Sentencia RI-173-11 — Registro 4456
Resumen
Recurso interpuesto via de acción contra el Decreto Legislativo Numero 185-2010, el cual es contentivo de la Ley Marco de las Iglesias Evangélicas de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el DECRETO LEGISLATIVO No. 185-2010 que contiene la “Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras” excluye del reconocimiento estatal, así como de los beneficios contenidos en la ley al resto de las religiones que no comparten sus creencias, creando como ya se dijo un grupo privilegiado, que se beneficiara más de un interés publico, con personalidad jurídica y órganos de gobierno propios concedida y reconocidos por el Estado. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre." CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad, la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "Que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la doctrina que se derive del ejercicio de la justicia constitucional es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que en el presente caso, se puede colegir que el DECRETO LEGISLATIVO No.185-2010 que contiene la "Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras" emitido por EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha treinta de septiembre de dos mil diez y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32.364 de fecha doce de noviembre de dos mil diez, vulnera lo dispuesto en los Artículos 60, 77, 78, 80, 198 y 245 No. 11, de la Constitución de la República, puesto que desarrolla las libertades de religión, culto y asociación contenidas en la Constitución de la República; únicamente para la agrupación denominada Iglesia Evangélica de Honduras, desconociendo y dejando fuera de al resto de las religiones; convirtiéndose en una norma con apariencia de aplicación general, pero aplicable exclusivamente a un grupo determinado; situación que puede ser solventada con la facultad reglamentaria del Estado."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 16 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 77 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de julio de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Inconstitucionalidad acumulados interpuestos por vía de acción, por el abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 2129, con oficina profesional en el bufete “Consultoria Profesionales y Asesoria Jurídica Ocampo Orozco”, sita en la 4ta., calle, Bloque E, casa Nº 3616 de la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán; quien actúa en su condición de apoderado legal: I. de la IGLESIA EVANGELICA “MI REY DE PAZ”; y II. de la ASOCIACION IGLESIA “CRISTO AGAPE”; contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 185-2010, contentivo de la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha treinta de septiembre de dos mil diez, y publicado en el Diario Oficial manifestando los peticionarios que la referida ley violenta, disminuye, restringe y tergiversa derechos constitucionales. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de marzo de dos mil once, compareció ante esta Sala de lo Constitucional el abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, actuando en su condición de apoderado legal de la IGLESIA EVANGELICA “MI REY DE PAZ”, y de la ASOCIACION IGLESIA “CRISTO AGAPE”, promoviendo recurso de inconstitucionalidad vía de acción por razón de su contenido, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 185-2010, contentivo de la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha treinta de septiembre de dos mil diez, publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 32,364, de fecha doce de noviembre de dos mil diez. Registrándose ambos recursos en esta Sala bajo los números de expediente 173=11 y 174=11. 2) Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil once, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por vía de acción por el abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, asimismo y al apreciar que los mismos se dirigen contra el mismo decreto legislativo, ordenó su acumulación para mantener la continencia y la unidad de la causa, ordenando librar la respectiva comunicación al Congreso Nacional de la República a efecto de que dentro del plazo de cinco (05) días hábiles remitiese los antecedentes correspondientes al proceso de formación del decreto impugnado, comunicación que debidamente cumplimentada fue remitida por el Congreso Nacional de la Republica en fecha catorce de abril de dos mil once. 3) Que en fecha doce de mayo de dos mil once, la Fiscalia Especial para la defensa de la Constitución del Ministerio Publico a través de su Fiscal Especial abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, emitió dictamen, siendo del parecer porque SE DECLARE LA PROCEDENCIA de la presente inconstitucionalidad. CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha once de marzo del año dos mil once, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO, promoviendo Recursos de Inconstitucionalidad por vía de acción a favor de las iglesias evangélicas “MI REY DE PAZ”, y “CRISTO AGAPE”, contra el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 185-2010, que contiene la “Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras”, emitido por el Congreso Nacional de la Republica en fecha treinta de septiembre de dos mil diez y publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 32,364 de fecha doce de noviembre de dos mil diez, porque consideran que es violatorio de lo dispuesto en los artículos 60, 64, 77 y 78 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO DOS (2): Que los recurrentes básicamente coinciden en sostener que El Decreto 185-2010 violenta las declaraciones de que en Honduras no hay clases privilegiadas, que todos lo hondureños son iguales ante la ley; la de que no se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; y los derechos de libertad de conciencia, religión y culto; y el de libertad de asociación. CONSIDERANDO TRES (3): Que los recurrentes explican que el Decreto 185-2010, contentivo de la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras, entra en contradicción con lo señalado en los artículos 60, 64, 77 y 78 de la Constitución de la Republica; porque según su parecer la referida ley marco tiene como destinatario especifico La Confraternidad Evangélica de Honduras y le otorga la exclusividad de regular las actividades de las diferentes congregaciones de la Iglesia Evangélica de Honduras, y que el Estado ha renunciado a ejercer su función de regulación exclusiva que le confiere la Constitución; arguyen que el Decreto cuestionado por la vía de la inconstitucionalidad, contiene irregularidades que contrastan con el procedimiento normal y ordinario, en cuanto que la ley debe ser de carácter general y no de carácter particular, a fin de evitar que la ley emitida pueda ser dañina a todos los ciudadanos a quienes pueda estar dirigidos los fines, objetivos y alcances que debe conservar el legislador al emitir una ley, por lo que se incurre en responsabilidad cuando se otorgan derechos exclusivistas a grupos determinados a fin de dirigir a otros que no están obligados a su sometimiento. Dicen que con la cuestionada ley tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo se han extralimitado en sus atribuciones y funciones, desconociendo con ello el mandato lógico y constitucional establecidos en los artículos de la Constitución de la Republica que resultan vulnerados con la referida ley, misma que al privilegiar a la Confraternidad Evangélica de Honduras, margina al resto de las demás denominaciones evangélicas, excluyéndolas de los privilegios concedidos a la referida Confraternidad; alegan que el Estado de derecho y democrático otorga a sus ciudadanos una serie de garantías y derechos, mismos que son inalienables, por lo que el Estado no puede conculcarlos, y si así sucediese los ciudadanos para su defensa lo pueden hacer bajo la cobertura y protección de principios fundamentales, tales como los de legalidad, legitimidad y seguridad jurídica. Señalan que por las mismas razones antes expuesta la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras, también entra en contradicción con lo señalado en La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 12, 16, 24 y 25; los articulo 2.(1)(2)(3), 3, 4. (1), (3), 5. (1), (2), 18. (1) (2), 26 y 27 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y finalmente los recurrentes en su exposición sostienen que, el Decreto 185-2010 violenta la Libertad de Asociación porque excluye del derecho de optar y participar a los recurrentes al igual que otros ciudadanos a elegir libremente a que denominación evangélica deben integrarse, sin ser presionado o sometido por una disposición para integrarse a una denominación facultada y autorizada en forma arbitraria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que una vez realizado el traslado que conforme a la ley a la Ley Sobre Justicia Constitucional, debe efectuarse al Ministerio Publico, en su dictamen de fecha doce de mayo de dos mil once, se pronuncio en el sentido de que el mas Alto Tribunal de Justicia, declare la procedencia del presente recurso de inconstitucionalidad que por vía de acción se promueve contra el Decreto 185-2010 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 32364 de fecha doce de noviembre del 2010 y se declare la inconstitucionalidad total del referido Decreto. Esto en vista de que si bien es cierto del análisis realizado se desprende que no todo el articulado del Decreto cuestionado vulnera los principios y garantías consagrados por la Constitución de la Republica, la parte que se considera inconstitucional es de tal magnitud y relevancia que no puede ser separada de la totalidad sin afectar los fines y aplicabilidad del decreto mismo, debiéndose entonces derogar éste en su totalidad por ser de contenido inconstitucional. CONSIDERANDO CINCO (5). Que el Artículo 59 de la Constitución de la Republica preceptúa: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una ley especial[1].” Si entendemos que la libertad religiosa es anterior a todo derecho positivo por estar fundada en la naturaleza humana, su reconocimiento debe darse por sentado para todos los seres humanos, en ese orden de ideas cualquier forma de discriminación por motivos religiosos es inaceptable en un Estado democrático y de Derecho. La consideración de la dignidad humana es la principal fundamentacion del derecho a la libertad de religión, ahora bien, una parte de la doctrina encuentra como primer asidero de la dignidad humana, el que se basa en una concepción moral personal desvinculada de toda regla objetiva de moralidad. Según esta concepción, la conducta religiosa responde a un juicio de conciencia personal que varía de unos individuos a otros. Esta doctrina no es admisible, porque según ella, debe primarse el respeto a la opción personal, por lo que no cabe la imposición de normas objetivas de conducta en materia religiosa. Este fundamento atenta, incluso contra la naturaleza de la norma porque debe aplicarse a todos los hombres por igual. Se suele aportar como fundamento la necesidad de adoptar una actitud de tolerancia en esta materia. Esta fundamentacion no sirve porque el concepto tolerancia implica un sentido peyorativo, un soportar, mientras que la libertad tiene un sentido positivo de optar. La tolerancia atiende la libertad religiosa como un mal que debe ser aceptado. Otros autores consideran como fundamentacion válida del derecho de libertad religiosa la estructura íntima propia de la adhesión o rechazo de un credo religioso, esta doctrina es discutible porque, muchas veces, la aceptación o rechazo es fruto de determinadas presiones sociales; ahora bien si se impone coactivamente una religión, aún cuando inicialmente se produzca resistencia, finalmente se va a producir su aceptación plena, en cuyo caso no habrá libertad religiosa porque hay una imposición previa. En ese orden de ideas y al tenor de lo anteriormente señalado es criterio de esta Sala que la fundamentacion y razón última de la libertad religiosa es la dignidad de la persona, ya que con relación a los Derechos humanos, resulta evidente su pertenencia al hombre con carácter previo, incluso al derecho positivo, la dignidad humana supone entonces la capacidad del hombre de tomar por si mismo las decisiones como consecuencia de estar dotado de entendimiento y voluntad. CONSIDERANDO SEIS (6): Que al tenor de lo señalado en el acápite anterior siendo la libertad religiosa anterior a todo derecho positivo, por estar fundada en la naturaleza humana, su reconocimiento debe estar exento de todo tipo de discriminación. Ahora bien se hace necesario diferenciar este Derecho de figuras afines que, aunque relacionados con la libertad religiosa, no pueden confundirse con ella, así tenemos que la libertad de cultos se encuentra comprendida en la libertad religiosa, la práctica de un culto determinado, en ningún caso puede separarse de la práctica de una creencia religiosa; nos encontramos entonces que una religión que no viese admitidas sus manifestaciones externas de culto quedaría reducida al ámbito puramente personal por lo que carecería en todo caso de relevancia jurídica. Surge también un problema al querer diferenciar la libertad religiosa de la ideológica, la primera de ellas es aquella ejercida en el seno de confesiones, mientras que la libertad ideológica va referida a otras opciones como el humanismo, ateísmo, agnosticismo e indiferentismo, respecto de la cual otros autores, la designan como libertad de pensamiento al tener por objeto el conjunto de ideas, conceptos y juicios que tiene el hombre sobre las diferentes realidades del mundo y la vida. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el derecho al libre ejercicio de Religión muestra una clara relación con algunos derechos fundamentales, así tenemos que respecto a la libertad de expresión, esta se ejerce la mayor parte de las veces en la dimensión o faceta externa de este derecho; y, en concreto siempre que se hace mediante cualquier medio de difusión. Es también clara la relación de la libertad religiosa con los derechos educativos y las libertades de enseñanza; en concreto, la Constitución de la República reconoce el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que les darán a sus hijos. Por lo demás, los derechos de reunión, manifestación y asociación actúan en varios casos como medios o instrumentos necesarios para el ejercicio de esta libertad. Debe señalarse que esto no puede ser motivo de discriminación. CONSIDERANDO OCHO (8): Que se debe entender que hay una forma de interpretar la titularidad de este derecho de una forma colectiva; ya que la libertad religiosa es un derecho individual se entiende que la titularidad colectiva proviene de que tales grupos estén integrados por individuos. La verdadera titularidad del derecho no corresponde estrictamente al grupo confesional, sino al individuo. Puede plantearse un conflicto entre los derechos fundamentales de uno o varios miembros del grupo y los derechos colectivos provenientes del conjunto, en cuyo caso deberá resolverse a favor de los derechos del individuo porque esencialmente los derechos fundamentales tienen un carácter radicalmente individual. CONSIDERANDO NUEVE (09): Que desde los albores de la humanidad, esta ha buscado las respuestas a las grandes interrogantes de la vida, de la naturaleza humana, el sentido y propósito de su vida, el bien y el pecado, la causa y el fin del dolor, el camino a la felicidad, la muerte y el misterio que envuelve su origen y su destino; respuestas que en la gran mayoría de los casos se buscan en las distintas religiones. Son muchas las religiones que hoy día existen, siendo las principales, las monoteístas (creencia en un solo Dios), dentro de las cuales encontramos el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, y en la rama de las politeístas (creencia en muchos Dioses) se destacan el hinduismo y el budismo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en consonancia con esa libertad de religión que hoy en día existe, nos encontramos con una gran variedad de las mismas a saber: el Brahmanismo, Budismo, Catolicismo, Confucianismo, Protestantismo, Luteranismo, Calvinismo, Hinduismo, Judaísmo, Islamismo, Sintoismo, Zoroastrismo entre otras, enumeración que es solamente enunciativa, y que no pretende excluir a las demás; y, que no cabe la menor duda que en Honduras existen adeptos, feligreses o seguidores de estas religiones. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la libertad de la práctica religiosa se encuentra preceptuada en diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el Estado de Honduras y que forman parte de nuestra normativa jurídica, así nos encontramos con que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su Artículo 18 establece que: 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar la propia religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. 2. Nadie podrá ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados partes en el presente Pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa u moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” CONSIDERANDO DOCE (12): Que así también el Artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conocido también como el Pacto de San José (Costa Rica), de 1969; expresa: “La libertad de conciencia y religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral, los derechos y libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Decreto 185-2010, contentivo de la Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras, y que se ha impugnado de inconstitucional, en los antecedentes correspondientes al proceso de formación del mismo específicamente en la exposición de motivos expresa que: “La libertad de Religión, se concibe como la capacidad que tiene el hombre y la mujer, frente a la sociedad y al Estado, de autodeterminarse en la investigación y adopción de la verdad religiosa y de ajustar su conducta individual y social conforme a los preceptos morales que le descubre su conciencia recta, abarcando tanto la actitud positiva de creer, como la negativa de no creer. En tal sentido, el Estado de Honduras, siendo conciente de la realidad nacional en cuanto a religión se refiere, no puede desconocer el surgimiento de entidades y confesiones religiosas, con espíritu de contribución al bien social, buen testimonio, e involucramiento en la vida nacional, como es el caso de la Iglesia Evangélica Nacional, y en consecuencia es correcto el decir que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial.” CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la cuestionada Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras en su artículo 12 establece que: “La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), como Institución se regirá por las normas aquí establecidas y por las resoluciones que apruebe su Asamblea General, emitidas conforme a esta Ley y otras disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, respetando la autonomía y libertad de decisión de cada institución afiliada”; articulo este que se relaciona con el contenido del artículo 16, del mismo cuerpo legal que manda: “Quedan vigentes las personerías jurídicas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), de todas aquellas Instituciones Evangélicas que no se incorporen a la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH)”. De la lectura de los mismos, se colige que aun y cuando se deja a salvo la individualidad y autonomía de cada organización evangélica que decida pertenecer o no a la llamada “Confraternidad”, también crea un grupo privilegiado al otorgarle personalidad jurídica únicamente a aquellas Iglesias Evangélicas que decidan aglutinarse en la llamada “Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH)”, otorgándoles ventajas sobre el resto de las demás que decidan no pertenecer a la misma; con ello se excluye a estas iglesias del universo religioso que goza de un reconocimiento oficial por parte del Estado de Honduras, a través de la llamada “Confraternidad”; configurándose así una clara contravención a lo establecido por la Constitución de la República en su Artículo 60, que preceptúa: “Todos los hondureños nacen libre e iguales en derechos. En Honduras no hay clase privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; así también nuestro ordenamiento legal vigente, en los Artículos 17 al 20 del Código Civil señalan las reglas de interpretación de la Ley así: “Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 18.- Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 19.- El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. (La negrita y subrayado es nuestro) Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” Reglas de interpretación que al ser aplicadas nos lleva a la siguientes conclusión: el DECRETO LEGISLATIVO No. 185-2010 que contiene la “Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras” excluye del reconocimiento estatal, así como de los beneficios contenidos en la ley al resto de las religiones que no comparten sus creencias, creando como ya se dijo un grupo privilegiado, que se beneficiara más de un interés publico, con personalidad jurídica y órganos de gobierno propios concedida y reconocidos por el Estado. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre." CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que la sentencia en que se declara la inconstitucionalidad, la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegitima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "Que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la doctrina que se derive del ejercicio de la justicia constitucional es, naturalmente, vinculante, ya que, “si bien los Tribunales Constitucionales no tienen la facultad de legislar (comentó alguna vez García-Pelayo) sí tienen la de establecer vinculatoriamente el recto significado de lo legislado”. Pero no sólo esa doctrina es obligante; también lo es aquella que surja de la interpretación que de la Constitución realice la Sala respecto a un caso concreto y de donde haya surgido un particular modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Es bueno advertir que tal vinculación arropará sólo a los casos similares al que dio lugar al precedente. Decir esto pretende despejar de antemano alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a la Sala conforme a la Carta Fundamental, en el sentido de asociar erróneamente sus efectos a un ámbito que sólo abarque la desnuda y abstracta interpretación de un precepto constitucional. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que en el presente caso, se puede colegir que el DECRETO LEGISLATIVO No.185-2010 que contiene la "Ley Marco de la Iglesia Evangélica de Honduras" emitido por EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha treinta de septiembre de dos mil diez y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32.364 de fecha doce de noviembre de dos mil diez, vulnera lo dispuesto en los Artículos 60, 77, 78, 80, 198 y 245 No. 11, de la Constitución de la República, puesto que desarrolla las libertades de religión, culto y asociación contenidas en la Constitución de la República; únicamente para la agrupación denominada Iglesia Evangélica de Honduras, desconociendo y dejando fuera de al resto de las religiones; convirtiéndose en una norma con apariencia de aplicación general, pero aplicable exclusivamente a un grupo determinado; situación que puede ser solventada con la facultad reglamentaria del Estado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los Artículos 1, 18, 60, 62, 63, 64, 77, 78, 80, 151, 152, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DECLARANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO No.185-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32.364 en fecha doce de noviembre de dos mil diez; en los Recursos de Inconstitucionalidad acumulados interpuestos por vía de acción por el abogado VENANCIO OCAMPO OROZCO en su condición de apoderado legal de la IGLESIA EVANGELICA “MI REY DE PAZ” y de la ASOCIACION IGLESIA “CRISTO AGAPE”; Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”.
Para ser enviada al CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, se extiende en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el diecisiete de septiembre de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad con orden de ingreso en este Tribunal No. 173 y 174=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Copiado en los términos del Decreto Número 191-94, de fecha 15 de diciembre de 1994, que contiene la reforma al Artículo 59 Constitucional; y, ratificado constitucionalmente mediante Decreto Número 2-95, de fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 27595, del 4 de marzo de 1995.