitada y la pretensión del Actor en el sentido que el acto impugnado le causa daños y perjuicios de carácter irreparable. Finalmente, refiriéndose ya a las violaciones derivadas en las actuaciones del Tribunal recurrido en el presente amparo, estas son reiterativas a todo lo antes expresado, reincidiendo en quejarse sobre no habérsele concedido efectividad a su personamiento como apoderado coadyuvante, el cual presentó con documentos adjuntos, demostrativos de la caducidad de instancia incurrida en el caso, todo ello con el objeto de que la Corte de Apelaciones respectiva, conociendo vía apelación, dictara la respectiva nulidad absoluta de actuaciones. Que al serle declarado sin lugar este escrito de personamiento de fecha seis de diciembre de dos mil diez, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha incurrido en violencia hacia su derecho de defensa y al debido proceso, toda vez que no se le ha tenido como parte en el proceso incidental en referencia, ni en la apelación que resuelve dicho caso. Considera que la transgresión al canon legal, ocurre también mediante el quebrantamiento del artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles, que rige supletoriamente en los recursos del proceso administrativo, el cual fue obviado al no notificársele por cedula fijada en la Tabla de Avisos del Despacho; limitándose el Ad Quem a notificar a los apoderados demandando-apelante y demandante-apelado, razón por la cual se le limitó a que ejercitara de manera debida su derecho de defensa, utilizando el recurso de reposición que tenía expedito. En virtud de todo lo anteriormente expresado, solicita el apoderado recurrente, se declare procedente el recurso de amparo de merito, garantizado los derechos fundamentales de defensa y al debido proceso que se consideran conculcados.- CONSIDERANDO (7): Que, para esta Sala de lo Constitucional, debe quedar bien sentado en primer lugar que existen numerosos pronunciamientos de la Sala en el sentido que el derecho de defensa y a un debido proceso no pueden considerarse trasgredidos mediante una resolución por el sólo hecho de no favorecer las pretensiones o posiciones procesales de las partes, o bien, porque no ha prevalecido la interpretación jurídica que éstas abogan como la más adecuada o correcta para la aplicación del Derecho. En tal sentido, el garantista argumenta que no se le ha notificado debidamente por no habérsele tenido como parte en el proceso incidental en referencia, ni en la apelación que resuelve dicho caso; de manera que el Ad Quem se limitó a notificar a los apoderados demandando-apelante y demandante-apelado que tenía acreditados como partes, lo cual el recurrente en amparo conceptúa como limitación indebida a su derecho de defensa. En lo anteriormente expuesto, así como en la pretensión esbozada por el Censor en el sentido que la jurisdicción ordinaria ha equivocado la interpretación que ameritan los artículos 27, en relación con el 17 literal c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, así como el texto del artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles; no se ha logrado advertir una acreditación plena a la violación de los derechos que postula el recurrente, sino que más bien un mero alegato de legalidad, mismo que no muestra trascendencia ni relevancia alguna desde la esfera de protección que provee la justicia constitucional.- CONSIDERANDO (8): Que por otra parte, resulta claro para esta Sala de lo Constitucional, que la motivación y fundamentación jurídica que ha tenido la jurisdicción ordinaria para proceder de dicha manera ha sido amplia y suficiente; concordante en sus lineamientos con la tesis doctrinal que sostiene que debe mantenerse la Personalidad de la Apelación, según la cual, únicamente incumbe a las partes legitimadas procesalmente el derecho de comparecer a la Alzada personándose y mejorando su recurso, así como contestando los agravios que fuere menester[1]; limitándose así los derechos que asisten al coadyuvante, específicamente en lo que a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo concierne, jurisdicción en la cual solamente podrán adherirse a la apelación interpuesta por la parte principal, según lo prescribe el artículo 90 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. Lo anterior, no sólo por ser disposición expresa y taxativa de dicho cuerpo legal, sino por su claridad y especialidad normativa por sobre disposiciones de derecho común que ostentan sólo carácter subsidiario.- CONSIDERANDO (9): Que así las cosas, resulta claro para esta Sala de lo Constitucional, que los agravios promovidos por el recurrente no revisten trascendencia constitucional, resultando un asunto propio de instancia, de los denominados de mera legalidad; lo cual es a su vez causal de inadmisibilidad y consecuente sobreseimiento. Lo mismo cabe decir referente a la incongruencia omisiva en que incurriera el Ad quem, en vulneración de los derechos constitucionales de la parte coadyuvante, debido a la supuesta no aplicación del artículo 418 del Código de Procedimientos Civiles al caso. Cabe decir que esta norma jurídica hace referencia expresamente a la parte apelada que se encuentre personada en el proceso; y siendo que, en el presente caso, el mismo solicitante de amparo reconoce no haber sido notificado de las resoluciones que tuvieron lugar en el susodicho proceso incidental,[2] los cuales sin embargo conforman el objeto mismo de la apelación; no se ve entonces cómo podría tenérsele como parte apelada - según se sigue de su propio alegato - con el consiguiente derecho a recurrir del pronunciamiento de Alzada en su oportunidad. En lo anterior se advierte una contradicción insuperable desde el punto de vista de la lógica formal, y sobre todo, que la argumentación empleada resultó insuficiente para la plena acreditación de los motivos anunciados en la interposición del presente recurso de amparo constitucional, referidos a la inviolabilidad del derecho a la defensa y del debido proceso legal. - Por todo lo cual, de la vista y estudio exhaustivo que ameritan los autos, según motivación y fundamentación efectuada en derecho congruente, resulta procedente la denegatoria de la presente acción de Amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 reformado, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes a órgano jurisdiccional de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el cinco (5) de junio del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo con orden de ingreso en este Tribunal número 302=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] En este sentido: Hernández Espinoza, Juan Arnaldo. “Apuntes sobre las impugnaciones y ejecuciones”, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, 1996, p. 27 y subsiguientes; limitante que apunta a que la jurisdicción del Tribunal de alzada, se la da el agravio denunciado, pudiendo conocer la parte del fallo que el recurrente denuncia como agresora de su derecho y no de aquello que no apeló; fundamento doctrinario que aparece como pertinente sobre todo en cuanto trata de la determinación de quienes son los sujetos de la apelación y, por ende, de quienes ostentan activa legitimación procesal para concurrir al recurso.

[2] Véase la sentencia interlocutoria de fecha ocho de octubre de dos mil diez, cuyo extracto obra en el Antecedente número 2) de la presente sentencia.