Sentencia AP-388-11 — Registro 3773
Resumen
Resolución en consulta que declara con lugar lo solicitado por Ministerio Público a efecto de proceder al secuestro de unos documentos (testimonio de imputados en un homicidio) como diligencia investigativa,que se encuentra en poder de COFADEH y que se deje copia de los mismos al mencionado Comité
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima, de lo antes relacionado, que con el fallo del Tribunal de Alzada no se vulnera el Artículo 100 Constitucional, que regula lo referente a la inviolabilidad de las comunicaciones, ya que en éste caso la diligencia investigativa se refiere al secuestro de un expediente que contiene la información requerida por el ente investigador y no a comunicaciones telefónicas que se hayan interceptado a los denunciantes y testigos. Pues tal como lo sostiene el Ministerio Público el Artículo 217 del de la Ley Adjetiva, autoriza a este para que pueda disponer el secuestro de documentos que se consideren importantes para la investigación de un hecho delictivo, estableciendo además dicha normativa que objetos no pueden secuestrarse, y este caso el Ministerio Público ha pedido al juzgador una diligencia prejudicial tendiente a la averiguación real de los hechos, secuestro de expediente que constituye un elemento relevante en la investigación de la muerte del señor DIONISIO DIAZ GARCIA, al contener el expediente citado declaraciones relacionadas a las persecuciones, seguimientos y amenazas de las que supuestamente era objeto el señor DIAZ GARCIA, y otras personas.CONSIDERANDO (9): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque Se confirme la sentencia de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil once, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, que FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto.
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 100 (Decreto)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
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CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio Distrito Central, cinco de junio de dos mil doce.VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil once, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que denegó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada BERTHA OLIVA GUIFARRO, a favor del COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS EN HONDURAS (COFADEH), contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de Noviembre del año dos mil diez; con relación a las diligencias prejudiciales iniciadas para dar con el paradero del responsable del ASESINATO en perjuicio del señor DIONISIO DIAZ GARCIA. Estima la recurrente que con este acto se violenta lo establecido en el Artículo 100 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de Noviembre del año dos mil diez, compareció ante el juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada CARLA CELENA HENRIQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, solicitando la diligencia prejudicial de secuestro de documentos privados, para la constatación del delito de ASESINATO en perjuicio del señor DIONISIO DIAZ GARCIA.2) Que el juzgado de Letras citado, mediante resolución de fecha cuatro de Noviembre del año dos mil diez, resolvió: “1) Tener por presentado el presente escrito por parte de la Abogada CARLA CELENA HENRIQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- Y siendo que en el presente caso de autos en este momento no se tiene ningún requerimiento Fiscal ni persona imputada por lo que no se cumple el contenido del articulo 218 en sus numerales 1 y 2.- 2) DECLARAR CON LUGAR, siendo lo procedente acceder alo peticionado por el Agente Fiscal del Ministerio Público.- 3) Nómbrese como Juez Ejecutor a la Abogada CARLA CELENA HENRIQUEZ, señalando fecha para su juramentación para el día MARTES NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ A LAS DOS DE LA TARDE (09-11-10 A LAS 2:00p.m.). 4) Se ordena que los documentos que sean secuestrados se les extienda copia fotostática de los mismos al Comité Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH).- Asimismo que sean sellados y firmados por la Juez Ejecutora…”. (Folios 5 al 6 de la primera pieza de autos).3) Que en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil diez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada BERTHA OLIVA GUIFARRO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS EN HONDURAS (COFADEH), contra la resolución emitida por el A-quo en fecha cuatro de Noviembre del año dos mil diez, por considerar que al haberse ordenado el secuestro de documentos privados, se ha violentado lo establecido en el Artículo 100 de la Constitución de la República.4) Que en fecha diez de enero del año dos mil once, este alto Tribunal, se declaró incompetente para conocer del recurso de mérito y ordenó remitir las diligencias a la Corte Primero de Apelaciones de Francisco Morazán, a fin de que se continuará con su tramitación.5) Que en fecha veintinueve de Marzo del año dos mil once, luego de seguido el trámite que al efecto determina la ley sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones citada, falló: “DENEGANDO el recurso de amparo del cual se ha hecho mérito”. (Folios 34 al 35 de la segunda pieza de autos)6) Que en fecha diecisiete de Mayo del año dos mil once, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el recurso de Amparo Penal interpuesto por la Abogada BERTHA OLIVA GUIFARRO, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por el Artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (1): Que se conoce el Recurso de Amparo Penal en consulta interpuesto por la Abogada BERTHA OLIVA GUIFARRO a favor del COMITÉ DE FAMILIARES DETENIDOS DESAPARECIDOS EN HONDURAS ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; de la sentencia de fecha veintinueve de Marzo de dos mil once, que falla denegando el Recurso de Amparo; contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; de fecha cuatro de Noviembre del dos mil diez; con relación al DELITO DE ASESINATO en perjuicio del señor DIONISIO DIAZ GARCIA.CONSIDERANDO (2): Que el acto reclamado, lo constituye la Resolución de fecha cuatro de Noviembre de dos mil diez del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en la que se nombra Juez Ejecutor para secuestrar los testimonios de CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, FELIX ALVARENGA, DINA METABEL MEZA ELVIR, ROSA MORAZAN, ROBERT MARIN, CLAUDIA MENDOZA, DIONISIO DIAZ GARCIA Y JOSE ADOLFO RAMOS BARRALAGA. La impetrante estima que el acto reclamado es violatorio del artículo 100 constitucional que garantiza en su último párrafo “Se guardará el secreto en asuntos estrictamente privados que no tengan relación con el objeto de la acción de la autoridad”. Lo establecido en el artículo 8 en relación al 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el primero es que manda que todas las personas deben ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. . . ., y lo relacionado con el 25 de la misma Convención en lo que se refiere a que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.CONSIDERANDO (3): Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha cuatro de Noviembre del año dos mil diez establece lo siguiente: Señala que para la determinación de la verdad, en el caso de mérito, es necesario que el COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS EN HONDURAS (COFADEH) proporcione los testimonios rendidos por los señores descritos en el acápite dos del presente fallo. Que acredito la participación material, de RAMOS EUSEBIO SOLIS ZELAYA Y CESAR DANIEL ESTRADA AMADO, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de DIONISIO DIAZ GARCIA, a través de precio o recompensa, asimismo en fecha veinticinco del año dos mil siete, murió de manera violenta el señor JOSE ADOLFO RAMOS BARRALAGA. Que revisando el escrito aludido, se colige que el Ministerio Público expresa que es necesario contar con los testimonios rendidos ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), siempre y cuando sean útiles, confiables proporcionados con el fin de que se persigue y así establecer la responsabilidad de cuantas personas resulten involucradas en la comisión del delito de Asesinato. Que nuestra norma procesal establece en su Artículo 217 que el depósito y comiso de cosas y documentos. Secuestros los objetos o documentos relacionados con el delito que puedan ser importantes para la investigación y los que puedan ser objeto de comiso, serán tomados en depósito por las respectivas autoridades o asegurados y conservados del mejor modo posible. Y quienes tengan en su poder objetos o documentos de los señalados en el párrafo anterior deberán presentarlos y entregarlos al solo requerimiento del Ministerios Público y en su defecto de la autoridad policial, o del órgano jurisdiccional competente. Si los bienes mencionados no son entregados, se dispondrá su secuestro y se le seguirá juicio por el delito de desobediencia al responsable. El Artículo 218 del código procesal penal, en sus numerales 1 y 2, ya establece que objetos no pueden ser secuestrados describiéndose dentro de estos las comunicaciones escritas que hayan tenido lugar entre el imputado y su Defensor, y entre el imputado y las personas que de conformidad con el Artículo 228, pueden legalmente abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o que no deban de hacerlo por estar obligadas a mantener un secreto profesional así como las notas tomadas por las personas a que se refiere el Artículo o sobre informaciones que haya proporcionado el imputado o sobre cualquier circunstancia relacionada con los hechos que se investigan, cualquiera que sea su fuente. Que el Artículo 220 siempre siguiendo muestra norma procesal establece que los efectos secuestrados, previa pericia acreditativa de sus características y estado, serán inventariados y quedaran a disposición del órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad custodiados en poder de la persona o establecimiento que aquel designe. Y siempre en relación al numeral precedente, todos los objetos secuestrados serán asegurados con el sello y firma del encargado de su custodia.- Los documentos serán firmados y sellados en cada una de sus hojas. Cuando dichos objetos deban ser trasladados a un laboratorio técnico, almacén público u otras dependencias pública o privada, se adaptaran las garantías necesarias para prevenir su extravió, sustitución o alteración. El A-quo RESOLVIO: 1) Tener por presentado el presente escrito por parte de la Fiscal del Ministerio Publico.- Y siendo que en el presente caso de autos en este momento no se tiene ningún requerimiento fiscal ni persona imputada por lo que no se cumple el contenido del Artículo 218 en sus numerales 1 y 2.- 2) DECLARAR CON LUGAR, siendo procedente acceder lo peticionado por la Agente Fiscal del Ministerio Público.-3) Nómbrese como Juez Ejecutor a la Abogada CARLA CELENA HENRIQUEZ... CONSIDERANDO (4): Que la Abogada CARLA CELENA HENRIQUEZ, declinó el nombramiento recaído en ella por parte del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán, entre otras razones, el hecho de que siendo ella la persona que actualmente dirige la investigación y que por consiguiente a requerido tanto al COFADEH, como la intervención de ese Juzgado de Letras Penal para poder cumplir con la investigación encomendada; y para no vulnerar la objetividad de sus actuaciones, declina el nombramiento en ella recaído y solicita que se nombre un nuevo Juez Ejecutor ajeno al Ministerio Público CONSIDERANDO (5): Que la Licenciada CLAUDIA ANABELLE PEREIRA FLORES, actuando como JUEZA AJECUTORA, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil diez, presentó ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, LA Constancia que en lo medular dice “Que en esta fecha y siendo las nueve y treinta de la mañana, me persone junto con la Secretaria Adjunta Brenda Sandres en las oficinas del comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ubicadas en el barrio La Plazoleta de la ciudad de Tegucigalpa, esto con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha cuatro de Noviembre del presente año, emitida por la Jueza número 19, consistente en el Secuestro de los documentos donde constan los testimonios rendidos por los señores CARLOS ALBERTO HERNANDEZ, FELIX ALVARENGA, DINA METABEL MEZA ELVIR, ROSA MORAZAN, ROBERT MARIN, CLAUDIA MENDOZA, DIONISIO DIAZ GARCIA Y JOSE ADOLFO RAMOS BARRALAGA, mismo que No fue posible en virtud de que al momento de personarme en dicho lugar fui atendida por una señora quien se identificó como Dora Oliva, abogada, y me manifestó que ella no podía entregarme dicha documentación ya que le pertenecía al Comité, además que no estaba dentro de sus facultades entregarme dichos testimonios, además me dijo que en ese momento se encontraba en ese lugar una de las victimas de las cuales se solicitaba su testimonio y me manifestó que esa persona le acababa de decir que no autorizaba para que me entregaran su testimonio.- Cabe señalar que le entregué a la Abogada Dora Oliva los dos autos donde se ordenaba el secuestro y el nombramiento de mi persona como Jueza Ejecutora y le expliqué que la diligencia que yo estaba realizando era una orden judicial y que tenía que entregarme los Testimonios de las personas antes mencionadas, pero ella me dijo que no y que la persona que estaba autorizada para hacerlo era la señora Berta Oliva Directora de dicho Comité, que si quería que la esperará que ella llegaría dentro de una hora para ver que decidía, por lo que le manifesté que la esperaría. Habiendo transcurrido la hora y siendo que no había llegado la señora Berta Oliva, le dije a la señora que estaba en un escritorio ubicado en la entrada de dichas oficinas que podía llamar a la Abogada Dora Oliva para preguntarle si sabía algo de la señora Berta Oliva, manifestándome que iría a buscarla arriba, cuando regresó me dijó que no había podido hablar con dicha Abogada ya que se encontraba en una reunión y no había podido entrar ala reunión, por lo que me retiré del lugar siendo las diez de la mañana con treinta y cinco minutos, de lo cual DOY FE y firmo para constancia.CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones, de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en fecha veintinueve de Marzo del año dos mil once, emitió la resolución, que en su parte medular establece: “Que en la resolución que es objeto de la acción constitucional que nos ocupa, el A-quo en fecha cuatro de Noviembre de dos mil diez, resuelve declarar con lugar lo peticionado por la Fiscal del Ministerio Público a efecto de proceder al secuestro de unos documentos en poder de COFADEH, nombrar Juez Ejecutor para dicho secuestro y que se deje copia de los mismos al mencionado Comité; lo ordenado es propio de la etapa de investigación criminal, y se sustenta en la legislación procesal penal, que precisamente requiere la intervención del Juez como garante de los derechos, no estimando este Tribunal que se violente al COFADEH ningún derecho fundamental como el contenido en el Artículo 100 constitucional, puesto que este lo que prescribe y garantiza es el secreto de asuntos estrictamente privados que no tengan relación con el objeto de la acción de la autoridad, ámbito este fuera del caso que nos ocupa, puesto que se refiere al secuestro de documentos que nos ocupa, puesto que se refiere al secuestro de documentos en poder de COFADEH, los cuales salen del ámbito privado, y pueden contribuir a la investigación del delito de Asesinato en la persona del Abogado Dionisio Díaz García, y a descubrir , quien o quienes fueron sus autores, para efectos de que se les deduzca la responsabilidad penal a que haya lugar, ilícito que además, fue denunciado por la Organización de Derechos Humanos antes indicada; todo lo cual garantiza a su vez un debido proceso, pues la investigación y esa diligencia en particular se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en la norma procesal, en el sentido de que las ordenes de secuestro serán expedidas por el Juez, mediante resolución motivada. El Tribunal de Alzada FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo del cual se ha hecho mérito.CONSIDERANDO (7): Que el Ministerio Público, en su Dictamen, en el acápite ANALISIS JURIDICO, numeral 2, señala “No constituye impedimento para ordenar el secuestro de los referidos documentos el hecho de que los testigos contenidos en el expediente puedan ser citados con posterioridad para que rindan declaraciones, en virtud que precisamente partiendo de estos documentos, es que el Ministerio Público podrá determinar si tales testimonios resultan importantes para la investigación del hecho delictivo; asimismo, la misma recurrente en su escrito de formalización refiere que la Fiscalia de Derechos Humanos conoce supuestamente de los testimonios de las personas que declararan en el expediente cuyo secuestro se ordena, obviando únicamente las direcciones de las victimas y sus familiares, entonces, como puede la representante de la Sociedad ubicar a estas personas y cumplir con la obligación que corresponde al Ministerio Público como ente investigador.”. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala estima, de lo antes relacionado, que con el fallo del Tribunal de Alzada no se vulnera el Artículo 100 constitucional, que regula lo referente a la inviolabilidad de las comunicaciones, ya que en éste caso la diligencia investigativa se refiere al secuestro de un expediente que contiene la información requerida por el ente investigador y no a comunicaciones telefónicas que se hayan interceptado a los denunciantes y testigos. Pues tal como lo sostiene el Ministerio Público el Artículo 217 del de la ley adjetiva, autoriza a este para que pueda disponer el secuestro de documentos que se consideren importantes para la investigación de un hecho delictivo, estableciendo además dicha normativa que objetos no pueden secuestrarse, y este caso el Ministerio Público ha pedido al juzgador una diligencia prejudicial tendiente a la averiguación real de los hechos, secuestro de expediente que constituye un elemento relevante en la investigación de la muerte del señor DIONISIO DIAZ GARCIA, al contener el expediente citado declaraciones relacionadas a las persecuciones, seguimientos y amenazas de las que supuestamente era objeto el señor DIAZ GARCIA, y otras personas.CONSIDERANDO (9): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala es del criterio porque Se confirme la sentencia de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil once, emitida por la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, que FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y con fundamento en los artículos 1, 100, 183, 303, 304, 316 No.1 de la Constitución de La República; 8 de la declaración universal de los derechos humanos; 2, 9 y 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos; 18 y 24 de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No.1, 9 No.2, 39 párrafo infine, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 217, 218 numerales 1 y 2 y 228 del Código Procesal Penal.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil once, dictada por el Tribunal de Alzada, de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSÈ ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHIMCHILLA BANEGAS. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de agosto del año dos mil doce, certificación de fallo de fecha cinco de junio de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 388=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL