Sentencia AP-772-10 — Registro 3781
Resumen
Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones, que confirmó el Auto de Prisión;dictado por Aquo,con relación a la causa instruida contra el impetrante, por el delito de ROBO AGRAVADO
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de octubre del año dos mil diez, que confirmó el Auto de Prisión dictado en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle; con relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A.; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 82 de la Constitución de la República que el Derecho a la Defensa es inviolable, como los demás invocados por el recurrente; también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún mas, con el contenido de los Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado, del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar un auto de prisión, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad o legalidad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 321 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 322 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, veinticuatro de julio de dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRIGUEZ, a favor del señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de octubre del año dos mil diez, que confirmó el Auto de Prisión dictado en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle; con relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio del agraviado los Artículos 82, 90, 321 y 322 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de abril del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, la Abogada MELISSA JOHANA MEDINA MARTINEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE LEONIDAS RAMIREZ AGUILAR alias “JACHITO”, JOSE ALEXANDER RAMIREZ SANCHEZ, también conocido como JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON alias “EL CACHETE”, ROGER VIVIAN LOPEZ ZELAYA alias “EL BRONCO”, a quines se les supone responsables del delito de ROBO AGRAVADO, a título de Autores, y en contra del señor JOSE BERNARDO FIGUEROA LAGOS, quien se le supone responsable del delito de ROBO AGRAVADO a título de Cómplice Necesario, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A. 2) Que en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, en resolución tomada en Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado decretó: “AUTO DE PRISIÓN y como medida cautelar PRISION PREVENTIVA al señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON conocido también como JOSE ALEXANDER RAMIREZ SANCHEZ, alias “Cachete”…”. (Folios 270 al 279 de la primera pieza de autos)3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRIGUEZ, en su condición de Defensora Privada del señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, dictó sentencia en fecha catorce de octubre del año dos mil diez, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución de fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez. (Folios 9 al 14 de la segunda pieza autos). 4) La recurrente Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de diciembre del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, por considerar que la decisión de la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, de fecha catorce de octubre de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90, 321 y 322 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha nueve de febrero de dos mil once. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRIGUEZ, a favor del señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de octubre del año dos mil diez, que confirmó el Auto de Prisión dictado en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle; con relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A..CONSIDERANDO DOS (2): Que la Abogada CARMEN CARELIA RIVERA RODRIGUEZ, considera agraviado los derechos de su representado señalando que el día de la celebración de la audiencia inicial, al momento de relatar los hechos el Ministerio Público no pudo sustentar sus argumentos, pero alejándose del principio de objetividad, solicitó que se decretara auto de formal prisión, porque concurrían los presupuestos legitimadores para decretarlo; de la motivación formulada por el señor Juez, se establece que desestimo la testigo de la defensa Mareza Raquel Gutiérrez Rivera. Quedando plasmado en la resolución recurrida, que el A-Quo, no subsanó los errores procesales que se cometieron en la Audiencia Inicial, mediante el principio de saneamiento que equivale a la posibilidad de librar el acto del vicio de que adolece. La Corte de Apelaciones con la resolución ahora recurrida, lo que está haciendo es con obviar estas violaciones procesales, es convalidarlas tácitamente. El Ministerio Público sorprendió al Ad-Quem con sus argumentos desleales para con la Ley, perjudicando a su mandante, con lo cual sembró pruebas tras las nefasta concepción de una acusación sustentada en la mentira, en este sentido esa prueba careció siempre de eficacia probatoria porque vulneró las garantías procesales y con ello la Constitución de la República. CONSIDERANDO TRES (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de octubre del año dos mil diez, que confirmó el Auto de Prisión dictado en fecha veintiocho de mayo del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle; con relación a la causa instruida contra el señor JOSE ALEXANDER RAMIREZ LEON, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada BANCO DE OCCIDENTE S.A.; se aprecia en la misma, que el Ad quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien se establece de una manera general por el Artículo 82 de la Constitución de la República que el Derecho a la Defensa es inviolable, como los demás invocados por el recurrente; también es cierto que no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc., que son totalmente absolutos; existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social; los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés público, etc. Por ello, es natural que se establezcan requisitos, para poder restringir la libertad, como consecuencia de un proceso penal en particular, esto queda evidenciado aún mas, con el contenido de los Artículos 173, numeral 3) y 184, reformado, del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar un auto de prisión, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad o legalidad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada Rosalinda Cruz de Williams.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSÈ FRANCISCO RUÌZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 772=10/P28-P540=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL