Sentencia AA-263-12 — Registro 7463
Resumen
Resolución declaró con lugar recurso de apelación únicamente en cuanto a la condena en costas decretadas por el juzgado de primera instancia por considerar que se tuvo motivos para litigar y no constar que se haya ofrecido el pago a la demandada con la negativa a recibirlo con relación a demanda de pago por consignación promovida por recurrente contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...este Tribunal ha establecido en reiterados fallos que la Garantía del Debido Proceso comprende, entre otros[1], que las resoluciones deben ser motivadas a efecto de que las partes conozcan las razones del por qué de una resolución, por ende la motivación es un elemento fundamental en la precitada garantía. Lo anterior, se debe entender de esta manera, toda vez que es un criterio tanto legal como jurisprudencial, el hecho reconocido de que la falta de motivación vicia el procedimiento, pues es deber del Juez indicar las razones del por qué de una resolución. En este caso específico, atendiendo a la taxatividad del contenido del artículo 1455 del Código Civil y a la regla que impone para los efectos pertinente al ofrecimiento de pago previo a la consignación, debió el Ad-quem, emitir un juicio claro, preciso y congruente con respecto tanto a la aplicabilidad de esta norma sustantiva, como en cuanto a lo demandado, determinando si el requisito contenido en el artículo en referencia, específicamente en lo pertinente al previo ofrecimiento de pago, era o no congruente con el pago por consignación presentado, con posterioridad al planteamiento efectuado por la parte recurrente ante el A-quo y que obra a folios 796 y 797 de los antecedentes de primera instancia; debiendo para tal efecto efectuar un estudio detenido de todos los antecedentes del caso, relativo a ese requisito concreto, del cual afirma como una certeza en lo conducente a ese considerando que (sic) “no consta en autos que … a la parte demandada se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este se negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha”, dando de esta forma y al efectuar un juicio de contraste con la realidad que este respecto pueden suponer el contenido de los folios 796 y 797 de la primera pieza, una adecuada respuesta a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, con respecto al pago por consignación efectuado. Haciendo la declaración correspondiente a su validez, sin obviar la circunstancia particular referente a si el contenido de los supra referidos folios, que son previos a la interposición de la solicitud de pago por consignación, se constituyen o no, como el antecedente de una oferta previa, misma que como ha quedado expuesto, se encuentra intrínsecamente vinculada a la determinación de la existencia o no de una oferta de pago, previa al planteamiento de la consignación y que al ser fundamento esencial de la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil doce, y con ello el fundamento tácito de lo resuelto en los fallos de fechas cinco y seis de enero de dos mil doce, resulta por ende en una responsabilidad insoslayable del Ad-quem, pronunciarse o valorar este aspecto concreto, previo a desestimar su existencia sin valorar el contenido de estos hechos, que obran en la foliada de la demanda, y procediendo de conformidad a dictar su fallo, confirmando, reformando o anulando lo resuelto por el Iudex A-quo y decidiendo en definitiva, sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y cuando éstos hubieran sido varios, haciéndolo con la debida valoración y separación, concluyendo en el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos..."..."si bien esta Sala estimó procedente denegar el amparo de mérito por considerar en su momento que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sin embargo de las argumentaciones que ha plasmado el recurrente en su recurso de reposición y de un posterior análisis de los antecedentes, se aprecia que al haberse dictado sentencia mediante la cual se declaró con lugar la acción de pago por consignación interpuesta contra el Estado de Honduras, condenándolo al pago de costas del juicio, corresponde a éste (El Estado de Honduras) el pago de las costas del juicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 1457 del Código Civil..."..."resulta procedente declarar con lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. de R.L. de C.V..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de octubre del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., contra las sentencias proferidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta sección judicial, en fechas cuatro, cinco y seis de enero todas de dos mil doce, que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria respectivamente, dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fechas veintinueve de junio, cuatro de agosto y dos de septiembre del año dos mil once; respectivamente con relación a la demanda de pago por consignación promovida por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violado en perjuicio de su representada los artículos 127, 128 numerales 3 y 5 párrafo segundo, 133, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., siguiendo el procedimiento en la vía administrativa, presentó reclamo administrativo al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el pago de una cantidad de dinero en concepto de obligaciones pendientes de pago, a lo que en fecha 18 de julio de 2007, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, emitió la Resolución No. 064-2007-SS, mediante la cual en el numeral primero establece que es cierto que esa Secretaría de Estado solicitó, en el marco de la ejecución del proyecto 00012889 denominado “APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD”, en fecha 27 de julio de 2005, SOLICITO al programa de las Naciones Unidas PNUD, que suscribiera con la “CONSTRUCTORA SATO S. de R. L. de C. V.” el contrato de obra públicas de remodelación de “AREA DE QUIROFANOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI Y LABORATOIROS DE HEMODIANA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX”; así como en el numeral segundo establece la suscripción de la “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN” que esa Secretaría de Estado, resolviendo que declara SIN LUGAR EL RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA OBTENER MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE DOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA remodelación de “AREA DE QUIROFANOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI Y LABORATOIROS DE HEMODIANA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, EN VIRTUD DE QUE DICHA SECRETARÍA NO HA SUSCRITO LA EMPRESA MERCANTIl denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., NINGUN CONTRATO, EN CONSENCUENCIA CUALQUIER RECLAMO DEBE HACERSE ANTE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS (PNUD). 2) Que en fecha doce de septiembre de dos mil siete, el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, contenido en la Resolución No 064-2007 SS antes relacionada, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud el 18 de julio de 2007 por no ser conforme a derecho, asimismo solicitó el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a efecto de que se ordenara el pago de obligaciones pendientes contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud. Sostiene el apoderado legal de la empresa mercantil que la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud convocó a una a una Licitación Pública Nacional IAL/00012889/0121-2005, para el contrato de Obra Pública de remodelación de “AREA DE QUIROFANOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI Y LABORATOIROS DE HEMODIANA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX”; y “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN”. Asegura el demandante que las obras fueron concluidas y recepcionadas por la Secretaría de estado en los Despachos de Salud, sin embargo, señala que existen obligaciones pendientes de pago, adeudando a la fecha el Estado de Honduras a través de la Secretaría supramencionada, la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON TREINTA U TRES CENTAVOS DE LEMPIRAS (L14.204,530.33), peticionando al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que se condene al Estado de Honduras al pago de inmediato de dicha cantidad. 3) Que adelantado que fue el procedimiento, en fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia definitiva mediante la cual, primero declaró procedente la acción relacionada en el inciso que antecede, segundo anula totalmente lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 064-2007-SS, de fecha 18 de julio de 2007 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, y tercero, falla reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, a pagarle a la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.14,273,441.39), misma que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil ocho, conociendo en apelación y por la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en fecha ocho de mayo de dos mil nueve, conociendo en casación.(folios 679 al 684, f.691 al 693 y f.694 al 697 ). 3) Que una vez firme la sentencia y encontrándose las diligencias en la fase de ejecución, el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición ya indicada, el dieciséis de mayo de dos mil once (ver folio 789 pp), compareció ante el Tribunal de Primera Instancia, demandando el pago por consignación contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud. Lo anterior, fue resuelto mediante sentencia dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil once (ver folio 814), declarándola: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la acción de Pago por Consignación realizada por la sociedad mercantil denominada Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V. a favor del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ordenar la inmediata, devolución, de las cantidades consignadas por el demandante mediante los siguientes cheques: 1)Cheque Nº 155071 de Banco del País de fecha 19 de agosto de 2010, por la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS. (L. 1, 284,771.00) 2) Cheque Nº 174196 de Banco del País de fecha 04 de mayo de 2011 por la cantidad de SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 6, 000,000.00). 3) Cheque Nº 174205 de Banco del País de fecha 11 de mayo de 2011 por la cantidad de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS. (L. 9, 198,111.95), todos a nombre de éste Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y por un valor total de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.16, 482,882.95)…”. (Ver folios 814 al 815 y 798 al 800 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que los hechos antes relacionados constituyen el génesis para que en fecha tres de agosto del año dos mil once (ver folio 825 pp), el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., compareció ante el Juez A-Quo, solicitando la liquidación de costas y que se ordenara embargo precautorio urgente hasta por el monto que corresponde a las costas del proceso, contra el ESTADO DE HONDURAS. El Juzgado, el cuatro de agosto de dos mil once, resolvió: ”PRIMERO: Admitir a trámite la liquidación de Costas presentada por el Apoderado de la parte demandante, Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, y al efecto se ordena dar vista en la Secretaría del Despacho de la referida liquidación a la parte demandada, para que dentro del término de tres (3) días se pronuncie sobre la misma. SEGUNDO: Por así disponerlo la norma del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción, se adopta como medida para asegurar la ejecución de la sentencia, decretar el embargo solicitado y al efecto, tomando en consideración por un lado, lo resuelto en la sentencia del 29 de junio de 2011 y por otro el hecho de que los cheques cuya devolución ha sido resuelta se encuentra a nombre de éste Juzgado, y para llevar a feliz término dicha devolución, que se proceda a depositar dichos Títulos valores en la cuenta Nº 1110104000022-8 que mantiene éste Juzgado en el Banco Central de Honduras, tal y como se decidió en la sentencia aludida. Una vez realizado dicho depósito procédase, en primer lugar a trabar embargo sobre cuenta Nº 1110104000022-8 que mantiene este Juzgado en el Banco Central de Honduras hasta por la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L, 2,472,432.44) y una vez trabado dicho embargo que se proceda, previa entrega de Recibo correspondiente por parte de las Autoridades del Banco Central de Honduras, a poner a disposición de dicha entidad la cantidad no afectada por el embargo decretado, misma que asciende a CATORCE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.14,010,450.51) para que emita el Cheque o Título Valor correspondiente a favor de la Tesorería General de la República…” (Ver folios 825 al 828 de la primera pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha dos de septiembre de dos mil once, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia interlocutoria de liquidación de costas, mediante la cual falló: “PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE LIQUIDACION DE COSTAS PRESENTADAS POR EL DEMANDANTE, SEGUNDO: LIQUIDAR DICHAS COSTAS POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.2,472,432.45). TERCERO: CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD AL PAGO DE DICHA CANTIDAD…“ (Ver folios 859 al 860 del extracto de la primera pieza de los antecedentes). 6) Que el cuatro de enero del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, conociendo en apelación la sentencia de pago por consignación dictada en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto, por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud. SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, en los numerales primero, segundo y tercero.- TERCERO: REVOCAR el numeral cuatro por considerar esta Corte de Apelaciones que la demandante tuvo motivos bastantes para litigar en la sentencia de acción de pago por consignación de fecha veintinueve de junio de dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Municipio del Distrito Central…” (Ver folios 34 al 38 de la pieza (A) 278-2007 de los antecedentes). 7) Que el cinco de enero del año dos mil doce, la indicada Corte de Apelaciones, conociendo en apelación el auto dictado en fecha cuatro de agosto de dos mil once, resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud. SEGUNDO: REVOCAR el auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Municipio del Distrito Central que consta del folio número ochocientos veintisiete frente (827f.) a folio número ochocientos veintiocho frente (828f.) de la pieza principal de autos. Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto SIN COSTAS.” (Ver folios 39 al 42 de la pieza (A) 278-2007 de los antecedentes). 8) Que el seis de enero de dos mil doce, la Corte de Apelaciones citada, conociendo en apelación la sentencia interlocutoria de liquidación de costas dictada en fecha dos de septiembre de dos mil once, falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia interlocutoria de fecha dos de septiembre del dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central que consta del folio numero ochocientos cincuenta y nueve frente (859f.) a folio numero ochocientos sesenta frente (860f.) del extracto de la pieza principal de autos. Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto SIN COSTAS.” (Ver folios 31 al 33 de la pieza (B) 278-2007 de los antecedentes). 9) Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de marzo del año dos mil doce, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., afirmando que la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria de fechas cuatro, cinco y seis de enero dos de dos mil doce, emitidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, son violatorias de lo dispuesto en los artículos 127, 128 numerales 3 y 5 párrafo segundo, 133, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso la Sala, el doce de septiembre de dos mil doce. CONSIDERANDO 1: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 2: Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S.DE R.L., al considerar que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta derechos constitucionales, como el debido proceso y el principio de legalidad, así como el derecho a un salario; en tres resoluciones dictadas en fechas cuatro, cinco y seis de enero del año dos mil doce, respecto a la solicitud de Pago en Consignación que interpusiere contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA; relacionadas todas esas resoluciones, con la condena en costas, que fue objeto de apelación. De forma tal, que el análisis del amparo incoado, procederá a realizarse por esta Sala de lo Constitucional, refiriendo a las tres resoluciones y el derecho o derechos que en ellas, se considera vulnerado por el recurrente. CONSIDERANDO 3: Que el recurrente plantea que el ad quem, en su sentencia de fecha cuatro de enero del año dos mil doce, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, en cuanto a la condena en costas decretadas por el a quo, teniendo como fundamento para ello, que la parte demandada tuvo motivo bastante para litigar, así como que el tribunal desconoció, previo al traslado para pronunciarse sobre la consignación, que se le quería hacer entrega de la misma, obviando que se acreditó documentalmente el ofrecimiento del pago de la cantidad indebidamente pagada y la respuesta del Estado al respecto, omisiones que según el recurrente, constituyen violación a los derechos fundamentales consignados. CONSIDERANDO 4: Que el recurrente además alega que el ad quem, en su sentencia de fecha cinco de enero del año dos mil doce, declara con lugar el recurso de apelación promovido por el apoderado legal del Estado de Honduras, y mediante la cual se revoca el auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil once, el que a su vez admite la liquidación de costas presentadas por su parte y manifiesta que el embargo dictado por el a quo no procede al momento de la ejecución; concluyendo que dicha decisión judicial, contradice normas procesales en vista de que conoce del recurso, en efecto devolutivo. CONSIDERANDO 5: Que para finalizar el recurrente manifiesta que el ad quem, en su sentencia de fecha seis de enero del año dos mil doce, como resultado de las dos sentencias anteriormente dictadas y relacionadas por la misma Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, expresa que no existen costas que liquidar en virtud de haber sido revocada por dicha Corte, las costas a que fue condenada la demandada. CONSIDERANDO 6: Que una vez resumidas las tres resoluciones recurridas en amparo, la Sala de lo Constitucional señala que el thema decidendi en el presente, por peticionarlo asi el recurrente, consiste en determinar si es procedente o no la aprobación y la liquidación de las costas solicitadas por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, por la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SENTENCIA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, Y CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS AL PAGO DE DICHA CANTIDAD. En ese sentido se debe mencionar que el artículo 303 de la Constitución de la República, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes; en tal virtud se debe mencionar que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sino que se trata de una decisión de mera legalidad, en tanto los jueces de instancia son los competentes para considerar los hechos y determinar o no la existencia de la suficiencia, o motivos bastantes que tuvo la parte demandante para litigar; como así lo concluyó la Corte de Apelaciones en su sentencia recurrida en amparo. CONSIDERANDO 7: Que no obstante lo anterior, de la revisión de los antecedentes consta a folio 798 de la primera pieza, que el abogado ahora recurrente en amparo, no es el abogado apoderado de la Empresa SATO S. de R. L., quien interpuso la acción del procedimiento de pago por consignación, sino que está acreditado que el Abogado Carlos Dagoberto Medina Salazar, en su condición de apoderado legal de sociedad mercantil “Constructora SATO s. de R. L. de C. V.”, fue quien devolvió al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cantidad de de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS; indebidamente pagadas por el Estado de Honduras a la empresa mencionada. Se debe mencionar, que el procedimiento de pago por consignación, consiste en haber agotado el requisito legal de “haber hecho de manera fehaciente el ofrecimiento de la devolución del dinero al Estado, y que conste en autos que éste, es decir el Estado lo hubiese rechazado”; por otra parte, ya la ley adjetiva manda que es obligación del demandante “la devolución del dinero que erróneamente se le entrega”, pero sin instar este tipo de procedimiento. Lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 1454, 1455 y 2206 del Código Civil, por cuanto la decisión del tribunal de alzada, se enmarcan dentro de las formalidades que exige el proceso para ser considerado “debido”, como derecho fundamental, reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República y susceptible de ser garantizado, mediante el recurso extraordinario de amparo. CONSIDERANDO 8: Que al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha enfatizado que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra según su titulación, las “garantías judiciales”, establece lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho al debido proceso y su aplicación no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, como en efecto consta que ha ocurrido en el presente caso. CONSIDERANDO 9: Que en tal virtud, el ad quem, al exonerar de la condena en costas al Estado de Honduras como parte demandada, actuó en observancia al debido proceso y en consecuencia, NO vulnera este derecho reconocido en el artículo 90 de nuestra Carta Magna; razón por la cual, es procedente denegar del presente amparo. CONSIDERANDO 10: Que siendo que las otras dos resoluciones por las que se ha solicitado amparo, de fechas cinco y seis de enero del año dos mil doce, han sido dictadas por el ad quem, como consecuencia de la resolución de fecha cuatro de enero del año dos mil doce, en la que el ad quem exime del pago de costas a la parte demandada, pese a haberse otorgado la demanda; al considerar esta Sala de lo Constitucional la denegatoria del amparo en cuanto a la resolución que las origina, no se pronuncia individualmente respecto a ellas, ya que implícitamente se ven modificadas, en el sentido de que, al quedar firme la decisión de revocar la liquidación de costas supramencionada, consecuentemente quedan sin valor ni efecto lo dispuesto en las sentencias de fechas cinco y seis de enero del año dos mil doce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la Republica, oído el parecer del fiscal, por UNANIMIDAD de votos en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 63, 90, 183, 303, 304, 313 Nº 5 y 8, 316 Nº 1, y 319 de La Constitución de la Republica; artículos 8 Nº 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1,3 Nº 2,9 Nº 2, 41 Nº 2, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1457 del Código Civil; 192 y Título XIII del Código de Procedimientos Comunes; 78 atribución 5ta., de La Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., contra las sentencias proferidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta sección judicial, en fechas cuatro, cinco y seis de enero todas del año dos mil doce, y en consecuencia, queda firme la sentencia de fecha seis de enero del año dos mil doce, recurrida en amparo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de noviembre de dos mil trece. Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, contra la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil trece, pronunciada por esta Sala de lo Constitucional recaída en el presente recurso de amparo interpuesto por el mencionado recurrente a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. de R.L., contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fechas cuatro, cinco y seis de enero del año dos mil doce, que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria respectivamente, dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN; con relación a la demanda de pago por consignación promovida por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L., en contra del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que mediante sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil trece, esta Sala estimó procedente la denegatoria de las presentes diligencias por considerar que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sino que se trata de una decisión de mera legalidad, en tanto los jueces de instancia son los competentes para considerar los hechos y determinar o no la existencia de la suficiencia, o motivos bastantes que tuvo la parte demandante para litigar. CONSIDERANDO (2): Que del escrito de interposición del recurso de reposición planteado por el recurrente se aprecia que éste alega en lo conducente lo siguiente (sic) “3. Que la Sentencia de fecha dictada por el A-quo en fecha 29 de junio del 2011, al declarar CON LUGAR la acción de Pago por consignación, ordenando la inmediata devolución, véase folios 814, 815, 798 al 800 de la primera pieza de los antecedentes. Cabe señalar que en todo momento el Abogado del Estado se opuso hasta el pago en consignación trayendo alegatos de instancia de los cuales ya tiene el carácter de cosa juzgada, demostrando la oposición hasta de los actos de honradez de los ciudadanos como es el ejemplo de mi mandante al devolver cantidades entregadas erróneamente, además condenándosele al pago de las costas debidas. Véase el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1456 del Código Civil. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia de fecha cuatro de enero de dos mil doce, declara con lugar el recurso de apelación ÚNICAMENTE EN CUANTO A LA CONDENA EN COSTAS DECRETADAS POR EL A QUO, al establecer en su considerando número 8, lo siguiente: “La parte podrá ser exonerada del pago de costas, cuando por naturaleza de la cuestiones debatidas haya habido, a juicio del Tribuna, motivo bastante para litigar, y nos consta en autos que se siguió el procedimiento establecido en los artículos 1454 y 1455 del Código Civil, ya que a la parte demandada no se le hizo el ofrecimiento del pago, y que éste se negara sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, teniendo conocimiento del mismo hasta que el Juzgado le dio traslado para que se pronunciara sobre la consignación antes mencionada.” Se acompañan nuevamente las notas de agradecimiento, perdón y reconocimiento de parte del entonces Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, de la Presidente del Banco Central de Honduras, y del mismo Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa, por la intención de proceder a la devolución de dicho dinero, tan es así que desde el primer pago indebido por parte del Estado de Honduras a favor de mi representado, por UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (1,284,771.00), mi representado mediante cruce de notas que constan en autos (VER FOLIO 796) le informó al Estado que se consignaba para su devolución el cheque número 155071 del Banco del País, de fecha 19 de agosto de 2010 por dicha cantidad. Sin embargo, no consta que el Estado haya acudido a retirar la cantidad de dinero que mi representado devolvió, es por esa razón que nos llama poderosamente la atención que el Tribunal de alzada argumente en su sentencia que el Estado de Honduras no tuvo conocimiento del ofrecimiento de pago hasta que el Juzgado le dio traslado que se pronunciara sobre la consignación antes mencionada.” Asimismo, alega que la sentencia dictada por este alto Tribunal ha vulnerado en perjuicio de su representada la garantía del debido proceso, al prescindir del artículo 1457 del Código Civil, donde la norma civil ampara a su mandante a que le sean reconocidas las costas del juicio, ya que siendo procedente la acción de pago por consignación y por así disponerlo el citado artículo 1457 del Código Civil, el pago de los gastos corresponden al acreedor, por lo que no se puede dejar al arbitrio del Juez si tuvo o no motivos para litigar ya que ello solo procede cuando no hay una norma jurídica que indique a quien le corresponde pagar las costas del juicio. CONSIDERANDO (3): Que según lo disponen los artículos 1454, 1455 y 1457 del Código Civil, “(1454) Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. La consignación por si sola producirá el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente, o cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o se haya extraviado el título de la obligación.”; “(1455) Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación.”; y “(1457)Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acreedor.” CONSIDERANDO (4): Que mediante sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró con lugar la acción de pago por consignación realizada por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. de R.L. de C.V., contra el Estado de Honduras, condenando en costas a la parte vencida en juicio; por lo que en fecha dos de septiembre del año dos mil once, el Juzgado de Letras citado dictó sentencia mediante la cual aprobó la solicitud de Liquidación de costas presentadas por el demandante, condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, al pago de la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. (L.2,472,432.45) en concepto de costas. CONSIDERANDO (5): Que de la motivación del fallo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, se advierte como un aspecto relevante el hecho que el mismo establece en su considerando segundo, que siguiéndose con el trámite de Ley, se le dio traslado a la parte demandada, quien no se pronunció sobre la consignación realizada. En este sentido, el Ad-quem es conteste al afirmar está declaración en los considerandos tres y cuatro de la motivación de su fallo de fecha cuatro de enero de dos mil doce; asimismo, la autoridad recurrida en el fallo relacionado, establece en su considerando octavo lo siguiente: (sic) “CONSIDERANDO: (8) Que la parte podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar, y no consta en autos que se siguió el procedimiento establecido en los artículos 1454 y 1455 del Código Civil, ya que a la parte demandada no se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, teniendo conocimiento del mismo hasta que el juzgado le dio traslado para que se pronunciara sobre la consignación antes mencionada.” CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, tanto del agravio planteado por el recurrente en su escrito de reposición, como del estudio de los antecedentes se desprende lo siguiente: a) Que en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diez (2010), el Abogado Javier Armando Medina Verde, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., presentó escrito de devolución de cantidad pagada en exceso por la Secretaria de Finanzas, monto que asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (Lps.1,284,771.00), resolviendo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diez (2010), tener por presentado el cheque girado a favor de dicho juzgado por el monto antes relacionado y ordenó la vista a la parte demandada por el término de tres (3) días a fin de que se pronunciara sobre lo solicitado. (Folios 796 y 797); b) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil once (2011), el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., presentó acción judicial de pago por consignación, por considerar que “el Estado de Honduras de manera irresponsable en reiteradas ocasiones ha depositado a favor de mi representada cantidades millonarias de dinero por el mismo concepto, o sea, en virtud de la indemnización que se origino con la emisión de la Sentencia Definitiva Firme ejecutada judicialmente de manera forzosa; siendo precisos a la fecha mi representada ha recibido por el actuar irresponsable del Estado de Honduras la cantidad de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps.16,482,882.95), cantidad que ha sido recibida en tres momentos y que se encuentra reflejada en las devoluciones realizadas a través de los siguientes Cheques de Caja librados a favor de este Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo: 1) Cheque de Caja número 155071 emitido por BANCO DEL PAIS a favor del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 19 de Agosto de 2010 por la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,284,771.00), consignado en este Juzgado en fecha 01 de septiembre de 2010; 2) Cheque de Caja número 174196 emitido por BANCO DEL PAIS a favor del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 04 de mayo de 2011 por la cantidad de SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,000,000.00), el cual se consigna en este Juzgado en esta fecha por medio de la presente acción judicial, por lo cual el mismo se acompaña en original y copia y 3) Cheque de Caja número 174205 a favor del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 11 de mayo de 2011 por la cantidad de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps.9,198,111.95), el cual se consigna en esta fecha por medio de la presente acción judicial, por lo cual el mismo se acompaña en original y copia. Cantidades de dinero sobre las cuales desde el primer momento se ha puesto en conocimiento del Estado de Honduras para que proceda a enmendar, pero en vista de la negativa que el Estado de Honduras ha manifestado sobre el particular, ha surgido la obligación de restituir dichas cantidades millonarias de manera judicial; ya que el Estado de Honduras a pesar de tener pleno conocimiento del pago de lo no debido que realiza, se resiste a su restitución por lo que nos obliga a promover la presente acción de Pago por Consignación, para dar pleno cumplimiento a la obligación que tiene mi representada de restituir las cantidades recibidas únicamente por la irresponsabilidad del Estado de Honduras y que sea a través del Mandato Judicial que el Estado de Honduras sea obligado a recibir los valores que hoy consignamos”. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente fundamentó su recurso de reposición en los documentos siguientes: 1) Nota emitida en fecha nueve (9) de junio del año dos mil once (2011), por la Señora MARIA ELENA MONDRAGON DE VILLAR, como Presidenta del Banco Central de Honduras y dirigida al Licenciado CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, como Gerente General y Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., en respuesta a la nota enviada por dicho señor en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil once (2011), referente a los pagos que recibió la empresa antes referida por parte del Estado; donde se informa, que realizada la investigación correspondiente se determinó que sólo existía un pago efectuado el dos (2) de julio del año dos mil diez (2010), mediante cheque de caja número 128121 a nombre del Apoderado Legal de dicha Empresa, derivado de la demanda entablada contra la Secretaría de Salud, en atención a la orden del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; aclarando, que si dichos pagos se realizaron mediante el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), los mismos no eran identificados porque los archivos están protegidos; 2) Nota emitida en fecha dos (2) de junio del año dos mil once (2011), por el señor WILLIAM CHONG WONG como Secretario de Estado de la Secretaria de Finanzas, dirigida al Licenciado PORFIRIO LOBO SOSA como Presidente Constitucional de la República, donde se refiere a la nota de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil once (2011), presentada por el señor Carlos Roberto Chávez Serrano como Gerente General de la Empresa Constructora Sato, S. de R.L., en la que señala un doble pago por parte del Estado y la consignación de dichos valores en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, a raíz de una obligación de la Administración anterior que por falta de pago fue llevada a los tribunales de justicia, siendo debitado el valor adeudado de la cuenta que la Secretaria de Finanzas mantiene en el Banco Central de Honduras en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diez (2010), situación que fue conocida por la Tesorería General de la República hasta el ocho (8) de julio del año dos mil diez (2010), habiéndose iniciado ya el trámite normal de pago de dicha obligación en virtud del recibo de cobro presentado por dicha empresa, el cinco (5) de julio del año dos mil diez (2010), siendo que se estaban realizando las gestiones simultáneamente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a fin de que se ordenara el débito en la cuenta del Gobierno de Honduras en el Banco Central; realizándose en consecuencia, pagos parciales sobre dicha obligación aún y cuando ya había sido cancelada por el debito efectuado por el Banco Central en la cuenta a nombre de dicha Secretaria, dándose dicha situación por una falla en los mecanismos de control de la misma, tomándose las medidas del caso para evitar una situación similar; y 3) Nota emitida en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil once (2011), por el señor WILLIAM CHONG WONG como Secretario de Estado de la Secretaria de Finanzas, dirigida al Ingeniero CARLOS CHAVEZ SERRANO como Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato S. de R.L. de C.V., en acuse de recibo a la carta enviada por dicho señor en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil once (2011), y donde además se le agradece por la información sobre el reembolso de dicha empresa por él representada al Estado de Honduras. CONSIDERANDO (8): Que visto lo expuesto, ante el planteamiento del recurrente y del contraste efectuado entre sus argumentos y la realidad fáctica que se observa de los autos, resulta un hecho cierto e indubitado, que la motivación de la resolución emanada de esta Sala, específicamente en cuanto a definir el thema decidendi de la presente acción de amparo, limitó el análisis del problema jurídico planteado al pronunciamiento relativo a la tasación de costas, que se resolvieron con las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fechas cuatro, cinco y seis de enero de dos mil doce. CONSIDERANDO (9): Que siguiendo con la anterior línea de motivación, ante la vista de los planteamientos efectuados por el recurrente, resulta como un hecho imperativo para los efectos pertinentes a la tutela que debe garantizar esta Sala de lo Constitucional, pronunciarse con relación a si es o no debida, la motivación del considerando número ocho, que obra en la sentencia de fecha cuatro de enero de dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el Ad-quem ha emitido como un juicio de la alzada que (sic) “… no consta en autos que se siguió el procedimiento establecido en los artículos 1454 y 1455 del Código Civil, ya que a la parte demandada no se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este se negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha”, sin pronunciarse en cuanto al valor probatorio que supone para los efectos de acreditar el ofrecimiento de pago, el anuncio previo a la solicitud de consignación, que puede suponer el contenido del escrito de devolución de cantidad pagada en exceso por la Secretaria de Finanzas, monto que asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (Lps.1,284,771.00), presentado por el Abogado Javier Armando Medina Verde, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diez (2010), resolviendo el Tribunal de primera instancia, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diez (2010), tener por presentado el cheque girado a favor de dicho juzgado por el monto antes relacionado y ordenó la vista a la parte demandada por el término de tres (3) días a fin de que se pronunciara sobre lo solicitado. (Folios 796 y 797). CONSIDERANDO (10): Que este Tribunal ha establecido en reiterados fallos que la Garantía del Debido Proceso comprende, entre otros[1], que las resoluciones deben ser motivadas a efecto de que las partes conozcan las razones del por qué de una resolución, por ende la motivación es un elemento fundamental en la precitada garantía. Lo anterior, se debe entender de esta manera, toda vez que es un criterio tanto legal como jurisprudencial, el hecho reconocido de que la falta de motivación vicia el procedimiento, pues es deber del Juez indicar las razones del por qué de una resolución. En este caso específico, atendiendo a la taxatividad del contenido del artículo 1455 del Código Civil y a la regla que impone para los efectos pertinente al ofrecimiento de pago previo a la consignación, debió el Ad-quem, emitir un juicio claro, preciso y congruente con respecto tanto a la aplicabilidad de esta norma sustantiva, como en cuanto a lo demandado, determinando si el requisito contenido en el artículo en referencia, específicamente en lo pertinente al previo ofrecimiento de pago, era o no congruente con el pago por consignación presentado, con posterioridad al planteamiento efectuado por la parte recurrente ante el A-quo y que obra a folios 796 y 797 de los antecedentes de primera instancia; debiendo para tal efecto efectuar un estudio detenido de todos los antecedentes del caso, relativo a ese requisito concreto, del cual afirma como una certeza en lo conducente a ese considerando que (sic) “no consta en autos que … a la parte demandada se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este se negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha”, dando de esta forma y al efectuar un juicio de contraste con la realidad que este respecto pueden suponer el contenido de los folios 796 y 797 de la primera pieza, una adecuada respuesta a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, con respecto al pago por consignación efectuado. Haciendo la declaración correspondiente a su validez, sin obviar la circunstancia particular referente a si el contenido de los supra referidos folios, que son previos a la interposición de la solicitud de pago por consignación, se constituyen o no, como el antecedente de una oferta previa, misma que como ha quedado expuesto, se encuentra intrínsecamente vinculada a la determinación de la existencia o no de una oferta de pago, previa al planteamiento de la consignación y que al ser fundamento esencial de la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil doce, y con ello el fundamento tácito de lo resuelto en los fallos de fechas cinco y seis de enero de dos mil doce, resulta por ende en una responsabilidad insoslayable del Ad-quem, pronunciarse o valorar este aspecto concreto, previo a desestimar su existencia sin valorar el contenido de estos hechos, que obran en la foliada de la demanda, y procediendo de conformidad a dictar su fallo, confirmando, reformando o anulando lo resuelto por el Iudex A-quo y decidiendo en definitiva, sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y cuando éstos hubieran sido varios, haciéndolo con la debida valoración y separación, concluyendo en el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. CONSIDERANDO (11): Que aunado a lo expuesto, y si bien esta Sala estimó procedente denegar el amparo de mérito por considerar en su momento que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sin embargo de las argumentaciones que ha plasmado el recurrente en su recurso de reposición y de un posterior análisis de los antecedentes, se aprecia que al haberse dictado sentencia mediante la cual se declaró con lugar la acción de pago por consignación interpuesta contra el Estado de Honduras, condenándolo al pago de costas del juicio, corresponde a éste (El Estado de Honduras) el pago de las costas del juicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 1457 del Código Civil. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto resulta procedente declarar con lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. de R.L. de C.V. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1457 del Código Civil; RESUELVE: 1º. DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS; 2º. En consecuencia se REPONE la sentencia dictada por esta Sala en fecha uno de octubre de dos mil trece mediante la cual se resolvía denegar la presente acción de amparo; 3º. OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. de R.L., contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fechas cuatro, cinco y seis de enero del año dos mil doce, que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria respectivamente, dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente resolución en la certificación del fallo para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de diciembre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil trece y de la resolución de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, ambas recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.263=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de octubre del año dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., contra las sentencias proferidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta sección judicial, en fechas cuatro, cinco y seis de enero todas de dos mil doce, que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria respectivamente, dictadas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fechas veintinueve de junio, cuatro de agosto y dos de septiembre del año dos mil once; respectivamente con relación a la demanda de pago por consignación promovida por el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Estima el recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violado en perjuicio de su representada los artículos 127, 128 numerales 3 y 5 párrafo segundo, 133, 321 y 323 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S. 1) Que la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., siguiendo el procedimiento en la vía administrativa, presentó reclamo administrativo al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el pago de una cantidad de dinero en concepto de obligaciones pendientes de pago, a lo que en fecha 18 de julio de 2007, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, emitió la Resolución No. 064-2007-SS, mediante la cual en el numeral primero establece que es cierto que esa Secretaría de Estado solicitó, en el marco de la ejecución del proyecto 00012889 denominado “APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD”, en fecha 27 de julio de 2005, SOLICITO al programa de las Naciones Unidas PNUD, que suscribiera con la “CONSTRUCTORA SATO S. de R. L. de C. V.” el contrato de obra públicas de remodelación de “AREA DE QUIROFANOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI Y LABORATOIROS DE HEMODIANA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX”; así como en el numeral segundo establece la suscripción de la “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN” que esa Secretaría de Estado, resolviendo que declara SIN LUGAR EL RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA OBTENER MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE DOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA remodelación de “AREA DE QUIROFANOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI Y LABORATOIROS DE HEMODIANA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, EN VIRTUD DE QUE DICHA SECRETARÍA NO HA SUSCRITO LA EMPRESA MERCANTIl denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., NINGUN CONTRATO, EN CONSENCUENCIA CUALQUIER RECLAMO DEBE HACERSE ANTE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS (PNUD). 2) Que en fecha doce de septiembre de dos mil siete, el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, contenido en la Resolución No 064-2007 SS antes relacionada, emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud el 18 de julio de 2007 por no ser conforme a derecho, asimismo solicitó el reconocimiento de una situación jurídica individualizada a efecto de que se ordenara el pago de obligaciones pendientes contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud. Sostiene el apoderado legal de la empresa mercantil que la República de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud convocó a una a una Licitación Pública Nacional IAL/00012889/0121-2005, para el contrato de Obra Pública de remodelación de “AREA DE QUIROFANOS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI Y LABORATOIROS DE HEMODIANA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX”; y “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN”. Asegura el demandante que las obras fueron concluidas y recepcionadas por la Secretaría de estado en los Despachos de Salud, sin embargo, señala que existen obligaciones pendientes de pago, adeudando a la fecha el Estado de Honduras a través de la Secretaría supramencionada, la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON TREINTA U TRES CENTAVOS DE LEMPIRAS (L14.204,530.33), peticionando al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que se condene al Estado de Honduras al pago de inmediato de dicha cantidad. 3) Que adelantado que fue el procedimiento, en fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia definitiva mediante la cual, primero declaró procedente la acción relacionada en el inciso que antecede, segundo anula totalmente lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 064-2007-SS, de fecha 18 de julio de 2007 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, y tercero, falla reconociendo la situación jurídica individualizada del demandante y condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, a pagarle a la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., la cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.14,273,441.39), misma que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil ocho, conociendo en apelación y por la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en fecha ocho de mayo de dos mil nueve, conociendo en casación.(folios 679 al 684, f.691 al 693 y f.694 al 697 ). 3) Que una vez firme la sentencia y encontrándose las diligencias en la fase de ejecución, el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición ya indicada, el dieciséis de mayo de dos mil once (ver folio 789 pp), compareció ante el Tribunal de Primera Instancia, demandando el pago por consignación contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud. Lo anterior, fue resuelto mediante sentencia dictada en fecha veintinueve de junio de dos mil once (ver folio 814), declarándola: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la acción de Pago por Consignación realizada por la sociedad mercantil denominada Constructora SATO, S. DE R.L. DE C.V. a favor del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ordenar la inmediata, devolución, de las cantidades consignadas por el demandante mediante los siguientes cheques: 1)Cheque Nº 155071 de Banco del País de fecha 19 de agosto de 2010, por la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS. (L. 1, 284,771.00) 2) Cheque Nº 174196 de Banco del País de fecha 04 de mayo de 2011 por la cantidad de SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 6, 000,000.00). 3) Cheque Nº 174205 de Banco del País de fecha 11 de mayo de 2011 por la cantidad de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS. (L. 9, 198,111.95), todos a nombre de éste Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y por un valor total de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.16, 482,882.95)…”. (Ver folios 814 al 815 y 798 al 800 de la primera pieza de los antecedentes). 4) Que los hechos antes relacionados constituyen el génesis para que en fecha tres de agosto del año dos mil once (ver folio 825 pp), el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., compareció ante el Juez A-Quo, solicitando la liquidación de costas y que se ordenara embargo precautorio urgente hasta por el monto que corresponde a las costas del proceso, contra el ESTADO DE HONDURAS. El Juzgado, el cuatro de agosto de dos mil once, resolvió: ”PRIMERO: Admitir a trámite la liquidación de Costas presentada por el Apoderado de la parte demandante, Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, y al efecto se ordena dar vista en la Secretaría del Despacho de la referida liquidación a la parte demandada, para que dentro del término de tres (3) días se pronuncie sobre la misma. SEGUNDO: Por así disponerlo la norma del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción, se adopta como medida para asegurar la ejecución de la sentencia, decretar el embargo solicitado y al efecto, tomando en consideración por un lado, lo resuelto en la sentencia del 29 de junio de 2011 y por otro el hecho de que los cheques cuya devolución ha sido resuelta se encuentra a nombre de éste Juzgado, y para llevar a feliz término dicha devolución, que se proceda a depositar dichos Títulos valores en la cuenta Nº 1110104000022-8 que mantiene éste Juzgado en el Banco Central de Honduras, tal y como se decidió en la sentencia aludida. Una vez realizado dicho depósito procédase, en primer lugar a trabar embargo sobre cuenta Nº 1110104000022-8 que mantiene este Juzgado en el Banco Central de Honduras hasta por la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L, 2,472,432.44) y una vez trabado dicho embargo que se proceda, previa entrega de Recibo correspondiente por parte de las Autoridades del Banco Central de Honduras, a poner a disposición de dicha entidad la cantidad no afectada por el embargo decretado, misma que asciende a CATORCE MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.14,010,450.51) para que emita el Cheque o Título Valor correspondiente a favor de la Tesorería General de la República…” (Ver folios 825 al 828 de la primera pieza de los antecedentes). 5) Que en fecha dos de septiembre de dos mil once, el Juzgado de Letras citado, dictó sentencia interlocutoria de liquidación de costas, mediante la cual falló: “PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE LIQUIDACION DE COSTAS PRESENTADAS POR EL DEMANDANTE, SEGUNDO: LIQUIDAR DICHAS COSTAS POR LA CANTIDAD DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.2,472,432.45). TERCERO: CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD AL PAGO DE DICHA CANTIDAD…“ (Ver folios 859 al 860 del extracto de la primera pieza de los antecedentes). 6) Que el cuatro de enero del año dos mil doce, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, conociendo en apelación la sentencia de pago por consignación dictada en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto, por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud. SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, en los numerales primero, segundo y tercero.- TERCERO: REVOCAR el numeral cuatro por considerar esta Corte de Apelaciones que la demandante tuvo motivos bastantes para litigar en la sentencia de acción de pago por consignación de fecha veintinueve de junio de dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Municipio del Distrito Central…” (Ver folios 34 al 38 de la pieza (A) 278-2007 de los antecedentes). 7) Que el cinco de enero del año dos mil doce, la indicada Corte de Apelaciones, conociendo en apelación el auto dictado en fecha cuatro de agosto de dos mil once, resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud. SEGUNDO: REVOCAR el auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, Municipio del Distrito Central que consta del folio número ochocientos veintisiete frente (827f.) a folio número ochocientos veintiocho frente (828f.) de la pieza principal de autos. Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto SIN COSTAS.” (Ver folios 39 al 42 de la pieza (A) 278-2007 de los antecedentes). 8) Que el seis de enero de dos mil doce, la Corte de Apelaciones citada, conociendo en apelación la sentencia interlocutoria de liquidación de costas dictada en fecha dos de septiembre de dos mil once, falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por el Abogado GEOVANY FRANCISCO GARCIA RIVERA, en su condición de Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia interlocutoria de fecha dos de septiembre del dos mil once, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central que consta del folio numero ochocientos cincuenta y nueve frente (859f.) a folio numero ochocientos sesenta frente (860f.) del extracto de la pieza principal de autos. Y MANDA: Que luego que adquiera el carácter de firme esta sentencia se comunique al Juzgado de su procedencia por medio de la certificación respectiva a efecto de que proceda de conformidad con lo resuelto SIN COSTAS.” (Ver folios 31 al 33 de la pieza (B) 278-2007 de los antecedentes). 9) Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta de marzo del año dos mil doce, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., afirmando que la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria de fechas cuatro, cinco y seis de enero dos de dos mil doce, emitidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, son violatorias de lo dispuesto en los artículos 127, 128 numerales 3 y 5 párrafo segundo, 133, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado el recurso la Sala, el doce de septiembre de dos mil doce. CONSIDERANDO 1: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 2: Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S.DE R.L., al considerar que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, violenta derechos constitucionales, como el debido proceso y el principio de legalidad, así como el derecho a un salario; en tres resoluciones dictadas en fechas cuatro, cinco y seis de enero del año dos mil doce, respecto a la solicitud de Pago en Consignación que interpusiere contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA; relacionadas todas esas resoluciones, con la condena en costas, que fue objeto de apelación. De forma tal, que el análisis del amparo incoado, procederá a realizarse por esta Sala de lo Constitucional, refiriendo a las tres resoluciones y el derecho o derechos que en ellas, se considera vulnerado por el recurrente. CONSIDERANDO 3: Que el recurrente plantea que el ad quem, en su sentencia de fecha cuatro de enero del año dos mil doce, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto, en cuanto a la condena en costas decretadas por el a quo, teniendo como fundamento para ello, que la parte demandada tuvo motivo bastante para litigar, así como que el tribunal desconoció, previo al traslado para pronunciarse sobre la consignación, que se le quería hacer entrega de la misma, obviando que se acreditó documentalmente el ofrecimiento del pago de la cantidad indebidamente pagada y la respuesta del Estado al respecto, omisiones que según el recurrente, constituyen violación a los derechos fundamentales consignados. CONSIDERANDO 4: Que el recurrente además alega que el ad quem, en su sentencia de fecha cinco de enero del año dos mil doce, declara con lugar el recurso de apelación promovido por el apoderado legal del Estado de Honduras, y mediante la cual se revoca el auto de fecha cuatro de agosto del año dos mil once, el que a su vez admite la liquidación de costas presentadas por su parte y manifiesta que el embargo dictado por el a quo no procede al momento de la ejecución; concluyendo que dicha decisión judicial, contradice normas procesales en vista de que conoce del recurso, en efecto devolutivo. CONSIDERANDO 5: Que para finalizar el recurrente manifiesta que el ad quem, en su sentencia de fecha seis de enero del año dos mil doce, como resultado de las dos sentencias anteriormente dictadas y relacionadas por la misma Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, expresa que no existen costas que liquidar en virtud de haber sido revocada por dicha Corte, las costas a que fue condenada la demandada. CONSIDERANDO 6: Que una vez resumidas las tres resoluciones recurridas en amparo, la Sala de lo Constitucional señala que el thema decidendi en el presente, por peticionarlo asi el recurrente, consiste en determinar si es procedente o no la aprobación y la liquidación de las costas solicitadas por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, por la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SENTENCIA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS, Y CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS AL PAGO DE DICHA CANTIDAD. En ese sentido se debe mencionar que el artículo 303 de la Constitución de la República, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes; en tal virtud se debe mencionar que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sino que se trata de una decisión de mera legalidad, en tanto los jueces de instancia son los competentes para considerar los hechos y determinar o no la existencia de la suficiencia, o motivos bastantes que tuvo la parte demandante para litigar; como así lo concluyó la Corte de Apelaciones en su sentencia recurrida en amparo. CONSIDERANDO 7: Que no obstante lo anterior, de la revisión de los antecedentes consta a folio 798 de la primera pieza, que el abogado ahora recurrente en amparo, no es el abogado apoderado de la Empresa SATO S. de R. L., quien interpuso la acción del procedimiento de pago por consignación, sino que está acreditado que el Abogado Carlos Dagoberto Medina Salazar, en su condición de apoderado legal de sociedad mercantil “Constructora SATO s. de R. L. de C. V.”, fue quien devolvió al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, la cantidad de de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRAS; indebidamente pagadas por el Estado de Honduras a la empresa mencionada. Se debe mencionar, que el procedimiento de pago por consignación, consiste en haber agotado el requisito legal de “haber hecho de manera fehaciente el ofrecimiento de la devolución del dinero al Estado, y que conste en autos que éste, es decir el Estado lo hubiese rechazado”; por otra parte, ya la ley adjetiva manda que es obligación del demandante “la devolución del dinero que erróneamente se le entrega”, pero sin instar este tipo de procedimiento. Lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 1454, 1455 y 2206 del Código Civil, por cuanto la decisión del tribunal de alzada, se enmarcan dentro de las formalidades que exige el proceso para ser considerado “debido”, como derecho fundamental, reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República y susceptible de ser garantizado, mediante el recurso extraordinario de amparo. CONSIDERANDO 8: Que al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha enfatizado que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra según su titulación, las “garantías judiciales”, establece lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho al debido proceso y su aplicación no se limita a los recursos judiciales en un sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, como en efecto consta que ha ocurrido en el presente caso. CONSIDERANDO 9: Que en tal virtud, el ad quem, al exonerar de la condena en costas al Estado de Honduras como parte demandada, actuó en observancia al debido proceso y en consecuencia, NO vulnera este derecho reconocido en el artículo 90 de nuestra Carta Magna; razón por la cual, es procedente denegar del presente amparo. CONSIDERANDO 10: Que siendo que las otras dos resoluciones por las que se ha solicitado amparo, de fechas cinco y seis de enero del año dos mil doce, han sido dictadas por el ad quem, como consecuencia de la resolución de fecha cuatro de enero del año dos mil doce, en la que el ad quem exime del pago de costas a la parte demandada, pese a haberse otorgado la demanda; al considerar esta Sala de lo Constitucional la denegatoria del amparo en cuanto a la resolución que las origina, no se pronuncia individualmente respecto a ellas, ya que implícitamente se ven modificadas, en el sentido de que, al quedar firme la decisión de revocar la liquidación de costas supramencionada, consecuentemente quedan sin valor ni efecto lo dispuesto en las sentencias de fechas cinco y seis de enero del año dos mil doce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la Republica, oído el parecer del fiscal, por UNANIMIDAD de votos en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 63, 90, 183, 303, 304, 313 Nº 5 y 8, 316 Nº 1, y 319 de La Constitución de la Republica; artículos 8 Nº 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1,3 Nº 2,9 Nº 2, 41 Nº 2, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1457 del Código Civil; 192 y Título XIII del Código de Procedimientos Comunes; 78 atribución 5ta., de La Ley de Organización y Atribuciones de Los Tribunales. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. DE R.L., contra las sentencias proferidas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta sección judicial, en fechas cuatro, cinco y seis de enero todas del año dos mil doce, y en consecuencia, queda firme la sentencia de fecha seis de enero del año dos mil doce, recurrida en amparo; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado LIZARDO CARRANZA. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUAREZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de noviembre de dos mil trece. Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, contra la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil trece, pronunciada por esta Sala de lo Constitucional recaída en el presente recurso de amparo interpuesto por el mencionado recurrente a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. de R.L., contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fechas cuatro, cinco y seis de enero del año dos mil doce, que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria respectivamente, dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN; con relación a la demanda de pago por consignación promovida por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L., en contra del ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que mediante sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil trece, esta Sala estimó procedente la denegatoria de las presentes diligencias por considerar que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sino que se trata de una decisión de mera legalidad, en tanto los jueces de instancia son los competentes para considerar los hechos y determinar o no la existencia de la suficiencia, o motivos bastantes que tuvo la parte demandante para litigar. CONSIDERANDO (2): Que del escrito de interposición del recurso de reposición planteado por el recurrente se aprecia que éste alega en lo conducente lo siguiente (sic) “3. Que la Sentencia de fecha dictada por el A-quo en fecha 29 de junio del 2011, al declarar CON LUGAR la acción de Pago por consignación, ordenando la inmediata devolución, véase folios 814, 815, 798 al 800 de la primera pieza de los antecedentes. Cabe señalar que en todo momento el Abogado del Estado se opuso hasta el pago en consignación trayendo alegatos de instancia de los cuales ya tiene el carácter de cosa juzgada, demostrando la oposición hasta de los actos de honradez de los ciudadanos como es el ejemplo de mi mandante al devolver cantidades entregadas erróneamente, además condenándosele al pago de las costas debidas. Véase el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1456 del Código Civil. 4. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su sentencia de fecha cuatro de enero de dos mil doce, declara con lugar el recurso de apelación ÚNICAMENTE EN CUANTO A LA CONDENA EN COSTAS DECRETADAS POR EL A QUO, al establecer en su considerando número 8, lo siguiente: “La parte podrá ser exonerada del pago de costas, cuando por naturaleza de la cuestiones debatidas haya habido, a juicio del Tribuna, motivo bastante para litigar, y nos consta en autos que se siguió el procedimiento establecido en los artículos 1454 y 1455 del Código Civil, ya que a la parte demandada no se le hizo el ofrecimiento del pago, y que éste se negara sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, teniendo conocimiento del mismo hasta que el Juzgado le dio traslado para que se pronunciara sobre la consignación antes mencionada.” Se acompañan nuevamente las notas de agradecimiento, perdón y reconocimiento de parte del entonces Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, de la Presidente del Banco Central de Honduras, y del mismo Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa, por la intención de proceder a la devolución de dicho dinero, tan es así que desde el primer pago indebido por parte del Estado de Honduras a favor de mi representado, por UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (1,284,771.00), mi representado mediante cruce de notas que constan en autos (VER FOLIO 796) le informó al Estado que se consignaba para su devolución el cheque número 155071 del Banco del País, de fecha 19 de agosto de 2010 por dicha cantidad. Sin embargo, no consta que el Estado haya acudido a retirar la cantidad de dinero que mi representado devolvió, es por esa razón que nos llama poderosamente la atención que el Tribunal de alzada argumente en su sentencia que el Estado de Honduras no tuvo conocimiento del ofrecimiento de pago hasta que el Juzgado le dio traslado que se pronunciara sobre la consignación antes mencionada.” Asimismo, alega que la sentencia dictada por este alto Tribunal ha vulnerado en perjuicio de su representada la garantía del debido proceso, al prescindir del artículo 1457 del Código Civil, donde la norma civil ampara a su mandante a que le sean reconocidas las costas del juicio, ya que siendo procedente la acción de pago por consignación y por así disponerlo el citado artículo 1457 del Código Civil, el pago de los gastos corresponden al acreedor, por lo que no se puede dejar al arbitrio del Juez si tuvo o no motivos para litigar ya que ello solo procede cuando no hay una norma jurídica que indique a quien le corresponde pagar las costas del juicio. CONSIDERANDO (3): Que según lo disponen los artículos 1454, 1455 y 1457 del Código Civil, “(1454) Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. La consignación por si sola producirá el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente, o cuando esté incapacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o se haya extraviado el título de la obligación.”; “(1455) Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación.”; y “(1457)Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acreedor.” CONSIDERANDO (4): Que mediante sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró con lugar la acción de pago por consignación realizada por la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. de R.L. de C.V., contra el Estado de Honduras, condenando en costas a la parte vencida en juicio; por lo que en fecha dos de septiembre del año dos mil once, el Juzgado de Letras citado dictó sentencia mediante la cual aprobó la solicitud de Liquidación de costas presentadas por el demandante, condenando al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, al pago de la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. (L.2,472,432.45) en concepto de costas. CONSIDERANDO (5): Que de la motivación del fallo dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de junio del año dos mil once, se advierte como un aspecto relevante el hecho que el mismo establece en su considerando segundo, que siguiéndose con el trámite de Ley, se le dio traslado a la parte demandada, quien no se pronunció sobre la consignación realizada. En este sentido, el Ad-quem es conteste al afirmar está declaración en los considerandos tres y cuatro de la motivación de su fallo de fecha cuatro de enero de dos mil doce; asimismo, la autoridad recurrida en el fallo relacionado, establece en su considerando octavo lo siguiente: (sic) “CONSIDERANDO: (8) Que la parte podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya habido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar, y no consta en autos que se siguió el procedimiento establecido en los artículos 1454 y 1455 del Código Civil, ya que a la parte demandada no se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, teniendo conocimiento del mismo hasta que el juzgado le dio traslado para que se pronunciara sobre la consignación antes mencionada.” CONSIDERANDO (6): Que no obstante lo anterior, tanto del agravio planteado por el recurrente en su escrito de reposición, como del estudio de los antecedentes se desprende lo siguiente: a) Que en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diez (2010), el Abogado Javier Armando Medina Verde, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., presentó escrito de devolución de cantidad pagada en exceso por la Secretaria de Finanzas, monto que asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (Lps.1,284,771.00), resolviendo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diez (2010), tener por presentado el cheque girado a favor de dicho juzgado por el monto antes relacionado y ordenó la vista a la parte demandada por el término de tres (3) días a fin de que se pronunciara sobre lo solicitado. (Folios 796 y 797); b) Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil once (2011), el Abogado CARLOS DAGOBERTO MEDINA SALAZAR, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., presentó acción judicial de pago por consignación, por considerar que “el Estado de Honduras de manera irresponsable en reiteradas ocasiones ha depositado a favor de mi representada cantidades millonarias de dinero por el mismo concepto, o sea, en virtud de la indemnización que se origino con la emisión de la Sentencia Definitiva Firme ejecutada judicialmente de manera forzosa; siendo precisos a la fecha mi representada ha recibido por el actuar irresponsable del Estado de Honduras la cantidad de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps.16,482,882.95), cantidad que ha sido recibida en tres momentos y que se encuentra reflejada en las devoluciones realizadas a través de los siguientes Cheques de Caja librados a favor de este Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo: 1) Cheque de Caja número 155071 emitido por BANCO DEL PAIS a favor del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 19 de Agosto de 2010 por la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,284,771.00), consignado en este Juzgado en fecha 01 de septiembre de 2010; 2) Cheque de Caja número 174196 emitido por BANCO DEL PAIS a favor del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 04 de mayo de 2011 por la cantidad de SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,000,000.00), el cual se consigna en este Juzgado en esta fecha por medio de la presente acción judicial, por lo cual el mismo se acompaña en original y copia y 3) Cheque de Caja número 174205 a favor del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha 11 de mayo de 2011 por la cantidad de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA (Lps.9,198,111.95), el cual se consigna en esta fecha por medio de la presente acción judicial, por lo cual el mismo se acompaña en original y copia. Cantidades de dinero sobre las cuales desde el primer momento se ha puesto en conocimiento del Estado de Honduras para que proceda a enmendar, pero en vista de la negativa que el Estado de Honduras ha manifestado sobre el particular, ha surgido la obligación de restituir dichas cantidades millonarias de manera judicial; ya que el Estado de Honduras a pesar de tener pleno conocimiento del pago de lo no debido que realiza, se resiste a su restitución por lo que nos obliga a promover la presente acción de Pago por Consignación, para dar pleno cumplimiento a la obligación que tiene mi representada de restituir las cantidades recibidas únicamente por la irresponsabilidad del Estado de Honduras y que sea a través del Mandato Judicial que el Estado de Honduras sea obligado a recibir los valores que hoy consignamos”. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente fundamentó su recurso de reposición en los documentos siguientes: 1) Nota emitida en fecha nueve (9) de junio del año dos mil once (2011), por la Señora MARIA ELENA MONDRAGON DE VILLAR, como Presidenta del Banco Central de Honduras y dirigida al Licenciado CARLOS ROBERTO CHAVEZ SERRANO, como Gerente General y Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., en respuesta a la nota enviada por dicho señor en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil once (2011), referente a los pagos que recibió la empresa antes referida por parte del Estado; donde se informa, que realizada la investigación correspondiente se determinó que sólo existía un pago efectuado el dos (2) de julio del año dos mil diez (2010), mediante cheque de caja número 128121 a nombre del Apoderado Legal de dicha Empresa, derivado de la demanda entablada contra la Secretaría de Salud, en atención a la orden del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; aclarando, que si dichos pagos se realizaron mediante el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), los mismos no eran identificados porque los archivos están protegidos; 2) Nota emitida en fecha dos (2) de junio del año dos mil once (2011), por el señor WILLIAM CHONG WONG como Secretario de Estado de la Secretaria de Finanzas, dirigida al Licenciado PORFIRIO LOBO SOSA como Presidente Constitucional de la República, donde se refiere a la nota de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil once (2011), presentada por el señor Carlos Roberto Chávez Serrano como Gerente General de la Empresa Constructora Sato, S. de R.L., en la que señala un doble pago por parte del Estado y la consignación de dichos valores en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, a raíz de una obligación de la Administración anterior que por falta de pago fue llevada a los tribunales de justicia, siendo debitado el valor adeudado de la cuenta que la Secretaria de Finanzas mantiene en el Banco Central de Honduras en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diez (2010), situación que fue conocida por la Tesorería General de la República hasta el ocho (8) de julio del año dos mil diez (2010), habiéndose iniciado ya el trámite normal de pago de dicha obligación en virtud del recibo de cobro presentado por dicha empresa, el cinco (5) de julio del año dos mil diez (2010), siendo que se estaban realizando las gestiones simultáneamente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a fin de que se ordenara el débito en la cuenta del Gobierno de Honduras en el Banco Central; realizándose en consecuencia, pagos parciales sobre dicha obligación aún y cuando ya había sido cancelada por el debito efectuado por el Banco Central en la cuenta a nombre de dicha Secretaria, dándose dicha situación por una falla en los mecanismos de control de la misma, tomándose las medidas del caso para evitar una situación similar; y 3) Nota emitida en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil once (2011), por el señor WILLIAM CHONG WONG como Secretario de Estado de la Secretaria de Finanzas, dirigida al Ingeniero CARLOS CHAVEZ SERRANO como Gerente General de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato S. de R.L. de C.V., en acuse de recibo a la carta enviada por dicho señor en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil once (2011), y donde además se le agradece por la información sobre el reembolso de dicha empresa por él representada al Estado de Honduras. CONSIDERANDO (8): Que visto lo expuesto, ante el planteamiento del recurrente y del contraste efectuado entre sus argumentos y la realidad fáctica que se observa de los autos, resulta un hecho cierto e indubitado, que la motivación de la resolución emanada de esta Sala, específicamente en cuanto a definir el thema decidendi de la presente acción de amparo, limitó el análisis del problema jurídico planteado al pronunciamiento relativo a la tasación de costas, que se resolvieron con las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fechas cuatro, cinco y seis de enero de dos mil doce. CONSIDERANDO (9): Que siguiendo con la anterior línea de motivación, ante la vista de los planteamientos efectuados por el recurrente, resulta como un hecho imperativo para los efectos pertinentes a la tutela que debe garantizar esta Sala de lo Constitucional, pronunciarse con relación a si es o no debida, la motivación del considerando número ocho, que obra en la sentencia de fecha cuatro de enero de dos mil doce, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, toda vez que el Ad-quem ha emitido como un juicio de la alzada que (sic) “… no consta en autos que se siguió el procedimiento establecido en los artículos 1454 y 1455 del Código Civil, ya que a la parte demandada no se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este se negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha”, sin pronunciarse en cuanto al valor probatorio que supone para los efectos de acreditar el ofrecimiento de pago, el anuncio previo a la solicitud de consignación, que puede suponer el contenido del escrito de devolución de cantidad pagada en exceso por la Secretaria de Finanzas, monto que asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS (Lps.1,284,771.00), presentado por el Abogado Javier Armando Medina Verde, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada Constructora Sato, S. de R.L. de C.V., en fecha uno (1) de septiembre del año dos mil diez (2010), resolviendo el Tribunal de primera instancia, en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diez (2010), tener por presentado el cheque girado a favor de dicho juzgado por el monto antes relacionado y ordenó la vista a la parte demandada por el término de tres (3) días a fin de que se pronunciara sobre lo solicitado. (Folios 796 y 797). CONSIDERANDO (10): Que este Tribunal ha establecido en reiterados fallos que la Garantía del Debido Proceso comprende, entre otros[2], que las resoluciones deben ser motivadas a efecto de que las partes conozcan las razones del por qué de una resolución, por ende la motivación es un elemento fundamental en la precitada garantía. Lo anterior, se debe entender de esta manera, toda vez que es un criterio tanto legal como jurisprudencial, el hecho reconocido de que la falta de motivación vicia el procedimiento, pues es deber del Juez indicar las razones del por qué de una resolución. En este caso específico, atendiendo a la taxatividad del contenido del artículo 1455 del Código Civil y a la regla que impone para los efectos pertinente al ofrecimiento de pago previo a la consignación, debió el Ad-quem, emitir un juicio claro, preciso y congruente con respecto tanto a la aplicabilidad de esta norma sustantiva, como en cuanto a lo demandado, determinando si el requisito contenido en el artículo en referencia, específicamente en lo pertinente al previo ofrecimiento de pago, era o no congruente con el pago por consignación presentado, con posterioridad al planteamiento efectuado por la parte recurrente ante el A-quo y que obra a folios 796 y 797 de los antecedentes de primera instancia; debiendo para tal efecto efectuar un estudio detenido de todos los antecedentes del caso, relativo a ese requisito concreto, del cual afirma como una certeza en lo conducente a ese considerando que (sic) “no consta en autos que … a la parte demandada se le hizo el ofrecimiento de pago, y que este se negará sin razón a recibirlo, y el cual desconocía de la consignación hecha”, dando de esta forma y al efectuar un juicio de contraste con la realidad que este respecto pueden suponer el contenido de los folios 796 y 797 de la primera pieza, una adecuada respuesta a las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, con respecto al pago por consignación efectuado. Haciendo la declaración correspondiente a su validez, sin obviar la circunstancia particular referente a si el contenido de los supra referidos folios, que son previos a la interposición de la solicitud de pago por consignación, se constituyen o no, como el antecedente de una oferta previa, misma que como ha quedado expuesto, se encuentra intrínsecamente vinculada a la determinación de la existencia o no de una oferta de pago, previa al planteamiento de la consignación y que al ser fundamento esencial de la sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil doce, y con ello el fundamento tácito de lo resuelto en los fallos de fechas cinco y seis de enero de dos mil doce, resulta por ende en una responsabilidad insoslayable del Ad-quem, pronunciarse o valorar este aspecto concreto, previo a desestimar su existencia sin valorar el contenido de estos hechos, que obran en la foliada de la demanda, y procediendo de conformidad a dictar su fallo, confirmando, reformando o anulando lo resuelto por el Iudex A-quo y decidiendo en definitiva, sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y cuando éstos hubieran sido varios, haciéndolo con la debida valoración y separación, concluyendo en el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. CONSIDERANDO (11): Que aunado a lo expuesto, y si bien esta Sala estimó procedente denegar el amparo de mérito por considerar en su momento que la decisión sobre el pago o no, de una cantidad de dinero en concepto de costas, basado en el argumento de la existencia o no de razones suficientes para litigar, no constituye una cuestión de relevancia constitucional, sin embargo de las argumentaciones que ha plasmado el recurrente en su recurso de reposición y de un posterior análisis de los antecedentes, se aprecia que al haberse dictado sentencia mediante la cual se declaró con lugar la acción de pago por consignación interpuesta contra el Estado de Honduras, condenándolo al pago de costas del juicio, corresponde a éste (El Estado de Honduras) el pago de las costas del juicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 1457 del Código Civil. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto resulta procedente declarar con lugar el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO, S. de R.L. de C.V. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 42, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1457 del Código Civil; RESUELVE: 1º. DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS; 2º. En consecuencia se REPONE la sentencia dictada por esta Sala en fecha uno de octubre de dos mil trece mediante la cual se resolvía denegar la presente acción de amparo; 3º. OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor de la sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA SATO S. de R.L., contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en fechas cuatro, cinco y seis de enero del año dos mil doce, que resuelven los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia, el auto y la sentencia interlocutoria respectivamente, dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente resolución en la certificación del fallo para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diez de diciembre de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil trece y de la resolución de fecha veinte de noviembre de dos mil trece, ambas recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.263=12. Firma y sello.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
[1] Vid sentencias recaídas en las acciones de amparo con registro de este Tribunal No.
[2] Vid sentencias recaídas en las acciones de amparo con registro de este Tribunal No.