Sentencia RI-647-11 — Registro 4463
Resumen
Se interpone recurso de inconstitucionalidad contra el Articulo 354 Numeral 3 del Código Procesal Penal vía excepción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...""Que el Recurso ordinario de apelación constituye un reexamen o control jurisdiccional efectuado por un tribunal superior, derivado de la garantía constitucional del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, interpuesto por una parte procesal que estimó que la resolución emitida en este caso por el Juzgado de Letras de lo Criminal de Francisco Morazán le causaba perjuicio o gravamen, invocando para ello, los elementos fácticos y jurídicos que argumentó insostenibles para la emisión de la resolución del A-quo, así impetró un Recurso de Apelación en el proceso generador de su insatisfacción ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en base al precepto autorizante del artículo 354 No. 3º. del Código Procesal Penal que tasa numerus clausus y determina las resoluciones susceptibles de impugnación, entre las cuales se encuentra la del Auto de Prisión. La documentación allegada al tribunal de Alzada constituye un producto procesal especial, es decir,, que ha pasado por el tamiz de todos los principios básicos que regula el proceso penal invocados por el censor, como ser, la concentración de la prueba, publicidad, inmediación, etc., revestidos y vivificados en la Audiencia Inicial que generó un auto de prisión conforme los dispuesto en el Artículo 294 del Código Procesal Penal y que motivó en el criterio del Juez A-quo, una vez apreciados los elementos de prueba, la convicción de la existencia de plena prueba de la comisión de un ilícito penal y el indicio racional de que su participación se atribuye a determinadas personas. Sin embargo, amén de la facultad que le otorga la ley a los tribunales de alzada para conocer y pronunciarse sobre una resolución del tribunal inferior, sea confirmando, revocando o reformando la decisión impugnada, deviene obligado por la naturaleza del acto impugnado y bajo los límites de los agravios expuestos, a conocer, analizar y apreciar todos los elementos de prueba producidos en la Audiencia Inicial, cuya práctica se efectuó con todos los principios a que se refiere la impetrante. De ahí que se puede afirmar, que el contraste, confrontación o colisión del artículo 354 No. 3º., del Código Procesal Penal, con el artículo 90 constitucional que engloba el Debido Proceso y con el artículo 94 de la misma ley fundamental, es improcedente, más aún, cuando en este último caso y al tenor del artículo 358 del Código Procesal Penal, las Cortes de Apelaciones están facultadas en materia penal, para revocar, en el caso de autos, un auto de prisión, precisamente en base a ausencia de los requisitos concurrentes determinados en esta última disposición constitucional y en el artículo 297 No. 1º., del Código Procesal Penal. "
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 354, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de julio de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía excepción por la abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO, quien actúa en su condición de Acusadora Privada de los accionistas de la sociedad UNION RADIO S. de R.L., señores ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, ENRIQUE DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT Y ASLEY LARDIZABAL BOHANNON, contra el NUMERAL 3) DEL ARTICULO 354 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, aplicado por la Corte de Apelaciones de esta Sección Judicial, en la sentencia dictada en fecha quince de febrero de dos mil once; con relación a la causa instruida ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, contra los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA, en perjuicio de los accionistas de la sociedad mercantil Unión Radio S. de R.L., señores ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, ENRIQUE DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT Y ASLEY LARDIZABAL BOHANNON. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de octubre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial, la abogada YESSENIA MARQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA, en perjuicio de ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, ENRIQUE DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT y ASHLEY LARDIZABAL BOHANNON. 2) Que en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, celebró audiencia inicial en la causa relacionada, en la cual resolvió decretar auto de prisión en contra de los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, manteniendo las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva dictadas en su contra. (Folios 270 al 277 de los antecedentes) 3) Que en fecha quince de febrero de dos mil once, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el abogado ADOLFO GONZALEZ MEDINA, en su condición de apoderado legal y defensor privado de los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY, contra el auto de prisión dictado en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, resolvió declarar ha lugar dicho recurso y en consecuencia revocar la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial. (Folios 324 al 327 de los antecedentes) 4) Que la abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO, actuando en su condición de apoderada legal de los señores ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, ENRIQUE DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT Y ASLEY LARDIZABAL BOHANNON, todos accionistas de la sociedad UNION RADIO S. de R.L. y en consecuencia acusadora privada en las diligencias instruidas contra los señores FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT y FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de sus representados, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil once, interponiendo acción de Inconstitucionalidad por razón de contenido contra el NUMERAL 3) DEL ARTICULO 354 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, el cual considera inconstitucional ya que permite a las Cortes de Apelaciones en instancia penal, cambiar o calificar como no delito el cuadro fáctico que ha servido al juzgador de primera instancia para dictar auto de prisión, sin existir para ello los principios de inmediación, oralidad ni contradicción, violentando con ello lo estipulado en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la Republica. Recurso que fue admitido por el referido Juzgado, mediante auto de fecha cuatro de agosto de dos mil once, donde también declara suspendido el procedimiento y remite las diligencias a esta Sala. (Folios 346 al 349 –Escrito de Interposición- y 350 al 351 –Resolución del órgano judicial- de los antecedentes) 4) Que en fecha cinco de agosto de dos mil once, este Sala, recibió el Recurso de Inconstitucionalidad vía excepción interpuesto por la abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO, contra el NUMERAL 3) DEL ARTICULO 354 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, mismo que fue admitido mediante auto de fecha seis de septiembre de dos mil once, omitiéndose el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, en virtud de ser el recurso contra un artículo especifico contenido en el fondo de la ley indicada y en consecuencia, se dispuso conceder traslado de los antecedentes por el término de seis (06) días hábiles al Fiscal del Despacho para emitir su opinión en el asunto de mérito. 5) Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil once, se tuvo por emitido en tiempo y forma el dictamen del Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal OSCAR ARNALDO ALVARADO GARCIA, en el cual es del parecer porque se declare NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad promovido vía excepción. CONSIDERANDO: Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. En la forma cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la República, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que en el caso sub-júdice, este Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Constitucional, conoce de la Demanda de Inconstitucionalidad por Vía de Excepción, interpuesto por la abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO, en su condición de Acusadora Privada de los accionistas de la sociedad “UNION RADIO S. DE R. L.” los señores ANTONIO LARDIZABAL GUILBERT, ENRIQUE DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT y ASHLEY LARDIZABAL BOHANNON, en el proceso que le tienen instaurado a los señores: FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL GUILBERT, FERNANDO DOUGLAS LARDIZABAL KELLY. Acción de Inconstitucionalidad que se promueve contra el numeral 3 del artículo 354 del Código Procesal Penal aplicado por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán en el fallo de fecha 15 de febrero de 2011 y merced al cual, revocó auto de prisión, proferido por el Juzgado de Letras de lo Criminal de Francisco Morazán, contra los expresados acusados generado por Recurso de Apelación. CONSIDERANDO: Que de la lectura exhaustiva de la Acción de Inconstitucionalidad por vía de Excepción de mérito, la Recurrente aduce en concreto que el artículo 354 No. 3 del Código Procesal Penal, aplicado por la precitada Corte de Apelaciones, en el proceso supra, colisiona, contrasta y por ende entra en contradicción con las Garantías Constitucionales enunciadas en los artículos 90 contentivo del Debido Proceso y 92 que determina la concurrencia de los requisitos que justifican un auto de prisión de la Constitución de la República. La censura la ilustra la impetrante bajo el principio doctrinario de la inmutabilidad del cuadro fáctico apreciado por el Juzgador de primera instancia y la carencia en segunda instancia, en el acto de la revocatoria del auto de prisión, de los principios de concentración de prueba, publicidad y contradictorio, inclusive la inmediación, afirmando que dicho tribunal “juzgó papeles no personas”, expresión a todas luces peyorativa. CONSIDERANDO: Que de previo, conviene transcribir una aproximación conceptual de lo que debe entenderse por recursos, así: Para Hinojosa Segovia el recurso puede concebirse “como aquel acto de parte por el cual se solicita la modificación de una resolución, que produce un gravamen al recurrente, en el mismo proceso en que aquella fue dictada”, Clariá Olmedo lo entiende como el “medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta, y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable”, (Página 779, Manual de Derecho Procesal Hondureño, Tomo II. Dinámica Procesal). CONSIDERANDO: Que el Recurso ordinario de apelación constituye un reexamen o control jurisdiccional efectuado por un tribunal superior, derivado de la garantía constitucional del Derecho de Defensa y el Debido Proceso, interpuesto por una parte procesal que estimó que la resolución emitida en este caso por el Juzgado de Letras de lo Criminal de Francisco Morazán le causaba perjuicio o gravamen, invocando para ello, los elementos fácticos y jurídicos que argumentó insostenibles para la emisión de la resolución del A-quo, así impetró un Recurso de Apelación en el proceso generador de su insatisfacción ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en base al precepto autorizante del artículo 354 No. 3º. del Código Procesal Penal que tasa numerus clausus y determina las resoluciones susceptibles de impugnación, entre las cuales se encuentra la del Auto de Prisión. La documentación allegada al tribunal de Alzada constituye un producto procesal especial, es decir,, que ha pasado por el tamiz de todos los principios básicos que regula el proceso penal invocados por el censor, como ser, la concentración de la prueba, publicidad, inmediación, etc., revestidos y vivificados en la Audiencia Inicial que generó un auto de prisión conforme los dispuesto en el Artículo 294 del Código Procesal Penal y que motivó en el criterio del Juez A-quo, una vez apreciados los elementos de prueba, la convicción de la existencia de plena prueba de la comisión de un ilícito penal y el indicio racional de que su participación se atribuye a determinadas personas. Sin embargo, amén de la facultad que le otorga la ley a los tribunales de alzada para conocer y pronunciarse sobre una resolución del tribunal inferior, sea confirmando, revocando o reformando la decisión impugnada, deviene obligado por la naturaleza del acto impugnado y bajo los límites de los agravios expuestos, a conocer, analizar y apreciar todos los elementos de prueba producidos en la Audiencia Inicial, cuya práctica se efectuó con todos los principios a que se refiere la impetrante. De ahí que se puede afirmar, que el contraste, confrontación o colisión del artículo 354 No. 3º., del Código Procesal Penal, con el artículo 90 constitucional que engloba el Debido Proceso y con el artículo 94 de la misma ley fundamental, es improcedente, más aún, cuando en este último caso y al tenor del artículo 358 del Código Procesal Penal, las Cortes de Apelaciones están facultadas en materia penal, para revocar, en el caso de autos, un auto de prisión, precisamente en base a ausencia de los requisitos concurrentes determinados en esta última disposición constitucional y en el artículo 297 No. 1º., del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Como corolario de las apreciaciones anteriores, que condujeron a esta Sala a determinar la improcedencia de la pretendida inconstitucionalidad vía excepción, ha menester consolidar el criterio legal, de que en rigor, las Cortes de Apelaciones en el marco de sus atribuciones, pueden conocer y valorar conforme su leal saber y entender del cuadro fáctico y jurídico una resolución pronunciada por el A-quo en un proceso impregnado de toda la plenitud procesal que demanda el Código Procesal Penal en cuanto a los principios básicos esgrimidos por la Recurrente, reexamen que orientó al Tribunal de Alzada a resolver lo que estimó pertinente vinculado y en el límite de las alegaciones esbozadas por una recurrente inconforme con la decisión de la primera instancia, caso contrario, si se hubiese solicitado y accedido jurisdiccionalmente la apertura a pruebas en segunda instancia, sin duda, todos los principios que indica la impetrante tenían que haber sido de suyo obligatorios para el Ad-quem. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas esta Sala de lo Constitucional, estima improcedente la Acción de Inconstitucionalidad, vía Excepción a que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los Artículos 1, 303, 304, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1,2, 3 No.3, 8, 80, 81, 82, 92, de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Abogada SINDY DAYANA FORTIN ALVARADO, contra el Numeral 3 del artículo 354 del Código Procesal Penal. MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintiocho de agosto de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 647=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL