Sentencia RI-363-13 — Registro 4470
Resumen
Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción por forma contra los
Preceptos legales de carácter ordinario contenidos en la Fe de Errata publicada en el Diario Oficial la Gaceta, número 32,761 del uno de marzo del dos mil doce,según el impetrante, se sustituyó lo dispuesto por el literal “f” del Artículo 8 de la referida Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (15): Que esta Sala advierte, de la simple lectura de lo dispuesto en la FE DE ERRATA antes relacionada, que su contenido difiere categóricamente de lo establecido en el texto original del literal “f” del Artículo 8 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, al punto de variar el sentido y alcance de la precitada norma, modificando su contenido de tal manera que la norma pierde el efecto y propósito para el que fue creada por parte del Poder Legislativo, cual es, que sólo pueden ser miembros del Consejo de la Judicatura quienes hayan desempeñado un cargo jurisdiccional durante cinco (5) años o quienes se hubieren desempeñado en la docencia universitaria en la rama del Derecho durante diez (10) años. Así, puede observarse claramente que la artera modificación pretendida mediante la FE DE ERRATA anteriormente indicada, variaba indebidamente el sentido de la norma aprobada constitucionalmente, estipulando que el requisito señalado pasaba a ser: el haber desempeñado un cargo jurisdiccional durante cinco años en el caso de los profesionales del derecho y que este requisito para otras carrera universitarias será de diez (10) años en el ejercicio de la profesión o la docencia. CONSIDERANDO (16): Que en vista de lo anteriormente expuesto, esta Sala de lo Constitucional no puede sino colegir que la finalidad de la FE DE ERRATA anteriormente referida no es otra que la de producir en forma velada, una modificación del literal “f” del Artículo 8 de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, sin la aprobación necesaria del Congreso Nacional y obviando el proceso de formación y sanción al que debe ser sometida toda ley de la República. CONSIDERANDO (17): Que de acuerdo con los preceptos antes citados, la Inconstitucionalidad de una ley se produce en la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la Republica, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el caso que nos ocupa, la FE DE ERRATA antes relacionada procuró dar un sentido y alcance que nunca tuvo el literal “f” del Artículo 8 de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial, consecuentemente, la FE DE ERRATA referida se configura como una modificación ilegítima de una norma formada, sancionada y promulgada de conformidad con la Constitución de la República, que al no haber sido creada observando el proceso legislativo ya antes señalado, no puede ostentar el carácter de ley ni tener efecto alguno y así debe ser declarado por este Alto Tribunal de Justicia. CONSIDERANDO (18): Que por todo lo anterior esta Sala de lo Constitucional es del parecer porque se debe declarar HA LUGAR la acción de Inconstitucionalidad por razón de forma que se conoce, al resultar acreditado en el trámite de mérito, la procedencia de la misma, como ha sido ya relacionado en el presente fallo. CONSIDERANDO (19): Que en cuanto a la acción de Inconstitucionalidad por razón de contenido, esta Sala no encuentra que el recurrente OLVIN MEJÍA SANTOS haya presentado argumentos sólidos, congruentes ni convincentes para sustentar su pretensión en este respecto, al haberse limitado, como ya se dijo, a hacer una mera cita textual de disposiciones constitucionales que estimó violentadas con la acción del Primer Secretario del Congreso Nacional de la República, llegando a enfatizar en su escrito inclusive que no se requería brindar (sic) “mayores explicaciones” a esta Sala con las que se pudieran sustentar sus alegatos. Esta Sala desaprueba la estoica posición del recurrente, quien al no respaldar debidamente la acción intentada, al no confrontar la cuestionada FE DE ERRATA con las normas constitucionales que consideró violentadas con la misma, produce necesariamente su desestimación por parte de este Tribunal de Justicia. CONSIDERANDO (20): Que no obstante lo anterior, esta Sala de lo Constitucional estima oportuno hacer referencia a algunos aspectos concernientes al tema de los derechos políticos, que incluyen inter alia, el derecho a elegir, ser electo, participar en el gobierno y ser admitido a cargos públicos, que ciertamente incluye el derecho a ser electo como miembro del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Estos derechos, pese a que deben ser y estar ampliamente reconocidos y garantizados por el Estado, de manera tal que sean acordes con los principios de igualdad y de no discriminación, admiten limitaciones en cuanto a la exigencia de requisitos para su ejercicio, y es en virtud de ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha postulado que “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar derechos políticos no constituyen per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Estos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones”.[1] La Corte indica que la reglamentación de estos derechos debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. Así se ve reflejado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, específicamente en su Artículo 23.2[2], mismo que establece la posibilidad de reglamentar el ejercicio de los derechos políticos, en las que se incluye la instrucción de los ciudadanos como una circunstancia facultativa para restringir, si se quiere, el ejercicio de los derechos políticos, lo cual resulta aplicable, según es criterio de esta Sala, al derecho de optar a cargos públicos, como queda dicho. CONSIDERANDO (21): Que como ha quedado ya establecido en el presente fallo, esta Sala de lo Constitucional es del parecer porque resulta procedente declarar HA LUGAR la acción de Inconstitucionalidad anteriormente relacionada por razón de forma, debiendo ser desestimada la que por razón de contenido ha sido elevada a la decisión de este Alto Tribunal"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 205 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 215 (Decreto)
- Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, art. 8, literal F (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo del dos mil diez. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía acción interpuso la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal Para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, contra el artículo número 44 de la Ley de Lavados de Activos (Decreto No.45-2002) emitido por el Congreso Nacional de la República, reformado mediante Decreto No.3-2008 de fecha 28 de febrero de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.31559 el 14 de marzo de 2008, mediante el cual se exime de declarar en juicio a los miembros de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.A N T E C E D E N T E S
Que el tres de septiembre de dos mil ocho, la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición indicada, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad, contra el artículo número 44 de la Ley de Lavados de Activos (Decreto No.45-2002) emitido por el Congreso Nacional de la República, reformado mediante Decreto No.3-2008 de fecha 28 de febrero de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.31559 el 14 de marzo de 2008, mediante el cual se exime de declarar en juicio a los miembros de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, alegando que dicha reforma causa graves perjuicios a la sociedad, en lo que respecta a la aportación de pruebas objetivamente confiables y útiles para la averiguación de la verdad, que pueden ser evacuadas permitiendo el contradictorio a que tiene derecho la contraparte. 2) Que el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, el Ministerio Público se abstuvo de emitir dictamen, por ser éste el recurrente en el presente recurso. CONSIDERANDO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce ésta Sala y al tenor de lo preceptuado en el artículo 185 constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (4): Que bajo el concepto de “Legitimación” se entiende un presupuesto procesal que ha de concurrir tanto en la parte demandante (activa), como en la demandada (pasiva); es así como está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad toda persona natural o jurídica que se considere lesionada en su “interés directo, personal y legitimo”, en consecuencia, por persona lesionada a los efectos de la legitimación en el proceso, no cabe entender exclusivamente al titular del derecho fundamental vulnerado, sino toda persona que tenga un interés legitimo en su restablecimiento. CONSIDERANDO (5): Que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto la pretensión dirigida a declarar la inconstitucionalidad de una ley por razones de forma o de fondo por vía de acción o de excepción. CONSIDERANDO (6): Que en el caso que nos ocupa, de la lectura del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, se colige que la recurrente está inconforme contra el artículo número 44 de la Ley Contra de Delito de Lavado de Activos (Decreto No. 45-2002) emitido por el Congreso Nacional de la Republica, reformado mediante Decreto No. 3-2008 de fecha 28 de febrero de dos mil ocho publicado en el Diario oficial “La Gaceta” No. 31559 el 14 de marzo de 2008, mediante el cual se exime de declarar en juicio a los miembros de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, considerando que la reforma de este artículo es contraria a las disposiciones de los artículos 59, 60, 61, 62, y 90 constitucionales. CONSIDERANDO (7): Que la recurrente, explica que el Ministerio Público, estaba de acuerdo previamente, con la reforma del artículo 44 y otros artículos de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que el Congreso Nacional, aprobó el 28 de febrero del año 2008, porque se creyó, que se iba a ampliar “Las funciones de la Unidad de Información Financiera de la Comisión de Bancos y Seguros”, tal como lo habían expresado los Organismos Evaluadores, que han venido al País; pero no fue así; lo que el Congreso Nacional hizo con el Decreto No. 3-2008, fue agregarle otros artículos, únicamente para disfrazar lo que se pretendía con la reforma del artículo 44, en el sentido de que ningún miembro de la Unidad de Información Financiera declarará en Juicio. Este es uno de los obstáculos que ha tenido el Ministerio Público, para hacer comparecer a estas personas, como testigos, para que declaren en juicio en casos concretos o en su caso ratifiquen en juicio los informes de la Dirección de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, causando grave perjuicio a la sociedad, a quien el Ministerio Público representa, en lo que respecta a la aportación de pruebas objetivamente confiables y útiles para la averiguación de la verdad, que pueda ser evacuada permitiendo el contradictorio a que tiene derecho la contraparte. CONDIDERANDO (8): Que la reforma del articulo 44 de la Ley de Lavado de Activos, del mes de febrero del año 2008, contiene un agregado, de la siguiente manera “Sin embargo, ningún miembro o empleado de la unidad de Información Financiera (UIF), podrá ser citado para comparecer ante los Tribunales de Justicia en los casos en que se utilice información que la propia Unidad de Información Financiera (UIF) haya suministrado al Ministerio Publico”; dando así prerrogativas a los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de no ser citados y con la enorme posibilidad de no rendir declaración. Lo que a criterio de esta SALA, crea una desigualdad al violentar el principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley en relación a los derechos, también violenta lo dispuesto en la ley adjetiva, en su articulo 227, con relación a las personas exentas de rendir declaración en el propio órgano jurisdiccional, pero la norma procesal, no los exceptúa de ser citados y mucho menos de privar a la justicia de la deponencia de estos funcionarios. Se violenta el Código Procesal Penal y tratados internacionales, pues la ley secundaria da la obligación aún a los presidentes de la República para que rindan la deposición acerca de lo que saben.- Entendiéndose que los Funcionarios que señala este articulo procesal están obligados a declarar, aunque no a comparecer a los Tribunales. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala observa que con la reforma del artículo 44 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, al permitir que una parte de la sociedad que tiene participación en determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, no acudan a los Tribunales a rendir declaración alguna sobre los hechos plasmados en documentos emitidos por la Unidad de información Financiera, se violentan garantías constitucionales establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley Fundamental, referente a la igualdad en derechos, y la igualdad ante la ley.- Además de ello, La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone en el artículo 8 dentro de las garantías judiciales, que en relación al imputado, tiene derecho a: “a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; significando esto, que una norma que imposibilite al inculpado la posibilidad de contradecir, se le violenta el derecho a la garantía judicial efectiva, así como al principio de contradicción, lo que por ende lo coloca en una situación de desigualdad ante las partes. El artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice textualmente: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Esto significa que con la reforma del artículo referido, al no acudir los Funcionarios de la Comisión de Bancos y Seguros, a rendir deposición ante los Tribunales, sobre documentos que la misma Unidad donde laboran, los haya presentado, violenta principios que son propios del sistema procesal penal acusatorio entre estos el de publicidad, creando desigualdad y violación a la tutela judicial efectiva, y discriminación, al surgir un sector discriminado por la propia ley, como la única que deba enfrentar en los tribunales a los enjuiciados al rendir declaración en este tipo de delitos. El Convenio Centroamericano para la prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y delitos conexos, en su articulo 14 textualmente dice lo siguiente: “Artículo 14.- Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas.- Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio, prestarán atención especial a las transacciones, efectuadas o pretendidas en cualquier forma sospechosa, a los patrones de transacción no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, sin fundamento económico o legal evidente.- Esas entidades deberán comunicar, de inmediato, a las autoridades competentes la sospecha de que las transacciones puedan constituir actividades ilícitas o estar relacionadas con ellas.- Estas entidades no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, el hecho de que ha solicitado o proporcionado la información al tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte.- Cuando la comunicación mencionada en el párrafo segundo de este Articulo se efectúe conforme a derecho, las entidades de intermediación financiera y sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados por la legislación, estarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda, por el cumplimiento de este Articulo o por la revelación de información restringida por contrato o emanada de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.”. CONSIDERANDO (10): Que por las razones anteriormente apuntadas, esta Sala estima que de la revisión minuciosa del decreto 45-2002, contentivo de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, y particularmente del articulo 44, reformado mediante decreto No. 3-2008, el 28 de febrero de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 31559 el 14 de marzo de 2008; mediante el cual se exime de declarar en juicio a los miembros de la Unidad de Información Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; entra en conflicto con los artículos 60 y 61 de la Constitución de la República, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad parcial del mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, Por Unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 60, 61, 184, 185, 303, 313 atribución 5ta; 316 numeral 1, 321, 323, 324 de la Constitución de la República; 1, 7, 8, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; 1 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 44 de la Ley de Lavado de Activos, 227 del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 3, 7, 8, 74, 75, 76, 77 párrafo primero y 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DECLARAR HA LUGAR la garantía de Inconstitucionalidad, por violar la norma impugnada los artículos 60 y 61, de la Constitución de la República, en consecuencia: DEROGA PARCIALMENTE el articulo 44 de La Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, Reformado por el Decreto Legislativo No.3-2008, el 28 de febrero de 2008, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo el Nº 31559 de fecha 14 de marzo de 2008, en la parte final del primer párrafo donde se establece: “Sin embargo, ningún miembro o empleado de la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá ser citado para comparecer ante los tribunales de justicia en los casos en que se utilice información que la propia Unidad de Información Financiera (UIF) haya suministrado al Ministerio Público”. Los efectos de la presente sentencia son generales y de ejecución inmediata. Y MANDA: Primero: Que se ponga en conocimiento y se certifique al recurrente el presente fallo.- Segundo: Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.- Tercero: Que en su oportunidad se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL, COORDINADOR, OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS, GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA, EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, firma y sello, DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL“
Y para ser enviada al Congreso Nacional de la República, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal bajo el número 447=08.
DANIEL ARTURO SIBRIÁN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL