Sentencia AP-735-10 — Registro 3852
Resumen
Sentencia recurrida reformo parcialmente auto de prisión revocandolo por el delito de FRAUDE y confirmando dicha medida por el delito de COHECHO
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO TRES (3): Que la Abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS sigue manifestando que con dicha motivación se pretende desconocer el hecho que dentro del tipo penal de fraude, en ningún momento se señala que como parte integrante del mismo, el hecho de “influir” en otros para la toma de decisiones ilícitas, pues basta con que las personas que participen en el hecho o acto que provoca la defraudación al fisco sean funcionarios o empleados públicos, extremo que fue acreditado como bien lo reconoce el Ad-quem. Señala que, si bien en nuestro sistema procesal penal las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, sistema conforme el cual, el Juez tiene la libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de las pruebas producidas, esto no autoriza al Juez a valorar arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado en base a los requisitos legalmente establecidos para la configuración del tipo penal que se denuncie, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al examinar el expediente de merito, se constata efectivamente que en el numeral seis, de la motivación en su parte conducente se señala: “Sin embargo, es importante mencionar, que en este ilícito, la decisión fue emitida por un órgano colegiado como lo es la Junta Directiva de la citada Empresa de Telecomunicaciones, y la prueba de cargo no ha sido pertinente para determinar el indicio racional que lleve a la convicción de que el encausado haya influenciado a los demás miembros de tal órgano, para que se tomara la decisión, generando dicha prueba, únicamente la sospecha que el señor Jorge Alberto Rosa Zelaya pudo haber cometido este acto, …” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública manda: “Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en acta, su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen. Cuando voten en contra y hagan constar su razonada oposición, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos del órgano colegiado.”CONSIDERANDO TRECE (13): Que en concordancia con lo anterior, el Artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública establece que: “Incurrirán en responsabilidad criminal y civil, aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tengan interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquéllos que hubieren razonado su voto en contra.” (Lo subrayado es nuestro). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad -quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso; al existir una contradicción manifiesta; cuando por una parte en el mismo numeral 6.- de la motivación acepta que el imputado participó en su calidad de funcionario público, miembro de un órgano colegiado; en el acto que rebajó las tarifas de Hondutel, obviamente bajo la influencia de una dadiva o presente, que se presume lo hizo actuar interesadamente, bajo la pretensión de favorecer a un tercero, con el consecuente perjuicio que ello podría entrañar para el Estado. Y más adelante que para la participación en el ilícito hay que influir en los demás miembros del órgano colegiado para considerar la participación. Siendo menester de esta Sala, señalar la contradicción incurrida en la sentencia recurrida; por lo que de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un Auto de formal prisión, además por constar en el expediente judicial la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, al existir una contradicción manifiesta en la sentencia recurrida; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley General de la Administración Pública, art. 114 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley General de la Administración Pública, art. 115 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de febrero del dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, que reforma parcialmente el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial en fecha catorce de mayo de dos mil diez; en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de junio del año dos mil nueve, la Abogada MELIDA SAGRARIO SALINAS PONCE, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE y COHECHO; HERNAN JACOBO LAGOS, por el delito de FRAUDE; JULIO DANIEL FLORES, por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; OSCAR DANILO SANTOS GALEAS, por el delito de COHECHO y JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por el delito de COHECHO, todos en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. 2) Que una vez celebrada Audiencia Inicial en fecha veintitrés de abril de dos mil once y su continuación en fechas tres y catorce de mayo del mismo año, el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo de dos mil once, dictó auto de prisión en contra del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE y COHECHO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, imponiendo a su persona las medidas cautelares contenidas en el Artículo 173 numerales 5), 6) y 7), por considerar que la conducta irregular del acusado ha quedado acreditada, en cuanto a que la prueba de descargo señala que el mismo se valió de su condición de Funcionario Público para favorecer a una determinada empresa en negociaciones con HONDUTEL, así como también han quedado acreditadas las propuestas de pago y cobros de efectivo que hizo el imputado a raíz de dichas negociaciones, sin que todos estos elementos probatorios hayan sido desvirtuados contundentemente con la prueba ofrecida por la defensa; con fundamento su decisión en los Artículos 361 y 376 del Código Penal; 297 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada ANGIE MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, en su condición de defensora privada del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, contra el auto de prisión dictado por el A-quo, la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán dictó sentencia de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, mediante la cual: 1) declaró parcialmente ha lugar el recurso interpuesto, reformando la resolución apelada en el sentido y alcance de dejar sin valor ni efecto el auto de prisión dictado al señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por el delito de FRAUDE, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, debiendo dictarse el correspondiente sobreseimiento provisional por dicho delito; y 2) confirmó la resolución apelada en cuanto al auto de prisión dictado contra el ya mencionado imputado, por el delito de COHECHO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, por considerar el Tribunal Ad-quem que se evacuó prueba de cargo suficiente, la cual no fue controvertida de manera pertinente y sustancial por la defensa, de la cual resulta acreditado que el imputado siendo miembro de la Junta Directiva de HONDUTEL recibió dinero de parte de la empresa LN COMUNICATIONS por intermedio de uno de sus ejecutivos, sin resultar creíble o probado que este dinero correspondía a honorarios por una Consultoría, quedando acreditada así su participación en el delito de COHECHO, en su actuar como Funcionario Público y que en su actuación como Gerente General de HONDUTEL, el señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, no actuó oportunamente para recuperar los valores que la empresa LATINODE INC. adeudaba, observándose una actitud pasiva, producto de las negociaciones que personalmente el había hecho con la empresa LN COMUNICATIONS, sin poder acreditar la defensa que esta relación y negociación fuese debido a un contrato de consultaría verbal entre LN COMUNICATIONS y el imputado, siendo inconcebible su contratación en una consultoría sobre telecomunicaciones en Guatemala, cuando el mismo imputado reconoció no tener mayor experiencia o conocimiento en esa rama, así como es inaceptable que siendo un hombre de negocios alegue no tener cuentas bancarias personales y que alegue ignorancia en cuanto a la declaración anual que debió hacer ante el TSC sobre el dinero que recibió de esa supuesta consultoría, sin embargo en cuanto al tipo penal de fraude, ha quedado acreditada su comisión, al haber participado el imputado en su calidad de Funcionario Público en el acto que rebajó las tarifas de HONDUTEL en beneficio de la empresa LATINODE INC. pero tal ilícito fue cometido por la decisión de un órgano colegiado, como es la Junta Directiva de HONDUTEL, sin existir pleno convencimiento de que el imputado a raíz de las dadivas recibidas haya influenciado a los demás miembros de tal órgano para emitir la decisión que abrió camino al ilícito de fraude, únicamente la sospecha, por lo que resulta meritorio brindar a los entes acusadores, la oportunidad para que presenten elementos de prueba suficientes dentro del periodo de ley para ello; fundamenta su decisión en los artículos 361 y 376 del Código Penal; 295 y 297 numeral 1) del Código Procesal Penal. 4) La recurrente abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de noviembre del año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS, en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución,, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, que reforma parcialmente el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial en fecha catorce de mayo de dos mil diez; en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO y FRAUDE, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS considera vulnerados los derechos de su representado, en este caso los intereses de la Sociedad Hondureña, cuando el Tribunal de Alzada hace relación en uno de los considerandos de la sentencia recurrida en Amparo: “… en el presente caso la existencia del delito de fraude quedó acreditado no tanto porque el imputado dejara de cobrarle a Latinote Inc. las cantidades adeudadas, sino por participar en su calidad de funcionario público, en el acto que se rebajó las tarifas de Hondutel,…” sin embargo señala que “… en este ilícito la decisión fue emitida por un órgano colegiado como lo es la Junta Directiva de dicha Empresa de Telecomunicaciones, no siendo pertinente la prueba de cargo presentada para determinar el indicio racional que llevará a la convicción de que el encausado haya influenciado a los demás miembros de tal órgano, para que se tomara tal decisión, generando dicha prueba únicamente la sospecha en la participación del imputado en dicho delito”. Señalando la contradicción, al existir incoherencia en el proceso lógico y discursivo del juzgador, al no haber correspondencia entre la conclusión y las premisas; ya que por un lado reconoce expresamente la existencia del delito de fraude por la participación directa del imputado como funcionario público en el acto irregular; y, por otro arguye que como dicha decisión fue emitida por una Junta Directiva, como órgano colegiado, no se acreditó que éste haya influenciado a los demás con miembros de tal órgano para la toma de tal decisión. Considera que la motivación contradictoria crea un insanable contraste. Entre una y otra premisa hace que se excluyan entre sí y se neutralicen, ocasionando con ello una lesión constitucional, equivalente a la falta de motivación. CONSIDERANDO TRES (3): Que la Abogada MARIA WALLESKA ZAVALA ARIAS sigue manifestando que con dicha motivación se pretende desconocer el hecho que dentro del tipo penal de fraude, en ningún momento se señala que como parte integrante del mismo, el hecho de “influir” en otros para la toma de decisiones ilícitas, pues basta con que las personas que participen en el hecho o acto que provoca la defraudación al fisco sean funcionarios o empleados públicos, extremo que fue acreditado como bien lo reconoce el Ad-quem. Señala que, si bien en nuestro sistema procesal penal las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, sistema conforme el cual, el Juez tiene la libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de las pruebas producidas, esto no autoriza al Juez a valorar arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado en base a los requisitos legalmente establecidos para la configuración del tipo penal que se denuncie, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al examinar el expediente de merito, se constata efectivamente que en el numeral seis, de la motivación en su parte conducente se señala: “Sin embargo, es importante mencionar, que en este ilícito, la decisión fue emitida por un órgano colegiado como lo es la Junta Directiva de la citada Empresa de Telecomunicaciones, y la prueba de cargo no ha sido pertinente para determinar el indicio racional que lleve a la convicción de que el encausado haya influenciado a los demás miembros de tal órgano, para que se tomara la decisión, generando dicha prueba, únicamente la sospecha que el señor Jorge Alberto Rosa Zelaya pudo haber cometido este acto, …” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública manda: “Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en acta, su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen. Cuando voten en contra y hagan constar su razonada oposición, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos del órgano colegiado.”CONSIDERANDO TRECE (13): Que en concordancia con lo anterior, el Artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública establece que: “Incurrirán en responsabilidad criminal y civil, aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tengan interés o lo tuviere su cónyuge, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionaren los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquéllos que hubieren razonado su voto en contra.” (Lo subrayado es nuestro). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad -quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso; al existir una contradicción manifiesta; cuando por una parte en el mismo numeral 6.- de la motivación acepta que el imputado participó en su calidad de funcionario público, miembro de un órgano colegiado; en el acto que rebajó las tarifas de Hondutel, obviamente bajo la influencia de una dadiva o presente, que se presume lo hizo actuar interesadamente, bajo la pretensión de favorecer a un tercero, con el consecuente perjuicio que ello podría entrañar para el Estado. Y más adelante que para la participación en el ilícito hay que influir en los demás miembros del órgano colegiado para considerar la participación. Siendo menester de esta Sala, señalar la contradicción incurrida en la sentencia recurrida; por lo que de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un Auto de formal prisión, además por constar en el expediente judicial la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, al existir una contradicción manifiesta en la sentencia recurrida; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito a efecto de que la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, dicte sentencia apegada a los principios constitucionales de que se ha hecho mérito en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de la Constitución de la República.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha siete de febrero de dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 735-P855-P862=10.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL