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Sentencia AL-820-10 — Registro 4946

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar excepción dilatoria de falta de representación legal del demadado con relación a la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a puesto de trabajo promovida por las señoras Ana Maritza Valladares Corrales, Edith Geraldina Bacila Sánchez, Diana Maritza Valerio Castellanos, Marco Antonio Moreno Cálix contra el FONDO VIAL ente desconcentrado de la Fondo Vial ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en relación a la Demanda Ordinaria Laboral de Reinstalación a puesto de Trabajo en iguales o mejores condiciones y a Título de Daños y Perjuicios, Pago de Salarios dejados de percibir en virtud de despido ilegal e injusto instruida contra el FONDO VIAL, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."al analizar la resolución censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, apoya su resolución en los siguientes hechos: 1.- Que el recurrente contestó la demanda Ordinaria Laboral de Reinstalación a puesto de Trabajo en iguales o mejores condiciones y a Título de Daños y Perjuicios, Pago de Salarios dejados de percibir en virtud de Despido ilegal e injusto, promovida contra el FONDO VIAL a través de su representante legal el Ingeniero HUGO ALFREDO ARDON SORIANO. 2.- Aceptación de que los trabajadores demandantes laboraban para el FONDO VIAL y que fueron objeto de despido. 3.- Que la Excepción Dilatoria de falta de Representación del demandado de previo y especial pronunciamiento debió proponerse en la contestación de la demanda, argumentos con los que declaró Sin Lugar la Excepción planteada, tal y como consta en autos. A la luz de los conceptos expresados en acápites anteriores y de acuerdo al Decreto Legislativo No.17-2010 que contiene “La Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, publicado el día 22 de abril del año 2010, en el Diario Oficial La Gaceta No.32,193, mediante el cual se concentra la Defensa de los intereses del Estado en la Procuraduría General de la República..."..."esta Sala observa que desde el momento mismo de la presentación de la demanda, el A-quo debió aplicar lo dispuesto en los artículos 703 y 706 Código del Trabajo, en relación a la presentación y contenido de la demanda, específicamente en el caso que nos ocupa, el nombre de las partes y el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por si mismas, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el referido Artículo 706 en cuanto a que, “antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el juez observare que no se reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 703 de esta ley, la devolverá al actor para que subsane las deficiencias que le señale..."..."esta Sala observa que desde el momento mismo de la presentación de la demanda, el A-quo debió aplicar lo dispuesto en los artículos 703 y 706 Código del Trabajo, en relación a la presentación y contenido de la demanda, específicamente en el caso que nos ocupa, el nombre de las partes y el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por si mismas, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el referido Artículo 706 en cuanto a que, “antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el juez observare que no se reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 703 de esta ley, la devolverá al actor para que subsane las deficiencias que le señale..."..."Estima además esta Sala que el Tribunal de Alzada ha fallado en su función correctiva violentando el Debido Proceso cuando inobserva los requisitos y exigencias a los que debe ceñirse toda resolución dictada por un órgano jurisdiccional, en apego estricto al cumplimiento de la ley, en este caso el cumplimiento al Decreto Legislativo No. 17-2010 contentivo de “La Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, cuyo cumplimiento no es potestativo sino de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares puede disponer a su arbitrio cuando aplicarlo o no..."..."esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio a los antecedentes y la formalización de la demanda de amparo observa que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el Debido Proceso del recurrente, por inobservar los requerimientos, requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar una ley de orden público, cuyo cumplimiento resulta ineludible en un Estado de Derecho lo que trae como consecuencia la lesión del Debido Proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de Noviembre del dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, a favor del FONDO VIAL, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de Diciembre del año dos mil diez, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia Interlocutoria de fecha veinte de Octubre del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a puesto de trabajo promovida por las señoras ANA MARITZA VALLADARES CORRALES, EDITH GERALDINA BACILA SANCHEZ, DIANA MARITZA VALERIO CASTELLANOS y el señor MARCO ANTONIO MORENO CALIX contra el FONDO VIAL ente desconcentrado de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de Agosto de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; las señoras ANA MARITZA VALLADARES CORRALES, EDITH GERALDINA BACILA SANCHEZ, DIANA MARITZA VALERIO CASTELLANOS y el señor MARCO ANTONIO MORENO CALIX, en su condición personal, interponiendo demanda laboral de primera instancia para el reintegro a sus respectivos puestos de trabajo, pago de salario dejados de percibir y costas del juicio, contra el FONDO VIAL ente desconcentrado de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). Por medio de su representante legal el Ingeniero HUGO ALFREDO ARDON SORIANO. (Folio 01 al 05 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha seis de Octubre del año dos mil diez, en la Audiencia Primera de Tramite, el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, actuando en su condición de Apoderado Legal del FONDO VIAL, interpuso Excepción Dilatoria de Falta de Representación Legal del Demandado, fundamentando su petición en el ordinal 3º del Artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles. (Folio 26 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que el referido Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria de fecha veinte de Octubre de dos mil diez, en la cual fallo: “1) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE FALTA DE REPRESENTACION LEGAL DEL DEMANDADO. Opuesta por el Apoderado Legal de la Parte demandada…” (Folio 54 al 56 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, a favor del FONDO VIAL, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de Diciembre de dos mil diez, “FALLA: 1º Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de Apoderado Apelante-Demandado.- 2º CONFIRMANDO la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha 20 de octubre del año 2010…..- 3º SIN COSTAS en esta instancia…” . 5) Que el recurrente Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, compareció ante este Tribunal, en diecisiete de Diciembre del año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor del FONDO VIAL ente desconcentrado de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha diez de Diciembre de dos mil diez, violenta en perjuicio de su representado, el derecho a la defensa, reconocido en el Artículo 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha doce de Agosto de dos mil once. 6) Que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, el Abogado MARIO RENE ALBERTO ALONZO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen en el cual es de la opinión porque SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha diez Diciembre del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de Apoderado Apelante-Demandado, contra la sentencia interlocutoria de fecha 20 de Octubre del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda Ordinaria Laboral de Reinstalación a puesto de Trabajo en iguales o mejores condiciones y a Título de Daños y Perjuicios, Pago de Salarios dejados de percibir en virtud de despido ilegal e injusto instruida contra el FONDO VIAL, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a través del Director Ejecutivo del FONDO VIAL, Ingeniero HUGO ALFREDO ARDON SORIANO. CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del Recurso el impetrante considera que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa consagrado en el Artículo 82, Derecho al Debido Proceso contenido en el Artículo 90, el Derecho a la Seguridad Jurídica del Artículo 321 y 323 de la Constitución de la República. Manifiesta que la Corte de Apelaciones del Trabajo, declaró Sin Lugar el recurso de apelación que había interpuesto, declarando de esta manera Sin Lugar, la Excepción Dilatoria de Falta de Representación Legal del demandado, bajo el argumento de que en el libelo de contestación de la demanda, se aceptó la existencia de una relación laboral entre los demandantes y su representado “EL FONDO VIAL”, obviando por completo tanto el Ad-Quem como el A-Quo, la existencia del decreto legislativo No. 17-2010, de fecha veintidós de abril del año dos mil diez, contentivo de LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, que en su Artículo 64 expresa “Para los efectos de la Defensa Legal de los Intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Procuraduría general de la República asumirá la representación Legal de las Instituciones del Gobierno Central incluyendo los órganos desconcentrados…”. Señala que la demanda instruida contra el FONDO VIAL entidad desconcentrada de SOPTRAVI, fue admitida y como consecuencia de ello se citó y emplazó para su contestación al Ingeniero HUGO ALFREDO ARDON SORIANO en su condición de DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO VIAL, lo que no era procedente debido a que el veintidós de abril del año dos mil diez salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Legislativo No.17-2010 contentivo de LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, que establece en su Artículo 64 que la representación legal de las instituciones del Estado, incluyendo los entes desconcentrados sería asumida por la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, sin embargo en el caso que nos ocupa se citó al señor Director Ejecutivo del FONDO VIAL para que contestara la demanda, razón por la que en la audiencia Primera de Trámite opuso la Excepción Dilatoria antes referida. Manifiesta además que la no observancia de la norma legal antes indicada violenta el principio del Debido Proceso contemplado en el Artículo 90 constitucional. CONSIDERANDO: (5) Que el Ad-Quem en su resolución hace una relación circunstanciada de las resoluciones dictadas por el A-Quo desde la audiencia primera de trámite, momento procesal en que el recurrente interpone la Excepción Dilatoria de falta de representación legal de la parte demandada, hasta la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en que falló declarando Sin Lugar la Excepción planteada. Dejando establecido el Ad-Quem que al contestar la demanda el recurrente aceptó el hecho primero de la demanda, además aceptó que los demandantes laboraban para el FONDO VIAL y reconoció que fueron objeto de despedido. Dice además que la excepción dilatoria de Falta de Representación del Demandado, es de previo y especial pronunciamiento y en la contestación de la demanda no se pronuncia sobre ella ni propone nada, por lo que considera procedente declarar Sin Lugar la Excepción interpuesta. CONSIDERANDO: (6) Que las excepciones son medios de defensa de los que pueden hacer uso las partes, denominadas dilatorias que tienen por objeto solamente detener o dilatar la entrada al juicio, sin que se destruya o enerve la acción interpuesta que daría lugar a excepciones perentorias[1]. Las excepciones dilatorias en caso de prosperar excluyen temporalmente un pronunciamiento sobre el derecho del actor, de manera tal, que solo hacen perder a la pretensión su eficacia actual, pero no impide que esta sea satisfecha, una vez eliminados los defectos de que adolecía, la representación legal del demandado y que ahora con un contenido más expresivo se denomina “LEGITIMATIO AD Processun”, que es la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, que es necesario poseer para ser sujeto de una relación procesal y poder realizar actos procesales válidos y con eficacia jurídica. Por otra parte la falta de personalidad o ausencia de "legitimatio ad processum" impide que se pueda entrar al conocimiento de la cuestión de fondo. La falta de personalidad puede tener su origen en si misma, o porque no se ostente el carácter o representación con que dicho acto procesal debe efectuarse. En relación a las excepciones, en materia Laboral, el Artículo 710 del Código del Trabajo señala de manera clara y precisa que se deben proponer todas las excepciones que crea tener en su favor, en la contestación de la demanda o en la primera audiencia de trámite, tal y como ocurren en el caso sub judice, en que el recurrente planteó la excepción dilatoria referida en el momento de la audiencia primera de trámite. CONSIDERANDO: (7) Que la representación legal es una institución jurídica por medio de la cual una persona actúa en interés del representado sobre quien recaen los efectos jurídicos de su gestión, instituida para garantizar la tutela de los intereses ya sea del Estado o de particulares. Para MONTERO AROCA: La legitimación consiste simplemente, en las afirmaciones que realiza el actor: “Tener legitimidad para obrar se refiere a ser la persona que de conformidad con la ley sustancial puede formular (legitimación activa) o contradecir (legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda”. CONSIDERANDO: (8) Que al analizar la resolución censurada, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, apoya su resolución en los siguientes hechos: 1.- Que el recurrente contestó la demanda Ordinaria Laboral de Reinstalación a puesto de Trabajo en iguales o mejores condiciones y a Título de Daños y Perjuicios, Pago de Salarios dejados de percibir en virtud de Despido ilegal e injusto, promovida contra el FONDO VIAL a través de su representante legal el Ingeniero HUGO ALFREDO ARDON SORIANO. 2.- Aceptación de que los trabajadores demandantes laboraban para el FONDO VIAL y que fueron objeto de despido. 3.- Que la Excepción Dilatoria de falta de Representación del demandado de previo y especial pronunciamiento debió proponerse en la contestación de la demanda, argumentos con los que declaró Sin Lugar la Excepción planteada, tal y como consta en autos. A la luz de los conceptos expresados en acápites anteriores y de acuerdo al Decreto Legislativo No.17-2010 que contiene “La Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, publicado el día 22 de abril del año 2010, en el Diario Oficial La Gaceta No.32,193, mediante el cual se concentra la Defensa de los intereses del Estado en la Procuraduría General de la República, que constitucionalmente lo representa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta Magna, siendo una de sus atribuciones contestar cualquier tipo de demandas o acciones que los particulares promuevan contra el Estado, según lo dispuesto en su artículo 64: “Para efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios o demandas incoadas en su contra, a partir de la vigencia del presente Decreto, la Procuraduría General de la República asumirá la Representación Legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los Órganos Desconcentrados. En tal sentido se faculta a dicha institución para que certifique si lo considera necesario a los auxiliares de las diferentes Secretarías de Estado y Órganos Desconcentrados, para que presten servicio de representación y procuración legal o se contraten profesionales del derecho debidamente calificados y de reconocida experiencia para una defensa eficaz”. Será la Procuraduría General de la República quien deberá representar los intereses del Estado en la demandas que se presentan contra los órganos Desconcentrados como el FONDO VIAL, que por si mismo no tiene facultades para responder de las obligaciones derivadas de su gestión. Por lo que analizados detalladamente los antecedentes esta Sala observa que desde el momento mismo de la presentación de la demanda, el A-quo debió aplicar lo dispuesto en los artículos 703 y 706 Código del Trabajo, en relación a la presentación y contenido de la demanda, específicamente en el caso que nos ocupa, el nombre de las partes y el de sus representantes, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por si mismas, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el referido Artículo 706 en cuanto a que, “antes de ordenar el traslado de la demanda, y si el juez observare que no se reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 703 de esta ley, la devolverá al actor para que subsane las deficiencias que le señale. La demanda podrá ser aclarada, corregida o enmendada dentro de la primera audiencia de trámite. Si así ocurriere, el demandado podrá contestarla en el acto o solicitar que se señale nueva audiencia, que deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días siguientes”. La que una vez subsanada permitirá citar y emplazar a la Procuraduría General de la República a través de su representante, como la Institución encargada de representar al Estado de Honduras en este tipo de demandas, en estricto apego al cumplimiento de las normas que son de orden público, por lo tanto los particulares no pueden disponer de las mismas, ni desconocerla, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la señalada ley contenida en el Decreto Legislativo No. 17-2010, que sucedió meses antes de interponerse la Demanda origen del conflicto. Estima además esta Sala que el Tribunal de Alzada ha fallado en su función correctiva violentando el Debido Proceso cuando inobserva los requisitos y exigencias a los que debe ceñirse toda resolución dictada por un órgano jurisdiccional, en apego estricto al cumplimiento de la ley, en este caso el cumplimiento al Decreto Legislativo No. 17-2010 contentivo de “La Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público”, cuyo cumplimiento no es potestativo sino de ineludible aplicación, puesto que ni los órganos jurisdiccionales ni los particulares puede disponer a su arbitrio cuando aplicarlo o no. CONSIDERANDO:(9) Que el debido proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el Artículo 90 de la Carta Magna “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Por otra parte la Seguridad Jurídica se basa en la certeza del respeto al derecho tanto en su publicidad como en su aplicación, es una condición esencial del Estado de Derecho, que deriva de una serie de derechos reconocidos constitucionalmente, en el que descansa el Sistema de Administración de Justicia, en consecuencia inherente al debido proceso; por lo que la vulneración al mismo, percibida en la resolución del Ad-Quem, objeto del presente recurso debe ser emendada de conformidad al Derecho de la Constitución. CONSIDERANDO: (10) Que el recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno del Estado de Honduras, entre ellos La Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus Artículos 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14. 1., La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Artículo 8. Esta Sala observa que el Derecho de defensa no se ha vulnerado por cuanto el recurrente ha intervenido desde el inicio del proceso, así como que ha hecho uso de cuantos recursos le otorga la ley para ejercer plenamente el derecho a la defensa. CONSIDERANDO:(11) Que el Ministerio Público al emitir su dictamen en fecha veintisiete de septiembre del año dos mil once, fue de la opinión que “la resolución que ha emitido la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha 10 de Diciembre del 2010, lesiona al recurrente el Debido Proceso consignado en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por lo que la demanda debe otorgarse”. CONSIDERANDO:(12) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. Esta Sala de lo Constitucional, luego del estudio a los antecedentes y la formalización de la demanda de amparo observa que el Tribunal de Alzada ha vulnerado el Debido Proceso del recurrente, por inobservar los requerimientos, requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar una ley de orden público, cuyo cumplimiento resulta ineludible en un Estado de Derecho lo que trae como consecuencia la lesión del Debido Proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 80, 82, 90, 321, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 24, y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 703, 706 y 710 del Código de Trabajo; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41 No.1, 45, 48, 63, 65, de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de Apoderado Apelante-Demandado, contra la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. REDACTO EL MAGISTRADO GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA DE WILLIAMS. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL. »

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de diciembre de dos mil doce, certificación de la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil doce, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número 820=10/58-86=11.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Tito Livio Tabora. Código Civil de >Honduras, sus fuentes, concordancias, referencias y notas. Tomo IV Volumen I De Las Obligaciones. Imprenta Soto. Pág.327.