Sentencia RI-625-10 — Registro 4462
Resumen
Recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción de los artículos 6, 7 y 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica. y las medidas en relación a los mecanismos de protección que consisten en: medidas de seguridad, precautorias y cautelares que establece dicha ley violentando el derecho de igualdad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
10: Que la “Discriminación” no vulnera ningún derecho constitucional, cuando ésta es aplicada con la intención de restaurar el desequilibrio de género. ¿Cómo opera? Ya la Sala se ha pronunciado al respecto en otras sentencias, señalando que significa la excepción al principio de igualdad de trato contemplada en el marco legislativo; esto es: tratar desigual lo que de partida tiene una situación desigual, resultando al final la igualdad. La discriminación intenta paliar la situación de injusticia que sufren quienes integran un determinado grupo en relación a quienes pertenecen a otro grupo; con lo que el alcance del principio de igualdad se extiende más allá de la mera concepción del individuo; por ejemplo, las ventajas que el legislador otorga a las personas de la tercera edad, dentro de las cuales hay algunas que se encuentran en mejor condición física que una persona dos años menor, sin embargo ésta última, esperara varios minutos en una agencia bancaria y no la de sesenta años. Considerando 11: Que el reconocimiento y constatación de la existencia de desigualdadades sociales por pertenecer a un mismo grupo social, se ha convertido en una necesidad de actuación política legítima con la intención de eliminar los mecanismos de discriminación por cuestión de sexo, raza, origen étnico, edad, opción sexual o discapacidades existentes. En este sentido se ha ido desarrollando una amplia Base legal de la Acción positiva que garantiza un desarrollo práctico, es decir, justicia aplicada, y en base a ello, tenemos un gran número de ejemplos sobre la aplicación de discriminación positiva, por diferentes motivos:
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
11: Que el reconocimiento y constatación de la existencia de desigualdadades sociales por pertenecer a un mismo grupo social, se ha convertido en una necesidad de actuación política legítima con la intención de eliminar los mecanismos de discriminación por cuestión de sexo, raza, origen étnico, edad, opción sexual o discapacidades existentes. En este sentido se ha ido desarrollando una amplia Base legal de la Acción positiva que garantiza un desarrollo práctico, es decir, justicia aplicada, y en base a ello, tenemos un gran número de ejemplos sobre la aplicación de discriminación positiva, por diferentes motivos:
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 94 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
11: Que el reconocimiento y constatación de la existencia de desigualdadades sociales por pertenecer a un mismo grupo social, se ha convertido en una necesidad de actuación política legítima con la intención de eliminar los mecanismos de discriminación por cuestión de sexo, raza, origen étnico, edad, opción sexual o discapacidades existentes. En este sentido se ha ido desarrollando una amplia Base legal de la Acción positiva que garantiza un desarrollo práctico, es decir, justicia aplicada, y en base a ello, tenemos un gran número de ejemplos sobre la aplicación de discriminación positiva, por diferentes motivos:
Jerarquía: Reiterativa
11: Que el reconocimiento y constatación de la existencia de desigualdadades sociales por pertenecer a un mismo grupo social, se ha convertido en una necesidad de actuación política legítima con la intención de eliminar los mecanismos de discriminación por cuestión de sexo, raza, origen étnico, edad, opción sexual o discapacidades existentes. En este sentido se ha ido desarrollando una amplia Base legal de la Acción positiva que garantiza un desarrollo práctico, es decir, justicia aplicada, y en base a ello, tenemos un gran número de ejemplos sobre la aplicación de discriminación positiva, por diferentes motivos:
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema
de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
veinticuatro de julio del año dos mil doce.VISTO: Para
dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía excepción
interpuso ante la Corte
Segunda de Apelaciones de esta Sección Judicial, el abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, en su condición
de apoderado legal del señor HÉCTOR IVÁN
NÚÑEZ ENNABE, contra la Ley de Violencia Doméstica y sus Reformas, en
relación a la Denuncia
de Violencia Doméstica promovida ante el Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica
de Francisco Morazán, por la señora MERCEDES MARGARITA SANTAMARÍA IRÍAS contra
el señor HÉCTOR IVÁN NÚÑEZ ENNABE.
ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil diez, el abogado
ENEAS PORTILLO CABRERA, en su
condición ya indicada, compareció ante la Corte Segunda de
Apelaciones de esta Sección Judicial, presentando Recurso de
Inconstitucionalidad por vía de excepción por razón de su contenido, contra la Ley de Violencia Doméstica y sus Reformas, porque
algunos de sus preceptos son contrarios a los artículos 60, 81, 89, 94 párrafo
segundo, 98, 103 y 112 de la
Constitución de la República.2) Que el diecinueve de octubre de dos
mil diez, el Ministerio Público por intermedio de la Fiscal Especial
para la Defensa
de la
Constitución Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, emitió
dictamen, siendo de la opinión de que la Ley Contra la Violencia Doméstica,
NO ES INCONSTITUCIONAL por razón de
su contenido.CONSIDERANDO 1:
Que en fecha 21 de enero de 2010, el Abogado ENEAS PORTILLO CABRERA, actuando en su condición de apoderado
judicial del señor HECTOR IVAN NUÑEZ ENNABE,
compareció ante la Corte
Segunda de Apelaciones de esta sección judicial de Francisco
Morazán, promoviendo por vía de excepción, recurso de inconstitucionalidad de
los artículos 6, 7 y 19 de la Ley
contra la
Violencia Doméstica. CONSIDERANDO
2: Que un estudio detenido del recurso interpuesto revela, que en el
mismo se pide la inconstitucionalidad parcial y por razones de fondo o de
contenido, de los artículos 6, 7 y 19 de la Ley Contra La Violencia Doméstica
CONSIDERANDO 3: Que el
artículo 6 de la Ley Contra
La Violencia
Doméstica, establece que “ARTICULO 6.- Para tutelar o restituir los derechos de las
mujeres que sufran de violencia doméstica se establecerán mecanismos de
protección que consisten en: medidas de seguridad, precautorias y cautelares. 1)
Medidas de Seguridad: Aquellas que persiguen evitar o detener la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones y prevenir males mayores. Con la
sola presentación de la denuncia, se impondrán de oficio, por el Juzgado[1]
competente, por el Ministerio Público o la Secretaría de Estado en
el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional.
Las Medidas de Seguridad son las siguientes: a) Separar temporalmente al
denunciado del hogar que comparte con la denunciante. El denunciado podrá
llevar consigo únicamente sus objetos personales y utensilios de trabajo y/o de
estudio. La seguridad, la salud y la vida de la víctima prevalecerán frente al
derecho de ocupación de la vivienda por el denunciado; b) Prohibir al
denunciado(a) transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares
habitualmente frecuentados por la (el) denunciante, siempre y cuando esta
medida no interfiera en las relaciones laborales o de estudio del
denunciado(a). Para garantizar la ejecución de esta medida, cuando el centro de
trabajo del denunciado esté ubicado en la casa de habitación que comparte con
la denunciante, el Juez o Jueza impondrá las medidas que correspondan de
acuerdo al caso concreto, siempre garantizando la seguridad integral de la
afectada; c) Detener por un término no mayor de veinticuatro (24) horas, al
denunciado in fraganti; d) Prohibir al denunciado realizar actos de
intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del grupo
familiar o las personas relacionadas con la denunciante; e) Retener
inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder del
denunciado. El Juez o Jueza que conoce de la denuncia podrá en cualquier
momento ordenar dicha medida. En todos los casos las armas retenidas deberán
ser remitidas al Juzgado correspondiente y serán entregadas: e.1.Al denunciado,
una vez vencida y debidamente cumplida la medida impuesta, si se trata de un
arma no prohibida y acreditada su legítima propiedad. Cuando el arma no
prohibida no posea registro vigente deberá de remitirse de inmediato a la Jefatura Departamental
de la Policía
Preventiva.4 La mera tenencia de un arma, munición o
explosivo u objeto prohibido faculta a su
decomiso y remisión al Ministerio Público.5 e.2. A su jefe o empleador,
cuando se trate de armas de reglamento en función del trabajo del denunciado,
quien previo deberá acreditar su legítima propiedad y asumir la responsabilidad
del cumplimiento de las medidas dictadas por el Juez o Jueza, a fin de impedir
que el denunciado tenga armas en su poder fuera de su jornada laboral. Las
armas retenidas y no reclamadas, una vez caducada la instancia, deberán ser
remitidas al almacén de evidencias del Poder Judicial. f) La Secretaría de Seguridad
podrá negar, suspender o cancelar los permisos para portar armas de fuego
cuando sean utilizadas en actos de violencia doméstica;6 g) Reintegrar al domicilio a
petición de la mujer que ha debido salir del mismo por razones de seguridad
personal o del grupo familiar, así como la restitución de los bienes que le
pertenecen y el menaje, debiendo en este caso imponer inmediatamente la medida
establecida en el inciso a) de este numeral, siempre y cuando la denunciante no
se oponga. h) Ingresar o allanar el domicilio sin necesidad de procedimiento
alguno en caso de flagrancia o por orden judicial en el caso de que el
denunciado incumpla la medida establecida en el inciso a) de este numeral;
entendiendo por flagrancia como: Detener a la persona en el momento de cometer
el acto para evitar males mayores; i) Cuando la mujer se vea obligada por
razones de seguridad a salir del hogar que comparte con el denunciado, podrá
llevar consigo aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo
familiar; j) Las instituciones que conozcan de la denuncia deberán remitir a la
mujer afectada a un domicilio seguro. El Estado a través del Instituto Nacional
de la Mujer,
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Alcaldías Municipales se
compromete a establecer albergues temporales y casas refugios, a fin de brindar
protección inmediata a las mujeres afectadas por violencia doméstica y a sus
hijos e hijas dependientes. [2]
Los Juzgados, el Ministerio Público y la Policía informarán a la posta o estación policial
que corresponda sobre las medidas tomadas a fin de que presten atención inmediata
a la mujer afectada. Cuando las medidas de seguridad sean impuestas por el
Ministerio Público o la
Policía Nacional, estas instituciones deberán remitir las
diligencias al juzgado competente dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes. 2) Medidas Precautorias: Estas medidas se orientan a
prevenir la reiteración de la violencia doméstica mediante la reeducación del
denunciado y el fortalecimiento de la autoestima de la mujer. Estas medidas son
las siguientes: a) Disponer la asistencia obligatoria del denunciado a
servicios para su reeducación, la que será impartida por la Consejería de Familia
más cercana, capacitada en perspectiva de genero, o cualquier persona natural o
juridica capacitada en este tipo de atención autorizada por la Secretaria de Estado en
el Despacho de Salud; y, b) Disponer la remisión de la mujer y en su caso, de
su familia cercana, a una Consejería de Familia a una Consejeria de Familia u
otra instancia de acuerdo al literal anterior. La Consejería de Familia o
persona autorizada para prestar este tipo de atención, deberá informar
mensualmente sobre el cumplimiento de la misma y de forma obligatoria emitir
dictamen sobre cambios conductuales al Juzgado que impuso la medida. Se
entenderá como desobediencia la ausencia del denunciado a dos (2) sesiones, sin
mediar caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Las disposiciones anteriores obligan al
patrono (a) a conceder a sus empleados (as) los permisos respectivos a fin de
que se de estricto cumplimiento a las medidas impuestas y decretadas por el
Juzgado correspondiente, sin que esto cause ningún perjuicio de carácter
laboral para el empleado (a). 3) Medidas Cautelares: Estas pretenden
garantizar el cumplimiento de las responsabilidades familiares del denunciado y
serán exclusivamente impuestas por el Juzgado o Tribunal competente, en los casos que le sean sometidos
directamente o por remisión, pudiendo dictar una o más de las siguientes: a) Fijar de oficio una pensión alimenticia provisional,
cuya cuantía estará en correspondencia con las necesidades del alimentario o
alimentaria, para la fijación de esta cuantía se tomarán en cuenta no solo los
ingresos formarles del denunciado, sino aquellos que se perciban tomando en
cuenta su estilo de vida, de conformidad con lo dispuesto en el Código de
Familia. Estas pensiones deberán consignarse anticipadamente y se pagarán por
cuotas diarias, semanales, quincenales o mensuales según convenga, en el
Juzgado que imponga la medida o en cualquier otro lugar siempre y cuando se
garantice su cumplimiento. Ante el incumplimiento de esta medida, previo a la
imposición de la sanción correspondiente, se procederá a requerir dentro de un
término de 24 horas al denunciado para que pague o consigne ante el Juzgado las
pensiones debidas. Según el caso, deberá practicarse el embargo provisional
correspondiente. b) Establecer la guarda y cuidado provisional de los hijos e
hijas menores de edad a cargo de la afectada. Sin embargo esta podrá otorgarse
a terceras personas a petición de la madre. Cuando proceda se podrá establecer
un régimen especial de visitas para el padre; y, c) Se atribuirá el uso y
disfrute provisional de la vivienda familiar y el menaje de la casa a la mujer.
Para garantizar esta medida se prohibirá a ambos miembros de la pareja la celebración
de actos o contratos sobre aquellos bienes inmuebles que hayan sido adquiridos
durante la relación de pareja, aunque estos últimos hayan sido registrados a
nombre de uno de ellos y cuya propiedad esté debidamente acreditada. Para tal
efecto el Juzgado competente librará comunicación o notificación urgente al
registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil, a la entidad pública o
privada correspondiente como ser, Patronatos, Cooperativas, Alcaldías o
Corporaciones Municipales, PROLOTE, FONAPROVI, INJUMPEP, INPREMA, u otros, para
que en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, se dé fiel y estricto
cumplimiento a la medida cautelar impuesta. En estos casos, las anotaciones en
el Registro de la Propiedad
estarán exentas de cualquier tipo de impuesto. Se prohíbe la celebración de
actos y contratos sobre los bienes muebles, así como su desplazamiento de la
residencia común hacia otro lugar cualquiera. Se excluye de esta última
disposición a la mujer que, de acuerdo a su conveniencia y solicitud, sea la
que salga del hogar común; en este caso, podrá llevar aquellos bienes que
garanticen su bienestar y el del grupo familiar, debiendo el Juez o Jueza
acompañado(a) de su Secretario (a) de actuaciones realizar un inventario de
dichos bienes, tanto al momento de dictar la medida como al suspenderla Las
medidas cautelares podrán imponerse sin perjuicio del derecho de la denunciante
de promover las acciones correspondientes para garantizar en forma permanente
la responsabilidad familiar del denunciado. Los mecanismos de protección son
inapelables. Estos mecanismos tienen carácter temporal; dicha temporalidad no
será inferior a dos (2) meses ni superior a seis (6) meses. Las medidas
precautorias tendrán una duración de dos (2) meses para las mujeres y tres (3)
meses para los hombres, sin perjuicio de ampliar su duración de acuerdo al
diagnóstico emitido por el consejero (a) familiar respectivo (a). El Juzgado
competente, de oficio o a petición de la parte denunciante, podrá prorrogar por
dos (2) meses y por una sola vez, una o varias de las Medidas de Seguridad y
Cautelares que estime conveniente. En cualquier momento el Juez o Jueza podrá
modificar los mecanismos de protección impuestos”. El mismo cuerpo legal
establece en sus artículos 7 y 19 respectivamente que:”Artículo 7.- El
agresor que en los términos de esta Ley, comete actos de violencia doméstica
sin llegar a causar daños tipificados como delitos en el Código Penal, será
sancionado así: 1) Con la prestación de servicios a la comunidad por el término
de uno (1) a tres (3) meses, cuando la denuncia sea declarada con lugar; 2) Con
la prestación de servicios a la comunidad de uno (1) a tres (3) meses por el no
acatamiento de uno o más de los mecanismos de protección impuestos, sin
perjuicio de la pena a que hubiere lugar por el delito de desobediencia a la
autoridad. La prestación de servicios a la comunidad deberá consistir en una
profesión, oficio o actividad laboral diferente a la que ordinariamente realiza
el denunciado y equivaldrá a una jornada de dos (2) horas diarias, las que
pueden ser en horas hábiles o inhábiles, sin embargo, podrán en todo caso
acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana,
siempre que la naturaleza del servicio comunitario lo permita. Para garantizar
el cumplimiento de lo expresado en el párrafo anterior, será obligación del
Juzgado competente remitir a la Alcaldía Municipal correspondiente el listado de
las personas sancionadas los primeros cinco (5) días de cada mes. Asimismo la Alcaldía Municipal
correspondiente deberá informar obligatoriamente sobre la asistencia y
cumplimiento de la sanción impuesta al denunciado dentro del mismo término
señalado anteriormente. La misma obligación tendrán las Consejerías de Familia
y cualquier otra institución pública en donde el denunciado cumpla las medidas
o ejecute el servicio comunitario. La denunciante podrá informar al Juzgado
competente o Juez de Ejecución sobre el incumplimiento de cualquier mecanismo
de protección impuesto al denunciado. Además de lo dispuesto anteriormente, el
incumplimiento de la sanción impuesta se penalizará conforme al artículo 346
del Código Penal referente al delito de desobediencia, remitiéndose de
inmediato las actuaciones al Ministerio Público, dejando un extracto de lo
actuado. El denunciado que en los términos de esta Ley cometa actos de
violencia patrimonial y/o económica deberá restituir los gastos y reparar los
daños ocasionados a la víctima. Dicha indemnización incluirá, pero no estará
limitada a la compensación por gastos de mudanza, gastos por reparaciones a la
propiedad, gastos legales, gastos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de
consejería, orientación, honorarios profesionales de cualquier tipo,
alojamiento, albergue y otros gastos similares.- ARTICULO 19.- Para la
ratificación o modificación de medidas de seguridad e imposición de medidas
precautorias y cautelares, el Juzgado competente señalará audiencia dentro de
las 24 horas siguientes. No se concederá prórroga de este plazo. Los Jueces que
conozcan de otras materias deberán dar prioridad a las denuncias de violencia
doméstica. Dicha audiencia será presidida personalmente por el Juez o Jueza que
conozca de la causa. La audiencia se celebrará con la comparecencia de la
denunciante y el denunciado. En esta audiencia expondrán las partes, por su
orden, lo que pretendan. Cuando los hechos fueren controvertidos se admitirán y
evacuarán las pruebas pertinentes en una audiencia posterior que deberá de
celebrarse dentro de los tres días hábiles siguientes. No se concederá prórroga
de este plazo. Todo testigo es hábil para declarar según los términos del
Artículo cuatro (4) párrafo segundo de la presente Ley. No obstante lo
anterior, la audiencia se considerará válidamente realizada con la sola
comparecencia de la denunciante, bajo la presunción de que el denunciado acepta
los hechos y los mecanismos de protección que se le impongan. En el caso de que
no comparezca el denunciado, en esa misma audiencia se impondrán todos los
mecanismos de protección que se estimen convenientes y se dictará sentencia
definitiva. En este caso se requerirá apoyo policial para hacer efectiva la
comparecencia del denunciado a una audiencia posterior, que se llevará a cabo
en el momento que sea presentado al Juzgado por la Policía Nacional.
Esta audiencia se desarrollará con el único propósito de ponerle en
conocimiento de los mecanismos de protección impuestos y de la sentencia
definitiva dictada en la audiencia que se celebró con la sola comparecencia de
la denunciante. No se celebrará audiencia si solamente comparece el denunciado.
Si la denunciante no comparece a la audiencia señalada por el Juzgado, el Juez
o Jueza podrá ordenar que dentro de un plazo no mayor de un (1) mes se
practiquen las medidas investigativas necesarias para determinar las causas de este
abandono. Una vez determinado el abandono de la causa y después de seis meses
contados a partir de la última actuación se declarará la caducidad de la
denuncia. De todo lo actuado el Juez o Jueza levantará acta de la audiencia,
que será firmada por las partes o solo por la denunciante en su caso, debiendo
dictarse sentencia definitiva en el acto o dentro de un término no mayor de
tres días en el caso de que los hechos fueren controvertidos. En caso de que la
denuncia sea declarada con lugar, se dictará sentencia imponiendo la sanción de
acuerdo al numeral 1) del artículo 7 de la presente Ley. 20”
CONSIDERANDO 4: Que según
expone el recurrente, las disposiciones 6, 7 y 19 de la Ley contra la Violencia Doméstica
tachadas de inconstitucionalidad, vulneran o quebrantan la proclamación del
carácter inviolable del estado de inocencia contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, así como el
principio de legalidad establecido en el Código Procesal Penal.CONSIDERANDO 5: Que por otro lado,
el recurrente sostiene que las disposiciones legales impugnadas también se
oponen <sin mencionar artículos específicos> a preceptos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la mujer, la convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, y todos aquellos
instrumentos jurídicos en que se brinda una protección exclusiva a la mujer.CONSIDERANDO 6: Que de acuerdo a
lo expuesto por el recurrente dentro de los preceptos legales cuestionados,
(Artículos 89 y 60 de la
Constitución de la República), se oponen a lo dispuesto en las
normas constitucionales e internacionales antes
mencionadas, por encontrarse ésta, señala, en una posición de desventaja
frente al hombre, como consecuencia de la discriminación que por razón de sexo,
padece desde tiempo remotos la mujer. Se quebranta el principio de igualdad, al
dispensar estos artículos, un trato discriminatorio para el hombre frente a la
mujer. Con respecto al artículo 6 expone que vulnera el derecho a la igualdad,
el hecho de establecer mecanismos de protección exclusivos para la mujer que
sufre de violencia doméstica, con la sola presentación de la denuncia, y dentro
del procedimiento judicial, acusa de inconstitucional la aplicación de medidas
precautorias, en vista que según la ley solamente se le imponen a las personas
de sexo masculino, pues en la norma se lee “el denunciado”.CONSIDERANDO 7: Que sostiene el impetrante, que el numeral 1
literal a) del artículo 6 de la Ley
que se analiza, que manda a separar al denunciado temporalmente del hogar que
comparte con la denunciante, vulnera el derecho a la propiedad establecido en
el artículo 103 constitucional, en virtud de que al dueño del bien inmueble es
al que se le ordena abandonarlo, sin haber sido oído y vencido en juicio.CONSIDERAND 8: Que igualmente
alega la inconstitucionalidad del artículo 19, que dispone que el denunciado
que no comparezca a la audiencia señalada por el Juez será detenido, por
contraponerse al artículo 81 y 98 de la Carta Magna, que disponen el derecho a la libre
circulación y el derecho fundamental a no ser detenido por obligaciones que no
provengan de delito o falta.CONSIDERANDO
9: Que la Sala
de lo Constitucional debe recordar que la Violencia Doméstica ha tenido lugar en todas las culturas, razas, religiones,
clases sociales y grupos étnicos, y a lo largo de la historia, en nuestro país,
no se ha visto como un grave problema social sino hasta las dos últimas
décadas. Debe quedar claro que la violencia doméstica puede ser cometida por
hombres y también por mujeres, por lo que esta misma ley es aplicada en contra
de un agresor, indistintamente del sexo. Sin embargo, las estadísticas
mundiales, y las de nuestro país señalan que las victimas, han sido en mayor
porcentaje mujeres. Reconociendo que la mujer pertenece a una minoría,
internacionalmente han surgido una serie de instrumentos jurídicos para la
protección de la mujer, sin embargo el derecho a la igualdad, debe prevalecer
en su aplicación cuando se trata de VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA. Es por la
razón anterior que es necesario la aplicación de acciones positivas que
establecen la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando las desigualdades de
hecho, por ejemplo la discriminación positiva, que es una política encaminada a
corregir las desigualdades sociales.CONSIDERANDO
10: Que la “Discriminación Positiva” no
vulnera ningún derecho constitucional, cuando ésta es aplicada con la intención
de restaurar el desequilibrio de género. Como opera? Ya la Sala se ha pronunciado al
respecto en otras sentencias, señalando que significa la excepción al principio
de igualdad de trato, contemplada en el marco legislativo; esto es: tratar
desigual lo que de partida tiene una situación desigual, resultando al final la
igualdad. La discriminación intenta paliar la situación de injusticia que
sufren quienes integran a un determinado grupo en relación a quienes pertenecen
a otro grupo; con lo que el alcance del principio de igualdad se extiende más
allá de la mera concepción del individuo; por ejemplo, las ventajas que el
legislador otorga a las personas de la tercera edad, dentro de las cuales hay
algunas que se encuentran en mejor condición física que una persona dos años
menor, sin embargo ésta última, esperara varios minutos en una agencia bancaria
y no la de sesenta años. CONSIDERANDO
11: Que el reconocimiento y constatación de
la existencia de desigualdadades sociales por pertenecer a un mismo grupo
social, se ha convertido en una necesidad de actuación política legítima con la
intención de eliminar los mecanismos de discriminación por cuestión de sexo,
raza, origen étnico, edad, opción sexual o discapacidades existentes. En este
sentido se ha ido desarrollando una amplia Base legal de la Acción positiva que garantiza
un desarrollo práctico es decir, justicia aplicada, y en base a ello, tenemos
un gran número de ejemplos sobre la aplicación de la discriminación positiva,
por diferentes motivos:
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, recaído en el recurso de Inconstitucionalidad, registrado en ese Tribunal bajo el número 625=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo reformado por el Decreto No. 250-2005, publicado en La Gaceta No. 30,950 del sábado 11 de marzo del 2006.
[2] Según Artículo 56 “Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares” 6Referencia a los Artículo 56 y 57 de la Ley señalada en la nota anterior.
20 Artículo reformado por el Decreto No. 250-2005, publicado en La Gaceta No. 30,950 del sábado 11 de marzo del 2006.