Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RI-362-08 — Registro 4459

Resumen

Recurso de Inconstitucionalidad Parcial por vía de acción, por razones de forma y de contenido, contra el artículo número 114 numeral 10 de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto No.24-2008)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que del análisis del numeral 10 del artículo 114 de la Ley de Protección al Consumidor, se colige que esta disposición de la normativa se vuelve de carácter imperativo, ya que impone una condición que no queda abierta a la consideración de las partes contratantes, que en un renglón como el de los seguros está sujeto a la oferta y demanda que se da en el mercado, al extremo que incluso en la actualidad existen pólizas de seguros en ciertos ramos donde no se exige ni siquiera el pago del deducible a la prima, de tal suerte que la norma recurrida cierra esta posibilidad ya que establece el pago del deducible y por otra parte desnaturaliza el contrato de seguro ya que fija un pago automático del mismo sin que se permita verificar la participación o responsabilidad que eventualmente podría tener el asegurado en el siniestro. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de enero de dos mil doce. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad que por vía acción interpuso la abogada ROSALINDA CRUZ DE WILLIAMS, en su condición de apoderada legal de la CÁMARA HONDUREÑA DE ASEGURADORES (CAHDA), contra el artículo número 114 de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto No.45-2002) por contravenir lo establecido en la Constitución de la República, el Código de Comercio, la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y la Ley de la Comisión de bancos y Seguros. ANTECEDENTES 1) Que el veintitrés de julio de dos mil ocho, la abogada ROSALINDA CRUZ DE WILLIAMS, en su condición indicada, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad Parcial por vía de acción, por razones de forma y de contenido, contra el artículo número 114 numeral 10 de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto No.24-2008 de fecha 1 de abril de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.31,652 el 7 de julio de 2008), en virtud de que el Congreso Nacional de la República lo aprobó contraviniendo los preceptos de la Constitución de la República, el Código de Comercio, la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y la Ley de la Comisión de Bancos y Seguros. 2) Que el doce de diciembre de dos mil ocho, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su Fiscal Especial abogada Sobeyda Isabel Zapata Grande, emitió dictamen, opinando que el artículo 114 numeral 10 de la ley de Protección al Consumidor no es inconstitucional. CONSIDERANDO (1): Que la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal secundaria, exige que vaya precedida por un juicio de contraste, que traiga como resultado la conclusión de que el precepto cuestionado se opone, vulnera o violenta de manera expresa o tácita, las disposiciones contenidas en el texto constitucional. CONSIDERANDO (2): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO (3): Que en la jurisdicción constitucional impera el principio nemo iudex sine actore, en virtud del cual los tribunales o salas constitucionales al realizar su función de control de constitucionalidad deben actuar solo a ruego de un tercero, ello no es óbice para reconocer que cuentan con amplios poderes para configurar el objeto discutido y de esta forma llegar a la solución del conflicto constitucional a través de una sentencia debidamente motivada; de tal suerte que el juez constitucional no está condicionado únicamente por los motivos o vicios de inconstitucionalidad que se hayan invocado; pudiendo afirmarse que el juez constitucional ya no es el mero vocero de la ley, es decir un simple aplicador de la ley, “neutral y aséptico” del mandato legal, para convertirse en intérprete autorizado de la Constitución y la Ley, gendarme del Estado de Derecho y sus instituciones, ejerciendo funciones de control no solo sobre el accionar de la administración publica sino que incluso del legislador. CONSIDERANDO (4): Que en el caso subjúdice la cuestión controvertida que se plantea vía recurso de inconstitucionalidad es el de sí el articulo 114, numeral 10, de la Ley de Protección al Consumidor vulnera la Constitución de la República, invocando el recurrente para sostener su posición motivos de forma y de fondo. CONSIDERANDO (5): Que el articulo 114, numeral 10, de la Ley de Protección al Consumidor establece: “Los lotificadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoria y venta al público de lotes de terreno o viviendas destinadas a casas de habitación deberán poner a disposición de los consumidores entre otras la información siguiente: 10) Cuando se ofrezca el servicio de seguro sobre un bien inmueble y éstos son objeto de deterioro total o extravío el proveedor deberá reintegrarle al consumidor en un período de sesenta días un bien o producto igual o similar al perdido a satisfacción del afectado debiendo éste pagar a la compañía aseguradora el valor del respectivo deducible.” CONSIDERANDO (6): En cuanto al primer motivo de inconstitucionalidad esgrimido por la recurrente, que alude básicamente a razones de forma, al estimar que debió haberse escuchado previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia, al tenor de lo preceptuado en el articulo 219 de la misma que establece: “Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale. Esta disposición no comprende las leyes de orden público, político, económico y administrativo.” CONSIDERANDO (7): Que es menester reflexionar sobre el contenido o carácter de la ley cuya normativa se impugna parcialmente. En este sentido y dada la naturaleza jurídica de la Ley de Protección al Consumidor, debemos afirmar que es una ley de orden económico, ya que la misma obedece (como refiere el legislador en la exposición de motivos) a “Que es de vital importancia promover el desarrollo económico y social justo, equitativo y sustentable de todos los sectores que conforman la población hondureña”, y regula conductas, comportamientos o actividades propias del mercado de cara a uno de los actores principales del mismo, a saber, el consumidor. CONSIDERANDO (8): Que en cuanto al motivo de inconstitucionalidad de contenido que el recurrente argumenta como: “SEGUNDO MOTIVO. RAZON DE CONTENIDO. Contravención al art. 1 de la Constitución de la República”, que establece: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como republica libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.”, sostiene la recurrente que: “En el presente caso se violenta el principio de la justicia, la libertad de contratación y el bienestar económico y social, que provienen de una legislación adecuada y conforme a los principios jurídicos e internacionales, lo cual se violenta en la redacción del artículo, cuando no se toman en consideración las condiciones y requisitos de contratación en materia de seguros, ni se valora la procedencia o no del daño sufrido, sino que las instituciones de seguros estarán obligados a indemnizar todos los reclamos que se le presenten a satisfacción del cliente, independientemente de todas las normas violadas contenidas en el Código de Comercio”.- Al respecto la Sala estima no existe esta vulneración al articulo 1 de la Constitución que se refiere a los derechos de justicia (entendida esta como la tutela judicial efectiva, es decir, el acceso reglado a todas las herramientas procesales para que las partes busquen la protección de sus intereses a través de una sentencia debidamente motivada, congruente con lo solicitado, que pueda ser recurrible y que resuelva ese conflicto intersubjetivo transformando la realidad social con una solución que lleve paz y justicia social), libertad, bienestar económico y social (comprendiéndose aquí la generación y protección de condiciones de vida digna para sus habitantes). CONSIDERANDO (9): En cuanto al tercer motivo de impugnación, también por razón de contenido, la recurrente sostiene hay violación de los artículos 63 y 328 de la Constitución de la República, artículo 63 (“Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificados, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre) y del articulo 328 (“El Sistema Económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la significación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana”).- Sobre este respecto debemos señalar que la norma recurrida no disminuye en forma alguna los derechos y garantías que la Constitución y los Tratados o Convenios Internacionales establecen, lo que está haciendo el legislador es normar una eventual situación de manera de que se protejan de mejor manera los derechos del consumidor y no debemos olvidar que la misma Constitución señala que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” (Articulo 62). Por otra parte la coexistencia que debe existir entre los medios de producción y el desarrollo de los principios de justicia social para alcanzar el bienestar común, como producto de una justa distribución de la riqueza generada, no se ve amenazada de manera alguna por disposiciones como la recurrida, que lo que hacen es fijar un derecho a favor del consumidor cuando a éste se le oferte una venta de inmuebles con seguro, situación que pueda darse o no ya que no es obligatorio que el oferente incluya la protección del inmueble con la cobertura de una póliza de seguro. CONSIDERANDO (10): Que en lo referente al cuarto motivo de inconstitucionalidad alegado, por razón de contenido, se argumenta una violación a los artículos 329 y 330 de la Constitución de la República. (Art. 329. “El Estado promueve el desarrollo económico y social, que estará sujeto a una planificación estratégica. La Ley regulará el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas…”Art. 330. “La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa”).- La recurrente sostiene que el articulo 114 numeral 10 de la Ley de Protección al Consumidor no obedece a una planificación adecuada y que “violenta flagrantemente la coexistencia democrática y armónica del sector asegurador, y pone en peligro la participación del seguro internacional en materia de seguro de daños.”.- El desarrollo económico debe ser entendido como la capacidad de un país para generar riqueza de manera sostenida y de esta forma asegurar a sus habitantes las bases para una justa retribución a la inversión y a la vez una adecuada y eficiente distribución de la riqueza, que permita alcanzar niveles de vida dignos, en donde todos y cada uno de los hondureños pueda procurarse para si y los suyos trabajo, educación, salud y vivienda, entre otros. La norma recurrida no atenta ni destruye el precepto constitucional que define los parámetros de planificación estatal de cara a alcanzar desarrollo económico y social, ni está disminuyendo el concepto de propiedad y de libre empresa. CONSIDERANDO (11): En relación al quinto motivo de impugnación se sostiene en el recurso que hay una contravención a los artículos 331, 332 y 333 de la Constitución de la República. (Art. 331. “El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera a otras que emanen de los principios que forman esta constitución…”; Art. 332 “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares…”; Art. 333. “La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés publico y social, y por limite los derechos y libertades reconocidos por esta Constitución)”.- Sostiene la recurrente que “En materia de contratación, el seguro se fundamenta siempre en la libertad de contratación, tal y como ya lo hemos expresado, y el articulo 114 numeral 10 violenta el principio de la autonomía de la voluntad, ya que impone a una de las partes, situaciones que son imposibles de cumplir debido a que los supuestos jurídicos están fuera de ley, ya que, como lo hemos dicho, los lotificadores, promotores, etc, no pueden ofrecer servicios de seguros, ya que la ley lo prohíbe; y por otra parte, sin considerar ninguna situación de derecho, al ocurrir cualquier deterioro, la institución aseguradora deviene a “reintegrar” en un plazo de sesenta días el mismo producto. Esto es material y legalmente imposible. En tal sentido el principio de libertad de contratación queda totalmente trasgredido por la disposición aprobada por el Congreso Nacional.”.- Sobre este particular debemos indicar que el principio de autonomía de la voluntad (también conocido como libertad contractual), consiste básicamente en la facultad que la normativa reconoce a los particulares para poder disponer y reglamentar por sí mismos los contenidos y modalidades de las obligaciones que se generen en los contratos, adquiriendo en este tópico las normas generalmente un carácter supletorio, dispositivo y no imperativo. CONSIDERANDO (12): Que del análisis del numeral 10 del artículo 114 de la Ley de Protección al Consumidor, se colige que esta disposición de la normativa se vuelve de carácter imperativo, ya que impone una condición que no queda abierta a la consideración de las partes contratantes, que en un renglón como el de los seguros está sujeto a la oferta y demanda que se da en el mercado, al extremo que incluso en la actualidad existen pólizas de seguros en ciertos ramos donde no se exige ni siquiera el pago del deducible a la prima, de tal suerte que la norma recurrida cierra esta posibilidad ya que establece el pago del deducible y por otra parte desnaturaliza el contrato de seguro ya que fija un pago automático del mismo sin que se permita verificar la participación o responsabilidad que eventualmente podría tener el asegurado en el siniestro. CONSIDERANDO (13): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en la Constitución de la República o en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (14): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos Números: 1, 184, 185 No. 1, 303, 304, 313 No. 5, y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 33, 45, 91, 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 118 No. 1, 119 párrafo in fine, 120 de la Ley General de la Administración Pública, 1 No. 2, 5 No. 1, 32 de la Ley de Amparo, FALLA: 1º DECLARAR HA LUGAR la Garantía de Inconstitucionalidad por razón de fondo, interpuesta por vía de acción del numeral 10) del artículo 114 de la Ley de Protección al Consumidor (Decreto No.45-2002), que ha promovido la abogada ROSALINDA CRUZ DE WILLIAMS, en su condición de apoderada legal de la CÁMARA HONDUREÑA DE ASEGURADORES (CAHDA),; 2º QUE LA PRESENTE SENTENCIA TIENE EFECTOS EX NUNC, es decir, a partir de la fecha en que adquiera firmeza. Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada a la recurrente personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos a más tardar al día siguiente de su fecha. 2) Que se proceda a certificar el presente fallo; 3) Que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta; 4) Archívense las presentes diligencias en la Secretaría del Tribunal.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.

Y para ser enviada al CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el trece de febrero de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha diez de enero de dos mil doce, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 362=08.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL