Sentencia AP-931-11 — Registro 3859
Resumen
Resolución recurrida que confirma el auto de prisión dictado por el Aquo, contra impetrante por suponérsele responsable del delito de Falsificación de documentos públicos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."…"CONSIDERANDO: Que conforme lo expuesto, esta Sala de lo Constitucional percibe en forma manifiesta una motivación contradictoria en el caso de autos, una incoherencia entre los considerandos y parte resolutiva, en cuanto a las razones claras, precisas, lógicas y concluyentes que inspiraron racionalmente a la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, para estimar la improcedencia de un recurso de apelación y esencialmente para la confirmación de un auto de prisión. El artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe, Motivación de las resoluciones judiciales, demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”, resulta pues, más que evidente, que la resolución que ha motivado el presente recurso de amparo carece de la misma situación procesal irregular que ultraja, quebranta y vulnera notoriamente el Debido Proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental vulnerado al no existir en el asunto venido a examen, una motivación clara, precisa, lógica coherente o congruente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones. CONSIDERANDO: Que en conclusión y como resultado de los criterios expuestos esta Sala es partidaria del otorgamiento del presente Recurso de Amparo, para el solo efecto de que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en tutela del Debido Proceso, emita nuevamente su resolución bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, pues sin duda, es desconcertante su resolución, en cuanto a las formalidades y requisitos imperativos en toda decisión judicial, pues esta Sala reitera no existe logicidad en la misma. "
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de octubre de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO a favor de la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha veintidós de septiembre de dos mil once, que confirma la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, en relación a la causa instruida contra la señora VALENTINA AGUILAR MORENO por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con la sentencia recurrida se violentan los derechos y garantías establecidos en los artículos 61, 64, 69, 76, 82 párrafo primero, 84 párrafo primero, 92 párrafo primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 284 del Código Penal, 296 y 297 numeral 1 párrafo segundo del Código Procesal Penal. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, el abogado WILFREDO ANDINO AMADOR, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, presentando Requerimiento Fiscal en contra de la señora VALENTINA AGUILAR MORENO por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que adelantado que fue el proceso en la causa antes referida, el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle, en fecha veintinueve de junio de dos mil once, celebró Audiencia Inicial, en la cual resolvió decretar auto de prisión contra la señora VALENTINA AGUILAR MORENO por el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 152 al 166 de la primera pieza de antecedentes) 3) Que en fecha veintidós de septiembre de dos mil once, conociendo del recurso de apelación interpuesto por los abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO y JIMMY ROMMEL BARRIOS CARDENAS, ambos en su condición de defensores privados de la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, por mayoría de votos falló: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO Y JIMMY ROMMEL BARRIOS CARDENAS, ambos en su condición de Defensores Privados de la parte encausada, contra la resolución proferida en la Audiencia Inicial de fecha veintinueve de junio del año dos mil once, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en la causa penal instruida contra la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerla responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: SE CONFIRMA EL AUTO DE PRISION RECURRIDO…” (Folios 14 al 20 de la segunda pieza de antecedentes) 4) El recurrente abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de diciembre de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor de la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, es violatoria de los derechos y principios contenidos en los artículos 61, 64, 69, 76, 82 párrafo primero, 84 párrafo primero, 90 párrafo primero y 92 párrafo primero de la Constitución de la República en relación a los artículos 284 del Código Penal, 296 y 297 numeral 1 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo se dirige contra la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el veintidós de septiembre de dos mil once, merced a la cual, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO y JIMMY ROMMEL BARRIOS CARDENAS y como consecuencia de ello, confirma el auto de prisión emitido por el Juzgado de Letras de Nacaome, Valle, contra VALENTINA AGUILAR MORENO por suponérsele responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que después del análisis de los autos traídos a examen y a la luz de los argumentos esgrimidos por el garantista, tanto en su escrito como en la formalización de su acción extraordinaria, esta Sala observa y constata que el abogado recurrente SAMUEL FLORENTINO SALGADO, actuando a favor de la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, muestra su malestar por la resolución del A-quem, que confirma el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras de Nacaome, Valle, contra la referida encausada, por suponérsele responsable del delito de Falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe pública del Estado de Honduras, por estimar que el tribunal de alzada ha resuelto en contravención a los principios fundamentales que informan los elementos probatorios en el proceso penal, y básicamente los requisitos elementales, sin los cuales no puede, ni procede la asunción de un auto de prisión, es decir, la plena prueba de la comisión de un delito, la concurrencia de todos los elementos de tipificación legal y el indicio racional de que su autoría se atribuye a determinada persona. En tal virtud alega, que el Tribunal Ad-quem, con la decisión de confirmar el auto de prisión, dictado en contra de la imputada VALENTINA AGUILAR MORENO, ha violentado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 61, 64, 69, 76, 82 párrafo primero, 84 párrafo primero, 90 párrafo primero de la ley fundamental. CONSIDERANDO: Que independientemente de ciertos criterios sustantivos y probatorios como elementos procedentes o no al auto de prisión confirmado por la Corte de Apelaciones censurada, conviene establecer si la decisión del Ad-quem, responde a la claridad, precisión y congruencia que requieren las resoluciones judiciales como garantía al Debido Proceso, vale decir, si existe o no una motivación lógica y correlativa con la parte dispositiva o conclusión a la que arribaron como cuerpo o tribunal colegiado para la confirmación de una resolución del A-quo, toda vez que la institución de la impugnación implica revisión y análisis generado por los agravios que el apelante invoca, contra una decisión de un órgano jurisdiccional inferior, en ese orden de ideas, vinculándose esta Sala a los argumentos del Amparista, procedió a la lectura meditada de la resolución impetrada, encontrando ciertos elementos de juicio, que vuelven incoherente la decisión o parte dispositiva del fallo que confirma el auto de prisión de mérito, así, en el considerando (8), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, transcribe parte del artículo 284 del Código Penal, luego tiene como demostrado que la señora MERCEDES MORENO efectuó una donación de sus bienes, reuniendo los requisitos que establece la ley. En el considerando (9), desarrolla exhaustivamente el artículo 284 del Código Penal sobre la pena abstracta por la comisión del ilícito de falsificación de documentos a la luz de la ley civil sustantiva y adjetiva por remisión expresa del artículo 252 del Código Procesal Penal y como corolario el Tribunal Ad-quem, ilustra sobre los casos en que se configura el delito de falsificación de documentos públicos. Pero en el considerando (10), la Corte cuestionada enuncia sobre los requisitos necesarios para respaldar un auto de prisión, luego agrega: “… situación que en el presente caso es inexistente pues está demostrado claramente que en ningún momento se pone en duda la firma y huella de la señora MERCEDES MORENO, quien fue la que dispuso en esa forma de los bienes que poseía, y jamás se demostró en qué consistió la falsedad por la cual se acusa a la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, y al no reunirse dichos requisitos el mismo cuerpo legal en su artículo 296 numerales 1 y 2 tipifica que se decretara sobreseimiento definitivo. En todo caso si la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, estampó alguna firma en el protocolo del notario que autorizó las escrituras referidas, con esto no causó daño alguno …. Lo procedente en todo caso sería buscar mecanismos por la vía civil para la corrección de las mismas ya que según el Código Notarial en su artículo 17 tipifica claramente que serán los notarios los responsables de cualquier irregularidad cometida en su redacción y autorización…” (Fin de la cita). Finalmente, el Tribunal de Alzada estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada VALENTINA AGUILAR MORENO por no existir, según lo afirma, fundamentos suficientes para el decreto de auto de prisión y por no existir plena prueba de la comisión del delito y que se dicte sobreseimiento definitivo. Criterio éste último que fue aclarado, habida cuenta que con fundamento en el artículo 142 del Código Procesal Penal se procedió a rectificar lo que la Corte censurada estimó error material, párrafo que debe entenderse en el sentido de declararse sin lugar la apelación y por existir suficientes indicios de culpabilidad en contra de la imputada VALENTINA AGUILAR MORENO, siendo procedente la confirmatoria del auto de prisión que le fuere decretado por la Jueza A-quo. Lo que es recogido en la parte dispositiva y por mayoría de votos se resuelve en el sentido apuntado y aclarado al día siguiente de la notificación. El artículo 142 del Código Procesal Penal, autoriza para corregir error material, mal llamado aclaración por la Corte de Choluteca, “Pero ello sólo puede hacerse antes de la notificación de una resolución.” Véase que la notificación fue el cinco de octubre de dos mil once, pero el auto aclaratorio hasta el seis de octubre de dos mil once, es decir después de la notificación, violando el artículo 142 del Código Procesal Penal. En su parte dispositiva esta Sala observa que el Tribunal de Alzada invoca además como presupuesto o fundamento jurídico de su resolución no sólo el artículo atinente a la concurrencia de los requisitos para la procedencia de un auto de prisión, sino que también el 296 del mismo Código relativo a los casos que deben acreditarse para el pronunciamiento de sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO: Que conforme lo expuesto, esta Sala de lo Constitucional percibe en forma manifiesta una motivación contradictoria en el caso de autos, una incoherencia entre los considerandos y parte resolutiva, en cuanto a las razones claras, precisas, lógicas y concluyentes que inspiraron racionalmente a la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, para estimar la improcedencia de un recurso de apelación y esencialmente para la confirmación de un auto de prisión. El artículo 141 del Código Procesal Penal bajo el epígrafe, Motivación de las resoluciones judiciales, demanda en su párrafo segundo que: “Los autos y sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación…”, resulta pues, más que evidente, que la resolución que ha motivado el presente recurso de amparo carece de la misma situación procesal irregular que ultraja, quebranta y vulnera notoriamente el Debido Proceso que establece y recepciona el artículo 90 párrafo 1º., de la Constitución de la República, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”, derecho fundamental vulnerado al no existir en el asunto venido a examen, una motivación clara, precisa, lógica coherente o congruente que respalde indubitablemente la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones. CONSIDERANDO: Que en conclusión y como resultado de los criterios expuestos esta Sala es partidaria del otorgamiento del presente Recurso de Amparo, para el solo efecto de que la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en tutela del Debido Proceso, emita nuevamente su resolución bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica, pues sin duda, es desconcertante su resolución, en cuanto a las formalidades y requisitos imperativos en toda decisión judicial, pues esta Sala reitera no existe logicidad en la misma. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGAR el Recurso de Amparo, interpuesto por el abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO a favor de la señora VALENTINA AGUILAR MORENO, contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, y específicamente contra la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, para que se emita una nueva resolución bajo los parámetros de una motivación clara, precisa, congruente y lógica,. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central a los veinte días del mes de noviembre de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha dos de octubre de dos mil doce, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 931=11/103i-228-246=12.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.