Sentencia AA-104-13 — Registro 7475
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo a favor del Estado de Honduras contra sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que desestimó defensas previas en relación a demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad del acto administrativo de carácter general conocido como Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) promovida por el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) Asociación de Periodistas Ambientales y Agroforestales (AHPAFF) Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG) contra el Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que los demandantes están legitimados y ostentan la representación exigida por la ley para comparecer en juicio así como que han concurrido al órgano jurisdiccional competente dentro del término señalado para tal efecto, en consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la Ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario por Ley de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de septiembre del dos mil trece. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil trece (2013), que deniega el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil doce (2012), en relación a las Defensas Previas promovidas en la Demanda para que se Declare la Nulidad de un Acto Administrativo, promovida por el INSTITUTO DE DERECHO AMBIENTAL DE HONDURAS (IDAMHO), LA ASOCIACION DE PERIODISTAS AMBIENTALES Y AGROFORESTALES (AHPAFF), LA ASOCIACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ASONOG) Y OTROS, ASIMISMO, DE LOS SEÑORES JORGE RAMON VASQUEZ Y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS. Manifestando el recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos y garantías constitucionales estipuladas en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada CLARISA VEGA MOLINA, en su condición de: a) Presidenta del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO); b) Apoderada Legal de la Asociación de Periodistas Ambientalitas y Agroforestales (AHPAFF); c) Apoderada Legal de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG); d) Apoderada Legal del Comité Para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF); e) Apoderada Legal de los señores JORGE RAMON VASQUEZ, CARLOS DANILO AMADOR, JOSE DAVID FLORES y ROGER ABRAHAM ESCOBER; y f) En Representación del Pueblo Hondureño basada en el Artículo 1 de la Ley General del Ambiente, promoviendo demanda para que se declare la ilegalidad y consecuentemente la nulidad del acto administrativo de carácter general conocido como REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SINEIA), emitido por el Presidente Constitucional de la República a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente mediante Acuerdo No. 189-2009, publicado en el Diario Oficial la Gaceta, No. 32,102 el día Jueves 31 de Diciembre del 2009, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, alegando la cuestión incidental de defensas previas, por considerar que la demanda relacionada fue interpuesta fuera del plazo establecido, por personas no legitimadas. (Folios 1 al 3 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas).3) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil doce (2012), el referido Juzgado, dictó sentencia interlocutoria, mediante la cual desestimó las defensas previas alegadas por la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, por inexistentes. (Folios 19 al 21 de la segunda pieza de los antecedentes (Pieza Separada de Defensas Previas).4) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil doce (2012), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha (19) de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, por considerar que la misma es violatoria de las garantías y derechos constitucionales contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, teniendo la Corte por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil doce (2012), ordenando dar vista al Fiscal por el término de 48 horas a fin de que emita el dictamen respectivo. (Folios 1 al 3 y 16 de la cuarta pieza de los antecedentes).5) Que en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil doce (2012), el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, rindió el dictamen correspondiente, siendo del parecer que no se otorgue el recurso de amparo solicitado. (Folios 17 al 19 de la cuarta pieza de los antecedentes). 6) Que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil trece (2013), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, falló denegando el Recurso de Amparo interpuesto. (Folios 33 al 34 de la cuarta pieza de antecedentes).7) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil trece (2013), este alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto por el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 Constitucional relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, mediante la cual se Deniega el recurso interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, de fecha diecinueve de octubre del año dos mil doce, con relación a la demanda para que se declare la Nulidad de un Acto Administrativo instruido por el INSTITUTO DE DERECHO AMBIENTAL DE HONDURAS (IDAMHO), LA ASOCIACION DE PERIODISTAS AMBIENTALES Y AGROFORESTALES (AHPAFF), LA ASOCIACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ASONOG) YOTROS, así mismo de los señores: JORGE RAMON VASQUEZ Y OTROS contra EL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDON (4): Que el recurrente fue notificado en fecha veintiocho de enero del año dos mil trece, del fallo emitido por el Ad-Quem mediante el cual se Deniega el Recurso de Amparo interpuesto. CONSIDERANDO (5): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en el fallo emitido, considerando número cuatro (4) deja establecido que del estudio y análisis de los antecedentes, el acto reclamado, la fundamentación del Recurso de Amparo y la norma aplicada, se desprende que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales que alega el recurrente, por haber sido correctamente desestimadas las causas de inadmisibilidad intentada por el impetrante ante la autoridad recurrida. En su numeral cinco (5) dice: Que en aplicación a lo prescrito en el Artículo 13 letra b), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la demandante está legitimada para comparecer ante los Tribunales de dicha jurisdicción esto porque representa a Personas Jurídicas que ostentan representación y Defensa de intereses de carácter general o corporativo y por impugnar directamente un acto de carácter general. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem fundamenta y argumenta su resolución en lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Artículo 13. Literal b) que dice: Podrán demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública, los siguientes…; b) Las entidades estatales, las de Derecho Público y cuantas personas jurídicas ostenten representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo, cuando el juicio tuviere por objeto la impugnación directa de actos de carácter general de la Administración Pública, siempre que el acto impugnado les afectare directamente, salvo en el supuesto previsto en el Artículo 30, Párrafo Tercero, en que bastará la legitimación a que se refiere el literal a) de este Artículo. Conforme a la norma citada los demandantes están legitimados y ostentan representación para comparecer en juicio. Por otra parte la demandante ha comparecido a interponer la demanda referida dentro del Término concedido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia dictada en el Recurso de Amparo promovido contra el Reglamento del Sistema Nacional de Evacuación de Impacto Ambiental, que si bien es cierto fue sobreseído, El Tribunal Supremo en aplicación al Artículo 6 de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: …,En todo caso, esta declaración será fundada y se efectuará siempre indicando la jurisdicción concreta que se estime competente, y si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez días, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado ésta siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o fuere defectuosa”;concedió el término señalado a los recurrentes para que el conflicto se resolviera conforme la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y ha sido en cumplimiento a este fallo que los demandantes han comparecido dentro de dicho término ante ésta jurisdicción. Por todo ello no son de derecho las Defensas previas invocadas por la parte Demandada, (Certificación de Sentencia a Folio 40 al 43 de la primera pieza).CONSIDERANDO (7): Del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo, no han vulnerado derechos y garantías constitucionales, en virtud de que los demandantes están legitimados y ostentan la representación exigida por la ley para comparecer en juicio así como que han concurrido al órgano jurisdiccional competente dentro del término señalado para tal efecto, en consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. CONSIDERANDO (8): Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la Ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, en que el Ad-Quem apreció que no se ha vulnerado derechos fundamentales al representado del recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha diecisiete de enero del año dos mil trece por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTÍN a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.-SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de octubre de dos mil trece, certificación de fallo de fecha tres de septiembre de dos mil trece, recaída en el recurso de Amparo Administrativo Contencioso Administrativo venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 104=13.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL