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Sentencia AL-814-10 — Registro 4959

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación y reformó parcialmente sentencia interlocutoria dictada por juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal e injusto promovida por la recurrente contra el Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Las relaciones entre el estado, el Departamento y el municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan; disposición legal relacionada con el artículo 246 constitucional que prescribe: “Las Secretarías de Estado son órganos de la Administración general del país y dependen directamente del Presidente de la República. La ley determinará su número, organización competencia funcionamiento del consejo de Ministerios” Siendo que el Poder Ejecutivo y la entidades estatales forma parte de la Administración Pública según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que solo podrán impugnarse en vía Contencioso Administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviere protegido por una ley especial, artículo 109 de la ley antes mencionada, en este caso la ley del Servicio Civil, consecuentemente las pretensiones relacionadas con actos de carácter particular o general de la administración pública estará sujeta al derecho administrativo según el artículo I de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que además conocerá según el artículo 3 literal a) del mismo cuerpo legal, “Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución y rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, las Municipalidades y por las Instituciones autónomas, como ser los relativos a los contratos de servicios profesionales o técnicos. Siguiendo este orden de ideas la controversia debe ser conocida y decidida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo..."..."del análisis de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa que los representados del recurrente fueron empleados del Periódico El Poder Ciudadano, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, que de acuerdo a la Constitución de la República es un ente centralizado dependiente del Gobierno Central por lo que debe regirse por la legislación de Derecho Administrativo aplicable, por otra parte resulta obvio que los representados del recurrente mantenían una relación laboral con el Estado, ya que formaban parte del personal de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia por lo se encontraban en condición de servidores públicos, lo que así resulta probado aún, con los mimos medios de prueba evacuados por el representante de los demandantes, por lo que están sujetos al Régimen de Servicio Civil, en consecuencia le corresponde a la jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo conocer las pretensiones de los demandantes, que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Por todo ello es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competente para conocer esta controversia..."..."el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado esta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual se desprende que, si por ejemplo y en tales circunstancias, la demanda se hubiere interpuesto erróneamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando lo correcto era hacerlo ante la Jurisdicción del Trabajo, la interposición de la demanda ante aquella Jurisdicción, pese a ser incompetente produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción correspondiente, permitiendo al demandante, el ejercicio de la acción correspondiente ante el Juzgado de lo Laboral. En este sentido podemos afirmar que, aunque la demanda haya sido presentada ante un órgano jurisdiccional incompetente, es innegable que existe una actividad del titular del derecho, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción..."..."en atención a las razones anteriormente expuestas, es procedente DENEGAR el amparo interpuesto, de tal manera que el recurrente, dentro del término de los diez días que le debe conceder el Juez del Trabajo de Primera Instancia, pueda ejercer su derecho a presentar las acciones que le competan ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de Noviembre del dos mil doce. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, a favor de los señores HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil diez, que declaró con lugar el recurso de apelación y reformó parcialmente la sentencia interlocutoria de fecha veinte de agosto del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; con relación a la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo ilegal e injusto, promovida por los señores HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 64, 80, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República.

ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil nueve, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, los señores HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, promoviendo demanda Ordinaria Laboral, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo ilegal e injusto, el pago de los salarios dejados de percibir, pago de horas extras, salarios caídos y las costas del juicio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal la Procuradora General de la República ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO. 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con fecha veinte de agosto del año dos mil diez, dicto sentencia interlocutoria mediante la cual declaró; 1) sin lugar la excepción dilatoria de incompetencia de tribunal ante quien se hubiere interpuesto la demanda, opuesta por el apoderado de la parte demandada; y 2) sin costas en esta instancia. (FOLIOS (106) ciento seis al (109) ciento nueve). 3) Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil diez, dicto sentencia mediante la cual declaró; I) con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWIN NATAN PINTO FLORES, apoderado legal de la parte demandada; II) reformó parcialmente la sentencia interlocutoria proferida en fecha veinte de agosto del año dos mil diez, por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, a través de su representante legal la Procuradora General de la República Abogada ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, pago de la salarios dejados de percibir, pago de horas extras, salarios caídos y las costas del juicio, en los términos siguientes: UNO: REVOCAR el numeral I) de la parte resolutiva del fallo que declara sin lugar la Excepción Dilatoria de Incompetencia, en consecuencia: a) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION DILATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE HUBIERE INTERPUESTO LA DEMANDA, planteada por el apoderado legal de la parte demandada.- DOS: CONFIRMAR el numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia apelada; y III).- SIN COSTAS en esta instancia, por considerar que existieron motivos racionales para litigar. (FOLIOS (35) TREINTA Y CINCO AL (38) TREINTA Y OCHO). 4) El recurrente abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de diciembre de año dos mil diez, interponiendo acción de amparo a favor de los señores HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, por considerar que la decisión del Ad--Quem, de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diez, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatorio de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil once. 5) Que con fecha once de marzo del año dos mil once, la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión porque NO SE OTORGUE, el amparo solicitado. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia en fecha veinte de agosto del año dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda Laboral promovida para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo ilegal e injusto, el pago de los salarios dejados de percibir, pago de horas extras, salarios caídos y las costas del juicio por los señores, HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal la Procuradora General de la República la señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso, en la relación de hechos que motivan el Recurso manifiesta que sus (sic) “representados laboran para el Periódico Poder Ciudadano dependiente de la Secretaría de la Presidencia y en virtud de haber sido despedidos directa e injustamente, presentaron demanda contra el Estado de Honduras, a efecto de que se les cancele el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, horas extras y salarios dejados de percibir. Señala que en la audiencia primera de trámite el apoderado demando interpuso “excepción de incompetencia de Tribunal ante quien se hubiere interpuesto la demanda, citando y transcribiendo los siguientes artículos: 256 de la Constitución de la República; 2 numeral 2 del Código del Trabajo “indicando que en caso de haber responsabilidad de su representado debería de ser planteado en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ya que las personas contratadas bajo cualquier modalidad para prestar servicios profesionales para la Administración Pública están sometidos a los principios y disposiciones del Derecho Administrativo y a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, citando y transcribiendo el artículo 4, 5 y 206 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil…”, manifiesta además que para presumir que sus representados eran empleados públicos era necesario probarlo con los correspondientes acuerdos de nombramiento sujetos al régimen de Servicio Civil y al no haberlo probado debe desestimarse la excepción interpuesta”. Así mismo manifiesta que el propuso cinco medios de prueba para acreditar que sus representados no eran empleados públicos entre ellos: 1) Memorándum PPV2009 de fecha 15 de junio del 2009; 2) Notificación de fecha 14 de julio del 2008; 3) Constancia de Trabajo del 11 de mayo del 2009; 4) Memorándum PPC-2008 de contratación de personal a favor de HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, 5) notificación de Terminación de relación laboral de René Zepeda para la Licenciada Mercedes Barahona de fecha catorce de julio del 2009”. Dice además que el A-Quo en fecha 20 de agosto del 2010 dicto sentencia interlocutoria en la que declaró sin lugar la referida excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal, ello como resultado de que la parte demandada no acreditó en autos que ese tribunal fuera incompetente (considerando 6)”. Señala que el Ad-Quem dicto sentencia mediante la cual revoca la dictada por el a quo y declara con lugar la excepción dilatoria interpuesta, diciendo en su análisis el Ad-Quem que la resolución del a quo es contradictoria porque sostiene que analizó la prueba a llegada a juicio, pero sin embargo dice que el demandado no acreditó en autos que ese tribunal fuera incompetente…, concluyendo el Ad-Quem que el asunto es de puro derecho. Señala él recurrente en el literal Sexto de su formalización del recurso, que “con el fallo proferido se ha infringido el Debido Proceso establecido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, porque la sentencia interlocutoria apelada no es contradictoria, no se puede calificar de puro derecho como lo afirma el Ad-Quem que solo se limitó analizar el considerando número 6 de la sentencia del A-Quo y no la sentencia en su totalidad e integridad, pues no valoró el contenido de los considerando 4 y 5 de la sentencia apelada en donde el A-Quo valoró la prueba en su conjunto en apartado y considerando separados donde se aprecia y valora que la parte demandante propuso medios de prueba para demostrar la improcedencia de la excepción planteada y por el contrario la parte demandada no propuso ningún medio de prueba”. Manifiesta además el recurrente en su numeral séptimo que el Tribunal olvida la regla de que quien alega o interpone una excepción se encuentra obligada a probarla…. CONSIDERNADO: (5) Que el origen de la controversia lo es la sentencia interlocutoria dictada por el A-Quo, en fecha 20 de agosto del 2010 en la que declaró sin lugar la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal, planteada por la parte demandada. Corre agregado en autos la resolución dictada por el A-Quo que en su considerando número dos (2) deja establecido que la parte demandada interpuso excepción Dilatoria de incompetencia de Tribunal ante quien se hubiere interpuesto la Demanda, siendo contestada por la parte demandante quien para rechazar tal excepción propuso medio de prueba Documental (Considerando 4). Deja establecido el A-Quo en el considerando cinco (5) de su resolución consta: 1) que a los demandantes se les cancela sus salarios mediante planilla que era remitida por el director del Periódico Poder Ciudadano al Ministro Jefe de Staff Presidencial. 2) Consta que en fecha 14 de julio del año 2009 el Ministro de Comunicación y Prensa remitió memorándum, a la Licenciada Mercedes Barahona, enlace administrativo del Periódico Poder Ciudadano la notificación que ha partir de esa fecha y por recorte presupuestario todo el personal que venía laborando en el Periódico Poder Ciudadano, quedaba cancelado; 3) Que el Director del Periódico Poder Ciudadano extendió Constancia de Trabajo al demandante Wilson José Herrera Salgado; 4) Que la forma de contratación de los empleados del Periódico Poder Ciudadano, consistía en que el Director del Periódico Poder ciudadano enviaba memorándum al Ministro Jefe de Staff Presidencial donde se indicaba el cargo, el salario y su identificación y la fecha de inicio. 5) Invoca el artículo 710 del Código del Trabajo en su segundo párrafo que dispone: “el Juez decidirá de las dilatoria en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho, si hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el Juez resolverá allí mismo” y en el caso de autos el apoderado demandado no presentó ningún medio probatorio tendiente a probar que el Tribunal no era el competente para conocer sobre la controversia planteada. En el considerando seis (6) de la resolución del A-Quo hace un análisis de las pruebas allegadas al juicio, siendo de la opinión que la parte demandada no acreditó que el Tribunal no era competente para conocer sobre el reclamo planteado por los demandantes en consecuencia declara sin lugar la excepción Dilatoria de Incompetencia de Tribunal opuesta por el apoderado demandado.

CONSIDERANDO: (6) Ad-Quem en su resolución hace una relación circunstancia de los motivos de la interposición de la demanda. Señala en su considerando numero tres (3) que (sic) “de la revisión del expediente es de la firme convicción que la sentencia interlocutoria que se conoce en vía de apelación NO se ajusta a derecho, convenciendo que se sustenta en lo siguiente: Los demandantes afirman que fueron contratados por el Periódico Poder Ciudadano, en fecha y cargos diferentes, el cual es una institución dependiente y adscrita a la Presidencia de la República, señala que en la motivación de la sentencia específicamente en el considerando seis (6) la Juez A-Quo sostiene en forma contradictoria que hizo un análisis de las pruebas allegadas al juicio sin embargo es de la opinión de que el demandado no acredito en autos que ese Tribunal no era competente para conocer sobre el reclamo planteado, que tal motivación es contradictoria porque por una parte dice que no se presentaron medios probatorios y por otra manifiesta que analizó los medios de prueba allegados al proceso sino se presentaron medios probatorios que medios de prueba analizó?”. 3) (sic) Invoca también el artículo 710 del Código del Trabajo dispone: “…El Juez decidirá de las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho. Si hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el Juez resolverá allí mismo”. Dice además que “en el caso de autos se puede apreciar que la excepción dilatoria se está refiriendo a un asunto de puro derecho y siendo que los Jueces están obligados a conocer el derecho que van aplicar en los hechos que se les presentan, por lo que, en aplicación del artículo antes mencionado se debe decidir la excepción en la misma audiencia esto es así porque al tenor de lo que establece el artículo 246 de la Constitución de la República “Las Secretarías de Estado son órganos de la Administración del país y dependen directamente del Presidente de la República. La ley determinará su número, organización y competencia y funcionamiento del Consejo de Ministros…, señala además que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan y…, disposición contendida en la parte final del párrafo 2 del artículo 2 del Código del Trabajo en consecuencia procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y reformar la sentencia interlocutoria apelada. CONSIDERANDO: (7) Que el artículo 2 Numeral 2 del Código de Trabajo establece que “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Entendiéndose por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el estado, el Departamento y el municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan; disposición legal relacionada con el artículo 246 constitucional que prescribe: “Las Secretarías de Estado son órganos de la Administración general del país y dependen directamente del Presidente de la República. La ley determinará su número, organización competencia funcionamiento del consejo de Ministerios” Siendo que el Poder Ejecutivo y la entidades estatales forma parte de la Administración Pública según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que solo podrán impugnarse en vía Contencioso Administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviere protegido por una ley especial, artículo 109 de la ley antes mencionada, en este caso la ley del Servicio Civil, consecuentemente las pretensiones relacionadas con actos de carácter particular o general de la administración pública estará sujeta al derecho administrativo según el artículo I de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que además conocerá según el artículo 3 literal a) del mismo cuerpo legal, “Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución y rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, las Municipalidades y por las Instituciones autónomas, como ser los relativos a los contratos de servicios profesionales o técnicos. Siguiendo este orden de ideas la controversia debe ser conocida y decidida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: (8) Que del análisis de los antecedentes y de la resolución recurrida esta sala observa que los representados del recurrente fueron empleados del Periódico El Poder Ciudadano, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, que de acuerdo a la Constitución de la República es un ente centralizado dependiente del Gobierno Central por lo que debe regirse por la legislación de Derecho Administrativo aplicable, por otra parte resulta obvio que los representados del recurrente mantenían una relación laboral con el Estado, ya que formaban parte del personal de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia por lo se encontraban en condición de servidores públicos, lo que así resulta probado aún, con los mimos medios de prueba evacuados por el representante de los demandantes, por lo que están sujetos al Régimen de Servicio Civil, en consecuencia le corresponde a la jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo conocer las pretensiones de los demandantes, que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Por todo ello es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competente para conocer esta controversia. CONSIDERANDO: (9) Que de las disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentario antes aludidas, se colige que las personas naturales que prestan sus servicios de manera permanente y continua en el Periódico denominado Poder Ciudadano dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia no se rigen por la normativa común a los trabajadores en general, esto es por el Código del Trabajo, sino por el Régimen del Servicio Civil y la normativa interna de dicha institución, de lo cual se deriva que los actos de cancelación o separación de dichos servidores públicos deberán ser impugnados ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, y no ante los Tribunales del Trabajo. CONSIDERANDO: (10) Que el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, establece que, cuando él órgano judicial respectivo entiende, que el asunto sometido a su conocimiento no es de su competencia, indicará al interesado, cual es la jurisdicción concreta que se estime competente, de tal manera que si la parte demandante comparece ante ella en el plazo de diez (10) días, se entenderá haberla efectuado en la fecha en que se inició el plazo señalado para la presentación de la demanda, si hubiere planteado esta, siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o ésta fuere defectuosa; de lo cual se desprende que, si por ejemplo y en tales circunstancias, la demanda se hubiere interpuesto erróneamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando lo correcto era hacerlo ante la Jurisdicción del Trabajo, la interposición de la demanda ante aquella Jurisdicción, pese a ser incompetente produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción correspondiente, permitiendo al demandante, el ejercicio de la acción correspondiente ante el Juzgado de lo Laboral. En este sentido podemos afirmar que, aunque la demanda haya sido presentada ante un órgano jurisdiccional incompetente, es innegable que existe una actividad del titular del derecho, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que el derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción. CONSIDERANDO: (11) Que tratándose del supuesto inverso, es decir, en el caso que erróneamente, la demanda se hubiere interpuesto ante la Jurisdicción Laboral, cuando la competente para conocer de ella es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Código del Trabajo no regula expresamente cual es el efecto que en tales circunstancias pueda tener la declaratoria de incompetencia hecha por los Juzgados de lo Laboral. CONSIDERANDO: (12) Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que cuando en la notificación del despido, efectuada por un órgano de la Administración Pública, no se hubiere señalado concretamente al servidor público que tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, y por esa omisión, erróneamente hubiese interpuesto la demanda ante otra Jurisdicción; declarada la incompetencia de ésta última, deberá concederse al recurrente, el término de diez días, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la demanda se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. CONSIDERANDO: (13) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Por todo ello esta Sala observa que el debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, la que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso. CONSIDERANDO: (14) Que el Ministerio Público al emitir su dictamen de fecha 11 de marzo del año 2011 es del parecer porque NO Se Otorgue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO: (15) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO: (16) Que en atención a las razones anteriormente expuestas, es procedente DENEGAR el amparo interpuesto, de tal manera que el recurrente, dentro del término de los diez días que le debe conceder el Juez del Trabajo de Primera Instancia, pueda ejercer su derecho a presentar las acciones que le competan ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 246, 303, 313 No.5, 316 de la Constitución de la República; 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2 No.2 del Código del Trabajo; 2, 3, 6 109 de la Ley Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo, interpuesto por el Abogado ROBERTO LAGOS BANEGAS a favor de HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ, MERCEDES GUADALUPE BARAHONA LOPEZ, RAUL ALEXANDER CHAVEZ RODRIGUEZ, MARIO HERNAN RAMIREZ CARCAMO, SADY ALEXANDER GONZALES VELASQUEZ, JOSE ABDULIO LOBO, LUIS ALONSO GRADIZ MARADIAGA, ISIS NOHELIA VASQUEZ SAUCEDA, FRANZ ALEJANDRO MORAZÁN NUÑEZ, MAURO VIRGILIO ORELLANA GARCIA, RICARDO ALBERTO RIVAS ELLNER, WILSON JOSE HERRERA SALGADO Y JULIO ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre del año dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones Civil del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. REDACTO EL MAGISTRADO GUTIERREZ NAVAS. NOTIFIQUESE. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil trece, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el número 814=10/P57-P104=11.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.