Sentencia AP-20-11 — Registro 3784
Resumen
Contra la sentencia recurrida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada y confirmó la resolución auto de prisión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“ Que el recurrente alega que el auto motivado dictado por el Tribunal de Alzada y que se deja relacionado en el acápite anterior es violatorio de lo dispuesto en los artículos 90, 92 y 98 de la Constitución de la República, al respecto arguye que la decisión de la referida Corte de Apelaciones es arrebatada y que no observa la realidad que aparece expuesta en el proceso original que se instruye, al soslayar lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 141 del Código Procesal Penal, en cuanto a la motivación de las resoluciones; aduce que el ad-quem no debió de haber declarado sin lugar la apelación interpuesta contra el auto de prisión dictado contra su representada, ya que según su parecer, se ha acreditado que el delito imputado, nace de una obligación contractual y por lo tanto su defendida se encuentra acogida por lo dispuesto en el articulo 98 de la Constitución de la Republica y Tratados Internacionales de los que Honduras es signatario; expone que en el caso de autos al derivarse el supuesto delito de usurpación de un contrato de compraventa, lo procedente es que ante la instancia civil se entable la acción correspondiente a fin de que la misma conozca de la rescisión del contrato, más los daños y perjuicios ocasionados en la demora de entrega de la cosa vendida, o en su defecto que conozca de las diligencias para la posesión real del bien inmueble, reitera que no existe delito de usurpación y en sustento de su tesis, alega que obra en el proceso los elementos de prueba con los que se demuestra que la intención de las partes contratantes esta viciada, en el referido contrato de compra-venta, ya que su representada lo que pretendía era un préstamo hipotecario y no la compraventa y que los argumentos esgrimidos por el a-quo para dictar auto de prisión por el delito de Usurpación, son pobres, ya que no encuadran en lo preceptuado en el artículo 92 constitucional, en relación con el artículo 297 del Código Procesal Penal, ni mucho menos en lo preceptuado en el articulo 227 del Código Penal, en cambio señala que la normativa aplicable al caso de merito es lo preceptuado en el articulo 1352 del Código Civil que preceptúa: “El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla, sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada”, norma de la que, según su parecer se colige que la supuesta ofendida al no haber tomado posesión ni recibido el bien inmueble, nunca ha ejercido ni ha tenido derecho real sobre dicho bien, y que en ese sentido no se puede subsumir la conducta de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, en el tipo penal de Usurpación; alega que la compradora lo único que acredita con la escritura es la compra del bien inmueble supuestamente usurpado; pero añade que para que exista el delito de usurpación se tiene que tener posesión material de ese derecho real y ser despojado violentamente del mismo, situación que aduce no ha ocurrido, ya que lo se ha dado es un incumplimiento de la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, por lo que su resolución compete a la jurisdicción de lo civil y no a la penal. “ esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Tribunal ad-quem de confirmar el auto de prisión dictado por el a-quo en contra de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, por suponerla responsable del delito de usurpación en perjuicio de la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por el recurrente; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución hace un análisis del articulo 227 del Código Penal, que preceptúa: “Quien usurpare un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro años (4), sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”; y llega a la conclusión que en cuanto al delito de usurpación, ya no es necesario que los elementos de intimidación o violencia se den, para que exista el referido ilícito, señalando que tampoco es necesario que la victima este en posesión del inmueble usurpado, y que en el caso de autos al haber suficientes indicios de participación de la acusada en el ilícito a ella imputada, el auto de prisión dictado en su contra reúne los requisitos que ordena el numeral uno del “ Que esta Sala devine obligada a hacer algunas acotaciones respecto de los argumentos esgrimidos en el recurso impetrado por el recurrente, argumentos tales como que el Tribunal de alzada, no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto, puesto que en el caso de autos constan pruebas que establecen que la procedencia del conflicto tiene un origen contractual y que por lo tanto le corresponde a la jurisdicción civil conocer del mismo al tenor de lo preceptuado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal; alegatos respecto de los cuales esta Sala devine en el deber de recordar que la facultad en cuanto a decidir sobre la valoración de los medios de prueba aportados por las partes en el proceso y con ello determinar la procedencia o no de dictar un auto de prisión le compete únicamente a los juzgado y tribunales de instancia, en ese orden de ideas entendemos también que la intervención del juez constitucional se dará únicamente en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo garantías constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de merito las razones facticas y jurídicas esgrimidas en cuanto al auto de prisión dictado en contra de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, no se manifiestan contrarios a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. “ Que esta Sala de lo Constitucional estima que los criterios esgrimidos por el Tribunal ad-quem en su resolución de fecha diez de septiembre del año dos mil diez, son correctos y están apegados a derecho, al estimarse por parte del referido Tribunal que existen indicios suficientes de participación de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, en el delito a ella imputada.”
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 69 (Decreto)
- Constitución de la República de Honduras, art. 82 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de septiembre del dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, mayor de edad, casado, hondureño, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 4993, con despacho legal ubicado en el local numero 504, quinto piso del Edificio Midence Soto en la ciudad de Tegucigalpa MDC., departamento de Francisco Morazán; a favor de la señora MARIZABEL FONSECA MARTINEZ, contra la sentencia dictada en fecha diez de septiembre de dos mil diez, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada y confirmó la resolución de fecha veinte de agosto de dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida en su contra por suponerla responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de abril del año dos mil diez, la abogada MIRIAN DOMINGUEZ MURILLO, actuando en su condición de agente Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal en contra de la señora MARIZABEL FONSECA MARTINEZ, por suponerla responsable del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ. (f. uno (01) al seis (06) de los antecedentes). 2) Que mediante resolución de fecha veinte de agosto de dos mil diez, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán resolvió PRIMERO: Dictar AUTO DE PRISIÓN en contra de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, por suponerla responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ; SEGUNDO: Que esta acreditado mediante documento publico, el derecho de propiedad que le asiste a la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ, y de acuerdo con lo que establece la norma sustantiva en estos casos, se le da un plazo a la imputada de 72 horas para que desaloje la vivienda de manera voluntaria y se la entregue a su legítima propietaria la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ, y TERCERO: Imponerle a la referida imputada las Medidas Cautelares distintas de prisión preventiva, mismas que se encuentran establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal. (F. 127 al 135 de los antecedentes). 3) Que en fecha diez de septiembre del año dos mil diez, la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, en su condición de apoderado legal de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, y confirmó la resolución que se deja relacionada en el numeral que precede. (F. 154 al 156 de los antecedentes).
- Que en fecha doce de enero del año dos mil once, el recurrente abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de amparo a favor de su defendida la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, aduciendo que la decisión del Ad-quem, de fecha diez de septiembre de dos mil diez, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 92 y 98 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: Que el amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la resolución impugnada en esta vía constitucional, es la dictada en fecha diez de septiembre del año dos mil diez, por la Corte Primera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, que Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, contra la resolución de fecha veinte de agosto del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; falló del ad-quem que entre otros extremos señala que en el caso de autos, los hechos por lo que se origina la controversia tienen que ver con el préstamo que por la cantidad de Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Lempiras (L. 669,000.00), se le hiciera a la señora MARIZABEL FONSECA MARTINEZ, por parte de la señora PRISILA MEMBREÑO RUIZ, préstamo que se condiciono a que la referida suma sería cancelada en el término de dos meses, caso contrario se entregaría una casa en pago; añade que posteriormente la señora MARIZABEL FONSECA MARTINEZ en fecha tres de septiembre del año dos mil ocho, otorgó ante los oficios del Notario OSCAR DOÑAS CHÁVEZ, Escritura Pública de compra-venta a favor de la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ, de un inmueble identificado como Lote número catorce (14), bloque diez (10), ubicado en la Residencial Plaza de esta ciudad, e inscrito bajo matricula número 351914, asiento No. 8 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento de Francisco Morazán. Señala el ad-quem que el artículo 227 del Código Penal tipifica y sanciona el delito de Usurpación, el que de acuerdo con el Diccionario Jurídico Cabanellas, significa “el apoderamiento de un bien inmueble mediante violencia o intimidación”, definición sobre la cual señala que el Código Penal Hondureño, ya no exige que el elemento de violencia o intimidación concurra, puesto que para que exista la comisión del delito de usurpación, bastara el apoderamiento de un bien inmueble, sin que medie dichas circunstancias, como tampoco será necesario que la víctima este o no en posesión de un inmueble, pues solo se exige que se acredite el derecho correspondiente en autos, tal como aconteció en esta oportunidad, en que existen suficientes indicios de participación de la procesada MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, en el delito que se le imputa, por lo que el auto de prisión dictado en su contra reúne los requisitos que ordena el numeral uno del párrafo segundo del artículo 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que el recurrente alega que el auto motivado dictado por el Tribunal de Alzada y que se deja relacionado en el acápite anterior es violatorio de lo dispuesto en los artículos 90, 92 y 98 de la Constitución de la República, al respecto arguye que la decisión de la referida Corte de Apelaciones es arrebatada y que no observa la realidad que aparece expuesta en el proceso original que se instruye, al soslayar lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 141 del Código Procesal Penal, en cuanto a la motivación de las resoluciones; aduce que el ad-quem no debió de haber declarado sin lugar la apelación interpuesta contra el auto de prisión dictado contra su representada, ya que según su parecer, se ha acreditado que el delito imputado, nace de una obligación contractual y por lo tanto su defendida se encuentra acogida por lo dispuesto en el articulo 98 de la Constitución de la Republica y Tratados Internacionales de los que Honduras es signatario; expone que en el caso de autos al derivarse el supuesto delito de usurpación de un contrato de compraventa, lo procedente es que ante la instancia civil se entable la acción correspondiente a fin de que la misma conozca de la rescisión del contrato, más los daños y perjuicios ocasionados en la demora de entrega de la cosa vendida, o en su defecto que conozca de las diligencias para la posesión real del bien inmueble, reitera que no existe delito de usurpación y en sustento de su tesis, alega que obra en el proceso los elementos de prueba con los que se demuestra que la intención de las partes contratantes esta viciada, en el referido contrato de compra-venta, ya que su representada lo que pretendía era un préstamo hipotecario y no la compraventa y que los argumentos esgrimidos por el a-quo para dictar auto de prisión por el delito de Usurpación, son pobres, ya que no encuadran en lo preceptuado en el artículo 92 constitucional, en relación con el artículo 297 del Código Procesal Penal, ni mucho menos en lo preceptuado en el articulo 227 del Código Penal, en cambio señala que la normativa aplicable al caso de merito es lo preceptuado en el articulo 1352 del Código Civil que preceptúa: “El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla, sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada”, norma de la que, según su parecer se colige que la supuesta ofendida al no haber tomado posesión ni recibido el bien inmueble, nunca ha ejercido ni ha tenido derecho real sobre dicho bien, y que en ese sentido no se puede subsumir la conducta de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, en el tipo penal de Usurpación; alega que la compradora lo único que acredita con la escritura es la compra del bien inmueble supuestamente usurpado; pero añade que para que exista el delito de usurpación se tiene que tener posesión material de ese derecho real y ser despojado violentamente del mismo, situación que aduce no ha ocurrido, ya que lo se ha dado es un incumplimiento de la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida, por lo que su resolución compete a la jurisdicción de lo civil y no a la penal. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, luego de estudiar el recurso de amparo y sus antecedentes, constata que en el caso subjúdice, el fondo del asunto lo constituye la decisión del Tribunal ad-quem de confirmar el auto de prisión dictado por el a-quo en contra de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, por suponerla responsable del delito de usurpación en perjuicio de la señora PRISCILA MEMBREÑO RUIZ; en ese orden de ideas, es menester entonces por parte de esta Sala establecer si la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera o no las garantías constitucionales invocadas por el recurrente; al hilo de lo anteriormente expuesto se observa que la referida resolución hace un análisis del articulo 227 del Código Penal, que preceptúa: “Quien usurpare un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro años (4), sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”; y llega a la conclusión que en cuanto al delito de usurpación, ya no es necesario que los elementos de intimidación o violencia se den, para que exista el referido ilícito, señalando que tampoco es necesario que la victima este en posesión del inmueble usurpado, y que en el caso de autos al haber suficientes indicios de participación de la acusada en el ilícito a ella imputada, el auto de prisión dictado en su contra reúne los requisitos que ordena el numeral uno del párrafo segundo del articulo 297 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que esta Sala devine obligada a hacer algunas acotaciones respecto de los argumentos esgrimidos en el recurso impetrado por el recurrente, argumentos tales como que el Tribunal de alzada, no debió de haber declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto, puesto que en el caso de autos constan pruebas que establecen que la procedencia del conflicto tiene un origen contractual y que por lo tanto le corresponde a la jurisdicción civil conocer del mismo al tenor de lo preceptuado en el ultimo párrafo del articulo 54 del Código Procesal Penal; alegatos respecto de los cuales esta Sala devine en el deber de recordar que la facultad en cuanto a decidir sobre la valoración de los medios de prueba aportados por las partes en el proceso y con ello determinar la procedencia o no de dictar un auto de prisión le compete únicamente a los juzgado y tribunales de instancia, en ese orden de ideas entendemos también que la intervención del juez constitucional se dará únicamente en aquellos casos en que la decisiones de los órganos jurisdiccionales, se hayan tomado contraviniendo garantías constitucionales; expuesto lo anterior esta Sala concluye que en el caso de merito las razones facticas y jurídicas esgrimidas en cuanto al auto de prisión dictado en contra de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, no se manifiestan contrarios a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional estima que los criterios esgrimidos por el Tribunal ad-quem en su resolución de fecha diez de septiembre del año dos mil diez, son correctos y están apegados a derecho, al estimarse por parte del referido Tribunal que existen indicios suficientes de participación de la señora MARIZABEL FONSECA MARTÍNEZ, en el delito a ella imputada.CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala de lo Constitucional estima que procede denegar la acción de amparo impetrada. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 64, 80, 90 párrafo primero, 103, 106, 183, 303, 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 294 y 297 Nº 1) del Código Procesal Penal y 227 del Código Penal, FALLA: Denegando el recurso de Amparo interpuesto por el abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, a favor de la señora MARIZABEL FONSECA MARTINEZ, contra la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil diez, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha catorce de septiembre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número 20-P117-P121=11.-
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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