Sentencia AP-319-10 — Registro 18909
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo por prescripción por el delito de falsificación de documentos, en perjuicio de la fe pública.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO 3: Que el primero de los argumentos del amparista, lleva a esta Sala de lo Constitucional a analizar la resolución del ad quem desde dos perspectivas: la primera, relacionada con las peticiones de las partes y a la respuesta que brinda el órgano jurisdiccional, a cada una de ellas; y la segunda, respecto a la aplicabilidad de las normas en que dicho órgano funda su fallo. Referente a ello se puede determinar que si bien es cierto, la parte defensora contesta agravios, expresando su desacuerdo con que se revoque el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de que la Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal permite la declaración de prescripción que llevase al Sobreseimiento Definitivo dictado por el a-quo; no menos cierto es, que la resolución de la Corte de Apelaciones con precisión y claridad expone las razones por las cuales, el caso concreto sometido a su conocimiento, no ha de solucionarse por medio de esas normas transicionales; ya que de acuerdo a esa misma Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal, al no encontrarse habidos los imputados, las reglas de la prescripción aplicables son las contempladas en el Código Penal; por lo que el argumento del recurrente se centra, no en una falta de motivación del órgano jurisdiccional, sino una mera disconformidad de su criterio con el criterio empleado por el ad-quem. CONSIDERANDO 4: Que por otra parte, el segundo argumento en que basa su recurso el amparista, no constituyen sino expresiones que reiteran la disconformidad del recurrente con el criterio empleado por el ad-quem, pero bajo argumentos que él no expuso ante la Corte de Apelaciones en ningún momento y que por ende no formaron parte de los elementos que debían ser sujetos de deliberación, a efecto de tomar una decisión. CONSIDERANDO 5: Que en virtud de lo anteriormente expuesto; y, tal y como lo ha manifestado esta Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en obtener del órgano jurisdiccional, un criterio afín a la pretensión de la parte, de forma que parece entenderlo el recurrente, quien aún cuenta con la posibilidad de plantear sus argumentos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, a fin de que sean resueltos en esa vía. En tal virtud, el caso conocido en amparo al referirse a su desacuerdo con las normas de prescripción aplicables, constituye en todo caso un asunto de mera legalidad carente de trascendencia constitucional para los fines de la garantía de amparo y susceptible de sobreseimiento."
Legislación citada
- Código Penal, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO 3: Que el primero de los argumentos del amparista, lleva a esta Sala de lo Constitucional a analizar la resolución del ad quem desde dos perspectivas: la primera, relacionada con las peticiones de las partes y a la respuesta que brinda el órgano jurisdiccional, a cada una de ellas; y la segunda, respecto a la aplicabilidad de las normas en que dicho órgano funda su fallo. Referente a ello se puede determinar que si bien es cierto, la parte defensora contesta agravios, expresando su desacuerdo con que se revoque el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de que la Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal permite la declaración de prescripción que llevase al Sobreseimiento Definitivo dictado por el a-quo; no menos cierto es, que la resolución de la Corte de Apelaciones con precisión y claridad expone las razones por las cuales, el caso concreto sometido a su conocimiento, no ha de solucionarse por medio de esas normas transicionales; ya que de acuerdo a esa misma Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal, al no encontrarse habidos los imputados, las reglas de la prescripción aplicables son las contempladas en el Código Penal; por lo que el argumento del recurrente se centra, no en una falta de motivación del órgano jurisdiccional, sino una mera disconformidad de su criterio con el criterio empleado por el ad-quem. CONSIDERANDO 4: Que por otra parte, el segundo argumento en que basa su recurso el amparista, no constituyen sino expresiones que reiteran la disconformidad del recurrente con el criterio empleado por el ad-quem, pero bajo argumentos que él no expuso ante la Corte de Apelaciones en ningún momento y que por ende no formaron parte de los elementos que debían ser sujetos de deliberación, a efecto de tomar una decisión. CONSIDERANDO 5: Que en virtud de lo anteriormente expuesto; y, tal y como lo ha manifestado esta Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en obtener del órgano jurisdiccional, un criterio afín a la pretensión de la parte, de forma que parece entenderlo el recurrente, quien aún cuenta con la posibilidad de plantear sus argumentos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, a fin de que sean resueltos en esa vía. En tal virtud, el caso conocido en amparo al referirse a su desacuerdo con las normas de prescripción aplicables, constituye en todo caso un asunto de mera legalidad carente de trascendencia constitucional para los fines de la garantía de amparo y susceptible de sobreseimiento."
Legislación citada
- Código Penal, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 98 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de enero de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAFAEL MEDINA IRIAS, a favor de los señores MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS y MICHAEL TIJO VAN MARLE, mayores de edad y de nacionalidad holandesa, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de marzo de dos mil diez, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el sobreseimiento definitivo por prescripción dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco; con relación a la causa instruida contra los señores MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS, MICHAEL TIJO VAN MARLE y JOSE ALLAN RIVERA, por suponerlos responsables de la comisión del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho, el señor ZACARIAS ALVARO MENA, compareció en su condición personal, ante el Juzgado de Letras Tercero de lo Criminal de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ahora Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, presentando acusación criminal contra los señores MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS, MICHAEL TIJO VAN MARLE, JOSE ALLAN RIVERA y OTROS, en su condición de representantes legales de la empresa Inversiones Químicas, S.A. (INVERQUIM), por suponerlos responsables del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL, en perjuicio de LA FE PUBLICA. 2) Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil, siguiendo el proceso sumario establecido por el Código de Procedimientos Penales del año de 1984, el Juzgado de Letras Tercero de lo Criminal de San Pedro Sula, Cortés, a petición de parte, y por considerar que existen elementos de pruebas suficientes contra los imputados MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS, MICHAEL TIJO VAN MARLE y JOSE ALLAN RIVERA, por suponerlos responsables del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA; emitió órdenes de captura, en tres ocasiones distintas, siendo la última de ellas en fecha diecinueve de octubre del año dos mil cuatro, sin que se hubiera dado con el paradero de los imputados MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS y MICHAEL TIJO VAN MARLE. 3) Que en fecha uno de junio del año dos mil cinco, a petición del Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, en su condición de apoderado legal del señor JOSE ALLAN RIVERA, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, decretó la prescripción de la causa penal instruida contra su representado; en virtud de haber transcurrido, según dicho juzgado, más de dos años de inactividad en el proceso, tal y como consta del informe rendido por la Secretaría de ese Despacho; y ello, en aplicación de la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal. 4) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, decretó Sobreseimiento Definitivo por Prescripción a favor de los señores MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS y MICHAEL TIJO VAN MARLE, en la causa seguida en su contra, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA, en virtud de la petición y reposición interpuesta por la Abogada CAROLINA BERTRAND GARCIA, apoderada legal de los referidos señores; relacionando dicho Juzgado, que lo hace tomando en consideración que las diligencias de mérito se iniciaron en el año mil novecientos noventa y ocho, mediante el procedimiento establecido por el Código de Procedimientos Penales de 1984, transcurriendo en las mismas, más de cuatro años sin ninguna actuación tendiente a producir elementos de prueba, cayendo en inactividad según la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal, que manda depurar todas aquellas causas inactivas por mas de dos años, iniciadas con el proceso penal anterior; fundamentando su decisión en los artículos 428 y 429 del Código de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4 de la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal. 5) Que en fecha diez de marzo del año dos mil diez, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público Abogada KARLA YADIRA SANCHEZ ZEPEDA y revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los imputados MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS y MICHAEL TIJO VAN MARLE, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés en fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, por considerar que en las diligencias de mérito iniciadas en contra de los señores MARCUS LODWYH JOSEPH BROCKER, HERMAN JAN RIJKS, MICHAEL TIJO VAN MARLE y JOSE ALLAN RIVERA, solamente fue habido el imputado JOSE ALLAN RIVERA, a quien acertadamente se le aplicó la prescripción del delito de acuerdo al artículo 4 de la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal, el cual no puede aplicarse al resto de los acusados, ya que estos no se presentaron voluntariamente ni fueron habidos, siendo aplicable en este caso el artículo 6 de la precitada ley, que remite a las reglas para la prescripción establecidas en el Código Penal; teniendo la Corte de Apelaciones como fundamento para su decisión, los artículos 1, 4 y 6 de la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal; y, 97 del Código Penal. 6) El recurrente Abogado RAFAEL MEDINA IRIAS, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha catorce de mayo del año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor de los señores MARCUS BROCKER, HERMAN JAN RIJKS y MICHAEL TITO VAN MARLE, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diez de marzo del año dos mil diez, es violatoria a los artículos 64, 82 primer párrafo, 90 y 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 1: Que el Debido Proceso, como derecho individual, al tenor de lo que dispone el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, implica que no es un derecho per se, sino que está conformado por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; y en el caso subjudice ha sido relacionado por el recurrente, con lo que considera la errónea aplicación de una norma en el caso concreto, con lo que a su vez cree, se disminuye y tergiversa el derecho de defensa; así como también, la garantía de no poderse decretar auto de prisión sin que preceda plena prueba de la comisión de un delito e indicio racional de quien ha sido su autor. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente al exponer las garantías y derechos constitucionales según él vulnerados y el concepto de su violación, manifestando que “Al haber emitido la Honorable Corte de Apelaciones Penal, de San Pedro Sula, Cortés, su Resolución en la forma que la hizo, sin motivar jurídicamente su fallo, ordenando al A-quo la aplicación de una norma que a esa fecha de emitir su fallo no era aplicable y omitir la aplicación del artículo 98 del Código penal, da lugar a que el fallo por no estar arreglado a derecho a la interposición del presente recurso al violar y disminuir derechos constitucionales.” Que el recurrente continua exponiendo las garantías y derechos constitucionales, según él vulnerados y el concepto de su violación, expresando literalmente que “Consideramos en primer lugar violada la garantía constitucional DEL DEBIDO PROCESO contenida en el Artículo 90 párrafo primero, al consagrarse en ella “Que nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Es obvio que al pronunciarse la Honorable Corte de Apelaciones antes citada, en su fallo dictado el 10 de Marzo del 2010, ordenando el cumplimiento del Artículo 97 del Código Penal, cuando a esa fecha dicha norma penal no era aplicable al caso de autos, su proceder es violatorio del debido P. Que si bien es cierto cuando el Juzgado A-quo dictó su fallo, a esa fecha si podría haber tenido aplicación dicha norma, también lo es, que por las razones legales antes expuestas, La Honorable Corte debió motivar jurídicamente su sentencia emitida en el sentido de: a) Admitir el recurso interpuesto y, b) Declarar sin lugar el recurso interpuesto en vista de que a la fecha en que esta Corte conoce del mismo, (10 de marzo del año 2010), han transcurridos más de dieciséis años de haberse cometido la infracción penal investigada, de concederse el recurso que se conoce en Apelación se estaría violando lo que establece el Artículo 98 en relación con lo que preceptúa el artículo 97 numeral 1) ambos del Código Penal.” CONSIDERANDO 3: Que el primero de los argumentos del amparista, lleva a esta Sala de lo Constitucional a analizar la resolución del ad quem desde dos perspectivas: la primera, relacionada con las peticiones de las partes y a la respuesta que brinda el órgano jurisdiccional, a cada una de ellas; y la segunda, respecto a la aplicabilidad de las normas en que dicho órgano funda su fallo. Referente a ello se puede determinar que si bien es cierto, la parte defensora contesta agravios, expresando su desacuerdo con que se revoque el sobreseimiento definitivo bajo el argumento de que la Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal permite la declaración de prescripción que llevase al Sobreseimiento Definitivo dictado por el a-quo; no menos cierto es, que la resolución de la Corte de Apelaciones con precisión y claridad expone las razones por las cuales, el caso concreto sometido a su conocimiento, no ha de solucionarse por medio de esas normas transicionales; ya que de acuerdo a esa misma Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal, al no encontrarse habidos los imputados, las reglas de la prescripción aplicables son las contempladas en el Código Penal; por lo que el argumento del recurrente se centra, no en una falta de motivación del órgano jurisdiccional, sino una mera disconformidad de su criterio con el criterio empleado por el ad-quem. CONSIDERANDO 4: Que por otra parte, el segundo argumento en que basa su recurso el amparista, no constituyen sino expresiones que reiteran la disconformidad del recurrente con el criterio empleado por el ad-quem, pero bajo argumentos que él no expuso ante la Corte de Apelaciones en ningún momento y que por ende no formaron parte de los elementos que debían ser sujetos de deliberación, a efecto de tomar una decisión. CONSIDERANDO 5: Que en virtud de lo anteriormente expuesto; y, tal y como lo ha manifestado esta Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en obtener del órgano jurisdiccional, un criterio afín a la pretensión de la parte, de forma que parece entenderlo el recurrente, quien aún cuenta con la posibilidad de plantear sus argumentos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, a fin de que sean resueltos en esa vía. En tal virtud, el caso conocido en amparo al referirse a su desacuerdo con las normas de prescripción aplicables, constituye en todo caso un asunto de mera legalidad carente de trascendencia constitucional para los fines de la garantía de amparo y susceptible de sobreseimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 6, 7, 9 numeral 3 inciso b, 41 numeral 1, 42, 45 y 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 4, 6 de la Ley de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal; FALLA: SOBRESEYENDO: La Garantía de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial y se continúe con el trámite procedente. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. COORDINADOR. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el ocho de marzo de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 319-P415-P540=10.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL