Sentencia AP-379-11 — Registro 3875
Resumen
Sentencia recurrida revoca auto de prisión y ordena se dicte sobreseimiento definitivo a favor de imputada por el delito de Apropiación Indebida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."..."CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de junio de dos mil diez; se aprecia en la misma, que el Ad Quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión que en el caso de mérito no consta en autos ninguno de los supuestos que establece el Código Penal; y, que se ha explicado en los ordinales de la Motivación Fáctica y Jurídica de la sentencia recurrida; en consecuencia no siendo los hechos competencia de la jurisdicción penal por no ser constitutivos de delito, por lo que consideró procedente revocar el auto de prisión que conoció por la vía de apelación. Dejando a salvo el derecho que asiste a las partes en la jurisdicción civil, el que según consta en autos ya se ha ejercitado con la interposición de la demanda ordinaria de pago interpuesta por el apoderado legal de la Sociedad Norh Atlantic LLC y del señor Alexis Bernabé García contra la señora Mirna Yamileth Andrade Tinoco para el pago de ciento cincuenta mil dólares."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 303 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central., veintisiete de noviembre de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, a favor del señor ALEXIS BERNABE GARCIA URBINA y SOCIEDAD NORTH ATLANTIC, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha uno de abril de dos mil once, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra la señora MIRNA YAMILETH ANDRADE TINOCO, por suponerla responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio del señor ALEXIS BERNABE GARCIA URBINA y LA SOCIEDAD NORTH ATLANTIC. Estima la recurrente que con la resolución reclamada se violentan en perjuicio de sus representados el debido proceso y la competencia de los órganos jurisdiccionales, estipulados en los artículos 90 y 303 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, el Abogado JOSE REYNALDO CANALES MONCADA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora MIRNA YAMILETH ANDRADE TINOCO, por suponerla responsable a titulo de autora directa y material del delito de OTROS FRAUDES CONTINUADO o APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de la empresa estadounidense NORTH ATLANTIC LLC y el señor ALEXIS BERNABE GARCIA URBINA.2) Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve, se llevó a cabo la Audiencia Inicial en la causa antes relacionada, en la cual el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula decretó auto de prisión en contra de la imputada MIRNA YAMILETH ANDRADE TINOCO, por suponerla responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio del señor ALEXIS BERNABE GARCIA TINOCO y la empresa NORTH ATLANTIC LLC. (Folios 561 al 569 de los antecedentes) 3) Que en fecha uno de abril de dos mil once, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HECTOR HORACIO NAVARRO, en su condición de apoderado defensor de la imputada MIRNA YAMILETH ANDRADE TINOCO, contra el auto de prisión dictado en su contra, por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve, en consecuencia revocó dicho auto de prisión a efecto de que se dicte el correspondiente sobreseimiento definitivo. (Folios 45 al 53 de los antecedentes) 4) La recurrente Abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de mayo de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del señor ALEXIS BERNABE GARCIA URBINA y LA SOCIEDAD NORTH ATLANTIC, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha uno de abril de dos mil once, es violatoria del debido proceso y la competencia de los órganos jurisdiccionales, amparados por los Artículos 90 y 303 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma la acción de amparo en fecha uno de septiembre de dos mil once, siendo omitida la vista al Fiscal del Despacho por ser el Ministerio Público, parte interesada en la instancia ordinaria. CONSIDERANDO UNO (1): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER, a favor del señor ALEXIS BERNABE GARCIA URBINA y SOCIEDAD NORTH ATLANTIC, se dirige contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha uno de abril de dos mil once, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra la señora MIRNA YAMILETH ANDRADE TINOCO, por suponerla responsable del delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio del señor ALEXIS BERNABE GARCIA URBINA y LA SOCIEDAD NORTH ATLANTIC. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Abogada JOHANNA WALESKA LOPEZ WAGNER considera agraviado el derecho de su representada, alegando que en el presente caso se estima vulnerado el Derecho Constitucional contemplado en el primer párrafo del Artículo 90 de la Constitución de la República, el que nos determina el principio-derecho del Debido Proceso y la independencia judicial contenido en el 303 del mismo cuerpo Constitucional; y, el concepto en que éste ha sido ultrajado se explica que considera que la resolución de la Corte de Apelaciones es violatoria a principios y derechos fundamentales constitucionales porque en primer lugar, infringió el principio del debido proceso al no observar los derechos y garantías contenidos en las leyes, como lo son las normas procesales que son fundamento en el seguimiento del proceso penal para determinar si existe fundamento o no para una resolución que determine la responsabilidad o participación del o de los imputados, desestimando además en la observancia de ese principio derecho, el derecho o derechos de la víctima. Por otra parte, en la parte dispositiva, la Corte de Apelaciones hace pronunciamiento imperativo para que el juez dicte el correspondiente sobreseimiento definitivo, lo que es violatorio al principio del Estado de Derecho de la independencia judicial, por cuanto la naturaleza de una resolución en tal sentido es privativa y atributiva del juez de instancia y no debe ni puede un superior ordenar que resuelva en la forma que lo indica la resolución recurrida.CONSIDERANDO TRES (3): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO CUATRO (4):Que conforme establece la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte Primera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de junio de dos mil diez; se aprecia en la misma, que el Ad Quem hizo expresa mención a las circunstancias que la llevaron a la conclusión que en el caso de mérito no consta en autos ninguno de los supuestos que establece el Código Penal; y, que se ha explicado en los ordinales de la Motivación Fáctica y Jurídica de la sentencia recurrida; en consecuencia no siendo los hechos competencia de la jurisdicción penal por no ser constitutivos de delito, por lo que consideró procedente revocar el auto de prisión que conoció por la vía de apelación. Dejando a salvo el derecho que asiste a las partes en la jurisdicción civil, el que según consta en autos ya se ha ejercitado con la interposición de la demanda ordinaria de pago interpuesta por el apoderado legal de la Sociedad Norh Atlantic LLC y del señor Alexis Bernabé García contra la señora Mirna Yamileth Andrade Tinoco para el pago de ciento cincuenta mil dólares. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el término “independencia” es generalmente utilizado para caracterizar la relación de la judicatura con otras instituciones u organismos públicos. Un juez independiente es aquel que no está bajo la influencia o control de nadie. Una noción de independencia –la llamada “desvinculación de las partes”– requiere que el juez sea independiente de las partes en litigio, ya sea sin estar relacionado con ellas, o bien sin estar de ninguna forma bajo su control o influencia. Este aspecto de la independencia está basado en la idea de imparcialidad y es incuestionable en su exigencia: mientras mayor sea la desvinculación entre el juez y las partes, mejor. Otra forma de independencia –la “autonomía individual”– concierne a las relaciones entre colegas o al poder de un juez sobre otro. En los sistemas de derecho común o Common Law, los jueces sienten la presión de otros jueces a través de la doctrina del stare decisis o precedente. Tanto en los países de derecho continental como en los de derecho común, como lo es el caso de Honduras; el control colegial puede ser ejercido sobre los jueces de menor jerarquía a través de los procedimientos ordinarios de apelación. Estas formas tradicionales de control colegiado no amenazan la independencia que legítimamente pertenece a un juez. CONSIDERANDO ONCE (11): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser la revocatoria de un auto de prisión y el correspondiente sobreseimiento, además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el Artículo 316 de la Constitución de la República.- Redactó la Magistrada ROSALINDA CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil trece, certificación de fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 379-P528-P496=11.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL