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Sentencia AP-445-10 — Registro 3777

Resumen

Sentencia recurrida que reformo parcialmente el sobreseimiento definitivo por Sobreseimiento provisional dictado a favor de imputado por el delito de Abuso de autoridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La amparista al formalizar el recurso expone los agravios contra de la resolución de la Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, mediante la cual vulnera: El derecho de la Igualdad ante la ley, la libre emisión del pensamiento, La protección de los medios de emisión y difusión del pensamiento y el debido proceso, consagrados en los artículos: 61, 72, 73, 74, y 90 de la Constitución de la República; señalando que el Derecho de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 61 Constitucional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen “que todas las personas son iguales ante la ley. Que implica el deber especial de protección que el estado debe ejercer con respecto a actuaciones de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Este derecho Principio, implica que no se admite trato discriminatorio en perjuicio de ninguna persona, por motivo de genero, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política, o de otra índole, origen nacional o étnico o social, o cualquier otra condición. La Corte recurrida incurre en la violación de este precepto constitucional al tener como infractores de la ley a las víctimas del delito contra los medios de comunicación, cuando en uno de sus considerándos hace el siguiente razonamiento:… “cuando Radio Globo hacía llamados a la población para acudir a votar por el proyecto denominado cuarta urna, el cual había sido judicialmente declarado ilegal, también estaba haciendo un llamado a utilizar el material en que se consignarían dichos votos, por el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas, cuyo corolario era evitar era evitar que se realizara el ilícito evento”. Desconoce que los enjuiciados no son los afectados en la causa, que tampoco se les ha tenido como responsables administrativamente de la publicidad apuntada, que los acusados no tienen facultades de investigaciones, que el contingente militar que invadió la radio no mostró la orden judicial de allanamiento o registro y que la detención de varias personas no obedeció a ningún delito, que la sentencia en que se ampararon como supuesta orden, era una sentencia incidental de un Juez de lo contencioso administrativo, que no tiene atribuciones en materia penal y en la que como efecto, solo se ordenaba únicamente suspender el acto reclamado (la consulta popular llamada cuarta urna) al titular del ejecutivo, a quien en todo caso estaba dirigida la orden y no a la sociedad en general o a los medios de comunicación. El derecho a la libre emisión del pensamiento, invoca la violación a este derecho porque la autoridad reclamada, legítima la actuación de los imputados hacia el medio de comunicación Radio Globo, por trasmitir publicidad referente a la cuarta urna, la cual califica prácticamente como delito, pese a que las figuras delictivas ya están creadas en el Código penal y, ellos no tienen proceso penal, civil o administrativo incoado, o son parte demandada, pasando por alto que la información del 28 de junio del 2009 es noticia (y no una simple publicidad), para el medio de comunicación y su auditorio, es que se ha cometido un golpe de estado al Presidente de la República. La opinión e información respecto a este hecho, no podía ser trasmitida libremente, porque la radio estaba siendo intervenida e interrumpida por militares, que les manifestaron que dejaran de trasmitir dicho acontecimiento, fue dañado el equipo por el contingente militar que entró a la radio, quedando uno de los trasmisores según los testigos que declararon en audiencia, con el cual se reanudó las comunicaciones. La libre emisión del pensamiento estaba siendo coartada al medio de comunicación, por medio del cual las personas expresaban sus opiniones acerca de dicho acontecimiento, porque además en el lugar de los trasmisores se les interrumpía la señal. El derecho a la protección de los medios de comunicación se vulnera cuando el Tribunal de alzada estima: “que un órgano judicial competente, puso las telecomunicaciones a disposición de las Fuerzas Armadas de Honduras y las telecomunicaciones le pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a los particulares… el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento”… por lo que estima el Ad quem que no se acreditó la plena existencia del delito, valida y justifica la actuación de los militares en general que penetraban violentamente a la radio, haciendo caso omiso a las formalidades legales necesarias para salvaguardar derechos de las personas, restringe el derecho a la protección que los medios de comunicación tienen para divulgar cualquier información que constituya noticia del día, que en el caso apuntado se relaciona a los eventos concretos ocurridos el 28 de junio del 2009 contra el Presidente de la República. El derecho a la protección de las comunicaciones está íntimamente relacionado con el derecho de libre expresión del pensamiento, el cual comprende no solamente la manifestación de la propia opinión, sino que abarca, además el derecho a recibir informaciones sobre hechos-noticias y asimismo opiniones ajenas, es decir comprende el derecho a la recíproca comunicación entre los hombres. Se ha vulnerado el Debido Proceso en el caso concreto, la resolución del Ad Quem no se encuentra debidamente razonada pues carece de una clara apreciación de los puntos de hecho y de derecho que se señalan: Descalifica el delito de abuso de autoridad, bajo el argumento que “le resulta inexplicable que la propia Fiscalía recurra de una decisión que es producto de la voluntad libremente manifestada por quien la representó en la audiencia inicial. Argumento que no es suficiente para descalificar el tipo penal, por no indicar las razones de hecho y derecho consideradas para confirmar un sobreseimiento definitivo dictado por el A-Quo. El razonamiento esgrimido no esta acorde con el derecho, ya que está obligado a saber que la normativa interna del Ministerio Público, le permite al Superior jerárquico enmendar el error o errores, los pronunciamientos o solicitudes del inferior, mientras no se haya dictado la resolución correspondiente, y si hubiese sido dictada ordenar a otro representante del Ministerio Público a interponer los recursos de ley. (Art. 11 ley del M.P.) Descalifica el delito contra los medios de comunicación, señalando que no se acreditó la plena existencia de este delito y como lógica consecuencia, tampoco el indicio racional de que los imputados lo hayan cometido, bajo el argumento que “que un órgano judicial competente, puso las telecomunicaciones a disposición de las Fuerzas Armadas de Honduras y las telecomunicaciones le pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a los particulares…, argumento incoherente con los artículo 74 y 75 de la constitución de la República, que establecen la protección a las estaciones de radio, y que se encuentran desarrollados en el Código Penal, al respecto el artículo 271 de dicho cuerpo legal no contempla excepciones de ningún tipo. Dicho razonamiento falta a la obligada motivación de señalar el porqué no existe la plena prueba ni el indicio racional de participación apuntado. Incurre en incongruencia cuando apunta que la interrupción se dio, cuando dice “…por lo que el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas, cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento, por lo estima el Ad quem que no se acreditó la plena existencia del delito. El fallo de la Corte contiene además, una insuficiente motivación en cuanto al delito de Daños, no obstante que considera debe el Juez A-quo proceder a reponer su resolución dictando Sobreseimiento Provisional, señala la recurrente que dicen lo anterior porque se reconoce que el delito de daños se encuentra plenamente acreditado, no así el indicio racional de que el señor Rosalío Sánchez Rodríguez sea su autor; sin embargo considera que el oficio remitido por el Ministro de Defensa Nacional Adolfo Lionel Sevilla (f80), revela que el imputado era el oficial al mando del personal que se hizo presente en las instalaciones de Radio Globo, por lo que se genera la sospecha de que si pudo haber participado. Existe incongruencia en la resolución porque considera acreditado el delito de Daños en perjuicio de Radio Globo pero no así el delito de Daños Contra el Medio de Comunicación, delitos que no se pueden desligar porque se produjeron en una radio emisor"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que Literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de noviembre de dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a favor de “RADIO GLOBO”, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, de fecha cinco de abril de dos mil diez, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra los señores ROSALIO SANCHEZ RODRIGUEZ y DARWIN ISMAEL ARDON VALERIO, por suponerlos responsables de los delitos de DAÑOS, ABUSO DE AUTORIDAD y DELITO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, en perjuicio de “RADIO GLOBO”. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil nueve, la abogada DIONE BERENICE BUSTILLO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores JOSE ROSALIO SANCHEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable de los delitos de DAÑOS, ABUSO DE AUTORIDAD y DELITO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, y DARVIN ISMAEL ARDON VALERIO, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD y DELITO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, todos en perjuicio de “RADIO GLOBO” y LA ADMINISTRACION. 2) Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil diez, el referido Juzgado, mediante resolución tomada en audiencia inicial, decretó sobreseimiento definitivo a favor de los señores JOSE ROSALIO SANCHEZ RODRIGUEZ y DARVIN ISMAEL ARDON VALERIO, por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, asimismo por los delitos de DAÑOS y DELITO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y OTROS SERVICIOS PUBLICOS, todos en perjuicio de “RADIO GLOBO” y LA ADMINISTRACION PUBLICA, por considerar que la acción realizada por los encausados, se enmarco en dar estricto cumplimiento a la orden emanada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sede judicial, que ordenó a las Fuerzas Armadas de Honduras el inmediato decomiso de toda documentación y material necesario y relacionado con la encuesta de opinión que se pretendía realizar el día veintiocho de junio del año dos mil nueve, sin que en su actuación mediare dolo o conductas delictivas, en cambio, enmarcada dentro de una causal de justificación de actuar en el cumplimiento de un deber constitucional inherente al ejercicio de su cargo, y a lo que se refiere al delito de ABUSO DE AUTORIDAD, considera que este se encuentra dentro del alcance del decreto de amnistía No. 2-2010; fundamentó su decisión en los artículos 92, 278, 303 y 304 de la Constitución de la República; 11 y 296 del Código Procesal Penal; 254, 271 y 349 numeral 2) del Código Penal; Decreto Legislativo 2-2010. 3) Que en fecha cinco de abril de dos mil diez, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público SANDRA YAMILETH PONCE AGUILERA, contra la resolución emitida por el A-quo en audiencia inicial de fecha dieciséis de febrero de dos mil diez, resolvió: a) declarar parcialmente ha lugar el recurso de apelación de mérito; b) reformar la resolución impugnada en el sentido y alcance de dejar sin valor ni efecto el sobreseimiento definitivo dictado a favor del señor ROSALIO SANCHEZ RODRIGUEZ, y en su lugar se le dicte sobreseimiento provisional, por la comisión del delito de DAÑOS, en perjuicio de “RADIO GLOBO”, por considerar que, aun cuando no se estableció plenamente la autoría por parte del señor ROSALIO SANCHEZ RODRIGUEZ, del mencionado delito, con la prueba aportada se aloja la sospecha de su participación en la comisión del mismo, resultando procedente brindar al ente investigador, la posibilidad de aportar nuevos elementos probatorios; y c) confirmar la resolución del A-quo en todos sus demás pronunciamientos, por considerar que en la audiencia inicial, a la que acudieron tanto los abogados defensores como el fiscal del Ministerio Público asignado al caso, la defensa solicito al Juez A-quo aplicar el decreto de amnistía, en cuanto al delito de abuso de autoridad, petición con la que estuvo de acuerdo el agente fiscal, por lo que resulta inexplicable que sea la propia fiscalía la que recurra una decisión producto de la voluntad libremente manifestada, de quien tuvo su representación en la primera instancia; fundamenta su decisión en los artículos 294, 295 y 296 del Código Procesal Penal. 4) La recurrente abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, compareció ante este Tribunal, en fecha uno de junio del año dos mil diez, reclamando amparo a favor de “RADIO GLOBO”, afirmando que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, de fecha cinco de abril de dos mil diez, violenta lo establecido en los artículos 61, 72, 73, 74 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto, no obliga al recurrente ni le es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO (3): Que se conoce el Recurso de amparo penal, interpuesto por el Abogado SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, a favor de RADIO GLOBO, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, en fecha cinco de abril del año dos mil diez, que resuelve el recurso de Apelación, interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diez. CONSIDERANDO (4): La amparista al formalizar el recurso expone los agravios contra de la resolución de la Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, mediante la cual vulnera: El derecho de la Igualdad ante la ley, la libre emisión del pensamiento, La protección de los medios de emisión y difusión del pensamiento y el debido proceso, consagrados en los artículos: 61, 72, 73, 74, y 90 de la Constitución de la República; señalando que el Derecho de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 61 Constitucional y en la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen “que todas las personas son iguales ante la ley. Que implica el deber especial de protección que el estado debe ejercer con respecto a actuaciones de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Este derecho Principio, implica que no se admite trato discriminatorio en perjuicio de ninguna persona, por motivo de genero, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política, o de otra índole, origen nacional o étnico o social, o cualquier otra condición. La Corte recurrida incurre en la violación de este precepto constitucional al tener como infractores de la ley a las víctimas del delito contra los medios de comunicación, cuando en uno de sus considerándos hace el siguiente razonamiento:… “cuando Radio Globo hacía llamados a la población para acudir a votar por el proyecto denominado cuarta urna, el cual había sido judicialmente declarado ilegal, también estaba haciendo un llamado a utilizar el material en que se consignarían dichos votos, por el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas, cuyo corolario era evitar era evitar que se realizara el ilícito evento”. Desconoce que los enjuiciados no son los afectados en la causa, que tampoco se les ha tenido como responsables administrativamente de la publicidad apuntada, que los acusados no tienen facultades de investigaciones, que el contingente militar que invadió la radio no mostró la orden judicial de allanamiento o registro y que la detención de varias personas no obedeció a ningún delito, que la sentencia en que se ampararon como supuesta orden, era una sentencia incidental de un Juez de lo contencioso administrativo, que no tiene atribuciones en materia penal y en la que como efecto, solo se ordenaba únicamente suspender el acto reclamado (la consulta popular llamada cuarta urna) al titular del ejecutivo, a quien en todo caso estaba dirigida la orden y no a la sociedad en general o a los medios de comunicación. El derecho a la libre emisión del pensamiento, invoca la violación a este derecho porque la autoridad reclamada, legítima la actuación de los imputados hacia el medio de comunicación Radio Globo, por trasmitir publicidad referente a la cuarta urna, la cual califica prácticamente como delito, pese a que las figuras delictivas ya están creadas en el Código penal y, ellos no tienen proceso penal, civil o administrativo incoado, o son parte demandada, pasando por alto que la información del 28 de junio del 2009 es noticia (y no una simple publicidad), para el medio de comunicación y su auditorio, es que se ha cometido un golpe de estado al Presidente de la República. La opinión e información respecto a este hecho, no podía ser trasmitida libremente, porque la radio estaba siendo intervenida e interrumpida por militares, que les manifestaron que dejaran de trasmitir dicho acontecimiento, fue dañado el equipo por el contingente militar que entró a la radio, quedando uno de los trasmisores según los testigos que declararon en audiencia, con el cual se reanudó las comunicaciones. La libre emisión del pensamiento estaba siendo coartada al medio de comunicación, por medio del cual las personas expresaban sus opiniones acerca de dicho acontecimiento, porque además en el lugar de los trasmisores se les interrumpía la señal. El derecho a la protección de los medios de comunicación se vulnera cuando el Tribunal de alzada estima: “que un órgano judicial competente, puso las telecomunicaciones a disposición de las Fuerzas Armadas de Honduras y las telecomunicaciones le pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a los particulares… el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento”… por lo que estima el Ad quem que no se acreditó la plena existencia del delito, valida y justifica la actuación de los militares en general que penetraban violentamente a la radio, haciendo caso omiso a las formalidades legales necesarias para salvaguardar derechos de las personas, restringe el derecho a la protección que los medios de comunicación tienen para divulgar cualquier información que constituya noticia del día, que en el caso apuntado se relaciona a los eventos concretos ocurridos el 28 de junio del 2009 contra el Presidente de la República. El derecho a la protección de las comunicaciones está íntimamente relacionado con el derecho de libre expresión del pensamiento, el cual comprende no solamente la manifestación de la propia opinión, sino que abarca, además el derecho a recibir informaciones sobre hechos-noticias y asimismo opiniones ajenas, es decir comprende el derecho a la recíproca comunicación entre los hombres. Se ha vulnerado el Debido Proceso en el caso concreto, la resolución del Ad Quem no se encuentra debidamente razonada pues carece de una clara apreciación de los puntos de hecho y de derecho que se señalan: Descalifica el delito de abuso de autoridad, bajo el argumento que “le resulta inexplicable que la propia Fiscalía recurra de una decisión que es producto de la voluntad libremente manifestada por quien la representó en la audiencia inicial. Argumento que no es suficiente para descalificar el tipo penal, por no indicar las razones de hecho y derecho consideradas para confirmar un sobreseimiento definitivo dictado por el A-Quo. El razonamiento esgrimido no esta acorde con el derecho, ya que está obligado a saber que la normativa interna del Ministerio Público, le permite al Superior jerárquico enmendar el error o errores, los pronunciamientos o solicitudes del inferior, mientras no se haya dictado la resolución correspondiente, y si hubiese sido dictada ordenar a otro representante del Ministerio Público a interponer los recursos de ley. (Art. 11 ley del M.P.) Descalifica el delito contra los medios de comunicación, señalando que no se acreditó la plena existencia de este delito y como lógica consecuencia, tampoco el indicio racional de que los imputados lo hayan cometido, bajo el argumento que “que un órgano judicial competente, puso las telecomunicaciones a disposición de las Fuerzas Armadas de Honduras y las telecomunicaciones le pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a los particulares…, argumento incoherente con los artículo 74 y 75 de la constitución de la República, que establecen la protección a las estaciones de radio, y que se encuentran desarrollados en el Código Penal, al respecto el artículo 271 de dicho cuerpo legal no contempla excepciones de ningún tipo. Dicho razonamiento falta a la obligada motivación de señalar el porqué no existe la plena prueba ni el indicio racional de participación apuntado. Incurre en incongruencia cuando apunta que la interrupción se dio, cuando dice “…por lo que el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas, cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento, por lo estima el Ad quem que no se acreditó la plena existencia del delito. El fallo de la Corte contiene además, una insuficiente motivación en cuanto al delito de Daños, no obstante que considera debe el Juez A-quo proceder a reponer su resolución dictando Sobreseimiento Provisional, señala la recurrente que dicen lo anterior porque se reconoce que el delito de daños se encuentra plenamente acreditado, no así el indicio racional de que el señor Rosalío Sánchez Rodríguez sea su autor; sin embargo considera que el oficio remitido por el Ministro de Defensa Nacional Adolfo Lionel Sevilla (f80), revela que el imputado era el oficial al mando del personal que se hizo presente en las instalaciones de Radio Globo, por lo que se genera la sospecha de que si pudo haber participado. Existe incongruencia en la resolución porque considera acreditado el delito de Daños en perjuicio de Radio Globo pero no así el delito de Daños Contra el Medio de Comunicación, delitos que no se pueden desligar porque se produjeron en una radio emisora. CONSIDERANDO (5): Que el Ad quem al motivar su fallo, estima como fijados los siguientes puntos: 1.- Que un grupo de elementos de las fuerzas Armadas a quienes no se pudo identificar por andar cubiertos sus rostros con pasamontañas y sin placa que mostrara sus nombres, irrumpió violentamente en el edificio Villatoro, provocando varios daños, especialmente en los niveles y oficinas donde tiene su sede la empresa denominada Radio Globo y una vez dentro de las instalaciones impidieron que saliera al aire la señal, cuando esta se orientaba hacer llamados a la población para que accediera a votar por el proyecto denominado cuarta urna; en tanto que otro grupo de militares acampaba en Canta Gallo, en las cercanías del lugar donde la referida estación de radio tiene sus trasmisores. 2.- ) que en la comunicación librada por el Juzgado de lo contencioso administrativo, entre otras facultades le daba al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la de utilizar las telecomunicaciones para impedir que se realizara la encuesta de opinión llamada cuarta urna, la cual había sido declarada ilegal, mediante resolución de Juez competente. 3.- Beneficio de sobreseimiento definitivo a favor de los imputados a quienes se les aplicó el Decreto de amnistía emitido por el Congreso Nacional de la República, señalando que el agente fiscal del Ministerio Público estuvo de acuerdo en forma expresa con esta petición, resultando inexplicable que ahora recurra esta decisión. El Ad Quem señala que quedó establecido la existencia del delito de daños, no así el indicio racional de que el señor Rosalío Sánchez Rodríguez sea su autor, en vista de que los testigos de cargo manifiestan no haberlo identificado entre los que provocaban tales daños, ya que todos andaban con pasamontañas y sin placas con su nombre, sin embargo el oficio remitido por el Ministerio de Defensa Nacional Adolfo Lionel Sevilla (f80), revela que el imputado era el oficial al mando del personal que se hizo presente a las instalaciones de Radio Globo por lo que se genera la sospecha de que pudo haber participado en la comisión del ilícito. Brindando al ente acusador la oportunidad para que dentro del término de ley aporte nuevos elementos de prueba, con los que acredite indicio racional necesario para que se dicte auto de prisión al encausado, caso contrario se proceda conforme lo dispuesto en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Respecto a los delitos contra los medios de comunicación, el Ad quem hace notar que el órgano jurisdiccional competente puso las telecomunicaciones a disposición de las fuerzas Armadas de Honduras; y las telecomunicaciones pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a particulares, de tal manera que cuando Radio Globo hacía llamados a la población para acudir a votar por el proyecto denominado cuarta urna que había judicialmente declarado ilegal, también estaba haciendo un llamado a utilizar el material en que se consignarían dichos votos, por lo que el impedimento que se hizo estaba en consonancia con la misión encomendada a las fuerzas Armadas, cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento. Estimando el Ad Quem que no se acreditó la existencia de este delito y como lógica consecuencia tampoco se acreditó el indicio racional de que los señores Rosalío Sánchez Rodríguez y Darwin Ismael Ardón Valerio lo hayan cometido.CONSIDERNADO (6): Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[1]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad. La amparista enmarca la vulneración al derecho de igualdad ante la ley, haciendo referencia al trato discriminatorio, señalando una serie de motivos entre ellos, opinión política o cualquier otra condición, señalando que se tiene como infractores de la ley a las víctimas del delito contra los medios de comunicación, relacionando el razonamiento que hace el Ad quem en su resolución cuando dice: “Radio Globo hacía llamados a la población para acudir a votar por el proyecto denominado cuarta urna, el cual había sido judicialmente declarado ilegal”… razonamientos que en nada señalan en que consistió el trato desigual para la Empresa Radio Globo. Pese a la carencia de argumentos específicos y determinantes sobre la vulneración al derecho a ser tratado de igual manera, se observa, que ciertamente el trato no fue igual y no solo por el hecho de transmitir noticias relacionadas con la cuarta urna y otros eventos de importancia para la vida nacional, sino, porque fue esta emisora y no otras que también informaban acerca de los acontecimientos sucedidos a raíz de la referida cuarta urna, la que fue interrumpida en su transmisión, siguiendo este orden de ideas, es claro que la empresa Radio Globo, al ser impedida de transmitir tales noticias, no recibió un trato igual que otras radioemisoras, siendo de conocimiento público que tales noticias eran difundidas por radio y televisión, lo que resulta en un trato desigual, sin poder desconocerse las circunstancias que dieron origen a los hechos. CONSIDERANDO (7): Que la libertad de expresión del pensamiento es un derecho esencial para el hombre, denominado también libertad o derecho de libre opinión, es un derecho múltiple o complejo, que abarca tanto la libertad de hablar como la de escribir y la de transmitir el pensamiento por cualquier medio que sea conocido o por conocerse; Que la libertad de expresión del pensamiento es un derecho esencial para el hombre, denominado también libertad o derecho de libre opinión, es un derecho múltiple o complejo, que abarca tanto la libertad de hablar como la de escribir y la de transmitir el pensamiento por cualquier medio que sea conocido o por conocerse, derechos proclamados en los tratados internacionales, de los que el Estado forma parte, tales como: Artículo 13 de La Convención Americana de Derechos Humanos. “Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El Artículo 29. 2. establece: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos en su Artículo 19 señala “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. 2. “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.La declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre, Artículo IV “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. Observando esta sala que efectivamente, los actos realizado por la Policía Nacional los días 28 y 29 de junio del año dos mil nueve, han vulnerado el derecho de expresión y libre emisión del pensamiento, al enviar un contingente de policías al lugar donde se ubica Radio Globo, en el Edificio Villatoro, de la ciudad de Tegucigalpa sin que se hayan suscitado hechos que ameritaran la presencia policial, todo lo cual perturbó, e impidió el desarrollo normal de las transmisiones noticiosas de la radio. Transmisiones que en ningún momento podían ser interrumpidas, y solo en el caso que hubiera que deducir alguna responsabilidad, debía deducirse ulteriormente. El argumento de que “un órgano judicial competente, puso las telecomunicaciones a disposición de las Fuerzas Armadas de Honduras y las telecomunicaciones le pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a los particulares…, así como, que el impedimento que se hizo para que tales llamadas salieran al aire, estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento” no justifica el actuar del contingente de militar de interrumpir la transmisión noticiosa que realizaba Radio Globo y además causar daños, en todo caso, también las Fuerzas Armadas, están obligadas al respeto irrestricto de la Constitución de la República y las leyes. CONSIDERANDO (8): Ha señalado la amparista la vulneración de los artículo 74 y 75 de la Constitución de la República, relacionándolos con las disposiciones contenidas en el artículo 271, párrafo segundo, del Código Penal, que señala una pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años quien entorpezca o interrumpa los servicios a que se refiere el párrafo anterior (postal, telegráfico, telefónico, eléctrico de radio u otro medio que sirva a las telecomunicaciones) o impida o dificulte su restablecimiento. Los presupuestos señalados por la norma penal son entorpecer o interrumpir servicios, los hechos que provocaron el enjuiciamiento penal, se originan por la presencia militar en la estación de Radio Globo, a donde irrumpieron con el fin de evitar la transmisión de información noticiosa relacionada con la actividad política denominada cuarta urna y demás sucesos acaecidos el día 28 de junio del año dos mil nueve, así como la presencia militar en el lugar conocido como Canta Gallo, donde tiene sus transmisores la mencionada Radio, y desde donde se interrumpía la señal, evitando de esta manera que la Radio saliera al aire. Estos hechos han fijado la vulneración de los artículos 74 y 75, constitucionales, al no brindar el estado la protección debida al medio de comunicación Radio Globo, más aún, cuando “un órgano judicial competente, puso las telecomunicaciones a disposición de las Fuerzas Armadas de Honduras y las telecomunicaciones le pertenecen al Estado aún cuando hayan sido concesionadas a los particulares”…, por lo que, era su deber ineludible brindar esta protección. El que las Fuerzas Armadas tuvieran a su disposición las telecomunicaciones, que según el Ad quem, el accionar de los militares estaba en consonancia con la misión encomendada a las Fuerzas Armadas, cuyo corolario era evitar que se realizara el ilícito evento, es un argumento paradójico, señalamiento sin respaldo Constitucional, puesto que las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas en ningún caso deben estar reñida con la Constitución y las leyes; cuando se traspasa el límite del sometimiento a la ley en cualquier caso, se abre la peligrosa puerta del caos y la incertidumbre, volviendo una utopía las disposiciones constitucionales. CONSIDERANDO (9): Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que la resolución objeto de este Recurso vulnera el debido proceso, al inobservar las exigencias y procedimientos establecidos en la ley. CONSIDERANDO (10): Que la amparista señala que el Ad Quem ha descalificado el delito de abuso de autoridad sin indicar las razones de hecho y derecho consideradas para confirmar un sobreseimiento definitivo dictado por el A-Quo. Señalando además que la normativa del Ministerio Público en su artículo 11, permite al superior Jerárquico enmendar el error o errores en los pronunciamientos o solicitudes del inferior antes de dictarse una resolución o haciendo uso de los recursos que la ley le confiere. Observa la sala que la resolución de sobreseimiento definitivo dictado a favor de los acusados Rosalío Sánchez Rodríguez y Darwin Ismael Ardón Valerio, esta enmarcada en la aplicación del Decreto de Amnistía No. 2-2010, publicado el día dos de febrero del año 2010 en el Diario oficial La Gaceta No. 32129. Decreto que al entrar en vigencia debe ser observado por todos los operadores de justicia, en el caso sub judice, aún cuando la amparista, no esté de acuerdo con la aplicación del referido Decreto, éste viene a ser de carácter público y de observancia obligatoria. Si bien el derecho de petición debe salvaguardarse a las partes en conflicto y tienen derecho a una respuesta justa, también es cierto que el principio de objetividad que rige al Ministerio Público no debe perderse de vista, actuando apegado al mismo, en búsqueda de la justicia. CONSIDERANDO (11): Que nuestro derecho penal adjetivo exige para que se decrete auto de prisión que exista plena prueba de haberse cometido el delito y la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal (articulo 297, numeral 1ro. párrafo segundo Código Procesal Penal), es decir, en primer termino que exista la certeza de que se cometió un hecho ilícito sancionado por la ley penal y en segundo lugar que se puede subsumir en un tipo penal. En este orden de ideas no debe olvidar el juzgador que la idea de la adecuación típica obedece a que conforme a nuestro derecho penal solo son punibles las acciones humanas consideradas delictivas por una ley anterior (principio de legalidad). Los tipos penales son modelos de conductas humanas conformadas por características que el Poder Legislativo considera fundamentales para describir una acción punible, prescindiendo de todo aquello que desde el punto de vista legal resulte superfluo o accesorio. El primero, como muy correctamente señalan los doctrinantes, es una abstracción mientras que la segunda es un “hecho históricamente acaecido”; si en dicha acción se dan las características, elementos o notas que conforman esta abstracción legal entonces nos encontraremos frente a una adecuación típica. En la etapa procesal en que se encuentran las presentes diligencias la función del juez es la de verificar si la acción imputada a los encartados se subsume en un tipo penal (que se reúnen los requisitos o elementos de este), que son: a) Sujeto activo, que es el autor del hecho, b) Un verbo, mediante el cual se describe el modo de obrar que constituye el núcleo del tipo y que en la mayoría de los casos aparece acompañado de elementos que puede revestir naturaleza fáctica o normativa; y, c) un objeto material sobre el cual recae la acción.CONSIDERANDO (12): Que al no observarse lo prescrito en la normativa penal antes referida (articulo 297, numeral 1ro. párrafo segundo Código Procesal Penal) se esta inobservando lo establecido en el articulo constitucional 92, que establece que “No podrá proveerse auto de prisión sin que proceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor.”, lo que conduce a una vulneración al debido proceso.CONSIDERANDO (13): Que esta Sala observa, que la resolución el Ad quem en unas de sus partes, no ha observado la normativa constitucional aplicada al caso concreto, por lo que procede OTORGAR EL AMPARO en cuanto a la vulneración al derecho de Igualdad ante la ley, La libre emisión del pensamiento, Protección de los medios de emisión y difusión del pensamiento, y el debido proceso.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 61, 73, 74,75,90 151, 183, 303 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 de la ley sobre Justicia Constitucional, artículo 271 párrafo segundo del Código Penal vigente, Artículo 13.1. 2. 3 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 19, 29.2 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19. 1. 2. de El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO, de que se ha hecho merito, en cuanto a la vulneración al derecho de Igualdad ante la ley, La libre emisión del pensamiento, Protección de los medios de emisión y difusión del pensamiento y el debido proceso. MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado CHINCHILLA BANEGAS.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha seis de noviembre de dos mil doce, recaída en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 445-P501=10.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20