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Sentencia AP-547-10 — Registro 3778

Resumen

Sentencia recurrida ,que declaró sin lugar la Recusación interpuesta en contra de los Jueces de Sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del año dos mil diez; se aprecia en la misma, que el Ad Quem fundamenta la misma principalmente en que el Código Procesal Penal, señala las causales de recusación y excusa en el Artículo 83, estableciendo en su numeral dos: “Estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor o cómplice de un delito o falta”; en el caso de autos no se encuentra comprendido dentro de esta causal, ya que se trata de una denuncia ante la Inspectoría de Tribunales, que únicamente puede levantar informe para que la oficina correspondiente, imponga o no las sanciones administrativas que corresponden. En cuanto a la causal contemplada en el numeral diez: “haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión sobre la causa.”, en el presente caso, señalo, los jueces no han emitido opinión extrajudicialmente, han manifestado una decisión del Tribunal ante una petición, mediante la emisión de una resolución; sobre la cual las partes tenían expeditos los recursos para modificarla.CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La Recusación es la Facultad que la ley concede a las partes en un proceso, para reclamar que un juez, o uno o varios miembros del tribunal colegiado, se aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse o que ha prejuzgado. Señalándose de manera clara las causales de recusación en el Artículo 83 del Código Procesal Penal, y en las que no se encuentra la sanción administrativa provocada por la denuncia del que promueve la recusación. La causal contenida en el numeral 2), “Estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor o cómplice de un delito o falta;”; involucra una acusación, una denuncia o querella contra funcionarios judiciales identificados como autores o cómplices de un delito, ante los órganos jurisdiccionales competentes; situación que no se presenta en el caso de autos.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser la admisión de la recusación de los miembros del Tribunal conocedor de la causa, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."La Recusación es la Facultad que la ley concede a las

partes en un proceso, para reclamar que un juez, o uno o varios miembros del tribunal colegiado, se

aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse o que

ha prejuzgado. Señalándose de manera clara las causales de recusación en el Artículo 83 del

Código Procesal Penal, y en las que no se encuentra la sanción administrativa provocada por la

denuncia del que promueve la recusación. La causal contenida en el numeral 2), “Estar o haber sido

acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor o cómplice de un delito o

falta;”; involucra una acusación, una denuncia o querella contra funcionarios judiciales identificados

como autores o cómplices de un delito, ante los órganos jurisdiccionales competentes; situación que

no se presenta en el caso de autos.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de agosto del año dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y SONIA INES GALVEZ FERRARI, a favor de los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA, contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del año dos mil diez, que declaró sin lugar la Recusación interpuesta en contra de los Jueces de Sentencia del Departamento de Olancho; con relación a la causa instruida contra los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del señor JUAN PABLO COLINDRES ZUNIGA. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha once de febrero del año dos mil ocho, compareció ante el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, el señor JUAN PABLO COLINDRES ZUNIGA, actuando en su condición personal, presentando Querella Criminal por el delito de USURPACION, en contra de los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA.2) Que en fecha trece de noviembre del año dos mil nueve, comparecieron ante la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, los abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y SONIA INES GALVEZ FERRARI, actuando en su condición de apoderados defensores de los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA, presentando Recusación en contra de los Jueces de Sentencia del departamento de Olancho, fundamentándose en el Artículo 83 numeral 10) del Código Procesal Penal, y posteriormente ampliaron dicha recusación a la causal contenida en el numeral 2) de dicho Artículo.3) Que en fecha veinte de enero del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones citada, dictó sentencia mediante la cual declaró: “SIN LUGAR la Recusación interpuesta en contra de los Jueces de Sentencia del Departamento de Olancho, en la causa instruida contra ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES RAMONA PADILLA BARAHONA en la causa penal que se les instruye por el delito de USURPACION en perjuicio de JUAN PABLO COLINDRES ZUNIGA”. (Folios 53 al 55 de la segunda pieza autos). 4) Los recurrentes Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y SONIA INES GALVEZ FERRARI, comparecieron ante este Tribunal, en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez, reclamando amparo a favor de los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA, por considerar que la decisión de la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, de fecha veinte de enero de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción Constitucional en fecha diecinueve de enero de dos mil once.CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y SONIA INES GALVEZ FERRARI, a favor de los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del año dos mil diez, que declaró sin lugar la Recusación interpuesta en contra de los Jueces de Sentencia del Departamento de Olancho; con relación a la causa instruida contra los señores ORLANDO ESBERTO ROSALES y MERCEDES PADILLA BARAHONA, por suponerlos responsables del delito de USURPACION, en perjuicio del señor JUAN PABLO COLINDRES ZUNIGA.CONSIDERANDO DOS (2): Que los Abogados EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA y SONIA INES GALVEZ FERRARI, señalan que se han vulnerado en perjuicio de sus representados el derecho al debido proceso, cuando la Corte Tercera de Apelaciones al efectuar una interpretación literal y limitada de las causas de recusación lo que hace es mantener las cuestiones de imparcialidad en un plano de pura legalidad y no de constitucionalidad, lo que a todas luces resulta un desacierto, toda cuenta que la imparcialidad judicial es el elemento fundamental de lo que constituye el Juez Legal, siendo entonces un asunto que debe trascender más allá de la literalidad de la ley; y, analizarse en el marco constitucional. Es evidente que en el presente proceso, el derecho fundamental al Juez imparcial resulta claramente vulnerado al permitir la Corte Tercera de Apelaciones que un Tribunal de Sentencia, evidentemente comprometido en su imparcialidad, siga conociendo un asunto en el cual sus actuaciones has demostrado un favoritismo con la parte querellante, inobservando los aspectos constitucionales y derechos fundamentales que deben prevalecer en una situación como la planteada. Resulta favorable entender que con la denuncia presentada ante la Inspectora de Tribunales, y haber declarado este órgano como procedente la misma, por las irregularidades cometidas por los jueces referidos en la tramitación del proceso, se genera una animadversión de ellos a esta representación, máxime que en la misma se les está atribuyendo a dichos funcionarios hechos constitutivos de delito, con lo cual, sin lugar a dudas cabía la estimación de la recusación bajo el amparo legal del Artículo 83, numeral 2, del Código Procesal Penal.CONSIDERANDO TRES (3): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintiséis de mayo de dos mil once, pronunciándose en el sentido que las inconformidades denunciadas por los litigantes, ante las dependencias administrativas del órgano judicial encargadas de conocer de ello, no se adecúan, desde su criterio, a la causal invocada por los recurrentes para recusar a los miembros del Tribunal de Sentencia señalados; puesto que esta causal involucra una acusación, una denuncia o querella contra funcionarios judiciales identificados como autores o cómplices de un delito, y no por razones de equívocos criterios vertidos en una resolución y que en su momento procesal oportuno podrían haber sido objeto de acciones recursivas previstas legalmente; y resulta extraño, si el proceder de los funcionarios judiciales a juicio de los recurrentes se enmarca de manera inequívoca dentro de esa causal por haber delito o falta, porqué no accionaron directamente ante le Ministerio Público antes de hacerlo ante el ente equivocado como ser la Inspectoría de Tribunales, perdiendo de este modo la oportunidad de adecuarlo de manera exacta a la causal pretendida. En esta relación el Ministerio Público es del parecer que la acción de amparo interpuesta contra la resolución de la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha veinte de enero de dos mil diez, no violenta la garantía del debido proceso ni el derecho de defensa alegadas por los recurrentes por lo que misma debe denegarse.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinte de enero del año dos mil diez; se aprecia en la misma, que el Ad Quem fundamenta la misma principalmente en que el Código Procesal Penal, señala las causales de recusación y excusa en el Artículo 83, estableciendo en su numeral dos: “Estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor o cómplice de un delito o falta”; en el caso de autos no se encuentra comprendido dentro de esta causal, ya que se trata de una denuncia ante la Inspectoría de Tribunales, que únicamente puede levantar informe para que la oficina correspondiente, imponga o no las sanciones administrativas que corresponden. En cuanto a la causal contemplada en el numeral diez: “haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente de alguna manera su opinión sobre la causa.”, en el presente caso, señalo, los jueces no han emitido opinión extrajudicialmente, han manifestado una decisión del Tribunal ante una petición, mediante la emisión de una resolución; sobre la cual las partes tenían expeditos los recursos para modificarla.CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La Recusación es la Facultad que la ley concede a las partes en un proceso, para reclamar que un juez, o uno o varios miembros del tribunal colegiado, se aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que pueda parcializarse o que ha prejuzgado. Señalándose de manera clara las causales de recusación en el Artículo 83 del Código Procesal Penal, y en las que no se encuentra la sanción administrativa provocada por la denuncia del que promueve la recusación. La causal contenida en el numeral 2), “Estar o haber sido acusado, denunciado o querellado por alguna de las partes como autor o cómplice de un delito o falta;”; involucra una acusación, una denuncia o querella contra funcionarios judiciales identificados como autores o cómplices de un delito, ante los órganos jurisdiccionales competentes; situación que no se presenta en el caso de autos.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser la admisión de la recusación de los miembros del Tribunal conocedor de la causa, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada Cruz de Williams.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete del mes de septiembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha siete de agosto de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 547-P603-P684=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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