Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-04-13 — Registro 7083

Resumen

Auto declaró sin lugar impugnación del proceso electoral de candidadtos a diputados por el Departamento de Choluteca del proceso de elecciones primarias del Partido Nacional en perjuicio de recurrente precandidata a diputada por el Movimiento "Salvemos Honduras"

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."visto de autos las resoluciones brindadas al caso y los informes rendidos por el Tribunal Supremo Electoral en el trámite de la presente acción de amparo, resulta que esta exigencia de motivación se ve cumplida, si bien es cierto no se adjunta a la resolución impugnada una impresión o facsímil de la página Web oficial aludida, con expresión de fecha, día y hora en que conste en forma indubitada los datos precisados sobre resultados electorales que son objeto del presente reclamo constitucional, como sería recomendable en aras de optimizar la transparencia de los procesos electorales en Honduras..."..."de la revisión de la foliada, encontramos a su vez, que providencia administrativa de fecha primero de diciembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, señala que, en cuanto lo solicitado por el ahora recurrente en Amparo, se haga de su conocimiento que ese Tribunal Supremo Electoral ordenó la verificación de las Actas de Cierre referidas, del nivel electivo de Diputados del Departamento de Choluteca, comprobándose que no existen inconsistencias, por lo que fueron procesadas y aprobadas por ese Tribunal, extremo que podía ser verificado, según el Tribunal Supremo Electoral, en su pagina web oficial, de la cual se ha hecho inmediata, anterior y pertinente referencia..."..."de lo que consta en el expediente administrativo contentivo del acto recurrido en amparo y lo expuesto anteriormente se concluye que el derecho a elegir y ser electo y optar a cargos públicos no ha sido conculcado en el presente caso, por cuanto a la ciudadana CASTA AZUCENA AYALA DELGADO no le fue vedado su derecho a la participación política en su condición de candidata a diputada por el Partido Nacional en las pasadas Elecciones Primarias y no consta de autos que se realizaré algún acto o hecho del Tribunal Supremo Electoral encaminado a limitarle, restringirle o impedirle dicho ilegítimamente dicho derecho. Y en cuanto al derecho de petición invocado por el peticionario, Abogado JORGE ALBERTO LOPEZ SOLORZANO, es claro que éste tuvo a disposición las acciones legales que estimó pertinentes ejercitar y no hizo efectivo el derecho a promover la nulidad de la declaratoria de elecciones, que le franqueaba la ley Electoral, por causas ajenas a la Autoridad competente..."..."de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala de lo Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y resolver lo procedente en derecho y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, lo cual no fue el caso, procederá la Sala de lo Constitucional a pronunciarse en otorgamiento del amparo. Por todo ello, resulta procedente pronunciarse denegando el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de julio de dos mil trece.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO LOPEZ SOLORZANO a favor de la señora CASTA AZUCENA AYALA DELGADO, contra el auto emitido por el Tribunal Supremo Electoral en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil doce (2012), que declara sin lugar una solicitud de impugnación de proceso electoral de candidatos a diputados por el Departamento de Choluteca del proceso de elecciones primarias del Partido Nacional, en perjuicio de la señora CASTA AZUCENA AYALA DELGADO, pre-candidata a diputada por el Movimiento “Salvemos Honduras” del Partido Nacional de Honduras. El recurrente fundamenta su acción constitucional en el artículo 80 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil doce (2012), la señora CASTA AZUCENA AYALA DELGADO, compareció ante el Tribunal Supremo Electoral, a fin de impugnar el proceso electoral de candidatos a diputados por el departamento de Choluteca, presentando en Actas las inconsistencias encontradas en dicho proceso electoral y solicitando se haga el conteo “voto por voto” de cada mesa electoral receptora (MER) de todo el Departamento y que se haga comparación juntamente con el Cuaderno Electoral. Todo ello con fundamento en el artículo 80 de la Constitución de la República.- 2) Que en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil doce (2012), el Tribunal Supremo Electoral, dictó auto mediante el cual declaró SIN LUGAR la solicitud planteada, bajo la fundamentación de que el Tribunal Supremo Electoral ordenó la verificación de las actas antes mencionadas, comprobándose que los datos de las mismas no presentan inconsistencias, encontrándose dentro de los parámetros para dar por valida una votación, lo cual puede ser corroborado por el peticionario en la página Web del Tribunal www.tse.hn.- (Folios ciento veinte (120) y ciento veintiuno (121) de la pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha tres (3) de enero del año dos mil trece (2013), el Abogado JORGE ALBERTO LOPEZ SOLORZANO compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de la señora CASTA AZUCENA AYALA DELGADO, contra la resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral, en fecha uno (1) de diciembre del año dos mil doce (2012), fundamentando su acción constitucional en el artículo 80 de la Constitución de la República; ordenándose, por parte del Tribunal, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil trece (2013), dar vista al recurrente por el término de cuarenta y ocho (48) horas a fin de que formalizare su petición por escrito. (Folios de uno (1) al seis (6) y folio trescientos sesenta y tres (363) de la pieza de amparo SCO AA 04-13).- 4) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), esta Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido al recurrente para que formalizara por escrito la acción de amparo interpuesta, sin embargo, esta Sala aprecio que en el escrito de interposición del recurso el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo que estimó procedente continuar con el trámite de la acción interpuesta, ordenando dar vista al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho (48) horas a fin de que emitiera el dictamen respectivo. (Folio trescientos sesenta y cinco (365) de la pieza de amparo SCO AA 04-13).- 5) Que en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil trece (2013), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada REINA SUYAPA PINEDA, y por emitido en tiempo y forma su dictamen, en el cual fue de la opinión siguiente: “… se puede determinar que la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral de fecha uno de diciembre del dos mil doce, violenta el derecho a ser electo, defensa y debido proceso invocados por el recurrente”. (Folios trescientos sesenta y ocho (368) al trescientos setenta y cuatro (374) de la pieza de amparo SCO AA 04-13).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que la Garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JORGE ALBERTO LOPEZ SOLORZANO, se dirige contra el auto emitido por el Tribunal Supremo Electoral de fecha uno de diciembre de dos mil doce, en el Expediente Número 0134-2012, mediante el cual se declara SIN LUGAR la impugnación promovida contra las Elecciones primarias en el Departamento de Choluteca, en el nivel electivo de candidatos a diputados al Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras en dicho Departamento.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, fundamentalmente lo siguiente: Que a raíz del auto de fecha uno de diciembre del año dos mil doce, del cual solicita se le otorgue amparo, pidió fotocopia del expediente, lo cual se hizo efectivo hasta el día viernes 21 de diciembre del mismo año. Que allí puede constatarse que no en todas las actas venía el resultado de cuantos votos sacó en esas MER (Mesa Electoral Receptora) su representada, debido a que por tanto abuso o vicio electoral hay otra persona que está saliendo como Diputado pero que no se ha ganado dicho lugar sino en base a fraude. Este ha sido admitido inclusive por altos personeros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como es la persona de su Secretario, quien aceptó que si hubo “manoseo” en el proceso y que sí se inflaron actas en sus resultados. Luego ellos hacen lo que se supone se había solicitado, pero manifiesta que no fueron llamados a estar presente en ese proceso de revisión, ni el dicente, ni su representada, ni la representación de los derechos humanos, ni el observador nacional. De lo cual se desprende hay duda sobre lo actuado. Continúa manifestando que en la copia del Expediente a su disposición puede apreciarse una serie de irregularidades, mismas que detalla para apreciación de cómo se administra la justicia por el Organismo electoral. Refiere que el Auto que aplicaron (Sic.) para declarar sin lugar su trámite, fue el mismo aplicado a varios trámites presentados ante ese Tribunal, pese a que se trataba de situaciones diferentes, lo cual denota la falta de estudio adecuado. Refiere que aun y cuando se niegue este extremo en el auto recurrido, existen varias irregularidades como, a modo de ejemplo, la suscitada en el Municipio de Namasigue, Acta No. 02913, la cual tiene información cruzada y presenta una leyenda que habla de principios cooperativos, apareciendo un membrete de la Universidad Metropolitana de Honduras y el nombre de una persona que se llama Paula Milagro Suazo Cadenas, lo cual es incompatible con un documento público que se supone sólo lo tiene que emitir el Tribunal Supremo Electoral, constituyendo esto en especie la comisión de un delito de Falsificación de Documentos Públicos. Aplicando la duda razonable, sugiere que este mismo acto se dio en otros municipios del Departamento de Choluteca, y si esto no es una inconsistencia, pregunta qué es una inconsistencia para el Tribunal Supremo Electoral. Además denuncia irregularidades relativas al código de barras que está presente en la parte superior de cada Acta, abajo del número del MER, el cual supone que esta repetido en muchas actas, viéndose con frecuencia que los datos que aparecen no coinciden con sus propios datos, además de otros vicios electorales que denuncia el Censor en varios Municipios del Departamento de Choluteca; por todo lo cual solicita de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (Sic.) admitir el presente recurso junto con los documentos acompañados, se haga el conteo voto por voto, y se coteje minuciosamente acta por acta, mandando a declarar nula la resolución de Declaratoria del TSE; entregándosele al apoderado copia integra del resultado general de todo el proceso de elección de Diputados en todo el referido Departamento.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que visto el reclamo sustanciado por el amparista, conviene efectuar una serie de consideraciones jurídicas atinentes al caso. Así, recordar que los órganos de la Administración Publica están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso en particular del Tribunal Supremo electoral, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho. - Para esta Sala de lo Constitucional, visto de autos las resoluciones brindadas al caso y los informes rendidos por el Tribunal Supremo Electoral en el trámite de la presente acción de amparo, resulta que esta exigencia de motivación se ve cumplida, si bien es cierto no se adjunta a la resolución impugnada una impresión o facsímil de la página Web oficial aludida, con expresión de fecha, día y hora en que conste en forma indubitada los datos precisados sobre resultados electorales que son objeto del presente reclamo constitucional, como sería recomendable en aras de optimizar la transparencia de los procesos electorales en Honduras.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de la foliada, encontramos a su vez, que providencia administrativa de fecha primero de diciembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, señala que, en cuanto lo solicitado por el ahora recurrente en Amparo, se haga de su conocimiento que ese Tribunal Supremo Electoral ordenó la verificación de las Actas de Cierre referidas, del nivel electivo de Diputados del Departamento de Choluteca, comprobándose que no existen inconsistencias, por lo que fueron procesadas y aprobadas por ese Tribunal, extremo que podía ser verificado, según el Tribunal Supremo Electoral, en su pagina web oficial, de la cual se ha hecho inmediata, anterior y pertinente referencia.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Decreto 44-2004 del 1 de abril del 2004, sancionado por el Presidente de la República por Ley en fecha 15 de mayo del 2004, contiene la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual regirá los procesos electorales que se celebren mediante el sufragio universal, los organismos electorales, partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes, así como las actividades de todas las instituciones que por esta ley se determinen. El mismo contiene disposiciones generales; organización electoral; censo nacional electoral y listados; división política geográfica, voto domiciliario y sufragio en el exterior; partidos políticos; requisitos de elegibilidad e igualdad de oportunidades; elecciones internas y primarias de los partidos políticos; inscripción de candidatos; actividad política permanente, campaña electoral y manifestaciones políticas; educación cívica electoral y capacitación; desarrollo de las elecciones generales; delitos y faltas electorales; disposiciones generales; disposiciones finales; y, disposiciones transitorias.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que en el Diario Oficial la Gaceta bajo el No.32,996 del lunes diez de diciembre de dos mil doce, fue publicado el Acuerdo No.15-2012 del Tribunal Supremo Electoral, mediante el cual se emitió la “Declaratoria de Elecciones Primarias 2012 de los Partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación”, en dicho acuerdo se expresó en el considerando dieciséis, que “La auditoria internacional para el proceso de Elecciones Primarias 2012 (Centro Internacional de Auditorias y Riesgos) concluye que el proceso electoral 2012 en Honduras, es certificado como transparente y que el tratamiento adecuado para corregir las inconsistencias identificadas en las actas ha permitido que se respete el voto de las urnas por lo que las Elecciones Primarias 2012 deben ser consideradas como legitimas.”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que emitida la declaratoria de elecciones antes señalada, quienes tuvieran una pretensión de nulidad por considerarse afectados en sus derecho tenían como único remedio ejercitar dicha acción contra el acto declaratorio de elecciones, el que de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 204 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, debía presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que de lo que consta en el expediente administrativo contentivo del acto recurrido en amparo y lo expuesto anteriormente se concluye que el derecho a elegir y ser electo y optar a cargos públicos no ha sido conculcado en el presente caso, por cuanto a la ciudadana CASTA AZUCENA AYALA DELGADO no le fue vedado su derecho a la participación política en su condición de candidata a diputada por el Partido Nacional en las pasadas Elecciones Primarias y no consta de autos que se realizaré algún acto o hecho del Tribunal Supremo Electoral encaminado a limitarle, restringirle o impedirle dicho ilegítimamente dicho derecho. Y en cuanto al derecho de petición invocado por el peticionario, Abogado JORGE ALBERTO LOPEZ SOLORZANO, es claro que éste tuvo a disposición las acciones legales que estimó pertinentes ejercitar y no hizo efectivo el derecho a promover la nulidad de la declaratoria de elecciones, que le franqueaba la ley Electoral, por causas ajenas a la Autoridad competente.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Sin embargo de la lectura de los alegatos expuestos en el considerando anterior se evidencia que las argumentaciones del amparista se refieren a asuntos que por su naturaleza salen de la esfera de conocimiento de la Sala de lo Constitucional, pues se reduce a alegaciones de mera legalidad y que por mandato de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas corresponde al Tribunal Supremo Electoral dilucidar y resolver lo procedente en derecho y sólo en caso de que el Tribunal Supremo Electoral violentare alguna disposición constitucional, lo cual no fue el caso, procederá la Sala de lo Constitucional a pronunciarse en otorgamiento del amparo. Por todo ello, resulta procedente pronunciarse denegando el presente recurso de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 303, 304, 313 No. 5, y 316 de la Constitución de la República; 1º. Y 78 atribución 5ª. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113, 125, 189, 203, 204, 205 y 206 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; 1, 2, 3, 5, 7, 9, 63, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. PRESIDENTE. SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA. VICTOR MANUEL LOZANO URBINA. GERMAN VICENTE GARCIA GARCIA. JOSE ELMER LIZARDO CARRANZA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho (8) de agosto del año dos mil trece (2013), certificación de la resolución de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013), recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (Electoral) con orden de ingreso en este Tribunal número 04=13.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL