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Sentencia AA-196-11 — Registro 7061

Resumen

Resolución DEI-DA-00158-ARNOR-C-2011 que cierra termporalmente y de inmediato por 5 días calendarios los establecimientos comerciales del contribuyente Diamonds International Honduras, S.A. en virtud de no retener ni enterar en su totalidad el impuesto sobre ventas por los bienes y servicios que presta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos en su informe expone los motivos por los que se tomó la resolución de cerrar el establecimiento comercial de la empresa DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS, S.A., deja claramente establecidos los fundamentos legales que lo facultan al cierre de tal negocio. Por otra parte el recurrente señala que se ha vedado su derecho hacer uso de los recursos que la ley le faculta, encontrando esta Sala que efectivamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos notificó y ejecutó la resolución que hoy se impugna, no obstante ello, el impetrante debió hacer uso de los recursos que le franquea la ley, a manera de obtener una respuesta conforme la cual pudiera decidir su accionar conforme a derecho. Siendo que el censor dejo de hacer uso de tales recursos y conforme lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la acción en su Artículo 46.8 que a la letra dice: “Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa”; y…. Ante la concurrencia de tal causal procede Sobreseer las diligencias sometidas a estudio..."..."Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha debido hacer uso de los Recursos de Reposición y Apelación independientemente del accionar de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, precisamente porque los medios recursivos se han establecido para rever o confirmar, una decisión que a parecer del recurrente es contraria a Derecho, en consecuencia debió encaminar su acción a interponer tales recursos en busca de una resolución jurídica que permita la efectividad de la tutela judicial. Por todo ello esta Sala estima que el Debido Proceso y el derecho a la Defensa No se ha vulnerado en la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO MEJIA CORLETO, a favor de la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS S.A., contra actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), según refiere el recurrente, consistentes en el cierre del establecimiento comercial, ejecutado por los funcionarios de dicha institución MIRIAM FIGUEROA, en su calidad de notificadora y NELSON HERNANDEZ, en su calidad de auditor. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el derecho de defensa y el principio del debido proceso, amparados por los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha catorce de marzo de dos mil once, la Dirección Ejecutiva de Ingresos emitió la resolución DEI-DA-00158-ARNOR-C-2011, mediante la cual resuelve: “Primero: proceder a cerrar temporalmente y en forma inmediata, por el termino de cinco (05) días calendarios los establecimientos comerciales que pertenecen al contribuyente DIAMOND INTERNATIONAL HONDURAS S.A., con Registro Tributario Nacional 08019007101680, ubicados en el puerto muelles de cruceros Town Center, en Coxen Hole y en la comunidad de Brick Bay, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, lo anterior en virtud de que consta mediante Acta de Evidencia y Constancia de Hechos de fechas 11 de marzo de 2011, que el contribuyente en sus establecimientos comerciales no retiene ni entera en su totalidad el impuesto sobre ventas, por los bienes y servicios que presta a sus clientes en base a lo que establece el Articulo 11 de la Ley de Impuesto Sobre ventas.” (Folios 39 al 41 de los antecedentes). 2) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil once, compareció ante esta Sala, el recurrente, Abogado JOSE ANTONIO MEJIA CORLETO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la sociedad mercantil DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS S.A. contra la acción de cierre de establecimiento comercial ejecutada por funcionarios de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por considerar que ésta limita, violenta y tergiversa los derechos y garantías constitucionales de su representada, estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciocho de julio de dos mil once. 3) Que con fecha veintiocho de julio de dos mil once, el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE SOBRESEA el recurso interpuesto, por concurrir la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 8) del Articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente considera que se ha vulnerado el derecho a la Defensa salvaguardado en el Artículo 82 constitucional, al haber coartado la DEI el derecho de su representada a defenderse contra las falsas e ilegales imputaciones y más aún contra la acción ilegal de cierre que ha ejecutado los funcionarios de la DEI en perjuicio de su representada. El derecho al Debido Proceso contenido en el Artículo 94 de la Constitución de la República, que asiste a su representada y a cualquier persona natural o jurídica ya que el procedimiento administrativo en materia Tributaria debe ante todo regirse por lo prescrito en las leyes especiales y en general por la Ley de Procedimiento Administrativo siendo imposible entonces ejecutar una supuesta resolución contra su representada sin haberle otorgado el momento procesal para contestar, impugnar o refutar los cargos que le imputa infundadamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La relación de Hechos que motivan el recurso interpuesto señala: Que la Empresa Diamonds Internacional Honduras S.A., cuenta con la licencia y permiso extendido por Zolitur para acogerse al Régimen de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de La Bahía, cuenta con las exoneraciones, reducciones y condiciones previstas en el Artículo 11 de la Ley de la Zona Libre Turística del departamento referido y por consiguiente las obligaciones y responsabilidades que adquiere operando bajo tal Régimen. Es entonces una aplicación expresa de los derechos, exoneraciones, obligaciones y responsabilidades que una persona natural o jurídica adquiere al encontrarse adscritas al Régimen de Zolitur. Sigue manifestando que ha surgido una divergencia en la apreciación de las disposiciones de la Referida Ley de Zolitur por parte de la DEI y de las empresas acogidas al Régimen de Zolitur, particularmente en lo que respecta al cobro o no del impuesto sobre ventas a los turistas extranjeros que compran o contratan bienes o servicios en el territorio de la zona Libre. Señala además que a su representada no se le ha brindado el momento procesal para impugnar y refutar las alegaciones de la DEI en cuanto al supuesto incumplimiento al no haber retenido el ISV a dichos turistas extranjeros cuando en realidad Diamonds Internacional Honduras, S.A., ha operado y continúa operando de conformidad con la ley. A modo de ilustración, señala un concepto genérico de aplicación internacional en lo que respecta a la Zona Libre: “Una Zona Libre consiste en una Zona sometida a un régimen especial para el fomento de la prestación de servicios en la actividad turística y comercial conexa al turismo…, asimismo y a nivel operativo, en las Zonas Libres a nivel mundial donde operan puertos o muelles de cruceros, el haber decretado Zona Libre el territorio, lleva intrínseco el hecho que el Turista extranjero que visita la Zona no tiene la obligación de pagar el ISV sobre las compras que realice. Además refiere que la Dirección Ejecutiva de Ingresos de manera verbal reclama a su representada una cantidad aproximada de Cuarenta y Un Millones de Lempiras en concepto del Impuesto sobre Ventas dejado de retener a los turistas extranjeros que han realizado compras de bienes en los comercios de su representada en la Isla de Roatán y asimismo multas y recargos que adicionalmente pretende cobrar la DEI…, es decir de forma preliminar ha existido ya un incumplimiento de sus obligaciones por parte de la DEI (Las negritas son del recurrente); ya que el Artículo 69 del Código Tributario expresamente le obliga a que una vez ejercidas las facultades de verificación y comprobación, encuentren supuestos indicios de hechos u omisiones a emitir una resolución que determine las obligaciones supuestamente imputada. Hasta el día 14 de marzo del 2011 no había sido mostrada, notificada, entregada ni comunicada Resolución alguna en relación al presente caso. El día 14 de marzo del 2011…, contrario a los derechos y garantías constitucionales, la DEI visitó en horas de la tarde el establecimiento comercial de su representada…, manifestando que en virtud de un supuesto acto administrativo que no fue notificado a su representada y en virtud de no haber pagado los cuarenta y Un Millones de Lempiras que señala nuevamente nunca fueron requeridos por escrito, procederían a notificar dicho acto y a cerrar de forma inmediata el establecimiento comercial por el término de cinco días. Al solicitar el personal del establecimiento una copia del documento para ser revisado por la asesoría Legal externa de la compañía, dicha petición fue denegada por la DEI, manifestando que únicamente entregarían el documento que supuestamente les servía de fundamento si la notificación personal era firmada por los representantes de “Diamonds Internacional Honduras, S.A. Resulta evidente que su representada se encontraba imposibilitada de formar tal documentación al existir un desconocimiento absoluto del contenido y efectos del documento. Los Auditores de la DEI manifestaron que levantarían un acta de imposibilidad de notificación y regresarían el día hábil siguiente a Notificar y proceder al cierre. CONSIDERANDO (4): Que la Dirección Ejecutiva de Ingresos en su Informe de actuaciones deja establecido lo siguiente: 1.- Como parte de las facultades de supervisión, Revisión, Control, y fiscalización de las Obligaciones Tributarias de los sujetos pasivos que tiene a su cargo, en fecha 24 de febrero del año 2011, basada en denuncias de que algunas de las empresas acogidas Régimen de zona Libre del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR) estarían supuestamente abusando de los beneficios de este Régimen, defraudando así al fisco al no retener ni enterar el impuesto sobre ventas al que están obligados en su carácter de Agentes de Retención.., señala que se realizó un operativo de supervisión y verificación en diversos establecimientos ubicados en el muelle Coxen Hole Roatán Islas de la Bahía entre ellos el establecimiento comercial Diamonds Internacional Honduras, S.A. Que se Constató mediante acta de evidencias y constancia de hechos de fecha 28 de febrero del 2011, que dicho establecimiento no retienen ni entera en su totalidad el impuesto sobre ventas por los bienes y servicios que presta a sus clientes causando así un perjuicio al Estado de Honduras por la cantidad de Cuarenta y Un millones Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras con sesenta y cinco centavos según Certificado de Deuda que corre agregado a folio 39 del expediente de mérito…. El hecho encontrado se tipifica en el supuesto contenido en el numeral 1) del Artículo 35 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, contenida en el Decreto 194-2002 del 15 de mayo del 2002, así como el Artículo 46 literal a) de su Reglamento General al referir que “Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que de inmediato y previa notificación, proceda conforme esta Ley y su Reglamento, a clausurar temporalmente cualquier establecimiento de comercio, oficina, consultorio y en general el sitio donde ejerza la actividad comercial, profesión u oficio, cuando el contribuyente no cumpla con las obligaciones fiscales siguientes: “I) No expida factura o documentos equivalentes, estando obligado a ellos o se hace sin cumplir con los requisitos legales correspondientes…” Es así que se emitió la Resolución No. DEI-DA00158- ARNOR-C2011, de fecha 14 de marzo del corriente año que ordena el cierre inmediato por el término de cinco días…. Concluyendo que el cierre del establecimiento comercial se hizo de acuerdo a la ley. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos en su informe expone los motivos por los que se tomó la resolución de cerrar el establecimiento comercial de la empresa DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS, S.A., deja claramente establecidos los fundamentos legales que lo facultan al cierre de tal negocio. Por otra parte el recurrente señala que se ha vedado su derecho hacer uso de los recursos que la ley le faculta, encontrando esta Sala que efectivamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos notificó y ejecutó la resolución que hoy se impugna, no obstante ello, el impetrante debió hacer uso de los recursos que le franquea la ley, a manera de obtener una respuesta conforme la cual pudiera decidir su accionar conforme a derecho. Siendo que el censor dejo de hacer uso de tales recursos y conforme lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la acción en su Artículo 46.8 que a la letra dice: “Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa”; y…. Ante la concurrencia de tal causal procede Sobreseer las diligencias sometidas a estudio. CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que el impetrante dejó de hacer uso de los recursos que la ley le faculta, causa suficiente para sobreseer la acción intentada. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Articulo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha debido hacer uso de los Recursos de Reposición y Apelación independientemente del accionar de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, precisamente porque los medios recursivos se han establecido para rever o confirmar, una decisión que a parecer del recurrente es contraria a Derecho, en consecuencia debió encaminar su acción a interponer tales recursos en busca de una resolución jurídica que permita la efectividad de la tutela judicial. Por todo ello esta Sala estima que el Debido Proceso y el derecho a la Defensa No se ha vulnerado en la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. CONSIDERANDO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Señor Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 15, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No.5, 316, 319 y 321 de la Constitución de la República; 1, 3No. 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 56, y 63 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo II, XVIII, XXIV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: SOBRESEER el Amparo por las razones expuestas. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No.196=2011.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACION: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO MEJIA CORLETO, a favor de la sociedad mercantil denominada DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS S.A., contra actuaciones realizadas por la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), según refiere el recurrente, consistentes en el cierre del establecimiento comercial, ejecutado por los funcionarios de dicha institución MIRIAM FIGUEROA, en su calidad de notificadora y NELSON HERNANDEZ, en su calidad de auditor. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada el derecho de defensa y el principio del debido proceso, amparados por los Artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha catorce de marzo de dos mil once, la Dirección Ejecutiva de Ingresos emitió la resolución DEI-DA-00158-ARNOR-C-2011, mediante la cual resuelve: “Primero: proceder a cerrar temporalmente y en forma inmediata, por el termino de cinco (05) días calendarios los establecimientos comerciales que pertenecen al contribuyente DIAMOND INTERNATIONAL HONDURAS S.A., con Registro Tributario Nacional 08019007101680, ubicados en el puerto muelles de cruceros Town Center, en Coxen Hole y en la comunidad de Brick Bay, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, lo anterior en virtud de que consta mediante Acta de Evidencia y Constancia de Hechos de fechas 11 de marzo de 2011, que el contribuyente en sus establecimientos comerciales no retiene ni entera en su totalidad el impuesto sobre ventas, por los bienes y servicios que presta a sus clientes en base a lo que establece el Articulo 11 de la Ley de Impuesto Sobre ventas.” (Folios 39 al 41 de los antecedentes). 2) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil once, compareció ante esta Sala, el recurrente, Abogado JOSE ANTONIO MEJIA CORLETO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la sociedad mercantil DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS S.A. contra la acción de cierre de establecimiento comercial ejecutada por funcionarios de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por considerar que ésta limita, violenta y tergiversa los derechos y garantías constitucionales de su representada, estipulados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciocho de julio de dos mil once. 3) Que con fecha veintiocho de julio de dos mil once, el Abogado OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE SOBRESEA el recurso interpuesto, por concurrir la causal de inadmisibilidad estipulada en el numeral 8) del Articulo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente considera que se ha vulnerado el derecho a la Defensa salvaguardado en el Artículo 82 constitucional, al haber coartado la DEI el derecho de su representada a defenderse contra las falsas e ilegales imputaciones y más aún contra la acción ilegal de cierre que ha ejecutado los funcionarios de la DEI en perjuicio de su representada. El derecho al Debido Proceso contenido en el Artículo 94 de la Constitución de la República, que asiste a su representada y a cualquier persona natural o jurídica ya que el procedimiento administrativo en materia Tributaria debe ante todo regirse por lo prescrito en las leyes especiales y en general por la Ley de Procedimiento Administrativo siendo imposible entonces ejecutar una supuesta resolución contra su representada sin haberle otorgado el momento procesal para contestar, impugnar o refutar los cargos que le imputa infundadamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La relación de Hechos que motivan el recurso interpuesto señala: Que la Empresa Diamonds Internacional Honduras S.A., cuenta con la licencia y permiso extendido por Zolitur para acogerse al Régimen de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de La Bahía, cuenta con las exoneraciones, reducciones y condiciones previstas en el Artículo 11 de la Ley de la Zona Libre Turística del departamento referido y por consiguiente las obligaciones y responsabilidades que adquiere operando bajo tal Régimen. Es entonces una aplicación expresa de los derechos, exoneraciones, obligaciones y responsabilidades que una persona natural o jurídica adquiere al encontrarse adscritas al Régimen de Zolitur. Sigue manifestando que ha surgido una divergencia en la apreciación de las disposiciones de la Referida Ley de Zolitur por parte de la DEI y de las empresas acogidas al Régimen de Zolitur, particularmente en lo que respecta al cobro o no del impuesto sobre ventas a los turistas extranjeros que compran o contratan bienes o servicios en el territorio de la zona Libre. Señala además que a su representada no se le ha brindado el momento procesal para impugnar y refutar las alegaciones de la DEI en cuanto al supuesto incumplimiento al no haber retenido el ISV a dichos turistas extranjeros cuando en realidad Diamonds Internacional Honduras, S.A., ha operado y continúa operando de conformidad con la ley. A modo de ilustración, señala un concepto genérico de aplicación internacional en lo que respecta a la Zona Libre: “Una Zona Libre consiste en una Zona sometida a un régimen especial para el fomento de la prestación de servicios en la actividad turística y comercial conexa al turismo…, asimismo y a nivel operativo, en las Zonas Libres a nivel mundial donde operan puertos o muelles de cruceros, el haber decretado Zona Libre el territorio, lleva intrínseco el hecho que el Turista extranjero que visita la Zona no tiene la obligación de pagar el ISV sobre las compras que realice. Además refiere que la Dirección Ejecutiva de Ingresos de manera verbal reclama a su representada una cantidad aproximada de Cuarenta y Un Millones de Lempiras en concepto del Impuesto sobre Ventas dejado de retener a los turistas extranjeros que han realizado compras de bienes en los comercios de su representada en la Isla de Roatán y asimismo multas y recargos que adicionalmente pretende cobrar la DEI…, es decir de forma preliminar ha existido ya un incumplimiento de sus obligaciones por parte de la DEI (Las negritas son del recurrente); ya que el Artículo 69 del Código Tributario expresamente le obliga a que una vez ejercidas las facultades de verificación y comprobación, encuentren supuestos indicios de hechos u omisiones a emitir una resolución que determine las obligaciones supuestamente imputada. Hasta el día 14 de marzo del 2011 no había sido mostrada, notificada, entregada ni comunicada Resolución alguna en relación al presente caso. El día 14 de marzo del 2011…, contrario a los derechos y garantías constitucionales, la DEI visitó en horas de la tarde el establecimiento comercial de su representada…, manifestando que en virtud de un supuesto acto administrativo que no fue notificado a su representada y en virtud de no haber pagado los cuarenta y Un Millones de Lempiras que señala nuevamente nunca fueron requeridos por escrito, procederían a notificar dicho acto y a cerrar de forma inmediata el establecimiento comercial por el término de cinco días. Al solicitar el personal del establecimiento una copia del documento para ser revisado por la asesoría Legal externa de la compañía, dicha petición fue denegada por la DEI, manifestando que únicamente entregarían el documento que supuestamente les servía de fundamento si la notificación personal era firmada por los representantes de “Diamonds Internacional Honduras, S.A. Resulta evidente que su representada se encontraba imposibilitada de formar tal documentación al existir un desconocimiento absoluto del contenido y efectos del documento. Los Auditores de la DEI manifestaron que levantarían un acta de imposibilidad de notificación y regresarían el día hábil siguiente a Notificar y proceder al cierre. CONSIDERANDO (4): Que la Dirección Ejecutiva de Ingresos en su Informe de actuaciones deja establecido lo siguiente: 1.- Como parte de las facultades de supervisión, Revisión, Control, y fiscalización de las Obligaciones Tributarias de los sujetos pasivos que tiene a su cargo, en fecha 24 de febrero del año 2011, basada en denuncias de que algunas de las empresas acogidas Régimen de zona Libre del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR) estarían supuestamente abusando de los beneficios de este Régimen, defraudando así al fisco al no retener ni enterar el impuesto sobre ventas al que están obligados en su carácter de Agentes de Retención.., señala que se realizó un operativo de supervisión y verificación en diversos establecimientos ubicados en el muelle Coxen Hole Roatán Islas de la Bahía entre ellos el establecimiento comercial Diamonds Internacional Honduras, S.A. Que se Constató mediante acta de evidencias y constancia de hechos de fecha 28 de febrero del 2011, que dicho establecimiento no retienen ni entera en su totalidad el impuesto sobre ventas por los bienes y servicios que presta a sus clientes causando así un perjuicio al Estado de Honduras por la cantidad de Cuarenta y Un millones Seis Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras con sesenta y cinco centavos según Certificado de Deuda que corre agregado a folio 39 del expediente de mérito…. El hecho encontrado se tipifica en el supuesto contenido en el numeral 1) del Artículo 35 de la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social, contenida en el Decreto 194-2002 del 15 de mayo del 2002, así como el Artículo 46 literal a) de su Reglamento General al referir que “Se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para que de inmediato y previa notificación, proceda conforme esta Ley y su Reglamento, a clausurar temporalmente cualquier establecimiento de comercio, oficina, consultorio y en general el sitio donde ejerza la actividad comercial, profesión u oficio, cuando el contribuyente no cumpla con las obligaciones fiscales siguientes: “I) No expida factura o documentos equivalentes, estando obligado a ellos o se hace sin cumplir con los requisitos legales correspondientes…” Es así que se emitió la Resolución No. DEI-DA00158- ARNOR-C2011, de fecha 14 de marzo del corriente año que ordena el cierre inmediato por el término de cinco días…. Concluyendo que el cierre del establecimiento comercial se hizo de acuerdo a la ley. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos en su informe expone los motivos por los que se tomó la resolución de cerrar el establecimiento comercial de la empresa DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS, S.A., deja claramente establecidos los fundamentos legales que lo facultan al cierre de tal negocio. Por otra parte el recurrente señala que se ha vedado su derecho hacer uso de los recursos que la ley le faculta, encontrando esta Sala que efectivamente la Dirección Ejecutiva de Ingresos notificó y ejecutó la resolución que hoy se impugna, no obstante ello, el impetrante debió hacer uso de los recursos que le franquea la ley, a manera de obtener una respuesta conforme la cual pudiera decidir su accionar conforme a derecho. Siendo que el censor dejo de hacer uso de tales recursos y conforme lo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a la inadmisibilidad de la acción en su Artículo 46.8 que a la letra dice: “Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa”; y…. Ante la concurrencia de tal causal procede Sobreseer las diligencias sometidas a estudio. CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso No se ha vulnerado con la resolución recurrida, puesto que el impetrante dejó de hacer uso de los recursos que la ley le faculta, causa suficiente para sobreseer la acción intentada. CONSIDERANDO (7): Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Articulo 14. 1. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art. 8. Esta sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha debido hacer uso de los Recursos de Reposición y Apelación independientemente del accionar de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, precisamente porque los medios recursivos se han establecido para rever o confirmar, una decisión que a parecer del recurrente es contraria a Derecho, en consecuencia debió encaminar su acción a interponer tales recursos en busca de una resolución jurídica que permita la efectividad de la tutela judicial. Por todo ello esta Sala estima que el Debido Proceso y el derecho a la Defensa No se ha vulnerado en la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos. CONSIDERANDO (8): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Señor Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 15, 82, 90, 183, 303, 304, 313 No.5, 316, 319 y 321 de la Constitución de la República; 1, 3No. 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 56, y 63 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo II, XVIII, XXIV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: SOBRESEER el Amparo por las razones expuestas. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado LOZANO URBINA. NOTIFÍQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL". Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés de enero de dos mil catorce, certificación de la resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo No.196=2011. Firma y Sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.