Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1064-09 — Registro 3782

Resumen

Sentencia recurrida que confirmó sentencia interlocutoria mediante al cual declaró con lugar la solicitud de conmuta de pena de reclusión por pago en efectivo,dictada por el Juzgado de Ejecución con relación a la causa instruida contra el impetrante ,por considerarlo responsable de los delitos de Violencia intrafamiliar y maltrato por transgresión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"6):Que respecto de los cuestionamientos planteados por la recurrente, al manifestar que el fallo proferido por el ad-quem obvia manifiestamente lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo según su parecer que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. Respecto de lo anterior es opinión de esta sala que ello debe de valorarse cuidadosamente y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto por el juez natural al momento de realizar el cómputo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga . Habrá entonces que considerar dos supuestos, el primero de ellos es el de simultaneidad de las penas como regla general, la cual se llevará a cabo solamente si es posible. El segundo es en el caso de imposibilidad de que se cursen las penas simultáneamente, lo cual daría lugar a la situación que es precisamente alegada por la recurrente; es decir, a que la simultaneidad de las penas dé lugar a que resulte ilusoria alguna de ellas, caso en el cual las penas se deberán cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, teniendo siempre como límite objetivo de las penas acumuladas por varios delitos un tiempo de duración que no excederá de treinta (30) años.CONSIDERANDO(7): Que de lo anterior puede inferirse que no existe una forma univoca de computar y determinar la acumulación de penas en concurso real, valida para todos los casos. Ello deberá ponderarse dependiendo de una serie de externalidades que el juez natural deberá calificar, acorde a las circunstancias del caso concreto, lo cual no puede deducirse, per se, de las reglas insitas en el precepto penal del artículo 35, tantas veces citado. Debe decirse entonces que la Corte Sentenciadora, en cumplimiento de su deber de fundamentar sus resoluciones en concordancia con la Constitución y las leyes, debió establecer cuál o cuáles son los criterios que aplicados a la problemática concreta, resuelven la pluralidad semántica puesta de manifiesto, siempre con atención a la lógica y claridad conceptual que es exigencia indeclinable de la fundamentacion jurídica. Es de tomar en consideración, que ha afirmado el Ad quem en la resolución censurada que al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de ellos dos infracciones independientes, normadas en tipos penales diferentes y que al no exceder ninguna de ellas de los cinco años de reclusión, es conmutable por dinero. Sin embargo este criterio jurisdiccional no satisface las exigencias mínimas de la argumentación jurídica inherentes al derecho al debido proceso, toda vez que no se entiende como tal interpretación pueda compatibilizarse con la exigencia legal de que la aplicación simultanea sólo se posibilite de no resultar ilusoria alguna de las penas. Debe ponerse de relieve, entonces, que este aspecto de la fundamentacion racional no se desarrolló suficientemente en la motivación del caso por el Ad-quem, por lo cual resulta de merito otorgar el amparo demandado por la impetrante del recurso.CONSIDERANDO(8): Que la recurrente ha citado, en apoyo de su tesis la jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes números 2318 y 188-05, donde se establece en síntesis que en el concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad a dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable. Examinando la jurisprudencia nacional, se admite que los extractos jurisprudenciales traídos a colación por la recurrente guardan pertinencia para con el caso concreto, por lo que resulta desicivo para extraer la ratio decidendi del caso concreto, el hecho de no haberse fijado en la motivación de la sentencia cuál es el alcance y cuáles los límites de aplicación de la ley penal concerniente al caso. En ese orden de ideas y de lo anteriormente expuesto esta Sala de lo Constitucional, constata que la resolución dictada por el Ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional ha infringido la garantía constitucional del debido proceso preceptuada en el articulo primero del articulo 90 de la Constitución de la Republica; puesto que la misma no una sentencia de fondo (motivada y fundada), como parte constitutiva del derecho a un debido proceso, en virtud de lo cual resulta procedente otorgar la presente acción de amparo."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"6):Que respecto de los cuestionamientos planteados por la recurrente, al manifestar que el fallo proferido por el ad-quem obvia manifiestamente lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo según su parecer que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. Respecto de lo anterior es opinión de esta sala que ello debe de valorarse cuidadosamente y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto por el juez natural al momento de realizar el cómputo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga . Habrá entonces que considerar dos supuestos, el primero de ellos es el de simultaneidad de las penas como regla general, la cual se llevará a cabo solamente si es posible. El segundo es en el caso de imposibilidad de que se cursen las penas simultáneamente, lo cual daría lugar a la situación que es precisamente alegada por la recurrente; es decir, a que la simultaneidad de las penas dé lugar a que resulte ilusoria alguna de ellas, caso en el cual las penas se deberán cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, teniendo siempre como límite objetivo de las penas acumuladas por varios delitos un tiempo de duración que no excederá de treinta (30) años.CONSIDERANDO(7): Que de lo anterior puede inferirse que no existe una forma univoca de computar y determinar la acumulación de penas en concurso real, valida para todos los casos. Ello deberá ponderarse dependiendo de una serie de externalidades que el juez natural deberá calificar, acorde a las circunstancias del caso concreto, lo cual no puede deducirse, per se, de las reglas insitas en el precepto penal del artículo 35, tantas veces citado. Debe decirse entonces que la Corte Sentenciadora, en cumplimiento de su deber de fundamentar sus resoluciones en concordancia con la Constitución y las leyes, debió establecer cuál o cuáles son los criterios que aplicados a la problemática concreta, resuelven la pluralidad semántica puesta de manifiesto, siempre con atención a la lógica y claridad conceptual que es exigencia indeclinable de la fundamentacion jurídica. Es de tomar en consideración, que ha afirmado el Ad quem en la resolución censurada que al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de ellos dos infracciones independientes, normadas en tipos penales diferentes y que al no exceder ninguna de ellas de los cinco años de reclusión, es conmutable por dinero. Sin embargo este criterio jurisdiccional no satisface las exigencias mínimas de la argumentación jurídica inherentes al derecho al debido proceso, toda vez que no se entiende como tal interpretación pueda compatibilizarse con la exigencia legal de que la aplicación simultanea sólo se posibilite de no resultar ilusoria alguna de las penas. Debe ponerse de relieve, entonces, que este aspecto de la fundamentacion racional no se desarrolló suficientemente en la motivación del caso por el Ad-quem, por lo cual resulta de merito otorgar el amparo demandado por la impetrante del recurso.CONSIDERANDO(8): Que la recurrente ha citado, en apoyo de su tesis la jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes números 2318 y 188-05, donde se establece en síntesis que en el concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad a dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable. Examinando la jurisprudencia nacional, se admite que los extractos jurisprudenciales traídos a colación por la recurrente guardan pertinencia para con el caso concreto, por lo que resulta desicivo para extraer la ratio decidendi del caso concreto, el hecho de no haberse fijado en la motivación de la sentencia cuál es el alcance y cuáles los límites de aplicación de la ley penal concerniente al caso. En ese orden de ideas y de lo anteriormente expuesto esta Sala de lo Constitucional, constata que la resolución dictada por el Ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional ha infringido la garantía constitucional del debido proceso preceptuada en el articulo primero del articulo 90 de la Constitución de la Republica; puesto que la misma no una sentencia de fondo (motivada y fundada), como parte constitutiva del derecho a un debido proceso, en virtud de lo cual resulta procedente otorgar la presente acción de amparo."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"6):Que respecto de los cuestionamientos planteados por la recurrente, al manifestar que el fallo proferido por el ad-quem obvia manifiestamente lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo según su parecer que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. Respecto de lo anterior es opinión de esta sala que ello debe de valorarse cuidadosamente y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto por el juez natural al momento de realizar el cómputo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga . Habrá entonces que considerar dos supuestos, el primero de ellos es el de simultaneidad de las penas como regla general, la cual se llevará a cabo solamente si es posible. El segundo es en el caso de imposibilidad de que se cursen las penas simultáneamente, lo cual daría lugar a la situación que es precisamente alegada por la recurrente; es decir, a que la simultaneidad de las penas dé lugar a que resulte ilusoria alguna de ellas, caso en el cual las penas se deberán cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, teniendo siempre como límite objetivo de las penas acumuladas por varios delitos un tiempo de duración que no excederá de treinta (30) años.CONSIDERANDO(7): Que de lo anterior puede inferirse que no existe una forma univoca de computar y determinar la acumulación de penas en concurso real, valida para todos los casos. Ello deberá ponderarse dependiendo de una serie de externalidades que el juez natural deberá calificar, acorde a las circunstancias del caso concreto, lo cual no puede deducirse, per se, de las reglas insitas en el precepto penal del artículo 35, tantas veces citado. Debe decirse entonces que la Corte Sentenciadora, en cumplimiento de su deber de fundamentar sus resoluciones en concordancia con la Constitución y las leyes, debió establecer cuál o cuáles son los criterios que aplicados a la problemática concreta, resuelven la pluralidad semántica puesta de manifiesto, siempre con atención a la lógica y claridad conceptual que es exigencia indeclinable de la fundamentacion jurídica. Es de tomar en consideración, que ha afirmado el Ad quem en la resolución censurada que al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de ellos dos infracciones independientes, normadas en tipos penales diferentes y que al no exceder ninguna de ellas de los cinco años de reclusión, es conmutable por dinero. Sin embargo este criterio jurisdiccional no satisface las exigencias mínimas de la argumentación jurídica inherentes al derecho al debido proceso, toda vez que no se entiende como tal interpretación pueda compatibilizarse con la exigencia legal de que la aplicación simultanea sólo se posibilite de no resultar ilusoria alguna de las penas. Debe ponerse de relieve, entonces, que este aspecto de la fundamentacion racional no se desarrolló suficientemente en la motivación del caso por el Ad-quem, por lo cual resulta de merito otorgar el amparo demandado por la impetrante del recurso.CONSIDERANDO(8): Que la recurrente ha citado, en apoyo de su tesis la jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes números 2318 y 188-05, donde se establece en síntesis que en el concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad a dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable. Examinando la jurisprudencia nacional, se admite que los extractos jurisprudenciales traídos a colación por la recurrente guardan pertinencia para con el caso concreto, por lo que resulta desicivo para extraer la ratio decidendi del caso concreto, el hecho de no haberse fijado en la motivación de la sentencia cuál es el alcance y cuáles los límites de aplicación de la ley penal concerniente al caso. En ese orden de ideas y de lo anteriormente expuesto esta Sala de lo Constitucional, constata que la resolución dictada por el Ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional ha infringido la garantía constitucional del debido proceso preceptuada en el articulo primero del articulo 90 de la Constitución de la Republica; puesto que la misma no una sentencia de fondo (motivada y fundada), como parte constitutiva del derecho a un debido proceso, en virtud de lo cual resulta procedente otorgar la presente acción de amparo."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., treinta y uno de enero de dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público, a favor de la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, casada, licenciada en derecho, Y NELSON FERNANDO SALGADO BARAHONA, menor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio; contra la sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de mayo del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra el señor NELSON LUCIANO SALGADO NUÑEZ, por considerarlo responsable de los delitos de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y MALTRATO POR TRASGRESION en perjuicio de la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA y el menor NELSON FERNANDO SALGADO BARAHONA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de octubre del año dos mil uno, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, actuando en su condición personal, presentando acusación criminal contra el señor NELSON LUCIANO SALGADO NUÑEZ, por considerarlo responsable del delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA, en perjuicio de SU PERSONA Y SUS MENORES HIJOS.2) Que en fecha veinticinco de mayo del año dos mil cuatro, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia definitiva, mediante la cual condenó al señor NELSON LUCIANO SALGADO NUÑEZ a las penas de dos años seis meses de reclusión por el delito de MALTRATO POR TRASGRESION y tres años de reclusión por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA Y NELSON FERNANDO SALGADO BARAHONA, en virtud de haberse llegado a la convicción de que se cumplen los elementos de los tipos penales imputados al sentenciado.3) Que en fecha seis de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria mediante al cual declaró con lugar la solicitud de conmuta de pena de reclusión por pago en efectivo a favor del señor NELSON LUCIANO SALGADO NUÑEZ, fijando como cuantía de la conmuta la cantidad de veinte mil Lempiras exactos (L.20,000.00), por considerar que las penas de reclusión que le fueron impuestas no exceden de cinco años; citando como fundamento de su decisión el artículo 61 del Código Penal.4) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, declaró no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada VILMA LUCIA ARIAS LAINEZ, en su condición de fiscal del Ministerio Público y confirmó la sentencia interlocutoria que se deja relacionada en el numeral que precede, por considerar que todas las penas impuestas por varios delitos, cuando han sido cometidos en concurso real, y siempre que las mismas no excedan de los cinco años, cada una, son conmutables por dinero, a razón de diez Lempiras por día, como lo determina el artículo 61 numeral 2) del Código Penal.5) En fecha veintiséis de agosto del año dos mil nueve, la recurrente abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, compareció ante esta Sala de lo constitucional, reclamando amparo a favor de la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA y el menor NELSON FERNANDO SALGADO BARAHONA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 95, 303 y 323 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO(1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta puede interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO(2): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, en la cual declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y confirmó la resolución del A-quo; por considerar que los beneficios otorgados en el caso son conforme a derecho, ya que si bien en dicho proceso el condenado no incurrió en un solo hecho constitutivo de varios delitos, tampoco en infracción única, considerada como medio necesario para materializar otras infracciones, por el contrario, al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de ellos, dos infracciones independientes, normadas en tipos penales diferentes.CONSIDERANDO(3): Que se impone analizar en sede constitucional el planteamiento de la abogada NELLIE JEANNETTE VALLEJO DIAZ, en su condición de Fiscal adscrita a la Fiscalia Especial para la Defensa de la Constitución, consistente en que la resolución de alzada de la que se demanda amparo es violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, según se establece en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República que regulan el debido proceso, y el principio de legalidad en relación con los artículos 303 y 323 referentes al imperio de la ley.CONSIDERANDO (4): Que la recurrente de amparo expone tanto en la interposición como en la formalización del recurso que el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, comprende la libertad de acceso a la justicia, el derecho a obtener una sentencia de fondo (motivada y fundada) en un tiempo razonable, y, que esa sentencia se cumpla, o sea la ejecutoriedad del fallo. De lo contrario el reconocimiento de los derechos establecidos en la sentencia sería vano, una mera declaración de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica, pues la ejecución de la sentencia debe satisfacer las pretensiones de justicia que son inherentes a la sociedad como parte interesada en el proceso. En el caso concreto es la falta de ejecutoriedad de un fallo lo que ha vulnerado este derecho fundamental, pues la sentencia dictada por la Corte recurrida se basa en que “el imputado fue juzgado y condenado por haber cometido dos hechos totalmente separado uno de otro, produciendo con cada uno de estos hechos, dos infracciones también independientes, que además están normadas en tipos penales diferentes”. Señala que tal interpretación no es conforme a derecho pues obvia lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo claramente que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. El concurso real de delitos es, en concepto de la recurrente, un supuesto de pluralidades de acciones u omisiones realizadas por un sujeto siendo cada una de ellas constitutiva de un delito independiente. En el presente caso se dictó en una sentencia definitiva condenando al imputado, señor NELSON LUCIANO SALGADO NUÑEZ, por la comisión de los delitos de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, en perjuicio de la señora MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA y del menor NELSON FERNANDO SALGADO BARAHONA, determinándose la pena correspondiente a cada uno de ellos de conformidad al artículo 338 del Código Procesal Penal. Este es un caso de concurso real de delitos, debiendo ser acumuladas las penas de tres (3) años de reclusión por el delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, y de dos (2) años seis meses de reclusión por el delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN, de conformidad al artículo 35 del Código penal a efecto de condenar al reo a la suma de las penas, es decir a cinco (5) años seis (6) meses de reclusión, pues no se pueden cumplir simultáneamente por resultar ilusoria entonces la aplicación de cada una de ellas. Por ello no es procedente lo efectuado por el Ad-quem de aplicar un beneficio para cada delito en forma independiente, y cabía únicamente aplicar un beneficio en cuanto a la totalidad de las penas acumuladas, concluyendo por tanto, que no debió otorgarse el beneficio de conmuta ni el de libertad condicional por exceder el cómputo de cinco (5) años de reclusión.CONSIDERANDO(5): Esgrime, por otra parte, la recurrente el apoyo de jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, específicamente las sentencias de los expedientes número 2318 de fecha diecinueve de febrero del año dos mil cuatro, y la identificada como del expediente 188-05, donde se establece en la primera de ellas que en el caso del concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno y condenar al reo de conformidad a dicha suma; mientras que la segunda sentencia refiere que (…) las penas impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable (…). Finalmente, manifiesta que el derecho que se establece como violado por la no aplicación del artículo 35 del Código Penal es el derecho a la tutela judicial efectiva (en relación al debido proceso); pues la sentencia cuestionada fundamenta su resolución en que todas las penas impuestas por varios delitos cuando han sido cometidas en concurso real, siempre que no excedan de cinco años cada una, son conmutables por dinero no siendo obstáculo para el caso particular que la suma de todas las penas sea superior a los cinco años, obviando la recta aplicación de la normativa penal señalada. Y que se dicta, asimismo, en contra de la misma sentencia definitiva en la cual se han establecido los delitos y penas exactas a las que fue condenada la persona beneficiaria del recurso, en evidente violación a lo prescrito en los artículos 303, y 323 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO(6):Que respecto de los cuestionamientos planteados por la recurrente, al manifestar que el fallo proferido por el ad-quem obvia manifiestamente lo establecido en el artículo 35 del Código Penal que ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe darse al mismo, estableciendo según su parecer que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, que consiste en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos. Respecto de lo anterior es opinión de esta sala que ello debe de valorarse cuidadosamente y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto por el juez natural al momento de realizar el cómputo de la pena y subsecuentes resoluciones en cuanto a beneficios que la ley otorga[1]. Habrá entonces que considerar dos supuestos, el primero de ellos es el de simultaneidad de las penas como regla general, la cual se llevará a cabo solamente si es posible. El segundo es en el caso de imposibilidad de que se cursen las penas simultáneamente, lo cual daría lugar a la situación que es precisamente alegada por la recurrente; es decir, a que la simultaneidad de las penas dé lugar a que resulte ilusoria alguna de ellas, caso en el cual las penas se deberán cumplir sucesivamente, principiando por las mayores, teniendo siempre como límite objetivo de las penas acumuladas por varios delitos un tiempo de duración que no excederá de treinta (30) años.CONSIDERANDO(7): Que de lo anterior puede inferirse que no existe una forma univoca de computar y determinar la acumulación de penas en concurso real, valida para todos los casos. Ello deberá ponderarse dependiendo de una serie de externalidades que el juez natural deberá calificar, acorde a las circunstancias del caso concreto, lo cual no puede deducirse, per se, de las reglas insitas en el precepto penal del artículo 35, tantas veces citado. Debe decirse entonces que la Corte Sentenciadora, en cumplimiento de su deber de fundamentar sus resoluciones en concordancia con la Constitución y las leyes, debió establecer cuál o cuáles son los criterios que aplicados a la problemática concreta, resuelven la pluralidad semántica puesta de manifiesto, siempre con atención a la lógica y claridad conceptual que es exigencia indeclinable de la fundamentacion jurídica. Es de tomar en consideración, que ha afirmado el Ad quem en la resolución censurada que al imputado se le juzgó y condenó por haber cometido dos hechos totalmente separados uno de otro, produciendo con cada uno de ellos dos infracciones independientes, normadas en tipos penales diferentes y que al no exceder ninguna de ellas de los cinco años de reclusión, es conmutable por dinero. Sin embargo este criterio jurisdiccional no satisface las exigencias mínimas de la argumentación jurídica inherentes al derecho al debido proceso, toda vez que no se entiende como tal interpretación pueda compatibilizarse con la exigencia legal de que la aplicación simultanea sólo se posibilite de no resultar ilusoria alguna de las penas. Debe ponerse de relieve, entonces, que este aspecto de la fundamentacion racional no se desarrolló suficientemente en la motivación del caso por el Ad-quem, por lo cual resulta de merito otorgar el amparo demandado por la impetrante del recurso.CONSIDERANDO(8): Que la recurrente ha citado, en apoyo de su tesis la jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, y específicamente las sentencias de los expedientes números 2318 y 188-05, donde se establece en síntesis que en el concurso real se deben imponer las penas correspondientes a cada uno (de los delitos) y condenar al reo de conformidad a dicha suma, y que, las penas (así) impuestas por ambas infracciones se convierten en una sola e indivisible que es inseparable. Examinando la jurisprudencia nacional, se admite que los extractos jurisprudenciales traídos a colación por la recurrente guardan pertinencia para con el caso concreto, por lo que resulta desicivo para extraer la ratio decidendi del caso concreto, el hecho de no haberse fijado en la motivación de la sentencia cuál es el alcance y cuáles los límites de aplicación de la ley penal concerniente al caso. En ese orden de ideas y de lo anteriormente expuesto esta Sala de lo Constitucional, constata que la resolución dictada por el Ad-quem y que se ha recurrido mediante esta vía constitucional ha infringido la garantía constitucional del debido proceso preceptuada en el articulo primero del articulo 90 de la Constitución de la Republica; puesto que la misma no una sentencia de fondo (motivada y fundada), como parte constitutiva del derecho a un debido proceso, en virtud de lo cual resulta procedente otorgar la presente acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90 párrafo primero, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional, y 35 del Código Penal vigente; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, para que la Corte Ad-quem dicte una nueva resolución debidamente motivada y fundada. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello.- JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. COORDINADOR. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ATURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de marzo del año dos mil doce, certificación del fallo de fecha tienta y uno de enero de dos mil doce, recaído en el recurso de Amparo Penal, registrado en ese Tribunal bajo el número 1064-p841=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Ello, con observancia de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Resolución adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; y de la Ley de Rehabilitación del Delincuente.