Sentencia EP-187-21 — Registro 12672
Resumen
Actuaciones de Autoridad recurrida es cuestionada por supuestos abusos por las Directoras en perjuicio de recurrente a quien se le supone responsable de delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso comercial y prohibido, tenencia ilegal de explosivos de uso prohibido y lavado de activos; Juez ejecutor declaró no ha lugar dicho recurso en virtud de no concurrir ningún requisito que exige la ley
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"consta el informe requerido y presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional por la Juez Ejecutora, Abogada TESLA SIBRIAN, la no acreditación de los supuestos de hecho que fundan el presente recurso; pues de la exhibición personal de la agraviada, señora ERICKA JULISSA BANDY GARCÍA, manifestó que interponía la denuncia a través de su apoderado, Abogado CHAJTUR; en virtud de los abusos incurridos por las directoras del Centro Penal PNFAS, los cuales hace equivaler a tortura psicológica, insultos y amenazas, así como el no tratamiento de la enfermedad Diabetes Mellitus tipo 2 que padece, si bien no ha recibido maltrato físico. Sin embargo, no se constataron tales extremos en el informe de la Juez Ejecutora; del cual se desprende, al contrario, la imposición de medidas de seguridad que deberá acatar la agraviada, permaneciendo en las instalaciones que le han sido acondicionadas, en salvaguarda de su vida y en aras del plan de seguridad que le ofrece el establecimiento, debido a la readecuación de infraestructura del área de salud de esta Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social. Asimismo, se hizo constar por la autoridad concernida, la reactivación de la seguridad personal asignada a la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCÍA, consistente en dos agentes preventivos que la resguardan veinticuatro horas del día; Informe el cual se aprueba, descartándose la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad de la persona agraviada, por parte de la autoridad denunciada; por lo cual se desestima la concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 182 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de marzo del dos mil veintiuno.-VISTA: Para dictar Sentencia de Recurso de Exhibición Personal conocido a prevención por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, interpuesto por el abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCIA, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, por hostigamiento y molestias innecesarias por parte de las autoridades en perjuicio de la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCIA.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), compareció el Juzgado de Letras de lo Penal, del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA, interponiendo Recurso de Exhibición Personal a favor de la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCIA, contra actuaciones del Director de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, por hostigamiento y molestias innecesarias por parte de las autoridades en perjuicio de la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCIA y que se le dispense un trato acorde a la dignidad humana. (Folio 2–3 del presente Recurso).-2) Que en la misma fecha el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, tiene por admitió el presente recurso y, en consecuencia, nombró como Juez Ejecutora a la Abogada TESLA SIBRIAN DUEÑAS, Defensora Pública de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a efecto de que rindiera un informe sobre los extremos consignados en el presente recurso. (Folios 4 al 5 del presente Recurso).-3) Que en fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020), la Juez Ejecutora abogada TESLA SIBRIAN DUEÑAS, compareció ante esta Sala, y en el ejercicio de las responsabilidades inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente, consignando entre otros extremos, lo siguiente: PRIMERO: Que en fecha treinta de Diciembre dos mil veinte, siendo las dos con treinta minutos de la tarde, procedí a requerir en legal y debida forma a la Señora Subdirectora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social la Subcomisaria JESSICA OTILIA COLINDRES PINOT, en virtud que no se encontraba la Directora; para que dentro del término de veinticuatro horas rinda el informe solicitado; En la misma fecha se entrevistó a la imputada ERICKA JULISSA BANDY GARCIA; siendo las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde; así como también en fecha cinco de Enero del dos mil veintiuno comparecí nuevamente a recoger el informe en virtud de que el personal administrativo y legal se encontraban de vacaciones desde el miércoles treinta de Diciembre del dos mil veinte en la mediodía hasta el cuatro de Enero del dos mil veintiuno.-RESOLUCION.-LA JUEZ EJECUTORA TESLA SIBRIAN DUEÑAS, ha conocido para resolver sobre la garantía constitucional del Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la privada de libertad, ERICKA JULISSA BANDY GARCIA; por considerar que su representada está siendo constantemente hostigada y molestada por la Directora de apellido AMADOR y la Subdirectora de apellido PINOT, siendo objeto de vejámenes e insultos impropios de una autoridad penitenciaria; así como también que se la ha quitado la seguridad con la que gozaba de dos miembros de la policía penitenciaria dentro del Centro Penal sin ningún motivo e explicación. –ANTECEDENTES. -El impetrante establece en el recurso interpuesto, que la privada de libertad ERICKA BANDY GARCIA, está con medida cautelar de prisión preventiva en PNFAS, interponiendo Acción Constitucional de Habeas Corpus en lo que establece el Artículo 13 inciso B de la Ley Sobre Justicia Constitucional en que establece que cuando su detención o prisión legal, Por lo que considera el peticionario que existen en su representada detenida o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. -INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA AUTORIDAD REQUERIDA. -PRIMERO: De acuerdo a lo informado por la Sub directora del Centro Penal de PNFAS, recibido en fecha cinco de enero del dos mil veintiuno del año en curso a las once con treinta minutos de la mañana; en la causa seguida contra la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCIA; quién se supone responsable por los delitos de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y PROHIBIDO, TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO Y LAVADO DE ACTIVOS. Ingresando al Centro Penal el 09 de junio del 2018 según expediente criminológico 26714; Se entrevistó a la imputada antes mencionada en fecha treinta de Diciembre del dos mil veinte quién se encuentra recluida en el Módulo Reflexión o medidas de Seguridad en las que dijo que ha interpuesto varias denuncias porque la Directora y la Subdirectora del Centro Penal la Sub Comisaria Pinot y la Comisaria Kelyn Amador, manifestando que la torturan Psicológicamente amenazándola ya que no me dejo encerrar por fuera con candado, ya que eso era orden del Centro Penal; ya que existía una orden del Juzgado de Ejecución en donde se ordenó un Acta de Responsabilidad en la cual no quiso firmar la señora Ericka en fecha 14 de e del 2020. Sigue manifestando que padece de Diabetes Mellitus tipo 2, en la cual no me la tratan por miedo que me ataquen en el camino cuando me lleven el Hospital temor a un atentado, ya que mataron a su esposo Magdaleno en el Centro Penal de Ilama; Santa Bárbara, se autorizó por el Juzgado de Ejecución y el Instituto Nacional Penitenciario de que mi médico privado asistiera al Centro a chequearme en la cual no la dejan entrar, porque dicen que hay Covid-2019; mas sin embargo otras privadas de liberta reciben visitas y que no le autorizan de que se les reciban sus medicamentos y que tiene pendiente de que se le practiquen exámenes tumorales de Cáncer en la cual no dejaron entrar al médico técnico de Laboratorio del Centro Médico arriesgando su vida y su salud; sigue manifestando que es diabética y que tiene autismo; así como depresión en la cual no la han tratado por el médico del Centro Penal; así como también le prohibieron la entrada del Doctor Marquis de Clínicas Shemalan; nomine a la Abogada Alina Cruz Salas para que se encargara de trasladar mis medicamentos y comida, en la cual se nominó estos debido a la muerte de su esposo el señor MAGDALENO; que le quitaron la seguridad que se le había brindado de unos Policías; La Clase de Policía García es la encargada de manejar las llaves del área de Reflexión donde yo estoy recluida y que sí algo me pasa ella es la responsable; no he recibido golpes. -SEGUNDO: Luego me apersoné a la habitación de la señora Ericka Bandy; al módulo de Medidas de Seguridad; en la cual a la par de la habitación de la misma se encuentra una construcción de bloques en virtud de existir modificaciones de construcción en la cual funcionarán la Clínica Médica del Centro Penal y es por eso que se cerró para que no hubiese acceso de las imputas al personal médico que trabajará en dicho Centro Penal. En frente de la habitación de doña Ericka se encuentra la cocina, así como también existen otras habitaciones alrededor de otras imputadas; y en cuanto a la habitación de la señora Ericka Bandy que tuve el acceso a estar dentro de ella, pudo verificar mi persona que se encuentra en perfectas condiciones; habiendo dentro de la misma una cama Queen, refrigeradora, televisor, ventilador, tres gabeteros, con su respectivo baño e Inodoro Privado exclusivamente para la imputada.-TERCERO: Según el informe rendido por la Sub Directora KELLY VANESSA AMADOR ESPINOZA; de PNFAS, información obtenida se establece que la Privada de Libertad goza de las medidas especiales de seguridad; en la cual en fecha veintinueve de Diciembre del dos mil veinte la asesora legal de dicho Centro Penitenciario procedió a notificar a la privada de libertad ERICKA JULISSA BANDY, sobre las medidas de seguridad implementadas para protegerla, medidas relacionadas a que deberá permanecer dentro de las instalaciones que se le han acondicionado con el propósito de salvaguardar su vida, ya que en esa fecha se iniciará el proceso de readecuación de la infraestructura del Centro de Reclusión que beneficiará a todas las internas; dicho notificación se le hizo a la priva de libertad en la que rechazó firmar y a cumplir con las mismas por lo que se levantó un Acta que se anexa; así mismo se le reactivó la Seguridad Personal asignando a dos agentes preventivos que la resguardaran por veinticuatro horas al día; extremo este que le preguntó la señora Juez Ejecutora donde la privada de libertad me dijo que ya se los habían reactivado; Otra situación es que la Señora Ericka Bandy no quiere cumplir con las medidas de seguridad que se le han impuesto; por lo que se puso en conocimiento del Instituto Nacional Penitenciario, así como a los Juzgados y Tribunales de Justicia; y esto es porque ella manifestó a la Señora Juez Ejecutora que no quiere que la dejen encerrada por fuera con candado; ya que temor que entren a matarla a su habitación; aunque sí bien es cierto a todas las encierran por fuera ; pero dice que a ella le da miedo que le pase lo mismo que le pasó a su esposo. Aunque sí bien es cierto e levantó un Acta de Responsabilidad que se anexa copia para que entre la doctora DARLING XIOMARA CERROS RAPALO; autorizando su entrada al PNFAS, en base a una orden del Juzgado de Ejecución a efecto de evaluarla y hacerle los exámenes correspondientes; pero no es menos cierto que en la misma Acta decía que el Centro Penal no se hacía responsable del contagio del virus hacia la privada de libertad con el ingreso de la doctora y es así que la Señora Ericka Bandy no quiso mejor que entrara a examinarla ante esa irresponsabilidad del Centro Penal.- ANÀLISIS SOBRE LA PETICIÓN DE HABEAS CORPUS REPARADOR .-PRIMERO: Con el informe brindado por dicho Centro Penitenciario se logra establecer que a privada de libertad no ha sufrido ningún tormento, torturas, vejámenes, exacción ilegal, coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual , como la ha querido dar a conocer el impetrante abogado Defensor de la misma; ya que no se cumple lo establecido en el artículo 13 numeral 1 literal B; en virtud de encontrarse en buenas condiciones en su habitación, no ha sufrido ningún golpe, y se encuentra resguardada por su seguridad ; en las cuales fueron medidas que el Juzgado de Ejecución ordenó para bienestar de su seguridad. Misma que se anexa al informe del mismo; en cuanto a la salud de ella manifestó al final a negarse a recibir la doctora y no quiso firmar la autorización de la entrada de la doctora DARLING XIOMARA CERROS.-SEGUNDO: Tampoco la privada de libertad no quiere asistir a un Centro Asistencial afuera del Centro Penal ya que teme por su vida que fueran hacerle un intento de matarla en el camino según manifestó a la Señora Juez Ejecutora.-POR TANTO: Con fundamentación jurídica en los artículos.1, 7, 8.2, 25 y 27. De La Convención Americana De Derechos Humanos artículos; 59, 60, 61,64, 65, 68 y 69 de la Constitución de la República; 2 y 3 del Código Procesal Penal.-LA SUSCRITA JUEZA EJECUTORA, Con las facultades que le confiere la ley Sobre Justicia Constitucional, en los artículos 13.1. literal B y 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional. -RESUELVE DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL REPARADOR INTERPUESTO; en virtud de no concurrir ningún requisito contemplado en dicho artículo de la presente ley mencionada anteriormente. - Se remite a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; con todo lo actuado para la emisión de la Sentencia juntamente con el informe rendido por PNFAS. (Folios 33–35 del presente Recurso).-4) Que en fecha dos (2) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala recibió el expediente que contiene el Recurso de Exhibición Personal interpuesto por el Abogado CARLOS RAUL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCIA, en virtud de inhibirse el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán de seguir conociendo el presente recurso.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión.-CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”…[1]-CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.[2] -CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo),[3] la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[4]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”.-CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado.[5].-CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.[6] La doctrina convencional se enfatiza, a este respecto, la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sea acorde al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”.[7] CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha manifestado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas varía, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta;[8] declarando, a la vez, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”.[9].-CONSIDERANDO (8): Que, se sigue de ello, el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, coadyuvando al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana.-CONSIDERANDO (9): Que, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica, entre los efectos de procedencia de la garantía de hábeas corpus; el deber de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, pudiendo ordenarse también la libertad del agraviado.-CONSIDERANDO (10): Que, consta el informe requerido y presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional por la Juez Ejecutora, Abogada TESLA SIBRIAN, la no acreditación de los supuestos de hecho que fundan el presente recurso; pues de la exhibición personal de la agraviada, señora ERICKA JULISSA BANDY GARCÍA, manifestó que interponía la denuncia a través de su apoderado, Abogado CHAJTUR; en virtud de los abusos incurridos por las directoras del Centro Penal PNFAS, los cuales hace equivaler a tortura psicológica, insultos y amenazas, así como el no tratamiento de la enfermedad Diabetes Mellitus tipo 2 que padece, si bien no ha recibido maltrato físico. Sin embargo, no se constataron tales extremos en el informe de la Juez Ejecutora; del cual se desprende, al contrario, la imposición de medidas de seguridad que deberá acatar la agraviada, permaneciendo en las instalaciones que le han sido acondicionadas, en salvaguarda de su vida y en aras del plan de seguridad que le ofrece el establecimiento, debido a la readecuación de infraestructura del área de salud de esta Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social. Asimismo, se hizo constar por la autoridad concernida, la reactivación de la seguridad personal asignada a la señora ERICKA JULISSA BANDY GARCÍA, consistente en dos agentes preventivos que la resguardan veinticuatro horas del día; Informe el cual se aprueba, descartándose la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad de la persona agraviada, por parte de la autoridad denunciada; por lo cual se desestima la concurrencia de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, para el otorgamiento de la presente garantía constitucional.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 70, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el abogado CARLOS RAÚL CHAJTUR ARANEDA, a favor de la ciudadana ERICKA JULISSA BANDY GARCÍA contra actuaciones del Director de la PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACIÓN SOCIAL. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de Abril del año dos mil veintiuno (2021), Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) recaída en el Recurso de Exhibición Personal, registrado en este Tribunal bajo el número 0187-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver el artículo 182 de la Constitución de la República.
[2] Ver artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto Legislativo No. 244-2003.
[3] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[4] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 26: Restricción y suspensión de derechos humanos / Corte Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). -- San José, C.R., 2020. Págs. 150-151.
[6] Ver artículo 30 de la CADH.
[7] Convención Americana Sobre Derechos Humanos: Comentario. Steiner, Christian / Uribe, Patricia (Editores). Konrad Adenauer Stiftung. Guatemala: Magna Terra Editores, 2014. Pág. 716.
[8] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Loayza Tamayo v. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párrafo 57.
[9] Ver: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso Cantoral Benavides v. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 87.