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Sentencia AP-199-11 — Registro 3772

Resumen

Sentencia recurrida anula audiencia inicial donde se decreto auto de prisión contra el impetrante,donde no consta presencia de éste ni su representante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"CONSIDERANDO: Que en cuanto al objeto mismo de la apelación, como lo es la utilización como única prueba para deducir un auto de prisión en perjuicio del señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA de un documento en que consta una audiencia inicial celebrada en el juicio correspondiente a otros imputados, y en el que se encuentran declaraciones de testigos, ya que esto le priva del derecho de controvertir sus declaraciones en audiencia, es claro que este juicio de valor se corresponde efectivamente al contenido normativo de la Constitución y las leyes, y que la Corte de Apelaciones ha hecho muy bien en fundamentar que tal ejecutoria del A quo no se ajusta a derecho. Numerosa jurisprudencia y doctrina penal es coincidente en señalar el significado y alcance de la prueba documental, la cual en ningún momento puede suplantar otras fuentes de prueba que, como la testifical y pericial, tienen en la dialéctica del proceso su campo de expresión más legítimo, y en la oralidad e inmediación, su más adecuada garantía. Se cita por ejemplo, al doctrinario costarricense José María TIJERINO PACHECO, uno de los principales consultores en la reforma procesal penal que entrara en vigencia en fecha veinte de febrero de dos mil dos. Señala tan connotado autor, que el procedimiento acentuadamente oral, que es al que se aspira con la reforma procesal penal; “… Consiste en que la producción de las pruebas y los alegatos de las partes se realicen ante el tribunal que decidirá la causa. Oralidad sin inmediación es una mera ficción, enseñaba CHIOVENDA”.[1] En efecto, esa es la razón por la cual las pruebas personales, como las declaraciones de testigos y los informes de peritos, son orales cuando son rendidas en la audiencia de juicio.[2] Criterios como el expresado son de general aceptación en la doctrina y contribuyen a entender porque el medio de prueba testifical tiene en la oralidad su medio normal de desenvolvimiento y porque ésta debe constituir la norma general, precaviéndose - incluso en ley expresa – las contadas excepciones en que cabe el adelanto de prueba, como es la prueba anticipada,[3] autorizada con plenas garantías para el derecho de defensa y de conformidad a Ley.CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, cabe manifestar sobre el resolutivo adoptado por la Corte Ad quem, que es correcta la utilización de nulidades procesales en el momento procesal marcado por la etapa inicial, lo cual tiene como objeto impedir que vicios en el proceso afecten la tutela judicial debida. Son validas entonces las nulidades procesales recaídas sobre la base de infracciones flagrantes a los principios de contradicción, inmediación y audiencia, sin los cuales no puede sustentarse el debido proceso en materia penal, tal y como ocurrió en el presente caso. El objeto de la nulidad no puede ser otro que la subsanación efectiva del acto, en aras de la continuación normal del proceso,[4] no la sanción de la contraparte que dio proclividad al acto anómalo, como es la pretensión del actor, la cual es, en conjunto con su solicitud de sobreseimiento provisional, de todo un alegato de instancia, de mera legalidad, no susceptible por ende de otorgamiento ante esta alta sede de Justicia Constitucional. En consecuencia y por todo lo anteriormente expresado, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del dos mil doce.VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, a favor del señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán en fecha veintiocho de enero del año dos mil once, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la causa instruida contra el señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD), respectivamente. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violentado en perjuicio de su representado lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAUL BARNICA SOLORZANO Y JOSE ALFREDO SARMIENTO ZELAYA, por los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y FRAUDE, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA; contra el señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de LA FE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD); y contra la señora TANIA GRISELDA SANTOS CHIRINOS, por imputarle el delito de ESTAFA, en perjuicio del PROYECTO PRAF-SALUD.2) Que en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diez, en resolución tomada en continuación de Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras citado, dictó auto de prisión en contra del señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por suponerlo responsable de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA y por el delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA (PROYECTO PRAF-SALUD); imponiéndole además las medidas cautelares consignadas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal. (Folios 1103 al 1112 de autos) 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido el abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, en su condición de Defensor Privado del imputado, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintiocho de enero del año dos mil once, mediante la cual falló: “Declarando de oficio la NULIDAD de la continuación de la audiencia inicial contenida en el acta visible a folios del 1103 al 1112 del expediente en que obra el presente proceso.” (Folios 1136 al 1138 de autos). 4) El recurrente abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno de marzo del año dos mil once, reclamando amparo a favor del señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA, por considerar que la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha veintiocho de enero de dos mil once, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Habiendo sido declarado caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para la formalización del recurso, sin embargo, esta Sala consideró procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, en virtud de apreciar que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación en el escrito de interposición. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO: Que se conoce en amparo la sentencia proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE ESTA SECCION JUDICIAL en fecha veintiocho de enero de dos mil once, mediante la cual falla: “DECRETANDO DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL CONTENIDA EN EL ACTA VISIBLE A FOLIOS 1103 AL 1112 DEL EXPEDIENTE”. Que entre los antecedentes de hecho reseñados, se encuentran los siguientes: Que del examen minucioso de los hechos se desprende que en la audiencia inicial llevada a cabo contra co imputados del señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA no se contó con su presencia por motivos que no quedan establecidos en el acta respectiva. Por ende, tampoco se contó con su apoderado legal en defensa. Que en segundo lugar, se constata que en dicha audiencia declararon, entre otros, seis (6) testigos de cargo cuyo nombre se consigna, quienes habiendo sido examinados en relación a los procesos instruidos contra otros imputados hicieron referencia a la participación del señor VARELA MONCADA en los hechos juzgados. Y que en la continuación de la audiencia inicial celebrada en el proceso, la Fiscalía propuso como prueba de cargo única, el acta de audiencia inicial que ha quedado aludida, en el proceso sustanciado contra los señores RAÚL BÁRNICA SOLÓRZANO, JOSÉ ALFREDO SARMIENTO Y TANIA GRISELDA SANTOS. En dicha audiencia se encuentran la declaración de los seis (6) testigos ya referenciados. Con esa prueba fue que se dictó el auto de prisión apelado, bajo la consideración jurídica planteada por el apelante en el sentido que, en la audiencia realizada ante el A quo, no se le garantizo de modo alguno el derecho de contrainterrogar y/o presentar a su vez, otros testigos que estimará convenientes para controvertir las afirmaciones de los testigos de cargos.CONSIDERANDO: Que en la resolución impugnada se reconoce la validez de tal argumento promovido por el entonces apelante, ahora amparista, Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA. Por su relevancia jurídica reproducimos aquí el fundamento tercero de dicha sentencia de apelaciones: “3. El Código Procesal Penal dio lugar a la implementación de un proceso penal que contrario al que normaba el Código de Procedimientos Penales, es garantista de los derechos, no sólo de las víctimas, sino de los imputados, determinando que tal proceso deberá ser oral y público, y que en él deberá regir el principio de contradicción, mismo que se desagrega en que el imputado y su defensor tienen derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso, y que se complementa con la obligación de Jueces y Magistrados, de velar porque las partes tengan una efectiva igualdad de oportunidades procesales; por otra parte, dispone que las personas que deban comparecer en juicio como testigos deben ser citados por el órgano jurisdiccional y antes que inicien su deposición, serán juramentados para decir verdad e instruidos sobre las obligaciones y deberes que asumen, luego de dar sus datos personales, se les interrogará sobre los hechos que se investigan, dejándose la respectiva constancia en acta (audiencia inicial y preliminar); más aun, el citado Código aludiendo a la audiencia inicial expresa que: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes”. Finaliza el órgano colegiado jurisdiccional estableciendo que en el caso en estudio se ha hecho uso de la prueba generada en una audiencia inicial ajena al proceso, entre la cual se encontraban una declaraciones testificales, la cual le ha servido al A quo para dictar auto de prisión al imputado, por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Estafa continuada, sin que en la audiencia se haya garantizado a la defensa el derecho de controvertir tal prueba, lesionándose así, no sólo los principios de contradicción y de igualdad de oportunidades que deben prevalecer en el juicio penal, sino los derechos de defensa y al debido proceso.CONSIDERANDO: Que en la interposición del presente recurso de amparo, por parte del apoderado defensor, se aprecia claramente que su reclamo se reconduce, en lo esencial, a las consecuencias jurídicas que la Corte de Apelaciones deduce del reconocimiento de la infracción a los derechos. En un primer momento, señalando que en la causa de merito el Juez A quo no debió admitir como medio de prueba cargo por parte de la Fiscalía, un documento en que consta una audiencia inicial celebrada en el juicio correspondiente a otros imputados, y en el que se encuentran declaraciones de testigos, ya que esto le priva del derecho de controvertir sus declaraciones en audiencia. Con ello se le ha violentado a su defendido los derechos de defensa y al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Para el amparista, la problemática suscitada con la resolución que antecede es que no se resolvió conforme a su criterio jurídico como parte. Manifiesta, eso sí, que la Corte de Apelaciones hace un análisis jurídico correcto al valorar como violentados principios procesales que dimanan del artículo 294 del Código procesal penal; disposición legal que, sin embargo y en criterio del amparista, tanto el sentenciador como el A-quo (Sic.): “… soslaya y aprecia erróneamente al decretar una nulidad de oficio, pues está obligado a sancionar al que provocó el acto o actos de nulidad con un sobreseimiento provisional, dándosele la posibilidad al Ministerio Público para que durante el periodo de cinco años incorpore los elementos de prueba con las formalidades que establece la ley procesal y así garantizar un debido proceso apegado a las normas fundamentales y adjetivas”. Refiere por ende, en lugar de dictar “Sobreseimiento Provisional” para su defendido, como era su pretensión; la sentencia aludida decreta la nulidad absoluta de la continuación de audiencia inicial y que con ello se premia la negligencia del ente acusador, que en un acto de burla a la justicia pretende incorporar como único elemento de prueba en una audiencia inicial, un acta de otro proceso.CONSIDERANDO: Vistos los antecedentes del caso resulta que el agravio constitucional que propone la defensa carece de sustento real y valedero. Para esta Sala de lo Constitucional, es claro que la Corte Primera de Apelaciones ha detectado correctamente la existencia de la falta al debido proceso invocada por la parte representada por el amparista; como es una afectación a los principios de contradicción e inmediación, así como al derecho de audiencia, todos los cuales son parte constitutiva y esencial del debido proceso. La Corte ha obrado en consecuencia, dictando el pronunciamiento de nulidad que, a su razonado juicio, subsana el vicio in procedendo. En el siguiente considerando se fundamentará el primer aserto, que consideramos de talante sustantivo; mientras que en el subsiguiente, se fundamentará porque el dictado de nulidad, en lugar del sobreseimiento provisional pretendido por la defensa, se encuentra suficientemente fundado en razón procesal y en derecho congruente.CONSIDERANDO: Que en cuanto al objeto mismo de la apelación, como lo es la utilización como única prueba para deducir un auto de prisión en perjuicio del señor LUIS FERNANDO VARELA MONCADA de un documento en que consta una audiencia inicial celebrada en el juicio correspondiente a otros imputados, y en el que se encuentran declaraciones de testigos, ya que esto le priva del derecho de controvertir sus declaraciones en audiencia, es claro que este juicio de valor se corresponde efectivamente al contenido normativo de la Constitución y las leyes, y que la Corte de Apelaciones ha hecho muy bien en fundamentar que tal ejecutoria del A quo no se ajusta a derecho. Numerosa jurisprudencia y doctrina penal es coincidente en señalar el significado y alcance de la prueba documental, la cual en ningún momento puede suplantar otras fuentes de prueba que, como la testifical y pericial, tienen en la dialéctica del proceso su campo de expresión más legítimo, y en la oralidad e inmediación, su más adecuada garantía. Se cita por ejemplo, al doctrinario costarricense José María TIJERINO PACHECO, uno de los principales consultores en la reforma procesal penal que entrara en vigencia en fecha veinte de febrero de dos mil dos. Señala tan connotado autor, que el procedimiento acentuadamente oral, que es al que se aspira con la reforma procesal penal; “… Consiste en que la producción de las pruebas y los alegatos de las partes se realicen ante el tribunal que decidirá la causa. Oralidad sin inmediación es una mera ficción, enseñaba CHIOVENDA”.[1] En efecto, esa es la razón por la cual las pruebas personales, como las declaraciones de testigos y los informes de peritos, son orales cuando son rendidas en la audiencia de juicio.[2] Criterios como el expresado son de general aceptación en la doctrina y contribuyen a entender porque el medio de prueba testifical tiene en la oralidad su medio normal de desenvolvimiento y porque ésta debe constituir la norma general, precaviéndose - incluso en ley expresa – las contadas excepciones en que cabe el adelanto de prueba, como es la prueba anticipada,[3] autorizada con plenas garantías para el derecho de defensa y de conformidad a Ley.CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, cabe manifestar sobre el resolutivo adoptado por la Corte Ad quem, que es correcta la utilización de nulidades procesales en el momento procesal marcado por la etapa inicial, lo cual tiene como objeto impedir que vicios en el proceso afecten la tutela judicial debida. Son validas entonces las nulidades procesales recaídas sobre la base de infracciones flagrantes a los principios de contradicción, inmediación y audiencia, sin los cuales no puede sustentarse el debido proceso en materia penal, tal y como ocurrió en el presente caso. El objeto de la nulidad no puede ser otro que la subsanación efectiva del acto, en aras de la continuación normal del proceso,[4] no la sanción de la contraparte que dio proclividad al acto anómalo, como es la pretensión del actor, la cual es, en conjunto con su solicitud de sobreseimiento provisional, de todo un alegato de instancia, de mera legalidad, no susceptible por ende de otorgamiento ante esta alta sede de Justicia Constitucional. En consecuencia y por todo lo anteriormente expresado, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 16, 18, 59 reformado, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil doce, certificación del fallo de fecha diez de abril de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en ese Tribunal bajo el número 199-P377-P382=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Del autor citado: Mediatización de la oralidad: La perversión del juicio en la práctica judicial penal centroamericana. REVISTA JUSTICIA. Centro de Estudios Jurídicos de Honduras. (3): 21-31, Junio de 2006.

[2] Ídem. En similar o idéntico sentido DE DIEGO DIEZ, Alfredo en el libro “Los medios de prueba” (LITOCOM, Tegucigalpa M.D.C., 2001, p. 122 y ss.), donde recapitula: “… no son documentos, aunque se hallen documentados en la causa bajo la fe pública judicial, las pruebas de otra naturaleza, como la testifical (SSTS, entre muchas, 29 de noviembre de 1995, 14 de septiembre de 1989, 273/1994, de 25 de febrero, etc.)”

[3] Ver el artículo 277 del Código Procesal Penal (Decreto No. 9-99-E del 30 de diciembre de 1999).

[4] Artículo 171 del Código Procesal Penal.