Sentencia RI-918-11 — Registro 4466
Resumen
Recurso de inconstitucionalida interpuesto vía de acción,contra el Articulo 22 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público contenido en el Decreto Legislativo Número 17-2010
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta sala de lo Constitucional al hacer el juicio de contraste entre la citada norma constitucional y el referido artículo estima que no se vulnera el principio de igualdad consignado en nuestra Carta Magna; debiendo entender que el valor jurídico de igualdad que envuelve la prohibición de discriminación, ha superado el sentido mecánico de “igualdad ante la ley” que postulaba un tratamiento idéntico para todos en todas las situaciones, y ha sido sustituido por el concepto moderno de “igualdad jurídica” entendiéndolo como una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonable igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, reconociendo que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva de la dignidad humana, y que solo se considera discriminatoria una distinción cuando carece de “justificación objetiva y razonable”. De ahí, no puede afirmarse que existe trato desigual o discriminación por la creación de una ley que viene a fijar los tributos que debe percibir el Estado como resultado de las actividades de comercio que realizan las empresas encargadas de administrar las llamadas máquinas tragamonedas que funcionan a través de casas de juegos, casinos etc. Donde los legisladores concurren en que si bien se justifica su existencia de igual manera se justifica el pago de tributos al Estado de manera proporcional y razonable a la actividad lucrativa que desarrollan tales empresas. De lo anterior, podemos concluir entonces, que si la Constitución de la República establece que todos lo hondureños somos iguales ante la ley, debe entenderse que tal igualdad, tratándose de aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad, puede llegar a implicar un tipo de discriminación positiva a favor de los mismos, entendiéndose evidentemente que la misma es legitima, siempre y cuando se trate de compensar una situación real de perdida frente a otros sectores económicamente poderosos, en ese sentido se estima que el artículo primero del cuestionado Decreto, al considerar la discriminación positiva que hace a favor de los sectores menos favorecidos en busca de justicia social, no vulnera en modo alguno la garantía constitucional del articulo 60 de nuestra Ley Suprema.CONSIDERANDO: (11) Que el recurrente señala que el Artículo 22 de la Ley de fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, vulnera directamente el articulo 64 de la Constitución de la República, artículo éste que señala que: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Señalando que tal vulneración se produce porque disminuye el derecho al bienestar económico de su poderdante y su garantía de igualdad ante la ley, así mismo hace discriminación de clase a dichas empresas al considerar el incremento del tributo en mención como razonable, al suponer que dichas empresas tienen mayor capacidad de pago. Que analizados el precepto constitucional invocado esta Sala encuentra que la aplicación del artículo 22 de la Ley tantas veces enunciada no vulnera, limita o restringe las declaraciones derechos y garantías del los poderdantes del recurrente, puesto que es una ley dirigida a recaudar Tributos de las empresas dedicadas al comercio de casinos, juegos etc. Por otra parte en la exposición del recurrente no se encuentra que tales empresas hayan recibido perjuicios por el pago del tributo mencionado, que los haya obligado a cerrar o a la disolución y liquidación de sus empresas, sino que de la misma acción se deduce que tales empresas siguen realizando sus operaciones de comercio, porque tal y como lo dice el recurrente tiene fines de lucro y en ese orden de ideas siguen operando. Por otra parte el recurrente invoca el artículo 333 Constitucional que prescribe: La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social y por límite los derechos y libertades reconocidas por esta Constitución. Los objetivos del Decreto 17-2010 que contiene el artículo 22 impugnado tiene como propósito fundamental “introducir reformas en el Sistema Tributario Nacional con el propósito de mejorar la recaudación tributaria, lograr una eficaz administración de los Tributos y apoyar la producción nacional…, por otra parte procura la distribución equitativa de los recursos y la disciplina fiscal requerida y necesaria para atender la ejecución de programas y proyectos de prioridad nacional, en beneficio de las clases menos favorecidas de la sociedad”. Tal y como lo señala la norma constitucional mencionada el legislador ha tomado en cuenta el interés público y social, y tal como se ha dicho en párrafos anteriores el artículo 22 de la Ley de fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público no violenta, restringe o limita los derechos y garantías establecidos en la constitución. Por todo ello esta Sala observa que no se vulnera el artículo 64 y 333 Constitucional. CONSIDERANDO: (12) Que por las razones expuestas es visto que la declaración de inconstitucionalidad que se solicita es improcedente por lo que se impone denegar el recurso que es objeto de esta sentencia"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 60 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 64 (Decreto)
- Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de octubre de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por el Abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, quien actúa a favor de los señores LEONIDAS TORRES ARIAS, JORGE VITANZA KATTAN, RUBEN CUELLAR SANTOS, FERNANDO ENRIQUEZ SALVADOR HANDAL Y EDUARDO EUGENIO TORRES MC DONDUGH; contra el articulo veintidós de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 17-2010, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,193 manifiesta el recurrente que el referido decreto carece de legitimidad por haberse efectuado con inobservancia de preceptos constitucionales. ANTECEDENTES
- Que en fecha treinta de noviembre de dos mil once, compareció ante este Tribunal el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, quien actúa a favor de los señores LEONIDAS TORRES ARIAS, JORGE VITANZA KATTAN, RUBEN CUELLAR SANTOS, FERNANDO ENRIQUEZ SALVADOR HANDAL Y EDUARDO EUGENIO TORRES MC DONDUGH; contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 17-2010, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,193 en fecha veintidós de abril de dos mil diez, manifiesta el peticionario que el referido decreto carece de legitimidad por haberse efectuado con inobservancia de preceptos constitucionales.2) Que en fecha catorce de diciembre de dos mil once, este alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de Inconstitucionalidad relacionado, omitiendo el libramiento de comunicación al Congreso Nacional de la República y en consecuencia dispuso dar traslado de los antecedentes al fiscal del Despacho por el término de seis (06) días hábiles, para que emitiera su dictamen.3) Que en fecha diecinueve de enero de dos mil doce, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Titular II OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE DECLARE NO HA LUGAR, el recurso de inconstitucionalidad planteado.CONSIDERANDO: (1) Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la Garantía de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la referida norma fundamental; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto derogará dicha norma.CONSIDERANDO: (2) Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conoce la Garantía de Inconstitucionalidad que por vía de acción, ha interpuesto el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS a favor de los señores LEONIDAS TORRES ARIAS, JORGE VITANZA KATTAN, RUBEN CUELLAR SANTOS, FERNANDO ENRIQUEZ SALVADOR HANDAL Y EDUARDO EUGENIO TORRES MC DONDUGH, contra el Artículo 22 de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PUBLICO emitido por el Congreso Nacional de la Repúblicas, mediante Decreto Legislativo No. 17-2010, en fecha veintidós de abril del año dos mil diez, publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 32193, demandando que se declarare su inconstitucionalidad e inaplicabilidad, en virtud de carecer de legitimidad por haberse efectuado con inobservancia de preceptos constitucionales.CONSIDERANDO: (3) Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la Garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: (4) Que esta Sala de lo Constitucional estima que el recurrente ha acreditado ante este alto Tribunal en forma clara y precisa el interés legitimo, personal y directo de sus representados, en vista de que tal y como señalan vienen a ser sujetos pasivos de la aplicación del decreto cuestionado, tanto a nivel de comerciantes, como a nivel personal; ya que pueden llegar a ser afectados directamente en su condición ya indicada, por la aplicación del decreto en cuestión; por lo que están legitimados, para demandar la inconstitucionalidad del artículo 22 del Decreto 17-2010, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo; requisitos ineludibles exigidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO:(5) Que el recurrente manifiesta que el referido artículo 22 del decreto 17-2010 es violatorio de los artículos y principios constitucionales siguientes: artículo 1 de la Constitución de la República: (Principio de bienestar económico y social), porque el impugnado artículo 22 de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PUBLICO no cumple con el deber que tiene el Estado de garantizar a sus habitantes el bienestar económico y social, ya que por el contrario, lo disminuye de manera desproporcional y excesiva afectando con ello los ingresos, ganancias y utilidades de sus poderdantes.CONSIDERANDO: (6) Que estima el recurrente que se violenta el artículo 60 Constitucional (Principio de Igualdad ante la Ley), en el sentido de que el Estado tiene el deber de asegurar la estricta igualdad de oportunidades a todos aquellos que forman parte del mismo ya que el artículo 22 de la ley objeto del presente recurso es desigual, en cuanto a su aplicabilidad porque determina un impuesto anual especifico desigual y no equitativo por considerar a las empresas que representa una clase privilegiada, por el simple hecho de suponer que cuentan con mayores ingresos por la actividad que ejecutan. Ejemplificando que antes de la reforma de acuerdo al artículo 34 de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social del Decreto Legislativo 194-2002, correspondía pagar a cada máquina tragamonedas, Treinta Mil Lempiras (Lps. 30,000.00) quinquenal, lo que equivale a Seis mil Lempiras (Lps. 6,000.00) anuales a razón de Quinientos Lempiras (Lps. 500.00) mensuales. Por lo que hay una desproporción, pues en cinco años se pagaba Lps. 30,000.00 y ahora con la ley vigente y de acuerdo al artículo 22 de la Ley Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público corresponde pagar a cada máquina tragamonedas Lps. 25,000.00 anual, a razón de Lps. 2,083.00 mensuales. Por lo que hay una desproporción pues en cinco años se paga la suma de Lps. 125,000.00, haciendo una diferencia de Lps. 95,000.00 con esta reforma, misma que viene a representar un incremento tributario del 316.6%; con lo que se demuestra la desigualdad y desproporcionalidad con fue impuesto dicho tributo, menoscabando arbitrariamente los ingresos de la empresa que representa y a su vez violentando el artículo 351 de la Constitución de la República, que establece que el sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, situación que no prevalece en cuanto a los cuatro preceptos mencionados sobre todo el de equidad. CONSIDERANDO: (7) Que señala el impetrante la vulneración del artículo 64 de la Constitución de la República (de la inaplicabilidad de leyes y disposiciones que vayan en menoscabo de los derechos y garantías Constitucionales). La ley objeto de inconstitucionalidad disminuye el derecho al bienestar económico de sus poderdantes y su garantía de igualdad ante la ley, así mismo hace discriminación por razón de clase a dichas empresas, al considerar el incremento del tributo en mención como razonable, por considerar el hecho (considerandos del decreto legislativo 17-2010) de tener dichas empresas una mayor capacidad de pago, argumentando en la motivación de dicha ley una mejor distribución de la riqueza, lo cual si bien es cierto el Congreso Nacional de la República ostenta la atribución contenida en el artículo 205 numeral 35 de establecer impuesto y contribuciones así como las cargas públicas, están deben establecerse sin violentar ni disminuir los derechos y garantías constitucionales antes citadas. Manifiesta además que el hecho que sus representados generen ingresos, no le da derecho al Congreso Nacional a imponer impuestos sin medir el impacto económico que genere dicha norma, mucho menos pensar que esto constituye una mejor distribución de la riqueza, pues cada empresa genera según su funcionabilidad y operatividad, recordando que no todas las empresas generan el mismo margen de ganancias debiéndose tomar en cuenta los riesgos que corre la empresa los cuales muchos se traducen en pérdidas, aún así la finalidad de la empresa se encuentra establecida en el Código de Comercio artículo 644 la cual tiene como propósito el lucro.CONSIDERANDO: (8) Que el impetrante invoca como vulnerado el artículo 333 de la Constitución de la República; base y límite de la intervención del Estado en la Economía, en el caso de autos, el Estado interviene en la economía obviando el interés público y social, violentando los límites que tienen los derechos reconocidos en la Constitución como ser el bienestar económico, igualdad ante la ley, la no discriminación por razón de clase al emitir dicha reforma del artículo mencionado, ya que con ello afecta directamente el fundamento del sistema económico hondureño, que es el principio de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, pues como dicho impuesto es excesivo con 316% afecta la producción, bajando los niveles de eficiencia, contraviniendo el concepto de justicia social el cual consiste en la distribución equitativa de la riqueza la cual no imperan la reforma de la ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, considerando que no hay equidad con el incremento desmedido como lo es el pagar el 316% más en la actualidad.CONSIDERANDO (9): Que respecto de la vulneración del Artículo 1 de la Constitución de la República que literalmente dice: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como República libre, democrática, e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad la cultura, y el bienestar económico y social. Esta Sala de lo Constitucional al hacer el juicio de contraste entre la citada norma constitucional y el artículo 22 de la Ley de fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, estima que el referido artículo no vulnera el principio de Bienestar Económico y Social; puesto que el Estado debe armonizar el sistema económico con el principio de eficiencia en la producción de justicia social, lo cual solo puede lograrse a través de mejorar la administración tributaria, estableciendo los mecanismos necesarios para logar una eficiente gestión de tributos a favor del Estado, de acuerdo a la proporción del ente gravado. Siguiendo este orden de ideas no se observa vulneración al principio invocado por el recurrente.CONSIDERANDO: (10) Que el recurrente manifiesta que el artículo 22 de la Ley de Fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público violenta artículo 60 constitucional que literalmente dice: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declarara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.”, esta sala de lo Constitucional al hacer el juicio de contraste entre la citada norma constitucional y el referido artículo estima que no se vulnera el principio de igualdad consignado en nuestra Carta Magna; debiendo entender que el valor jurídico de igualdad que envuelve la prohibición de discriminación, ha superado el sentido mecánico de “igualdad ante la ley” que postulaba un tratamiento idéntico para todos en todas las situaciones, y ha sido sustituido por el concepto moderno de “igualdad jurídica” entendiéndolo como una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonable igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, reconociendo que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva de la dignidad humana, y que solo se considera discriminatoria una distinción cuando carece de “justificación objetiva y razonable”. De ahí, no puede afirmarse que existe trato desigual o discriminación por la creación de una ley que viene a fijar los tributos que debe percibir el Estado como resultado de las actividades de comercio que realizan las empresas encargadas de administrar las llamadas máquinas tragamonedas que funcionan a través de casas de juegos, casinos etc. Donde los legisladores concurren en que si bien se justifica su existencia de igual manera se justifica el pago de tributos al Estado de manera proporcional y razonable a la actividad lucrativa que desarrollan tales empresas. De lo anterior, podemos concluir entonces, que si la Constitución de la República establece que todos lo hondureños somos iguales ante la ley, debe entenderse que tal igualdad, tratándose de aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad, puede llegar a implicar un tipo de discriminación positiva a favor de los mismos, entendiéndose evidentemente que la misma es legitima, siempre y cuando se trate de compensar una situación real de perdida frente a otros sectores económicamente poderosos, en ese sentido se estima que el artículo primero del cuestionado Decreto, al considerar la discriminación positiva que hace a favor de los sectores menos favorecidos en busca de justicia social, no vulnera en modo alguno la garantía constitucional del articulo 60 de nuestra Ley Suprema.CONSIDERANDO: (11) Que el recurrente señala que el Artículo 22 de la Ley de fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, vulnera directamente el articulo 64 de la Constitución de la República, artículo éste que señala que: “No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”. Señalando que tal vulneración se produce porque disminuye el derecho al bienestar económico de su poderdante y su garantía de igualdad ante la ley, así mismo hace discriminación de clase a dichas empresas al considerar el incremento del tributo en mención como razonable, al suponer que dichas empresas tienen mayor capacidad de pago. Que analizados el precepto constitucional invocado esta Sala encuentra que la aplicación del artículo 22 de la Ley tantas veces enunciada no vulnera, limita o restringe las declaraciones derechos y garantías del los poderdantes del recurrente, puesto que es una ley dirigida a recaudar Tributos de las empresas dedicadas al comercio de casinos, juegos etc. Por otra parte en la exposición del recurrente no se encuentra que tales empresas hayan recibido perjuicios por el pago del tributo mencionado, que los haya obligado a cerrar o a la disolución y liquidación de sus empresas, sino que de la misma acción se deduce que tales empresas siguen realizando sus operaciones de comercio, porque tal y como lo dice el recurrente tiene fines de lucro y en ese orden de ideas siguen operando. Por otra parte el recurrente invoca el artículo 333 Constitucional que prescribe: La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público y social y por límite los derechos y libertades reconocidas por esta Constitución. Los objetivos del Decreto 17-2010 que contiene el artículo 22 impugnado tiene como propósito fundamental “introducir reformas en el Sistema Tributario Nacional con el propósito de mejorar la recaudación tributaria, lograr una eficaz administración de los Tributos y apoyar la producción nacional…, por otra parte procura la distribución equitativa de los recursos y la disciplina fiscal requerida y necesaria para atender la ejecución de programas y proyectos de prioridad nacional, en beneficio de las clases menos favorecidas de la sociedad”. Tal y como lo señala la norma constitucional mencionada el legislador ha tomado en cuenta el interés público y social, y tal como se ha dicho en párrafos anteriores el artículo 22 de la Ley de fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público no violenta, restringe o limita los derechos y garantías establecidos en la constitución. Por todo ello esta Sala observa que no se vulnera el artículo 64 y 333 Constitucional. CONSIDERANDO: (12) Que por las razones expuestas es visto que la declaración de inconstitucionalidad que se solicita es improcedente por lo que se impone denegar el recurso que es objeto de esta sentencia.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, de acuerdo con el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos: 1, 15,18, 60, 64, 98,184, 185, 303, 313 No.5, 316 No.1, 333, de la Constitución de la República; 1, 3 No.3,5, 7, 8,74,75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1o. y 9o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. FALLA: DENEGANDO el RECURSO de INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto por el abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, a favor de los señores LEONIDAS TORRES ARIAS, JORGE VITANZA KATTAN, RUBEN CUELLAR SANTOS, FERNANDO ENRIQUEZ SALVADOR HANDAL Y EDUARDO EUGENIO TORRES MC DONDUGH, contra el Artículo 22 de la LEY DE FORTALECIMIENTO DE INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PUBLICO emitido por el Congreso Nacional de la Repúblicas, mediante Decreto Legislativo 17-2010,en fecha veintidós de abril del año dos mil diez, publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 32193 de que se ha hecho mérito. MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSÈ ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Y a solicitud del Abogado MARCIO FRANCISCO MOYA BANEGAS, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días de noviembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, recaído en el recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 918=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL