Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-138-11 — Registro 7462

Resumen

Sentencia declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite dejado de utilizar por recurrente y por desierto el recurso de nulidad promovido contra laudo arbitral y confirmó el mismo el cual fue dictado por Notario José María Castellanos que resolvió declarar sin lugar excepciones opuestas por demandada, declaró que no es procedente declarar sin lugar la demanda arbitral y ordenó al recurrente pagar a demandante la cantidad de L. 61,688,613.75 con relación a demanda de arbitraje promovida por Profesionales de la Construcción S.A. de C. V. (PRODECO) contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, las presentes alegaciones tienen como fundamento una indudable preocupación por la Procuraduría General de la República en el estado de las causas legales judiciales y arbitrales que incumben al Estado de Honduras, pero en lo que respectan a este acápite de la reclamación de amparo no muestran la trascendencia constitucional del mismo, incurriendo más bien en graves equívocos que vician la consistencia y validez de su reclamo;..."..."Para la Sala de lo Constitucional se dirime así el alegato de violación al debido proceso y al derecho de defensa esgrimido por el Recurrente en este punto de su reclamación, por lo cual, no obstante, la falta de tesitura constitucional del reclamo hasta aquí formulado, observa que será la jurisdicción ordinaria la llamada a delimitar con precisión su ámbito de competencia y la delimitación de la cláusula arbitral, en los casos de arbitraje que ya precave el artículo 28 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA),[3] para el cual resulta indistinto que las partes involucradas sean personas naturales o jurídicas - como es el caso del Estado, y en particular de la Administración Pública, en su consideración elemental como única personificación interna del Estado [4]-, lo cual fue reconocido inclusive en forma más taxativa en la norma jurídica en referencia, en el artículo que autoriza el Arbitraje del Estado;[5] debiendo concordarse por la jurisdicción ordinaria el contenido de los citados artículos con la elucidación de significado del artículo 11 de la tantas veces citada Ley de Contratación del Estado (LCE) al indicar: “Son órganos competentes para celebrar los contratos de la Administración: 1) En la Administración Central: a) Los Secretarios de Estado en su respectivo ramo; (…)”; aspectos que a todas luces le corresponde adjudicar a la jurisdicción ordinaria, mas no a esta alta sede de Justicia Constitucional;[6] por lo cual, además de proceder la denegatoria por las razones supraindicadas, se subsume dicha alegación en la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento que establece el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC).[7],..."..."en cuanto a la alegación de la parte Recurrente, según la cual el nuevo Pacto Arbitral - del cual se deriva el Laudo recurrido - tiene una causa falsa en virtud de tener como finalidad la de establecer un mecanismo de solución de conflictos entre las partes contratantes, cuando ya el contrato entre el Estado y la compañía PRODECON había finalizado: “… habiendo prescrito cualquier acción administrativa o judicial para hacer reclamaciones relacionadas con el contrato”; aprecia esta Sala de lo Constitucional que ese alegato es de mero derecho, pero también carente de trascendencia constitucional, puesto que las alegaciones sobre la licitud del objeto y la prueba de la veracidad o falsedad de la causa de los contratos, corresponde a la rama del Ordenamiento denominada derecho privado y, en particular, al derecho civil, pues allí donde se conceptualiza lo que debe entenderse como causa de los contratos y todo lo atinente a su validez y/o prueba de la falsedad, no en tutela constitucional como pareciera instar la parte Recurrente..."..."El presente motivo coincide sustancialmente con el anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional, en el sentido que le corresponde su conocimiento y decisión a sede jurisdiccional ordinaria, mas no a esta alta sede de Justicia Constitucional; ello por corresponder a alegaciones de mera legalidad, por lo cual, además de proceder la denegatoria por las razones supraindicadas, se subsume en la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento que se deja expresada y establecida el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC)..."..."para esta Sala de lo Constitucional, estos últimos alegatos tampoco son de recibo desde una perspectiva de debido proceso constitucional y de respeto al derecho de defensa, según prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; tomando en consideración las siguientes consideraciones jurídicas: a) Que en lo concerniente a la tercera y cuarta causas de nulidad interpuestas, ha fundado el Ad Quem su fallo denegatorio de nulidad y confirmatorio del Laudo controvertido, en que la primera de ellas está comprendida en el numeral 2) del citado artículo 74 de la LCA, la cual resultó desestimada por no haber evidencia de su interposición desde la iniciación del trámite arbitral, como lo ordena la ley y como en efecto se desprende de una revisión al expediente formado en sede del tribunal arbitral constituido por único Árbitro y por ende no existir la causa de nulidad planteada; así como por no estar comprendido el notario-arbitro dentro de las imposibilidades que prescribe el artículo 44 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en vista de que el Notario Árbitro no ejerció la condición de Magistrado de una manera permanente y profesional, sino que cumpliendo el deber de asistir a ocasionales llamamientos del Poder Judicial para integrar como Magistrado Integrante en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de asuntos específicos agendados en la sesión a la que se le haría llamamiento a integrar lo cual no constituye sino un deber deontológico profesional que en nada vicia su idoneidad subjetiva para ser nominado Árbitro por las partes contratantes. La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales[9] es concordante en este sentido, puesto que en su texto normativo no establece legalmente más que las modalidades de Magistrado Propietario, Suplente o Interino, para el nombramiento o elegibilidad de los jueces superiores del Ordenamiento;[10] por lo que no es de recibo que la integración del Notario Árbitro como Magistrado en las circunstancias antes indicadas, constituyan causa de prohibición para el ejercicio del Arbitraje..."..."se constata que los criterios de fondo y consideraciones de inadmisibilidad aquí expresados resultan coincidentes a que no se otorgue la presente garantía de amparo y a que se proceda a su inmediata denegatoria..."..."con el merito que arrojan las presentes diligencias se estima procedente DENEGAR la presente acción constitucional de amparo, de que se ha hecho mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de diciembre del dos mil trece. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL en fecha nueve de febrero de dos mil once, que declara SIN LUGAR un recurso de nulidad y confirma un laudo arbitral dictado por el Notario JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS; con relación a la demanda de arbitraje promovida por la sociedad mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON), contra el ESTADO DE HONDURAS. Estima la Recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha veintiséis de abril del año dos mil siete, compareció ante la notaría del Notario JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS, la Abogada SONIA VANESSA ALVARADO GAMEZ, Apoderada Legal de la sociedad mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON), promoviendo demanda de arbitraje contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), para que mediante Laudo Arbitral, se ordene el pago de sesenta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos trece Lempiras con setenta y cinco centavos, por el incumplimiento del contrato de Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Río Dulce – El Porvenir, suscrito el ocho de noviembre de dos mil uno, entre el ESTADO DE HONDURAS y Sociedad Mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. (PRODECON). 2) Que en fecha once de mayo de dos mil siete, el Estado de Honduras a través de la Procuradora General de la República ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, contestó la referida demanda, interponiendo a la vez las Excepciones de Incompetencia del Tribunal Arbitral constituido por un Arbitro, Inexistencia del Convenio Arbitral, así como la de Invalidez del Mismo, solicitando se resuelvan como cuestión privada. 3) Que en fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho, el Abogado JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS, en su condición de Arbitro dictó mediante Instrumento Público Número treinta y Nueve (39) el Laudo Arbitral en la demanda de mérito, mediante el cual Resolvió: 1) Declarar SIN LUGAR la Excepción de Incompetencia del Tribunal Arbitral compuesto por un Arbitro, la Excepción de Inexistencia del Convenio Arbitral y la Excepción de Invalidez del Convenio Arbitral por Renuncia al mismo por la parte Actora, que la parte demandada presentó en el escrito de contestación de la demanda; 2) Declarar que no es procedente declarar sin lugar la demanda arbitral que solicita la parte demandada en el escrito de contestación de la demanda. 3) Ordenar a la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que pague a la Sociedad Mercantil Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (PRODECON), la cantidad de Sesenta y Un Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Trece Lempiras con Setenta y Cinco Centavos (L.61, 688,613.75), en concepto de valor total reconocido por el conciliador en la decisión emitida el nueve (09) de septiembre de 2005, resolviendo la controversia que la Sociedad Mercantil Profesionales de la Construcción S.A. de S.V. le sometió en 15 de agosto de 2005, relativa a la ejecución del proyecto mejoramiento y pavimentación de la carretera Río Dulce- El Porvenir. 4) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil ocho, el Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, actuando en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS, presentó un recurso de nulidad contra el Laudo Arbitral que se deja relacionado en el inciso que precede, remitiéndose las diligencias a la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 5) Que el Tribunal de Segunda Instancia conociendo del recurso de nulidad referido en el acápite anterior, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho, tuvo por personado en tiempo y forma a la Abogada NORMA LILIAN DISCUA DONAIRE, actuando como Apoderada legal de la Sociedad Demandante- recurrida y declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite dejado de utilizar por el Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, declarando desierto el recurso de nulidad promovido contra el Laudo Arbitral de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho. 6) Que el abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, interpuso recurso de amparo contra la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho, ante la Sala de lo Constitucional, la cual, mediante sentencia de fecha doce de enero de dos mil diez,[1] falló otorgando el recurso de amparo interpuesto. Una vez devueltos los antecedentes, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ordenó, mediante providencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, se concediera traslado sucesivo por cinco (5) días al Recurrente para que lo sustente y a la parte contraria para que presente su alegato respectivo, debiendo notificar a todas la partes que se encuentran debidamente acreditadas. (Ver folio ochenta y tres (83) de la segunda pieza). 7) Que el Recurrente, Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, interpuso en fecha veintiuno de abril de dos mil diez recurso de reposición contra la providencia anteriormente relacionada, manifestando que la misma incumple con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo del cual se ha hecho debido merito; recurso el cual fue declarado sin lugar el veintidós de abril de dos mil diez por considerar que la providencia recurrida se encuentra dictada conforme a derecho. (Ver folios noventa y cinco (95) al cien (100) de la segunda pieza). 8) Que con fecha nueve de febrero de dos mil once, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, Apoderado Legal Sustituto del Estado de Honduras y CONFIRMANDO el Laudo Arbitral recurrido. (Ver folios ciento sesenta y nueve (169) al ciento setenta y uno (171) de la segunda pieza). 9) El Recurrente Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de marzo de dos mil once reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha nueve de febrero de dos mil once, afirmando que la decisión del Ad-Quem, resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 183 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción en fecha veintiuno de septiembre de dos mil once. 10) Que en fecha doce de octubre de dos mil once, la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió su dictamen pronunciándose por que “Se Otorgue” la Acción Constitucional de Amparo. Lo anterior con fundamento en no poderse hacer efectiva la ejecución de dicha sentencia por estar viciada de nulidad, en cuanto la misma se dictó por una autoridad incompetente para ello, en flagrante violación al principio de legalidad. Ello en virtud de considerar que el arbitro sentenciante (Sic.) del Estado de Honduras ostenta el cargo de Magistrado Integrante del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hecho que es una causal de inhabilidad para ejercer el arbitraje, y por ende la sentencia dictada por éste, es nula y sin ningún valor. Y que siendo el órgano que ha emitido dicha resolución es incompetente para ello, reconocer su validez sería incurrir en fraude de ley en perjuicio del Estado de Honduras. Por todo ello, concluye la Fiscal Dictaminadora, la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo resulta violatoria de los derechos y garantías constitucionales invocados por el Recurrente. (Ver folios treinta y seis (36) al cuarenta y dos (42) de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al Recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo, proferida en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil once (2011), por la cual se declaró SIN LUGAR un recurso de nulidad y se confirma el laudo arbitral dictado por el Notario JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS con relación a la demanda de arbitraje promovida por la sociedad mercantil PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. (PRODECON), contra el ESTADO DE HONDURAS. Ha fundado su decisión el Tribunal Ad Quem en los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República; 1, 11 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y en los artículos 26, 31, 34 numeral 1), 35, 37, 38, 42, 43, 52, 67, 71, 73, 74, 75, 76 y 78 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. CONSIDERANDO (4): Que la motivación esgrimida por la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo en la resolución recurrida en amparo, se apoya en una serie de consideraciones, entre las cuales se destacan las siguientes: Que la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA) señala en su artículo 74 las únicas causas de nulidad que se pueden interponer en contra de laudos arbitrales y las interpuestas por el Recurrente están dentro de las comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 de dicha normativa por lo que compete a la Corte Ad Quem dirimir si existen o no las causas alegadas. Que sobre las dos primeras causas de nulidad alegadas por el Recurrente, correspondientes al numeral 1) del citado artículo 74 de la LCA, se desprende que estas no existen, por existir convenio entre las partes de sometimiento del conflicto a un conciliador y a tribunal internacional; existe convenio a la tramitación del arbitraje que se llevo a cabo; que la presentación de un reclamo administrativo no implica renuncia al convenio de sometimiento del conflicto jurídico al Tribunal arbitral, ya que la ley es clara en tal sentido al exigir una acción judicial para que se dé la renuncia al arbitraje, extremo último que no ocurrió; y que la Ley de Contratación del Estado (LCE) permite el sometiendo (Sic.) a arbitraje de conflictos como el presente, por lo cual no existen las dos (2) primeras causas de nulidad planteadas por el Recurrente. Que en cuanto a la tercera causa de nulidad esta está comprendida en el numeral 2) del citado artículo 74 de la LCA, la cual se desestima por no haber evidencia de su interposición desde la iniciación del trámite arbitral, como lo ordena la ley y por no existir la causa de nulidad planteada, tanto por lo señalado para lo anteriormente considerado, como por no estar comprendido el notario-arbitro dentro de las imposibilidades que prescribe el artículo 44 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. Finalmente, que en lo referente a las dos (2) últimas causas de nulidad que alega el Recurrente, correlativas a las comprendidas en los numerales 3) y 4) del artículo 74 de la LCA; estas sencillamente son inexistentes, ya que de la vista de autos se desprende la regularidad de la notificación y que éste (Secretaria de Estado demandada): “… tenía conocimiento de su contendido al haber acompañado al notario-arbitro a la evacuación de la prueba por el propuesta, y la que no pudo ser evacuada por causas no imputables a las partes y al arbitro (folio 664 del tomo segundo)”. Manifiesta el Ad Quem que consta también de autos que motivadamente el notario-arbitro ordenó su posterior no evacuación por estimar estar suficientemente informado (folios 663 y 670 respectivamente del segundo tomo) extremo éste que la Ley de Conciliación y Arbitraje permite, por lo que se desestiman estas dos (2) últimas causas de nulidad por inexistentes. CONSIDERANDO (5): Que en la formalización del recurso, de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), el Abogado JOSÉ ANTONIO PINEDA RAMOS, manifiesta sintéticamente lo siguiente, después de exponer los antecedentes de la presente causa: 1. Que siendo ineficaz el Pacto Contractual Original, por referirse a una diferencia entre un Estado contratante (HONDURAS) y un Nacional de ese mismo Estado (PRODECOM); se obvió por ésta última parte lo contractualmente pactado y se suscribió, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Contratación del Estado actualmente vigente, Ley que no era aplicable a la contratación de que se trata, con el Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), las Actas Número 2 de fecha 21 de febrero de 2007, Acta Número 3 de fecha 15 de marzo de 2007 y el Anexo al Acta Número 3 de fecha 15 de marzo de 2007, concertando sin tener facultades para ello un nuevo Pacto Arbitral de las cuales se deriva el Laudo recurrido. 2. Que el procedimiento en mención fue generado e impulsado por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) el cual finalizó en el Laudo en mención, iniciándose en fecha 20 de septiembre del año 2004, cuando había sido terminado y totalmente ejecutado el Contrato de Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera de Río Dulce-El Porvenir suscrito y contratado; por lo cual resulta imposible para el demandante reclamar por la vía de arbitraje al Estado de Honduras las pretensiones económicas de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L 61, 688, 613.75). De lo antes señalado es de donde surge la imputación de que el nuevo Pacto Arbitral del cual se deriva el Laudo recurrido tiene una causa falsa, pues sus suscripción se genera con la injustificable y supuesta intención de establecer un mecanismo de solución de conflictos entre las partes contratantes, por el solo hecho de que a la hora de establecer ese Pacto Arbitral entre el Estado y PRODECON ya había finalizado, habiendo prescrito cualquier acción administrativa o judicial para hacer reclamaciones relacionadas con el contrato. 3. También se hizo del conocimiento de la honorable Corte de Apelaciones el impedimento legal del Notario, don José María Díaz Castellanos, para constituirse como Árbitro, por ser Magistrado Integrante de la Corte Suprema de Justicia, lo cual consta en los archivos de la Secretaría General de dicho ente, integración que ha tenido lugar en distintas ocasiones, violentando así la expresa prohibición establecida en el artículo 44 de la Ley de Conciliación y Arbitraje en el sentido que no pueden ser Árbitros, los Jueces o Magistrados. – Igualmente en el escrito de nulidad se da a conocer la no evacuación del “Medio de Prueba Número 6”, denominado Inspección, con el objeto de corroborar al cumplimiento de la Clausula Número 24.1 como requisito previo al nombramiento de un Conciliador y posteriormente a un Árbitro; “… con lo cual quedaría claro no se siguió con el procedimiento establecido en el Contrato Original para la solución de controversias convenidas entre las partes contratantes”. 4. De manera tal que el fallo recurrido en amparo no observa las múltiples violaciones cometidas en el desarrollo del arbitraje, que terminó con un Laudo arbitral lleno de irregularidades que fueron señaladas en el escrito de sustentación del Recurso de Nulidad, pese a lo cual la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa que le corresponde tutelar al Estado por medio de sus órganos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (6): Que vista la causa para juzgamiento, se procederá a analizar la procedencia o no del presente amparo constitucional partiendo de las argumentaciones jurídicas vertidas por la jurisdicción ordinaria relativas a las causas de nulidad que ya establece la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA) en su artículo 74, admitido que sea son éstas las únicas causas de nulidad que se pueden interponer en contra de laudos arbitrales y siendo que la Corte de Apelaciones de Lo Contencioso Administrativo en la resolución recurrida en amparo reconoce y manifiesta que las interpuestas por el Recurrente están dentro de las comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 de dicha normativa. Seguidamente, se apreciará sucintamente el contenido de la reclamación de amparo constitucional y finalmente la consideración jurídica que amerite el mismo. CONSIDERANDO (7): Que sobre las dos (2) primeras causas de nulidad alegadas por el Recurrente, correspondientes al numeral 1) del citado artículo 74 de la LCA, se desprende, según el Ad Quem, que éstas no existen, por existir convenio a la tramitación del arbitraje que se llevó a cabo y que, por otra parte, la presentación de un reclamo administrativo no implica renuncia al convenio de sometimiento del conflicto jurídico al Tribunal arbitral, ya que la ley es clara en tal sentido al exigir una acción judicial para que se dé la renuncia al arbitraje, extremo que no aconteció. Ha referido también el Ad Quem que la Ley de Contratación del Estado (LCE) permite el sometiendo (Sic.) a arbitraje de conflictos como el presente, por lo cual no existen las dos (2) primeras causas de nulidad planteadas por el Recurrente. – El Censor, por una parte, refiere que la Ley de Contratación del Estado (LCE) citada no era aplicable a la contratación de que se trata, con el Secretario de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por lo cual éste suscribió las Actas Número 2 de fecha 21 de febrero de 2007, Acta Número 3 de fecha 15 de marzo de 2007 y el Anexo al Acta Número 3 de fecha 15 de marzo de 2007, contentivas de un nuevo Pacto Arbitral, sin tener facultades para ello y que de las mismas se deriva el Laudo recurrido. Por otra parte, argumenta el Censor en su recurso de amparo administrativo, que el procedimiento arbitral fue generado e impulsado por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), cuando ya había sido terminado y totalmente ejecutado el Contrato de Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera de Río Dulce-El Porvenir suscrito y contratado; por lo cual resultaba imposible para el demandante reclamar por la vía de arbitraje al Estado de Honduras las pretensiones económicas de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L 61, 688, 613.75). De lo antes señalado, se colige – en criterio del Recurrente - que el nuevo Pacto Arbitral, del cual se deriva el Laudo recurrido, tiene una causa falsa, pues su suscripción se genera con la injustificable intención de establecer un mecanismo de solución de conflictos entre las partes contratantes, cuando ya el contrato entre el Estado y la compañía PRODECON había finalizado, habiendo prescrito cualquier acción administrativa o judicial para hacer reclamaciones relacionadas con el contrato. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, las presentes alegaciones tienen como fundamento una indudable preocupación por la Procuraduría General de la República en el estado de las causas legales judiciales y arbitrales que incumben al Estado de Honduras, pero en lo que respectan a este acápite de la reclamación de amparo no muestran la trascendencia constitucional del mismo, incurriendo más bien en graves equívocos que vician la consistencia y validez de su reclamo; entre los cuales, los plasmados en las siguientes motivaciones: 1. No manifestar de que forma el fallo del Ad Quem resulta lesivo al debido proceso y al derecho de inviolabilidad de la defensa se estima como lesionado. Se limita el Censor a repetir una serie de alegaciones impugnatorias de nulidad del Laudo ante la Corte de Apelaciones respectiva, la cual se limitó, según consta de autos, a emitir un fallo motivado en derecho, en el cual expresa de manera sucinta que la Ley de Contratación del Estado sí era aplicable a la contratación efectuada en su momento por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), interpretación judicial del derecho que si bien no es compartida con el amparista, muestra plausibilidad no involucra error ostensible de derecho; toda vez que dicha norma, verbigracia la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2001, del 29 de junio), se encontraba efectivamente en vigencia al momento de suscribirse el ya referido como “nuevo Pacto Arbitral”,[2] puesto que entró en vigencia veinte (20) días después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 29, 583 del 17 de septiembre de 2001; Ley que deroga la antigua Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 148-85 de fecha 20 de agosto de 1985 y sus reformas y las demás disposiciones que se opongan a la nueva Ley, sin contemplar ningún precepto de vigencia intertemporal de la legislación derogada, como parece ser la premisa de fundamentación esgrimida por el Recurrente. 2. De ello se derivó que el Laudo que fue objeto de reclamación de nulidad ante el órgano judicial competente, pero en el marco de las competencias regladas que ya establece la legislación hondureña y completa concordancia con los principios de supremacía de la Constitución, de legalidad y de responsabilidad de los servidores públicos que ya establecen los articulados 4, 70 y 321 de la Constitución de la República con relación a la norma jurídica vigente y aplicable al caso concreto y que se nomina como Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2001, del 29 de junio). - Para la Sala de lo Constitucional se dirime así el alegato de violación al debido proceso y al derecho de defensa esgrimido por el Recurrente en este punto de su reclamación, por lo cual, no obstante, la falta de tesitura constitucional del reclamo hasta aquí formulado, observa que será la jurisdicción ordinaria la llamada a delimitar con precisión su ámbito de competencia y la delimitación de la cláusula arbitral, en los casos de arbitraje que ya precave el artículo 28 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA),[3] para el cual resulta indistinto que las partes involucradas sean personas naturales o jurídicas - como es el caso del Estado, y en particular de la Administración Pública, en su consideración elemental como única personificación interna del Estado [4]-, lo cual fue reconocido inclusive en forma más taxativa en la norma jurídica en referencia, en el artículo que autoriza el Arbitraje del Estado;[5] debiendo concordarse por la jurisdicción ordinaria el contenido de los citados artículos con la elucidación de significado del artículo 11 de la tantas veces citada Ley de Contratación del Estado (LCE), al indicar: “Son órganos competentes para celebrar los contratos de la Administración: 1) En la Administración Central: a) Los Secretarios de Estado en su respectivo ramo; (…)”; aspectos que a todas luces le corresponde adjudicar a la jurisdicción ordinaria, mas no a esta alta sede de Justicia Constitucional;[6] por lo cual, además de proceder la denegatoria por las razones supraindicadas, se subsume dicha alegación en la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento que establece el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC).[7] CONSIDERANDO (8): Que en cuanto a la alegación de la parte Recurrente, según la cual el nuevo Pacto Arbitral - del cual se deriva el Laudo recurrido - tiene una causa falsa en virtud de tener como finalidad la de establecer un mecanismo de solución de conflictos entre las partes contratantes, cuando ya el contrato entre el Estado y la compañía PRODECON había finalizado: “… habiendo prescrito cualquier acción administrativa o judicial para hacer reclamaciones relacionadas con el contrato”; aprecia esta Sala de lo Constitucional que ese alegato es de mero derecho, pero también carente de trascendencia constitucional, puesto que las alegaciones sobre la licitud del objeto y la prueba de la veracidad o falsedad de la causa de los contratos, corresponde a la rama del Ordenamiento denominada derecho privado y, en particular, al derecho civil, pues allí donde se conceptualiza lo que debe entenderse como causa de los contratos y todo lo atinente a su validez y/o prueba de la falsedad, no en tutela constitucional como pareciera instar la parte Recurrente. Así, a modo ilustrativo, el artículo 1572 del Código Civil, que expresa: “Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario”.[8] El presente motivo coincide sustancialmente con el anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional, en el sentido que le corresponde su conocimiento y decisión a sede jurisdiccional ordinaria, mas no a esta alta sede de Justicia Constitucional; ello por corresponder a alegaciones de mera legalidad, por lo cual, además de proceder la denegatoria por las razones supraindicadas, se subsume en la causal de inadmisibilidad y consiguiente sobreseimiento que se deja expresada y establecida el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC). CONSIDERANDO (9): Que en lo concerniente a la tercera y cuarta causas de nulidad interpuestas, ha fundado el Ad Quem su fallo denegatorio de nulidad y confirmatorio del Laudo controvertido, en que la primera de ellas está comprendida en el numeral 2) del citado artículo 74 de la LCA, la cual resultó desestimada por no haber evidencia de su interposición desde la iniciación del trámite arbitral, como lo ordena la ley y por no existir la causa de nulidad planteada, tanto por lo señalado para lo anteriormente considerando, como por no estar comprendido el notario-arbitro dentro de las imposibilidades que prescribe el artículo 44 de la Ley de Conciliación y Arbitraje. - Consta de autos, que la causal de nulidad en mención fue desvalorada por la parte Recurrente en la formalización de su escrito de amparo, pues en su parecer existía un impedimento legal del Notario nombrado, don José María Díaz Castellanos, para constituirse como Arbitro, por ser o haber formado parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en tanto Magistrado Integrante de la Corte Suprema de Justicia, lo cual consta en los archivos de la Secretaría General de dicho ente, integración que ha tenido lugar en distintas ocasiones, violentando así la expresa prohibición establecida en el artículo 44 de la Ley de Conciliación y Arbitraje en el sentido de quienes no pueden ser Árbitros. – Igualmente en el escrito de nulidad se da a conocer la no evacuación del “Medio de Prueba Número 6”, denominado Inspección, con el objeto de corroborar al cumplimiento de la Clausula Número 24.1 como requisito previo al nombramiento de un Conciliador y posteriormente a un Árbitro; lo cual es recapitulado por el Censor como violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa que le corresponden a su representado. - Con respecto a las dos últimas causas de nulidad que alega el Recurrente, estas son correlativas para el Ad Quem a las comprendidas en los numerales 3) y 4) del artículo 74 de la LCA y son catalogadas sencillamente como inexistentes, por parte del Tribunal de Alzada; ya que de la vista de autos se desprende la regularidad de la notificación y que la Secretaria de Estado demandada: “… tenía conocimiento de su contendido al haber acompañado al notario-arbitro a la evacuación de la prueba por el propuesta, y la que no pudo ser evacuada por causas no imputables a las partes y al arbitro (folio 664 del tomo segundo)”. Ha manifestado el Ad Quem, asimismo, que consta también de autos el notario-arbitro ordenó su posterior no evacuación en forma motivada, por estimar estar suficientemente informado (folios 663 y 670 respectivamente del segundo tomo) lo cual es permitido en la Ley de Conciliación y Arbitraje, por lo que se desestiman también estas últimas causas de nulidad. CONSIDERANDO (10): Que para esta Sala de lo Constitucional, estos últimos alegatos tampoco son de recibo desde una perspectiva de debido proceso constitucional y de respeto al derecho de defensa, según prescritas los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República y en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; tomando en consideración las siguientes consideraciones jurídicas: a) Que en lo concerniente a la tercera y cuarta causas de nulidad interpuestas, ha fundado el Ad Quem su fallo denegatorio de nulidad y confirmatorio del Laudo controvertido, en que la primera de ellas está comprendida en el numeral 2) del citado artículo 74 de la LCA, la cual resultó desestimada por no haber evidencia de su interposición desde la iniciación del trámite arbitral, como lo ordena la ley y como en efecto se desprende de una revisión al expediente formado en sede del tribunal arbitral constituido por único Árbitro y por ende no existir la causa de nulidad planteada; así como por no estar comprendido el notario-arbitro dentro de las imposibilidades que prescribe el artículo 44 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en vista de que el Notario Árbitro no ejerció la condición de Magistrado de una manera permanente y profesional, sino que cumpliendo el deber de asistir a ocasionales llamamientos del Poder Judicial para integrar como Magistrado Integrante en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de asuntos específicos agendados en la sesión a la que se le haría llamamiento a integrar lo cual no constituye sino un deber deontológico profesional que en nada vicia su idoneidad subjetiva para ser nominado Árbitro por las partes contratantes. La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales[9] es concordante en este sentido, puesto que en su texto normativo no establece legalmente más que las modalidades de Magistrado Propietario, Suplente o Interino, para el nombramiento o elegibilidad de los jueces superiores del Ordenamiento;[10] por lo que no es de recibo que la integración del Notario Árbitro como Magistrado en las circunstancias antes indicadas, constituyan causa de prohibición para el ejercicio del Arbitraje. b) Lo mismo cabe decir de decisión intraprocesal arbitral referente a no evacuar del “Medio de Prueba Número 6”, denominado Inspección, con el objeto de corroborar el cumplimiento de la Clausula Número 24.1 como requisito previo al nombramiento de un Conciliador y posteriormente a un Árbitro. Lo anterior con base a que la no evacuación del medio de prueba no resulta arbitraria, puesto que son amplias las competencias legales que le confiere la Ley al Árbitro a efecto de poder prescindir motivadamente de las pruebas no evacuadas: “… si se consideran adecuadamente informados, mediante providencias que no tendrán recurso alguno”;[11] razón por la cual tampoco se infringe el debido proceso y asimismo, los arbitros estan facultados para decidir acerca de su competencia,[12] así como en el plano doctrinario y en lo que concierne, principalmente, al Arbitraje Internacional, a: “… la apreciación de los hechos y la interpretación de los textos que son competencia del árbitro”.[13] c) Porque, finalmente, resulta relevante desde la perspectiva constitucional el que la autoridad recurrida haya fundado, sin bien sucinta, mediante motivación congruente y de fondo, el porqué resultaba improcedente la inclusión del caso en alguna de las causales de nulidades alegadas, comprendidas en las estipuladas en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, numerales 1), 2), 3) y 4), como era la pretensión del Recurrente, lo cual ha quedado ampliamente fundamentado en los anteriores considerandos. CONSIDERANDO (11): Que en numerosa jurisprudencia constitucional se ha señalado que el artículo 82 de la Constitución de la República establece la inviolabilidad del derecho a la defensa, la cual es predicable de todos los órdenes jurisdiccionales, inclusive y desde luego del arbitramento como método alternativo para la resolución de conflictos; lo cual tiene como punto de partida normativo el principio derecho de libertad y se desarrolla puntualmente en el artículo 110, con relación al artículo 70 párrafo primero de la Constitución de la República, en lo aplicable;[14] teniendo siempre como absoluto e inamovible cimiento la autonomía de la voluntad en la contratación y en la libertad para pactar soluciones alternas a los conflictos, de la cual gozan todos los hondureños, en cuyo ámbito se encuentra la facultad de convenir expresamente la cláusula que habilita la competencia arbitral, la cual se encuentra desarrollada en la legislación secundaria pertinentemente citada. CONSIDERANDO (12): Que consistentemente con los anteriores fundamentos, la línea jurisprudencial constante en esta Sala de lo Constitucional, en el sentido que la indefensión se produce cuando se provoca una limitación real al derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las partes, privando al justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal del caso prevé; lo cual no concurre al presente caso, puesto que no se ha comprobado la indefensión alegada ni el perjuicio directo de la parte solicitante de amparo; siendo que el recurso de nulidad tramitado dió respuesta suficiente y fundada a todos y cada uno de los planteamientos de nulidad esgrimidos, a la luz de derecho congruente y de fondo, en acatamiento a la garantía innominada del debido proceso y a la plena vigencia del derecho de defensa que asisten conjuntamente, al Estado de Honduras como parte agraviada. Lo anterior de la vista y estudio exhaustivo de autos, según motivación y fundamentación efectuada en derecho congruente, resultando procedente la denegatoria de la presente acción de Amparo por razones de fondo, concurrentes a las ya expresadas causales de inadmisibilidad. Por todo ello, se constata que los criterios de fondo y consideraciones de inadmisibilidad aquí expresados resultan coincidentes a que no se otorgue la presente garantía de amparo y a que se proceda a su inmediata denegatoria. CONSIDERANDO (13): Por todo lo expuesto, con el merito que arrojan las presentes diligencias se estima procedente DENEGAR la presente acción constitucional de amparo, de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 70, 82, 90, 110, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. NOTIFIQUESE. Firma y Sello. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de febrero de dos mil catorce. Visto el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, contra la sentencia de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, dictada por este Tribunal en el recurso de amparo interpuesto por él, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en fecha nueve de febrero de dos mil once, que declara sin lugar un recurso de nulidad y confirma un laudo arbitral dictado por el notario JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS, con relación a la demanda de arbitraje promovida por la sociedad mercantil denominada PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PRODECON) contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste se limita a cuestionar la sentencia recurrida, sin atacar el fondo del asunto controvertido, pues conforme a este, pretende de la Sala (sic) “…No obstante el presente fallo, a nuestro criterio persisten las violaciones constitucionales reclamadas en el escrito de la demanda de Amparo que en su oportunidad se interpuso…” siendo inaceptable este motivo para proceder nuevamente a la revisión del caso de autos, al haberse pronunciado este Tribunal en la sentencia que se impugna, asimismo, el recurrente plantea otra serie de alegaciones de fondo que no forman parte de los hechos controvertidos con la acción de mérito y otros sobre los cuales ya se pronunció plenamente esta sala en el fallo recurrido. CONSIDERANDO: Que en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación a una declaración y/o un derecho contenido en la Constitución de la República, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por las razones expuestas en la motivación de la sentencia que se impugna. CONSIDERANDO: Que conforme se ha dejado establecido en los considerandos en que se fundamenta la resolución recurrida, el recurso intentado por el recurrente no reúne los requisitos mínimos de fondo y forma necesarios para continuar su tramitación, razones por las que la resolución recurrida, conforme a la motivación expuesta en la misma se encuentra apegada a derecho y procede en consecuencia declarar sin lugar por improcedente el recurso de reposición interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 64, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS contra la sentencia de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia recurrida por el peticionario.-NOTIFIQUESE. Firma y Sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA; PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, certificación de las resoluciones de fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece y cuatro de febrero de dos mil catorce, ambas recaídas en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo No.138=2011.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ver Expediente SCO AA 536-08, Sentencia Definitiva de fecha 12 de enero de 2010.

[2] Ver acotación en folio 3 del Tomo I denominado Reclamo Administrativo, con Número SCO-P552-2011.

[3] Ley de Conciliación y Arbitraje (Decreto No. 161-2000), del 17 de octubre. Fuente: Compendio Administrativo de Honduras, Compilador: Max Viana. Editado por Central Impresora S.A., San Pedro Sula, 2004. 343 pp.

[4] Ver: García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. Civitas, 4ª Edición, Madrid, 1984. p. 37.

[5] Nos referimos al artículo 31 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA), que a letra expresa: “ARBITRAJE DEL ESTADO: Podrán ser sometidas a arbitraje las controversias derivadas de los contratos que el Estado hondureño y las entidades de derecho público celebren con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”.

[6] Para ello deberá tomarse en cuenta, prima facie, que el reclamo constitucional formulado tiene una respuesta fundada en derecho concurrente en el presente caso, en el sentido que el Estado de Honduras si puede someterse a arbitraje, e inclusive a transacción con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuando actúe como sujeto en el ámbito privado y la ley no ordene otra cosa; pero que esta posibilidad no opera en forma incondicionada, sino que cuando se desprenda con claridad la capacidad objetiva para tal actuación, verbigracia la suscripción de un convenio arbitral, en el marco de la buena fe contractual y siempre y cuando el objeto y causa de la obligación no sean ilícitas, bajo el principio general de que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino que a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley, o por la costumbre pertenecen a ella. (Artículo 1546 del Código Civil), lo cual no involucra desde luego la convalidación de usos y costumbres contra legem, o concederle efecto derogatorio a las normas impero-atributivas consideradas como disposiciones de orden público. - Tal implicancia se infiere a su vez del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que consigna las causales expresas por las cuales un Laudo puede declararse nulo.

[7] Decreto No. 244-2003, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 30, 792, de fecha 3 de septiembre de 2005.

[8] El artículo 1571 del Código Civil (Decreto No. 76, del 19 de enero de 1906), también reitera el requisito probatorio a que alude el supra indicado artículo, al señalar: “La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundadas en otra verdadera y lícita”. (El subrayado no está en el original)

[9] Ver Decreto No. 76 del 19 de enero de 1906.

[10] Ver artículo 89 y ss. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

[11] Artículo 62 párrafo quinto de Ley de Conciliación y Arbitraje (Decreto No. 161-2000).

[12] Artículo 60 párrafo primero de Ley de Conciliación y Arbitraje (Decreto No. 161-2000).

[13] Doctrina arbitral reiterada por la Corte Internacional de Justicia (C.I.J.) en el asunto del Laudo Arbitral del Rey de España entre las Repúblicas de Honduras y Nicaragua de 1906, al excluir ciertas alegaciones de Nicaragua ante esa Alta Corte de Justicia Internacional. Ver: Curso de Derecho Internacional Público. González Campos, Julio D., et al. 4ª Edición revisada. Thomson – Civitas, Pamplona, España, 2008. p. 975.

[14] Como nota al pie: Si bien se considera pertinente la fundamentación del fallo en el artículo 110 de la Constitución de la República, según el cual ninguna persona que tenga libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho a terminar sus asuntos por transacción o arbitramiento; norma jurídica que ha sido considerada usualmente el basamento de la transacción y el arbitramiento en el ordenamiento jurídico hondureño, a la luz de tendencias ius privatistas y de la exigencia supralegal, cada día más vigente, a que se garantice a la persona humana el derecho a la tutela judicial efectiva; conviene dejar asentado que no todas las naciones tienen elevada a la categoría de imperativo constitucional, como el caso de Honduras, la figura del arbitraje y de la transacción y que, sin embargo, la validez de esta nueva y complementaria forma de impartir justicia, con estricto respeto al derecho del debido proceso, no descansa únicamente en ese enunciado, sino que tiene correlato en nuestra dogmática constitucional en el artículo 70, párrafo primero de la Constitución de la República, por el cual se define y conceptúa el principio de libertad, traducido en la autonomía de la voluntad que es inherente a las personas naturales, en tanto titulares de derechos fundamentales; lo que debe entenderse en el contexto de doble vinculación a la ley y la Constitución en que se desenvuelve el Estado de Honduras, en tanto persona jurídica por excelencia, sujeto también de los derechos y obligaciones que le vengan atribuidas en el conceptuoso marco del derecho objetivo. - No resulta redundante afirmar, que tal norma es generadora de derechos y deberes en lo pertinente, también para la Administración Pública, cuando ésta actúa despojada de la auctoritas, es decir, como simple contratante en el ámbito privado.