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Sentencia AP-401-10 — Registro 3774

Resumen

Contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones,que revoca el sobreseimiento definitivo y ordena auto de prisión contra impetrante por el delito de Abuso de Autoridad y Destrucción o Daños del Servicio de Telecomunicaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en fecha cuatro de marzo de dos mil diez; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, aclarando además que conforme a lo establecido en el Artículo 297, numeral 1.- del Código Procesal Penal, que ordena que para decretarse Auto de Prisión, se requiere de la existencia de la plena prueba de la comisión del delito; y, en el caso sometido a estudio, el Ad-quem, concluye que con todos los elementos de su tipificación legal, de los delitos de Abuso de Autoridad y Delitos contra los Medios de Comunicación y otros Servicios Públicos; y, existiendo indicios racionales suficientes en contra de JOSE ARNULFO JÍMENEZ; declaró con lugar el recurso y revocó el sobreseimiento definitivo que se conoce en apelación, ordenando al A-quo que dictara el correspondiente auto de prisión por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en base al artículo 349 No. 2 del Código Penal, por ejecutarse órdenes contrarias a la Constitución de la República y otras leyes; y CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN por entorpecer e interrumpir los servicios de las telecomunicaciones referido en el Artículo 271 párrafo segundo del citado Código. CONSIDERANDO. OCHO (8): Que en esta etapa del juicio; la inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido procesoCONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO. ONCE (11): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación.CONSIDERANDO. DOCE (12): Que hasta el momento procesal se constata que el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO ha hecho uso oportuno del derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes que franquea la ley, por lo que de igual modo, tampoco se aprecia que se haya menoscabado su derecho fundamental a la defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO. TRECE (13): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.CONSIDERANDO. CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el decretar un auto de prisión al imputado, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de enero de dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO, a favor del señor JOSE ARNULFO JIMENEZ, quien es mayor de edad, casado, Militar, hondureño y con residencia en el Cuartel Obelisco de la ciudad de Comayagüela, Distrito Central, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el ocho de enero de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE ARNULFO JIMENEZ y DARWIN ISMAEL ARDON VALERIO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DESTRUCCIÓN o DAÑOS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, en perjuicio de CHOLUSAT SUR (CANAL 36) y EL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado DIONE BERENICE BUSTILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE ARNULFO JIMENEZ y DARWIN ISMAEL ARDON VALERIO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y EL DELITO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, en perjuicio de CHOLUSAT SUR (CANAL 36) y LA ADMINISTRACION PUBLICA.2) Que en fecha ocho de enero del año dos mil diez, el Tribunal de Primera Instancia, en Audiencia Inicial, decretó Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores JOSE ARNULFO JIMENEZ y DARWIN ISMAEL ARDON VALERIO, por considerar que la conducta de los encausados no está enmarcada en los ilícitos penales a ellos imputados, ya que éstos actuaron en cumplimiento de un deber constitucional inherente al ejercicio de su cargo; cita el A-quo como fundamento jurídico de su decisión los artículos 92 de la Constitución de la República; 271 párrafo segundo y 349 numeral 2 del Código Penal; y 297 del Código Procesal Penal.3) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DIONE BERENICE BUSTILLO, en su condición ya indicada, contra el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo, el cual se deja relacionado en el inciso que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, declaró con lugar el recurso y revocó el sobreseimiento definitivo que se conoce en apelación, ordenando al A-quo que dictara el correspondiente auto de prisión por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en base al artículo 349 No. 2 del Código Penal, por ejecutarse órdenes contrarias a la Constitución de la República y otras leyes; y CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN por entorpecer e interrumpir los servicios de las telecomunicaciones referido en el Artículo 271 párrafo segundo del citado Código.4) El recurrente Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de junio del año dos mil diez, reclamando amparo a favor del señor JOSE ARNULFO JIMENEZ, afirmando que la resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil diez, emitida por la citada Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.CONSIDERANDO. UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO, se dirige contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de esta sección judicial, en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el ocho de enero de dos mil diez; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE ARNULFO JIMENEZ y DARWIN ISMAEL ARDON VALERIO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DESTRUCCIÓN o DAÑOS DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, en perjuicio de CHOLUSAT SUR (CANAL 36) y EL ESTADO DE HONDURAS.CONSIDERANDO. DOS (2): Que el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO considera agraviado el derecho de su representado, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el primer párrafo del Artículo 90 de la Constitución de la República, el que nos determina el principio-derecho del Debido Proceso y de Defensa; y el concepto en que éste ha sido ultrajado se explica de la forma siguiente: la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, emitió un fallo cuya motivación no es completa, ya que únicamente valoró la prueba aportada por el Ministerio Público. Ya que quedó plenamente establecido que no fueron entregadas las instalaciones por sus representados, ante la ausencia de los propietarios de dichos medios, más bien su presencia se debió para evitar el abandono y proteger los bienes.CONSIDERANDO. TRES (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.CONSIDERANDO. CUATRO (4):Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.CONSIDERANDO. CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial, establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO. SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.CONSIDERANDO. SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en fecha cuatro de marzo de dos mil diez; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio, aclarando además que conforme a lo establecido en el Artículo 297, numeral 1.- del Código Procesal Penal, que ordena que para decretarse Auto de Prisión, se requiere de la existencia de la plena prueba de la comisión del delito; y, en el caso sometido a estudio, el Ad-quem, concluye que con todos los elementos de su tipificación legal, de los delitos de Abuso de Autoridad y Delitos contra los Medios de Comunicación y otros Servicios Públicos; y, existiendo indicios racionales suficientes en contra de JOSE ARNULFO JÍMENEZ; declaró con lugar el recurso y revocó el sobreseimiento definitivo que se conoce en apelación, ordenando al A-quo que dictara el correspondiente auto de prisión por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en base al artículo 349 No. 2 del Código Penal, por ejecutarse órdenes contrarias a la Constitución de la República y otras leyes; y CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN por entorpecer e interrumpir los servicios de las telecomunicaciones referido en el Artículo 271 párrafo segundo del citado Código. CONSIDERANDO. OCHO (8): Que en esta etapa del juicio; la inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido procesoCONSIDERANDO. NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.CONSIDERANDO. DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.CONSIDERANDO. ONCE (11): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación.CONSIDERANDO. DOCE (12): Que hasta el momento procesal se constata que el Abogado JOSE SANTOS LOPEZ OVIEDO ha hecho uso oportuno del derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes que franquea la ley, por lo que de igual modo, tampoco se aprecia que se haya menoscabado su derecho fundamental a la defensa, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO. TRECE (13): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que en el presente caso no sucedió.CONSIDERANDO. CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el decretar un auto de prisión al imputado, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 198, 202, 294, 295, 354, 356 Y 358 del Código Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia.- NOTIFÍQUESE Firmas y sello.- OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha diez de enero de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 401=10

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL