Sentencia AP-21-11 — Registro 18908
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que reforma parcialmente el auto de prisión los delitos de cohecho y fraude, imponiendo a su persona las medidas cautelares contenidas en el Artículo 173 numerales 5), 6) y 7), por considerar que la conducta irregular del acusado ha quedado acreditada, en cuanto a que la prueba de descargo señala que el mismo se valió de su condición de Funcionario Público para favorecer a una determinada empresa en negociaciones con Hondutel, así como también han quedado acreditadas las propuestas de pago y cobros de efectivo que hizo el imputado a raíz de dichas negociaciones, sin que todos estos elementos probatorios hayan sido desvirtuados contundentemente con la prueba ofrecida por la defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso; al existir una contradicción manifiesta; cuando por una parte en el mismo numeral 6.- de la motivación acepta que el imputado participó en su calidad de funcionario público, miembro de un órgano colegiado; en el acto que rebajó las tarifas de Hondutel, obviamente bajo la influencia de una dadiva o presente, que se presume lo hizo actuar interesadamente, bajo la pretensión de favorecer a un tercero, con el consecuente perjuicio que ello podría entrañar para el Estado. Y más adelante, a pesar de lo indicado anteriormente, señala que para la participación en el ilícito no solamente hay que cometerlo a titulo personal, si no que también hay que influir en los demás miembros del órgano colegiado para la toma de la decisión, para considerarlo como participante. Siendo menester de esta Sala, señalar la contradicción incurrida en la sentencia recurrida; por lo que de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un Auto de formal prisión, además por constar en el expediente judicial la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, al existir una contradicción manifiesta en la sentencia recurrida; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de febrero de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por VILLANUEVA BARAHONA, a favor del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra la sentencia dictada por de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, que reforma parcialmente el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial en fecha catorce de mayo de dos mil diez; en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO y FRAUDE, en perjuicio de 1) Que en fecha treinta de junio del año dos mil nueve, SALINAS PONCE, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de los señores MARCELO ANTONIO CHIMIRRI, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE y COHECHO; HERNAN JACOBO LAGOS, por el delito de FRAUDE; JULIO DANIEL FLORES, por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS; OSCAR DANILO SANTOS GALEAS, por el delito de COHECHO y JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por el delito de COHECHO, todos en perjuicio de 2) Que una vez celebrada Audiencia Inicial en fecha veintitrés de abril de dos mil once y su continuación en fechas tres y catorce de mayo del mismo año, el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo de dos mil once, dictó auto de prisión en contra del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por suponerlo responsable de los delitos de FRAUDE y COHECHO, en perjuicio de , imponiendo a su persona las medidas cautelares contenidas en el Artículo 173 numerales 5), 6) y 7), por considerar que la conducta irregular del acusado ha quedado acreditada, en cuanto a que la prueba de descargo señala que el mismo se valió de su condición de Funcionario Público para favorecer a una determinada empresa en negociaciones con HONDUTEL, así como también han quedado acreditadas las propuestas de pago y cobros de efectivo que hizo el imputado a raíz de dichas negociaciones, sin que todos estos elementos probatorios hayan sido desvirtuados contundentemente con la prueba ofrecida por la defensa; con fundamento su decisión en los Artículos 361 y 376 del Código Penal; 297 del Código Procesal Penal. 3) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, conociendo del recurso de apelación interpuesto por VILLANUEVA BARAHONA, en su condición de defensora privada del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, contra el auto de prisión dictado por el A-quo, de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán dictó sentencia de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, mediante la cual: 1) declaró parcialmente ha lugar el recurso interpuesto, reformando la resolución apelada en el sentido y alcance de dejar sin valor ni efecto el auto de prisión dictado al señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por el delito de FRAUDE, en perjuicio de , debiendo dictarse el correspondiente sobreseimiento provisional por dicho delito; y 2) confirmó la resolución apelada en cuanto al auto de prisión dictado contra el ya mencionado imputado, por el delito de COHECHO, en perjuicio de , por considerar el Tribunal Ad-quem que se evacuó prueba de cargo suficiente, la cual no fue controvertida de manera pertinente y sustancial por la defensa, de la cual resulta acreditado que el imputado siendo miembro de de HONDUTEL recibió dinero de parte de por intermedio de uno de sus ejecutivos, sin resultar creíble o probado que este dinero correspondía a honorarios por una Consultoría, quedando acreditada así su participación en el delito de COHECHO, en su actuar como Funcionario Público y que en su actuación como Gerente General de HONDUTEL, el señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, no actuó oportunamente para recuperar los valores que adeudaba, observándose una actitud pasiva, producto de las negociaciones que personalmente el había hecho con , sin poder acreditar la defensa que esta relación y negociación fuese debido a un contrato de consultaría verbal entre LN COMUNICATIONS y el imputado, siendo inconcebible su contratación en una consultoría sobre telecomunicaciones en Guatemala, cuando el mismo imputado reconoció no tener mayor experiencia o conocimiento en esa rama, así como es inaceptable que siendo un hombre de negocios alegue no tener cuentas bancarias personales y que alegue ignorancia en cuanto a la declaración anual que debió hacer ante el TSC sobre el dinero que recibió de esa supuesta consultoría, sin embargo en cuanto al tipo penal de fraude, ha quedado acreditada su comisión, al haber participado el imputado en su calidad de Funcionario Público en el acto que rebajó las tarifas de HONDUTEL en beneficio de pero tal ilícito fue cometido por la decisión de un órgano colegiado, como es de HONDUTEL, sin existir pleno convencimiento de que el imputado a raíz de las dadivas recibidas haya influenciado a los demás miembros de tal órgano para emitir la decisión que abrió camino al ilícito de fraude, únicamente la sospecha, por lo que resulta meritorio brindar a los entes acusadores, la oportunidad para que presenten elementos de prueba suficientes dentro del periodo de ley para ello; fundamenta su decisión en los artículos 361 y 376 del Código Penal; 295 y 297 numeral 1) del Código Procesal Penal. 4) MARGARITA VILLANUEVA BARAHONA, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de enero de dos mil once, interponiendo acción de amparo a favor del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de de (1): Que de Amparo promovida por VILLANUEVA BARAHONA, a favor del señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA , se dirige contra la sentencia dictada por de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio de dos mil diez, que reforma parcialmente el auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta sección judicial en fecha catorce de mayo de dos mil diez; en relación a la causa instruida contra el señor JORGE ALBERTO ROSA ZELAYA, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO y FRAUDE, en perjuicio de DOS (2): Que VILLANUEVA BARAHONA considera vulnerado los derechos de su representado, cuando el Tribunal de Alzada infringe la fundamentación fáctica, ya que dicha resolución judicial solo es una apariencia de congruencia y objetividad, y no de certeza, ya que especula o mejor dicho imaginaba los hechos que no tenía acreditados, y debido a este defecto profesional, se descartan hechos que sí habían sido probados, y por otro lado debido a esta falencia ajustaba otros hechos, convirtiéndolos en meras invenciones, de tal forma que los hechos fácticos de la resolución recurrida, perdieron su efectividad objetiva, ya que estaban alejados de toda verdad, al exponerse motivaciones totalmente subjetivas, ilógicas e irracionales. CONSIDERANDO TRES (3): Que VILLANUEVA BARAHONA sigue manifestando que en el caso que nos ocupa, a su representado, se le pretende someter a juicio negándole su derecho al debido proceso, ya que las solemnidades y formalidades que la ley establece para que exista motivación sólida que restrinja sus derechos, no existe en el presente caso, ya que efectivamente existe es una resolución constituida con meras intenciones, ensambladas con una redacción sagaz y suspicaz de hechos no probados con pruebas o indicios, si no recelos, que no cumplen en lo absoluto con los requisitos que exige el Artículo 141 del Código Procesal Penal, por lo que estos funcionarios judiciales han desconocido sus funciones oficiales, ya que debieron velar por que al imputado no se le sometiera a violaciones y arbitrariedades. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de de Justicia Constitucional; 37 de del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de de lo Constitucional. CONSIDERANDO CINCO (5): Que conforme establece de , la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que , los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que de al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial, establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al examinar el expediente de merito, se constata efectivamente que en el numeral seis de la motivación, en su parte conducente se señala: “Sin embargo, es importante mencionar, que en este ilícito, la decisión fue emitida por un órgano colegiado como lo es de de Telecomunicaciones, y la prueba de cargo no ha sido pertinente para determinar el indicio racional que lleve a la convicción de que el encausado haya influenciado a los demás miembros de tal órgano, para que se tomara la decisión, generando dicha prueba, únicamente la sospecha que el señor Jorge Alberto Rosa Zelaya pudo haber cometido este acto, …” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a , una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la carga procesal de interponer los recursos que el ordenamiento jurídico concede, recae sobre el afectado por la resolución objeto de impugnación. CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso; al existir una contradicción manifiesta; cuando por una parte en el mismo numeral 6.- de la motivación acepta que el imputado participó en su calidad de funcionario público, miembro de un órgano colegiado; en el acto que rebajó las tarifas de Hondutel, obviamente bajo la influencia de una dadiva o presente, que se presume lo hizo actuar interesadamente, bajo la pretensión de favorecer a un tercero, con el consecuente perjuicio que ello podría entrañar para el Estado. Y más adelante, a pesar de lo indicado anteriormente, señala que para la participación en el ilícito no solamente hay que cometerlo a titulo personal, si no que también hay que influir en los demás miembros del órgano colegiado para la toma de la decisión, para considerarlo como participante. Siendo menester de esta Sala, señalar la contradicción incurrida en la sentencia recurrida; por lo que de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como decretar un Auto de formal prisión, además por constar en el expediente judicial la vulneración al derecho fundamental del debido proceso, al existir una contradicción manifiesta en la sentencia recurrida; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: de lo Constitucional de de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de de , por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de de ; 1 y 78 atribución 5ta. de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de Constitucional. FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, a efecto de que de Apelaciones de Francisco Morazán, dicte sentencia apegada a los principios constitucionales que se han hecho mérito en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artículo 316 de de y Sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. COORDINADOR. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JORGE REYES DIAZ. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL”. Y a solicitud de MARGARITA VILLANUEVA, se extiende en de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés de abril de dos mil doce, certificación de la resolución de fecha siete de febrero de dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 21=11/P862=10. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL