Sentencia AP-563-10 — Registro 3779
Resumen
Sentencia recurrida que que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó el sobreseimiento provisional ordenando el auto de prisión por el delito de Actos de lujuria y violación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."…"CONSIDERANDO (3): Que en audiencia preliminar de fecha 26 de septiembre de 2008, el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, decretó el sobreseimiento Provisional de las diligencias, argumentando que de los elementos probatorios incorporados al proceso se desprende, no existen los fundamentos necesarios para establecer la participación del imputado en la supuesta agresión sexual de que fue victima la joven B.G.B.V.CONSIDERANDO (4): Que contra el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juez Instructor, la Representación del Ministerio Público interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO (5): Que en resolución de fecha 14 de junio de 2010, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento provisional dictado por el Juez A Quo y ordenó en cambio que se dictara auto de prisión, arguyendo que de los antecedentes del caso se desprende, con un alto grado de probabilidad, que el imputado ha podido incurrir en el delito de ACTOS DE LUJURIA Y VIOLACION que se le atribuye, en tanto que de las declaraciones de los testigos presentados por la Defensa lo que se acredita fundamentalmente es la falta de interés de la acusada en la continuación del juicio. CONSIDERANDO (6): Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, la Defensa del encausado interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente, la garantía genérica del debido proceso y la disposición relativa a los requisitos necesarios para dictar un auto de prisión, consagrados respectivamente, en los artículos 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que de la lectura de los antecedentes, esta Sala observa que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, en tanto en cuanto que de los elementos probatorios presentados por la Defensa se puede deducir que no existió el abuso sexual de que se acusa a su defendido, y procede a analizar, como concepto de la violación, un medio de prueba científica, como ser el dictamen presentado por el Ministerio Público, en el cual dice que no hay ruptura de himen, por tanto no hubo violación. Sin embargo de la lectura de dicho medio de prueba, se observa que si bien señala ausencia de ruptura de himen, también indica que se trata de un himen dilatable. CONSIDERANDO (8): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar un auto de prisión y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que el objeto de la audiencia preliminar es la ratificar el elemento indiciario para resolver sobre la probable realidad del hecho imputado, sobre su relevancia jurídico penal y sobre la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo. Para dictar un auto de auto de apertura a juicio, no se exige en el Juzgador un estado anímico de certeza, que sí es requerido para los Jueces del Tribunal de Sentencia cuando dictan una sentencia condenatoria, sino que solamente el juicio hipotético y esencialmente provisional de que el encausado, con un alto grado de probabilidad, ha podido participar en la comisión de un hecho con apariencia delictiva. CONSIDERANDO (10): Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se dicte un auto de apertura a juicio en contra del imputado por la presunta comisión de un delito de ACTOS DE LUJURIA Y VIOLACION, ha externado un razonamiento que no se encuentra reñido con las reglas de la sana crítica, entre las que se encuentran las relativas a la lógica y las máximas de la experiencia, por lo que sin prejuzgar en modo alguno sobre la culpabilidad del encausado, no se aprecia una vulneración manifiesta o evidente, de que el Tribunal Ad Quem, haya quebrantado la garantía genérica del debido proceso, ni la disposición constitucional donde se establecen cuales son los requisitos exigidos para decretar el auto de prisión. CONSIDERANDO (11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente, sin perjuicio del derecho que le asiste para proponer e instar la evacuación de pruebas, formular los alegatos que estime pertinente e interponer los recursos que la ley franquea, en la etapa posterior del proceso, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 89 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 92 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DAVID MOLINA PINEDA, a favor del señor WILFREDO EDGARDO BUESO RAMIREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio de dos mil diez, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y revocó el sobreseimiento provisional de fecha uno de octubre de dos mil ocho, dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor WILFREDO EDGARDO BUESO RAMIREZ, por suponerlo responsable de los delitos de LUJURIA Y VIOLACION, en perjuicio de BESSY GISELL BUESO VASQUEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de febrero del año dos mil ocho, el abogado MARTIR AVILIO GARCIA CARDENAS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor WILFREDO EDGARDO BUESO RAMIREZ, por suponerlo responsable de los delitos de LUJURIA Y VIOLACION, en perjuicio de BESSY GISELL BUESO VASQUEZ. (FOLIOS (01) UNO AL (03) TRES DE LOS ANTECEDENTES).2) Que una vez celebrada la Audiencia Inicial, mediante resolución de fecha uno de octubre de dos mil ocho, el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, resolvió (Sic), 1.- Decretar Sobreseimiento Provisional a favor del señor WILFREDO EDGARDO BUESO MARTINEZ, en los hechos que se le han atribuido respecto a la comisión de los delitos de ACTOS DE LUJURIA y VIOLACIÓN en perjuicio del BESSY GISEL BUESO VASQUEZ. 2.- Revocar las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, impuesta previamente al encausado en audiencia inicial (Folios (127) ciento veintisiete al (135) cieno treinta y cinco de los antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por la Abogada OLGA PATRICIA EUFRAGIO, en su condición de apoderada legal, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil diez, dicto sentencia mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada OLGA PATRICIA EUFRAGIO, en su condición indicada, contra el auto de fecha uno de octubre del año dos mil ocho, emitido por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortés, y revocó el sobreseimiento provisional decretado a favor del señor WILFREDO EDGARDO BUESO MARTINEZ. (Folios (06) seis al (10) diez de los antecedentes). 4) El recurrente abogado DAVID MOLINA PINEDA, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de septiembre del año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor de su representado WILFREDO EDGARDO BUESO RAMIREZ, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce de junio de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiéndo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional el día catorce de agosto de dos mil diez, y omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia. CONSIDERANDO (1): Que en fecha 25 de febrero de 2008, el Representante del Ministerio Público, Abogado MARTIR AVILIO GARCIA CARDENAS, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, donde interpuso requerimiento fiscal en contra del señor WILFREDO EDGARDO BUESO MARTINEZ, a quien se le atribuye la comisión del delito de ACTOS DE LUJURIA Y VIOLACION, en perjuicio de la joven BESSY GISELL BUESO VASQUEZ. CONSIDERANDO (2): Que según se expone en el requerimiento fiscal de mérito, que desde que BESSY GISELL BUESO VASQUEZ, tenia la edad de doce años, ahora tiene diecinueve, ha venido siendo abusada sexualmente por su padre el señor WILFREDO EDGARDO BUESO MARTINEZ cuando este ingería bebidas alcohólicas. Declara la ofendida que aprovechaba los momentos en que su madre estaba fuera de casa, y mandaba a sus hermanos a hacer mandados, para cometer los abusos sexuales en su perjuicio. Declara que hasta el año 2002 cuando ya tenía catorce años dejo los toqueteos y la violo, todo ese tiempo ha vivido bajo amenazas. A la edad de quince años; se atrevió a decirle a la madre el hecho de que era objeto por parte de su padre, sin encontrar apoyo necesario, y al darse cuenta el padre, comenzó con agresiones psicológicas, como decirle ya no sos mi hija, como me has hecho esto, para justificarse ante la madre. A raíz de estos hechos, señala el Ministerio Público, que la ofendida a presentado conducta irregular al grado de atentar contra su vida en varias ocasiones, lo que provocó que llevaran a la ofendida al Hospital Mario Catarino Rivas, el 20 de agosto de 2007, quien fue atendida por el Psiquiatra BISMARK ESPINOZA, quien documento en su momento los relatos de la ofendida, los que fueron ratificados por la madre. Señala por otro lado en el requerimiento fiscal de mérito, que en el momento procesal indicado, aportara como medio de prueba las declaraciones administrativas, declaraciones testifícales, prueba científica, etc. CONSIDERANDO (3): Que en audiencia preliminar de fecha 26 de septiembre de 2008, el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, decretó el sobreseimiento Provisional de las diligencias, argumentando que de los elementos probatorios incorporados al proceso se desprende, no existen los fundamentos necesarios para establecer la participación del imputado en la supuesta agresión sexual de que fue victima la joven BESSY GISELL BUESO VASQUEZ. CONSIDERANDO (4): Que contra el auto de sobreseimiento provisional dictado por el Juez Instructor, la Representación del Ministerio Público interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada. CONSIDERANDO (5): Que en resolución de fecha 14 de junio de 2010, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento provisional dictado por el Juez A Quo y ordenó en cambio que se dictara auto de prisión, arguyendo que de los antecedentes del caso se desprende, con un alto grado de probabilidad, que el imputado ha podido incurrir en el delito de ACTOS DE LUJURIA Y VIOLACION que se le atribuye, en tanto que de las declaraciones de los testigos presentados por la Defensa lo que se acredita fundamentalmente es la falta de interés de la acusada en la continuación del juicio. CONSIDERANDO (6): Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones, la Defensa del encausado interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en perjuicio de su cliente, la garantía genérica del debido proceso y la disposición relativa a los requisitos necesarios para dictar un auto de prisión, consagrados respectivamente, en los artículos 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que de la lectura de los antecedentes, esta Sala observa que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se habría producido, en tanto en cuanto que de los elementos probatorios presentados por la Defensa se puede deducir que no existió el abuso sexual de que se acusa a su defendido, y procede a analizar, como concepto de la violación, un medio de prueba científica, como ser el dictamen presentado por el Ministerio Público, en el cual dice que no hay ruptura de himen, por tanto no hubo violación. Sin embargo de la lectura de dicho medio de prueba, se observa que si bien señala ausencia de ruptura de himen, también indica que se trata de un himen dilatable. CONSIDERANDO (8): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar un auto de prisión y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso penal y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (9): Que el objeto de la audiencia preliminar es la ratificar el elemento indiciario para resolver sobre la probable realidad del hecho imputado, sobre su relevancia jurídico penal y sobre la probabilidad de que el acusado ha tenido participación en el mismo. Para dictar un auto de auto de apertura a juicio, no se exige en el Juzgador un estado anímico de certeza, que sí es requerido para los Jueces del Tribunal de Sentencia cuando dictan una sentencia condenatoria, sino que solamente el juicio hipotético y esencialmente provisional de que el encausado, con un alto grado de probabilidad, ha podido participar en la comisión de un hecho con apariencia delictiva. CONSIDERANDO (10): Que un examen detenido de los antecedentes revela, que la Corte de Apelaciones al ordenar que se dicte un auto de apertura a juicio en contra del imputado por la presunta comisión de un delito de ACTOS DE LUJURIA Y VIOLACION, ha externado un razonamiento que no se encuentra reñido con las reglas de la sana crítica, entre las que se encuentran las relativas a la lógica y las máximas de la experiencia, por lo que sin prejuzgar en modo alguno sobre la culpabilidad del encausado, no se aprecia una vulneración manifiesta o evidente, de que el Tribunal Ad Quem, haya quebrantado la garantía genérica del debido proceso, ni la disposición constitucional donde se establecen cuales son los requisitos exigidos para decretar el auto de prisión. CONSIDERANDO (11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se deniegue el amparo interpuesto por el recurrente, sin perjuicio del derecho que le asiste para proponer e instar la evacuación de pruebas, formular los alegatos que estime pertinente e interponer los recursos que la ley franquea, en la etapa posterior del proceso, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República reconoce en su favor. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5), 316 No. 1) de la Constitución de la República, 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Denegando el amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio de dos mil diez,, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JORGE REYES DIAZ. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 563=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL