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Sentencia AP-747-10 — Registro 3853

Resumen

Sentencia recurrida que revoca auto de prisión y ordena sobreseimiento definitivo por el delito de Homicidio Preterintencional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, Choluteca, en seis de de octubre de dos mil diez; se aprecia que la Corte recurrida luego de revisar los antecedentes de la causa, como lo hizo notar el recurrente, en el último párrafo del sexto considerando expresa: “… Al actuar en legitima defensa de su pariente hermano tal como fue alegada en el escrito de manifestación ante este Tribunal de Justicia.- En aras de darle cumplimiento al Artículo 12 del Código Procesal Penal los Juzgados y Tribunales en el presente proceso penal deberá se actuar con absoluta lealtad a la justicia.” Lo anterior, señala el amparista, conlleva a su vez, a violentar el derecho fundamental a la tutele judicial efectiva, consagrado constitucionalmente en el Artículo 82. De ese precepto, resulta conducente destacar que el derecho general de acción se compone a su vez, de cuatro derechos que permiten su completa efectividad: 1.- El derecho al acceso a los Tribunales; 2.- El derecho a obtenerse una sentencia fundada en derecho congruente; 3.- El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y, 4.- El derecho al recurso legalmente previsto. Efectividad que no se ha materializado al quedar irrespetado el derecho a obtener una sentencia congruente, limitando el accionar defensivo del Ministerio Público, al no habérsele dado la oportunidad de contradecir la postura oficiosa adoptada por el Tribunal y consecuencia de una manifestación fuera de lugar por no ser parte de la sustanciación del contradictorio en esa instancia. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. La garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso sucedió. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar un sobreseimiento definitivo, además por constar en el expediente judicial violación al derecho fundamental del debido proceso y al de defensa, como el de igualdad o legalidad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de agosto de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA en fecha seis de de octubre de dos mil diez (Exp. P155-10), que declara con lugar un recurso de apelación contra el auto de prisión dictado por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA en fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, en relación a la causa instruida contra los señores MAYNOR OVER SANTOS y KEDIN YONARIS SANTOS por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL en perjuicio del señor ROBERTO JAVIER HERNANDEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce de octubre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el Abogado RAMON ABRAHAM CRUZ HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MAYNOR OVER SANTOS HERNANDEZ y KEDIN YONARIS SANTOS, por suponerlos responsables de la comisión del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor ROBERTO JAVIER HERNANDEZ. 2) Que con fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, se celebró audiencia inicial en el juicio de mérito, en la cual se resolvió, decretar auto de prisión contra MAYNOR OVER SANTOS HERNANDEZ Y KEDIN YONARIS SANTOS por el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL en perjuicio de ROBERTO JAVIER HERNANDEZ, aplicándole la medida cautelar de Prisión Preventiva a cumplirla en el centro penal por el término de un año…”. (Folios 38 al 41) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el inciso anterior, en fecha seis de octubre de dos mil diez, la Corte de Apelaciones de Choluteca, falló: (sic) “PRIMERO: declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación en relación a lo alegado de la causa de justifica legitima defensa de parientes del hermano MAYNOR OVER SANTOS, en defensa de KEDIN YONARIS SANTOS interpuesto por el Abogado Leonardo Rodas Contreras, contra la resolución de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diez, proferida por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en el proceso instruido contra los señores MAYNOR OVER SANTOS Y KEDIN YONARIS SANTOS por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, en perjuicio del señor ROBERTO JAVIER HERNANDEZ…” .- SEGUNDO: En consecuencia se REVOCA la sentencia recurrida.- TRECERO: Que se decrete SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados.-”. (Folios 15 al 18 de la segunda pieza) 4) Que el Ministerio Público a través de su Fiscal Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de noviembre del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha veinte de mayo del año dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto por los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, habiendo formalizado en tiempo y forma su recurso el día dieciocho de enero de dos mil once, ordenándose continuar con el trámite de ley, de conformidad a lo establecido por el artículo 54 párrafo último de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO a favor del ESTADO DE HONDURAS se dirige contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA en fecha seis de de octubre de dos mil diez (Exp. P155-10), que declara con lugar un recurso de apelación contra el auto de prisión dictado por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA en fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, en relación a la causa instruida contra los señores MAYNOR OVER SANTOS y KEDIN YONARIS SANTOS por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL en perjuicio del señor ROBERTO JAVIER HERNANDEZ. CONSIDERANDO DOS (2): Que el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO manifiesta en su escrito de interposición y formalización del recurso que con la resolución de la Corte primera de Apelaciones se lesiona en perjuicio del Estado de Honduras los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. La Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, no realizó una correcta motivación de la resolución emitida, pues existe una redacción a su criterio desordenada, confusa y con equivocaciones en demasía, limitándose su fallo a copiar y resumir desordenadamente los agravios del recurrente, la contestación de agravios del Ministerio Público, así como la decisión recurrida en apelación; lo que debió hacerse de manera clara y coherente puesto que a su criterio es a partir de los agravios expresados y la contestación de los mismos que se fija el contradictorio a dirimirse en esa instancia. En los seis últimos considerandos además sorprendentemente se sale en forma absoluta del marco planteado y pretendido por ambas partes, procediendo a establecer a consignar razonamientos, también desordenados y confusos en la línea de una manifestación que pugna por la causa de justificación de legitima defensa de otro (pariente), comprendida en el Artículo 24 del Código Penal. CONSIDERANDO TRES (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca, Choluteca, en seis de de octubre de dos mil diez; se aprecia que la Corte recurrida luego de revisar los antecedentes de la causa, como lo hizo notar el recurrente, en el último párrafo del sexto considerando expresa: “… Al actuar en legitima defensa de su pariente hermano tal como fue alegada en el escrito de manifestación ante este Tribunal de Justicia.- En aras de darle cumplimiento al Artículo 12 del Código Procesal Penal los Juzgados y Tribunales en el presente proceso penal deberá se actuar con absoluta lealtad a la justicia.” Lo anterior, señala el amparista, conlleva a su vez, a violentar el derecho fundamental a la tutele judicial efectiva, consagrado constitucionalmente en el Artículo 82. De ese precepto, resulta conducente destacar que el derecho general de acción se compone a su vez, de cuatro derechos que permiten su completa efectividad: 1.- El derecho al acceso a los Tribunales; 2.- El derecho a obtenerse una sentencia fundada en derecho congruente; 3.- El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y, 4.- El derecho al recurso legalmente previsto. Efectividad que no se ha materializado al quedar irrespetado el derecho a obtener una sentencia congruente, limitando el accionar defensivo del Ministerio Público, al no habérsele dado la oportunidad de contradecir la postura oficiosa adoptada por el Tribunal y consecuencia de una manifestación fuera de lugar por no ser parte de la sustanciación del contradictorio en esa instancia. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. La garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso sucedió. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el dictar un sobreseimiento definitivo, además por constar en el expediente judicial violación al derecho fundamental del debido proceso y al de defensa, como el de igualdad o legalidad; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; en consecuencia revocando la sentencia recurrida con solo efecto que la Corte de Apelaciones de Choluteca dicte sentencia apegada a los principios constitucionales expresados en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada Cruz de Williams.- NOTIFIQUESE. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha siete de agosto del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 747=10/P02-P07=11.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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